TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

 

SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL

 

EXPEDIENTE: 569/15-EPI-01-6 y 824/15-EPI-01-9 acum.

 

ACTOR: ********* ***********

 

TERCERO: ******* *** ******** ******* **** 

 

AUTORIDAD DEMANDADA: SUBDIRECCIÓN DIVISIONAL DE PROCESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDADINDUSTRIAL

 

MAGISTRADO INSTRUCTOR: LIC. JUAN ANTONIO RODRIGUEZCORONA

 

SECRETARIO DE ACUERDOS: LIC. ISAAC JONATHAN GARCÍA SILVA

 

Ciudad de México, a primero de marzo de dos mil diecisiete.- V I S T O S para resolver los autos del juicio en que se actúa, y encontrándose debidamente integrada la H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual de este Tribunal, por los CC. Magistrados LIC. JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, en su carácter de Instructor en el presente juicio, LIC. LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ, en su carácter de Presidente de esta Sala, y LIC. RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, ante el Secretario de Acuerdos, Lic. Isaac Jonathan García Silva, con fundamento en el artículo 3, fracción XII y 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en relación con el artículo 23, del Reglamento Interior de este Tribunal, así como los diversos 2, primer párrafo, 49 y 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se dicta sentencia definitiva.

 

R E S U L T A N D O

 

1. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.- Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de ésta Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, el día 13 de mayo de 2015, el C. ****** ***** ** ** ******, en representación legal de ********* ***********, compareció a demandar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 8559, de fecha 26 de febrero de 2015, emitido por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del cual se determinó negar la declaración administrativa de cancelación del registro marcario ****** ******

 

2. ADMISIÓN DE LA DEMANDA.- Mediante acuerdo de 15 de mayo de 2015, se admitió a trámite la demanda de nulidad, así como las pruebas ofrecidas por la actora; asimismo, se ordenó el traslado legal a las partes, concediendeles el término legal para formular su contestación y apersonamiento, respectivamente.

 

3. TERCERO INTERESADO SE APERSONA EN JUICIO.- Mediante escrito presentado el día 9 de septiembre de 2015, el C. ******* ********* ******* ********, en representación legal del tercero ******* *** ******** ******* ****, se apersonó en el presente juicio.

 

4. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA AUTORIDAD.- Por oficio JNTF.2016.4256, ingresado el día 11 de septiembre de 2015, la Coordinación Departamental de Amparos, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, formuló su contestación a la demanda.

 

5. SOLICITUD DE ACUMULACIÓN.- Mediante ofico ingresado el día 5 de noviembre de 2015, se solicitó la acumulación del diverso juicio 824/15-EPI-01-9 al en que se actúa.

 

6. POR APERSONADO AL TERCERO INTERESADO.- Por acuerdo de fecha 18 de enero de 2016, se tuvo por apersonado al tercero interesado en el presente juicio, así como por admitidas las pruebas ofrecidas,

ordenándose el traslado legal a las partes.

 

7. ADMISIÓN DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA AUTORIDAD.- Mediante acuerdo de fecha 19 de enero de 2016, se tuvo por contestada la demanda de nulidad y por admitidas las pruebas ofrecidas, ordenándose el traslado legal a las partes.

 

8 POR RECIBIDA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN.- Por acuerdo de fecha 21 de enero de 2016 se tuvo por recibido el oficio por el cual se solicitó la acumulación de juicios, decretandose en consecuencia la suspensión el juicio hasta en tanto fuese resuelta la acumulación planteada. 

 

9. SE ACUMULA JUICIO 824/15-EPI-01-9 AL EN QUE SE ACTÚA.- Mediante sentencia interlocutoria de fecha 22 de enero de 2016, se decretó la acumulacion del juicio 824/15-EPI-01-9 al en que se actúa.

 

10. REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL JUICIO ACUMULADO.- Por oficio ingresado el día 17 de febrero de 2016, se remitieron promociones y constancias de notificación del diverso juicio acumulado, mismas que se tuvieron por recibidas mediante acuerdo de 10 de marzo de 2016.

 

11. TÉRMINO PARA FORMULAR ALEGATOS.- Mediante acuerdo de 1º de julio de 2016, se concedió a las partes el término legal para formular los alegatos por escrito.

 

12. CIERRE DE INSTRUCCIÓN.- Al no existir cuestiones pendientes por desahogar, de conformidad con el artículo 47, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declaró cerrada la instrucción, procediendo a emitir la sentencia que en derecho corresponde.

 

C O N S I D E R A N D O

 

PRIMERO. COMPETENCIA DE LA SALA.- Esta Sala es competente para emitir la presente resolución de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, y 28, fracción III, de la Ley Orgánica de este Tribunal, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 23 del Reglamento Interior de este Tribunal, este órgano jurisdiccional es competente territorial y materialmente para conocer del presente juicio de nulidad, en tanto que la competencia de esta Sala comprende todo el territorio nacional, así como que la litis del presente juicio versa sobre la materia de propiedad intelectual.

 

SEGUNDO. EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.- La existencia de la resolución impugnada ha quedado debidamente acreditada a fojas 30 a 89 de autos, en términos de los artículos 129, 200 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mediante la exhibición que de la misma hace la parte actora, así como por el reconocimiento que de ella hace la autoridad demandada en su contestación.

 

TERCERO.- ORDEN DE ESTUDIO DE LOS JUICIOS ACUMULADOS.- Toda vez que el presente juicio se pronunciara respecto de las resoluciones impugnadas en los juicios 569/15-EPI-01-6 (atrayente) y 824/15-EPI-01-9 (atraído), resulta indispensable precisar la relación entre las misma y el orden en que será analizada su legalidad.

 

De esta forma, se advierte que la resolución impugnada en el juicio 569/15-EPI-01-6 (atrayente) recae en el oficio 8559, de fecha 26 de febrero de 2015, emitido por la Subdirección Divisional de Procesos de Propiedad Industrial, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través del cual se negó la declaración administrativa de cancelación del registro marcario ****** *****.

 

Por su parte, la resolución impugnada en el juicio 824/15-EPI-01-9 (atraído) recae en el oficio 16600, de fecha 27 de abril de 2015, a través del cual la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, desecha el recurso de revisión promovido por ******* *** ******** ******* ****, en contra del oficio 8559, de fecha 26 de febrero de 2015, citado en el parrafo que antecede.

 

En virtud de lo anterior, esta Sala procederá en principio al análisis de la resolución impugnada en el juicio atraído, ya que en caso de determinarse que el recurso de revisión debió haber sido admitido, en términos del artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo el juicio también será procedente en contra de la resolución objeto del recurso, siendo que los argumentos de fondo del expediente atraído versan sobre la personalidad del promovente de la solicitud de declaración administrativa de cancelación, argumentos que resultan de estudio preferente frente a aquellos que contravienen los fundamentos y motivos con   los cuales se determinó negar la cancelación administrativa del registro del tercero, y que se proponen en el expediente atrayente.

 

CUARTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE  IMPUGNACIÓN DEL JUICIO ATRAÍDO 824/15-EPI-01-9, MISMOS QUE SOSTIENEN LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE DE LA SOLICITUD DE DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA DE CANCELACIÓN.- En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan de manera conjunta los conceptos de impugnación formulados por la parte actora en el juicio atraído ******* *** ******** ******* ***** en su escrito de demanda.

 

Aduce que la determinación de la autoridad es contraria a derecho, argumentando que si bien la actora se beneficia al haberse negado la declaración administrativa de cancelación de su registro ****** *****, ese beneficio sólo es en parte, ya que no se analizó debidamente por parte de la autoridad la excepción de falta de personalidad opuesta en contra del apoderado de la sociedad actora ******** ************ al no encontrarse debidamente acreditada conforme a las formalidades que exigen las leyes aplicables.

 

Que no se puede consentir que dentro del procedimiento de origen exista una violación a sus derechos procesales como lo es el indebido estudio por parte de la autoridad a la excepción de falta de personalidad que hizo valer oportunamente, máxime cuando la oportunidad para impugnarlo es precisamente mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.    

 

Y que sí causa una afectación jurídica el hecho de que la controversia se hubiese resuelto precisamente con base en la ilegal representación de la parte actor ********* ***********, ya que la personalidad del Licenciado ****** ***** ** ** ******, quien actuó en representación de la ahora aquí tercero, no fue debidamente acreditada en el procedimiento de origen en términos del instrumento de poder inscrito ante el Registro General de Poderes del Instituto.

 

Lo anterior en virtud de que el documento de poder con el que pretendió acreditar su personalidad el Licenciado ****** ***** ** ** ****** no fue otorgado por ********* ***********, sino por una autoridad diversa como lo es la sociedad denominada ********* *********** ***** ********* ****** *******, y no obstante ello, la autoridad revisora sin exponer los argumentos lógico jurídicos ni prueba alguna, llegó a la conclusión de que son la misma persona, evidenciando de esta forma que en la resolución que se pretendió recurrir existió una violación procesal que trascendió en el sentido del fallo.

 

Y que si la actora no impugnase la parte que le es adversa, por considerar que ya obtuvo un mayor beneficio, está entonces consintiendo la personalidad que ostenta el representante de la sociedad ********* ***********, otorgándole la posibilidad de impugnar la resolución y de obtener incluso en un futuro una resolución favorable que pueda declarar la nulidad de la resolución que negó la declaración administrativa de cancelación del registro de su propiedad.

 

Así, esgrime que es claro que reciente en su esfera jurídica una afectación que trasciende al sentido del fallo y que conforme al derecho que le otorga el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo debió ser analizado, en los términos del recurso de revisión que se planteó en contra de la resolución de 26 de febrero de 2015, en la parte que le fue adversa, siendo que al no haberse realizado de esa forma es que debe declararse la nulidad de la resolución impugnada para que sea admitido el recurso de revisión en la parte que declaró improcedente la excepción de falta de personalidad y se declare la procedencia de la misma.

 

Finalmente, aduce que la autoridad demandada considera indebidamente que la resolución de fecha 26 de febrero de 2015 no puede ser revisada en tanto que la hoy actora se vio beneficiada al haberse negado la cancelación de su registro, al haber obtenido una resolución en cuanto al fondo que por su naturaleza puede configurar cosa juzgada, luego entonces, la autoridad parte del hecho de que la resolución de 26 de febrero de 2015 tiene efectos de cosa juzgada cuando ello no es cierto.

 

Por su parte, la autoridad demandada esgrime que como se indicó con claridad y precisión, la resolución materia del recurso de revisión no le depara perjuicio o afectación a ******* *** ******** ******* ***** pues el estudio de la excepción de falta de personalidad que hizo valer (incluso de declararse procedente) no le causaría un mayor beneficio al obtenido con la negativa de la declaración de cancelación intentada en su contra.

 

Y que la decisión de no entrar al fondo del asunto por operar la falta de personalidad, por su naturaleza, no puede configurar cosa juzgada, al no haber hecho un estudio de fondo de la litis planteada, ya que con dicha excepción, al ser un requisito de procedibilidad, sólo retardaría el ejercicio de la acción principal sin establecerse un estudio de fondo que pueda constituir cosa juzgada, lo cual sí produciría de confirmarse el sentido de la resolución dictada en el procedimiento contencioso.

 

Asimismo, el tercero interesado esgrime que es claramente inoperante el único concepto de impugnación hecho valer por la actora, toda vez que en ningún momento demuestra que haya existido por parte de las autoridades demandadas violación alguna a sus garantías ni se acredita la supuesta falta de fundamentación y motivación de los actos, menos aún la supuesta afectación que la resolución de 27 de abril de 2015 supuestamente le ocasiona.

 

Y que de conformidad con la legislación aplicable en el lugar de creación de la empresa ********* ***********, las empresas tienen un nombre legal que puede terminar el “***********”, como en este caso lo es ********* ***********, pudiendo tener además un nombre comercial o ficticio con el que pueden hacer negocios pudiendo emplear las palabras “***** ******** **” o el acrónimo “*****”, que en español significa “******** ******** ****”, para vincular el nombre legal de la empresa que es ********* *********** con el nombre comercial ********* ****** *******, siendo que ello es debidamente reconocido en el instrumento público que contiene la protocolización del poder otorgado por  la empresa ********* *********** ***** ********* ****** *******, y del texto del propio poder se desprende que es precisamente dicha empresa con nombre legal ********* *********** quien otorga el poder a favor del representante y otros profesionistas.  

 

Expuesto lo anterior, al tenor de las manifestaciones formuladas por la parte actora y las refutaciones de la autoridad demandada y la tercero interesada, en términos del artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a juicio de éste órgano jurisdiccional los argumentos de la actora resultan parcialmente fundados, pero insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, al tenor de las siguientes consideraciones.

 

En la especie, es dable precisar que en la resolución impugnada la autoridad determinó desechar el recurso de revisión, al considerar que el acto recurrido no afecta los intereses jurídicos del promovente, derivado de que se obtuvo sentencia favorable al haberse negado la declaración administrativa de cancelación de la marca cuya titularidad ostenta, sin resultar afectado de manera alguna con la emisión de la resolución recurrida.

 

Argumentos de la autoridad que no justifican el desechamiento del recurso de revisión por ausencia de afectación a los intereses jurídicos de la recurrente ******* *** ******** ******* ***** ya que si bien es cierto que la resolución recurrida negó la declaración administrativa de cancelación de su registro ****** *****, en el recurso se sustentó que existía ilegalidad por cuanto hace al pronunciamiento de una de sus excepciones, a saber, la falta de personalidad de quien se ostentó como representante de su contraparte, lo que a consideración de esta Sala era suficiente para que la autoridad admitiera el recurso de revisión y analizara los agravios invocados.

 

Ello en virtud de que como bien sustenta la actora, al momento de la interposición del recurso la decisión adoptada en la resolución recurrida no se encontraba firme, y si no se impugnase la parte de la resolución que le es adversa no habrá oportunidad en el futuro para realizarlo; además, al no impugnarse la parte que le es adversa entonces estaría consintiendo la personalidad que ostenta el representante de la sociedad ********* ***********, quien a su vez tiene la posibilidad de impugnar la resolución y obtener incluso a futuro resolución favorable que pueda declarar la nulidad de la resolución que negó la declaración administrativa de cancelación, lo cual le deja en evidente estado de indefensión. 

 

Cabe recordar que incluso, la afectación a los intereses jurídicos de la actora, debe partir del análisis en un sentido amplio, entendiéndose el interés jurídico como la mera afectación a la esfera jurídica del gobernado, sin que existan elementos mayores de interpretación de dicho concepto.

 

Robustece el criterio anterior, la tesis en materia común I.13o.A.23.K, novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII, enero de 2003, página 1803, que a la letra señala:

 

INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto.

 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena.

 

Además, es incorrecto que la autoridad sustente su desechamiento en el hecho de que la resolución impugnada en los términos en la que fue dictada le depara mayores beneficios a la recurrente de los que le traería declarar la nulidad por las razones que expone; razonamiento que se estima incorrecto en tanto que como bien refiere la hoy actora, la determinación de la negativa de cancelación aún no se encuentra firme y es susceptible de modificarse (tan es así que se controvierte en el juicio atrayente), por lo cual, esta Sala estima que en igualdad de circunstancias la ahora demandante también debe tener la oportunidad de inconformarse con la resolución en la parte que le es adversa.

 

Por lo expuesto, esta Sala determina que en la especie es fundado el argumento de la actora cuando sostiene que el recurso de revisión debió haber sido admitido.

 

Sin embargo, ello es insuficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, en virtud de que los argumentos hechos valer en el recurso administrativo (y que la actora retoma en el presente juicio) resultan infundados.

 

En efecto, de una análisis a los mismos ―siendo dable su pronunciamiento por esta Sala en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo―, la hoy actora sustenta que no se analizó debidamente (en la resolución recurrida) la excepción de falta de personalidad opuesta en contra del apoderado de la sociedad ******** ***********, al no encontrarse debidamente acreditada conforme a las formalidades que exigen las leyes aplicables.

 

Que es ilegal la representación de ********* *********** en la instancia administrativa, ya que la personalidad del Licenciado ****** ***** ** ** ******, quien actuó en representación de la ahora aquí tercero, no fue debidamente acreditada en el procedimiento de origen en términos del instrumento de poder inscrito ante el Registro General de Poderes del Instituto, ya que el poder con el que pretendió acreditar su personalidad el Licenciado ****** ***** ** ** ****** no fue otorgado por ********* ***********, sino por una autoridad diversa como lo es la sociedad denominada ********* *********** ***** ********* ****** *******, siendo que la autoridad llegó a la conclusión de que son la misma persona, evidenciando de esta forma que en la resolución que se pretendió recurrir existió una violación procesal.

 

Para el análisis del anterior argumento, es dable precisar que en la resolución recurrida se desestimó la denominada excepción de falta de personalidad, por dos circunstancias:

 

a) Que el oficio SDRL.2004.01331 de 25 de agosto de 2004, mediante el cual quedó inscrito el documento de poder otorgado a favor de diversas personas en el expediente RGP-DDAJ-*****, tiene eficacia probatoria plena para acreditar la personalidad de ****** ***** ** ** ****** como apoderado de ******** *********** y surte todos sus efectos en términos del artículo 181 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

b) Que la propia demandada ******* *** ******** ******* ****, ofreció la prueba consistente en el instrumento notarial 37,809 de 23 de agosto de 2004, del cual se desprende que el notario público número 102 del Distrito Federal hizo constar la protocolización el documento de poder otorgado en el extranjero por ********* *********** ******** ******** **** ********* ****** ******* a favor de diversas personas, entre ellas ****** ***** ** ** ******.

 

De lo cual puede desprenderse que la autoridad analizó debidamente la excepción de falta de personalidad, y legalmente sostuvo que el oficio del Registro General de Poderes RGP-DDAJ-*****, como el instrumento que le dio origen, eran válidos para acreditar la personalidad del promovente.

 

En efecto, contrario a lo que sustenta la actora ******** *********** es la misma persona moral que ********* *********** ***** ********* ****** *******, como se puede apreciar del documento de poder y su protocolización, que obran en el expediente administrativo de origen ―y al cual hace referencia la autoridad en la resolución impugnada―, mismos que se reproducen a continuación:

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

(Imagen suprimida por razones de privacidad)

 

De los cuales se advierte que al traducirse ―por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal― ********* *********** ***** ********* ****** *******, el resultado es ********* *********** ******** ******** **** ********* ****** *******, esto es, el elemento “*****/” hace referencia a “******** ******** ****”, lo cual implica que el nombre “********* ****** *******” es como se le conoce a ********* *********** al hacer negocios, mas no implica que se trate de diversas personas.

 

De hecho, puede desprenderse del instrumento notarial que protocoliza el poder que quien comparece es precisamente ****** ***** ** ** ******, solicitando la protocolización del documento en el cual ********* *********** otorga poderes en el extranjero al solicitante y a diversas personas, sin que existiese duda por parte del notario en el sentido de que ********* *********** y ********* *********** ***** ********* ****** ******* sean la misma persona moral, cuando de hecho ―se insiste― el poder a protocolizar aclara en su traducción el significado de los elementos “******” (haciendo negocios como).

 

Es por los razonamientos anteriores que contrario a lo sustentado por ******* *** ******** ******* ****, el poder con el que pretendió acreditar su personalidad el Licenciado ****** ***** ** ** ****** sí fue otorgado por ********* ***********, quien resulta ser la misma persona moral denominada ********* *********** ***** ********* ****** *******, según se desprende de las constancias analizadas, sin que la actora logre acreditar por el enjuiciante que se trata de dos personas morales diversas.

 

En las relatadas consideraciones, y tras haberse agotado el estudio de los argumentos de agravio expuestos por la parte actora en el juicio atraído ******* *** ******** ******* ***, sin que ninguno de ellos resulte suficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución recurrida, procede reconocer su validez, de conformidad con el diverso 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

QUINTO.- ANALISIS DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN DEL JUICIO ATRAYENTE 569/15-EPI-01-6, EN LOS CUALES SE SUSTENTA QUE DEBIÓ DECLARARSE ADMINISTRATIVAMENTE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO ATACADO.- En estricta observancia a los principios procesales que rigen a las sentencias, de exhaustividad, congruencia, unidad y concentración, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se examinan de manera conjunta los conceptos de impugnación formulados por la parte actora en el juicio atrayente ********* ***********, en su escrito de demanda.

 

Sostiene que la autoridad responsable motivó y fundó deficientemente su sentencia, valorando indebidamente las pruebas y omitiendo la valoración de otras tantas, desechando infundadamente los argumentos de la actora, especialmente aquellos dirigidos a acreditar que el término ***** ha perdido su carácter distintivo al haberse transformado en una denominación genérica empleada en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público consumidor para designar productos *** *******, actualizando la hipótesis de cancelación establecida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

Que se pone en evidencia la deficiente valoración de pruebas cuando argumenta la autoridad que con los estudios de mercado ofrecidos por la hoy actora se desprende que los consumidores asocian la palabra ***** con la marca de la tercero interesada, lo cual es completamente falso, ya que de la simple lectura a los estudios de mercado de fecha 2 de mayo de 20113, realizado por la empresa ********* ******** *** ********* **** ** ****, en la ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Reynosa, Saltillo, Chihuahua, Hermosillo, Tijuana Mexicali, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tuxtla Gutiérrez se acreditó que un importante sector de los consumidores de **** reconocen y utilizan el término ***** para referirse de forma genérica al **** *** *******, y por el contrario, sólo un 25% el total de 390 personas encuestadas lo relaciona con una marca registrada.

 

Que otra de las principales pruebas que se dejaron de valorar y adminicular lo constituye la copia certificada de la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del expediente D.A. 23/2009, en donde el Tribunal declaró expresamente que el término ***** se ha convertido en un término descriptivo que carece de distintividad y el cual actualmente es empleado de forma genérica en el comercio para designar productos *** *******.      

 

Y que la autoridad llevó a cabo una incorrecta valoración de las muestras físicas aportadas en el procedimiento de origen, pues argumenta que todas ellas se refieren a productos importados, lo cual es falso, en tanto que se acreditó la existencia de productos tanto exportados como nacionales que son comercializados en nuestro país y que emplean la palabra ***** como término genérico para referirse a una cualidad de los productos.

 

También precisa que en el acta 144,528 de fecha 2 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, se demuestra que en la negociación mercantil denominada ******** se ofrecen diversos productos que ostentan el término *****, en particular los productos “********* –******* ********* ******” y “********* –******* ** *** ******* ******* ********* ******”, los cuales son elaborados por la empresa ********** ** ******** **** ** **** en México, lo que pone en evidencia la deficiente y tendenciosa valoración de pruebas, máxime que el hecho de que sean productos importados en nada afecta al resultado del procedimiento, dado que dichos productos son comercializados dentro del comercio nacional y emplean el término ***** como elemento genérico, lo cual es mostrado así ante el consumidor.

 

Además esgrime que se acreditó que en diversas cadenas de comida rápida con una gran cantidad de establecimientos a nivel nacional, como lo son ***** ****** y ** *******, se emplea el término ***** como término genérico para designar **** *** *******, pruebas que fueron reforzadas con los informes presentados por la representante legal que controla los establecimientos de ********* en México, en los que señala expresamente que no se expenden productos de la marca *****, sino de la marca ****** y a ésta se le aplica el término genérico ***** para señalar que se trata de ******* *** *******.

 

Que la autoridad dejó de valorar la documental pública consistente en la copia certificada del acta 95779, de fecha 18 de febrero de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que se hace constar que la empresa ******* *** ******** ******* **** ha provocado que el término ***** se haya convertido en la denominación genérica para referirse al **** ************, ya que dio fe de que en la página de internet de la empresa hoy tercero interesada se emplea el término ***** como un término genérico para referirse al **** ************, máxime que en dicha página de internet no se muestra ninguna leyenda o símbolo que haga referencia a que el término ***** se refiere a una marca registrada, sino que se utiliza en dicha página como un término genérico.

 

Precisa que la autoridad omitió valorar y adminicular la prueba consistente en el acta 95883, de fecha 21 de febrero de 2013, emitida por la Lic. María Esther García

 

Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que se hace constar que la hoy tercero interesada comercializa diversos productos que ostentan el término ***** como un término genérico y en particular el producto denominado ******, cuya marca registrada es propiedad de ******* *** ******** ******* ****, en el que se muestra una leyenda que describe algunas de las características del producto como “***** ***********” (************ *** ******). Y que en dicho instrumento la fedataria da fe de la compra del producto elaborado por la hoy tercero interesada en el cual se utiliza la palabra ***** como el término genérico para designar la palabra ************, anexándose la muestra física del producto tal cual se ofrece al consumidor y del cual se desprende el uso de la palabra ***** como el término genérico de la palabra ************.

 

Señala que también pone a consideración de esta Sala que la autoridad omitió valorar y adminicular la prueba documental consistente en el acta 97028, de fecha 26 de abril de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que hace constar que el tercero interesado comercializa diversos productos que ostentan el término ***** como un término genérico para designar la palabra ************, en particular el producto denominado “******’* ******”, cuya marca registrada es propiedad de ******* *** ******** ******* ****, dando fe de la compra del producto y anexando una muestra física del mismo tal como se ofrece al consumidor, en donde además se observa que sólo se reivindica la titularidad de las marcas *******® y ******’* ******®, no así de la palabra *****, provocando que dicho término haya perdido distintividad.

 

Que de la misma forma la autoridad dejó de valorar y adminicular las pruebas consistentes en el escrito de fecha 1º de abril de 2014, mediante el cual la empresa ***** ****** ************* ** ** **** ** **** (quien opera los restaurantes *********) dio contestación al oficio 7972 de 11 de marzo de 2014, en la cual reconoció expresamente que ofrece ******* ** **** bajo la marca ****** y diseño, en consecuencia el término ***** que aparece en los ***** es un término que se emplea de forma genérica para señalar que se trata de una ****** ** **** ************ y no para distinguir la marca del tercero, de donde se desprende que la tercero interesada ha tolerado el uso de la denominación ***** de forma genérica.

 

Así, esgrime que el acto impugnado deberá declararse nulo al haberse acreditado que en el comercio se emplea de forma genérica la palabra ***** para referirse a productos *************, resultando en consecuencia procedente la declaración administrativa de cancelación del registro de marca ******.

 

En diverso orden de ideas, estima la actora que la autoridad llegó a su ilegal conclusión basándose en que la palabra ***** no aparece definida en diccionarios de la lengua española y por ello no puede ser empleada en el comercio nacional para referirse a productos *************; conclusión que estima carece de lógica y sustento jurídico, ya que el hecho de que la denominación ***** no se encuentre catalogada en un diccionario de la lengua española no implica que la misma no se emplee en el comercio de forma genérica para referirse a determinados productos.

 

Y que si la autoridad consideró que para conocer la verdad y formar plena convicción respecto del contenido de la litis planteada era indispensable de allegarse de elementos probatorios que no fueron aportados por las partes en el procedimiento de declaración administrativa, determinando ilegalmente realizar una búsqueda  de la palabra ***** en las páginas de internet del Diccionario de la Real Academia Española y de la Academia Mexicana de la Lengua, esa facultad debe entenderse que puede ser ejercida sólo durante la etapa de instrucción del procedimiento, esto es, antes del cierre de instrucción, a fin de que las partes puedan manifestar lo que a su interés convenga respecto de las pruebas allegadas oficiosamente, pero de ningún modo dicha facultad puede ejercerse al momento de resolver.  

 

Además, aduce que la valoración de la prueba recabada oficiosa e ilegalmente por la autoridad ―consistente en la inspección de páginas electrónicas― no fue adecuada pues no se ajustó al sistema de valoración que prevé el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual ocasionó que nada arguyera respecto a la fiabilidad del método en que se generó, comunicó, recibió o archivó la información y, en su caso, si era posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta, para así una vez efectuado el sistema de valoración correspondiente determinar su fuerza probatoria.

 

Por otra parte, argumenta que el artículo 1708 inciso 13 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece la prohibición de registrar y en su caso mantener el registro de palabras en idiomas español, inglés y francés, que designen genéricamente los bienes a los que se aplica la marca, en consecuencia, toda vez que la palabra ***** ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en la palabra genérica que designa los productos a los que se aplica la marca registrada, procede la cancelación de la misma.

 

Y que al respecto, la autoridad demandada omitió analizar y pronunciarse respecto de ese punto hecho valer en el procedimiento de origen, lo que pone en evidencia que la autoridad demandada no se pronunció respecto de todos los puntos de litigio hechos valer por las partes dejándolo en estado de indefensión; además, agrega que el artículo 6 quinquies, inciso B, subinciso 2 del Convenio de Paris establece que podrán invalidarse las marcas cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio, por lo que toda vez que la palabra ***** ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en palabra genérica, procede la cancelación del registro de marca correspondiente.

 

Por su parte, tanto la autoridad demandada como la tercero interesada sostuvieron la legalidad de la resolución impugnada, argumentando esencialmente que la valoración de pruebas fue debida y que en la especie no se actualizaba la hipótesis de cancelación de registro prevista por el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial. 

 

Expuesto lo anterior, al tenor de las manifestaciones formuladas por la parte actora y las refutaciones de la autoridad demandada y la tercero interesada, en términos del artículo 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y teniendo a la vista las constancias que integran el juicio de nulidad en que se actúa, mismas que se valoran conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 1º, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a juicio de éste órgano jurisdiccional los argumentos de la actora resultan por una parte infundados y por otra insuficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, al tenor de las siguientes consideraciones.

 

En primer lugar, es dable precisar el fundamento legal que sirvió de base para que la autoridad resolviera el procedimiento de declaración administrativa de cancelación solicitado por ********* ***********, siendo este el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual se reproduce a continuación:

 

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

 

Para la actualización de la solicitud de cancelación en los términos planteados, resulta necesario que se actualicen dos hipótesis particulares, y que incluso son retomadas por la autoridad en la misma resolución, a saber:

 

a) Que exista un registro de marca vigente, cuya denominación se haya convertido en genérica y corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique;

 

b) Que esta transformación haya sido provocada o tolerada por el titular de la marca.

 

En este sentido, la autoridad determinó en su resolución impugnada respecto del primer supuesto (inciso a) lo siguiente:

 

► Que las pruebas aportadas por ********* *********** no resultan aptas para poder determinar que la marca ***** otorgada bajo el registro ****** es empleada en el lenguaje corriente y en las prácticas comerciales para referir al producto para el cual fue concedido, a saber: ****

****.

 

► Que por lo que hace a los Diccionarios en ingles MacMillan para estudiantes Avanzados del Inglés Americano, el Diccionario MerriamWebster´s Collegiate y el Diccionario Oxford para Estudiantes Avanzado, en los cuales en el idioma ingles la palara “*****” se está utilizando para indicar una ****** *** *******, no sólo **** sino también el **; sin embargo, en el idioma español la marca ***** no ha sido incluida en un diccionario en los que oficialmente se establezca que el vocablo ***** se refiera indubitablemente a un ****, por lo que no se acredita con prueba idónea que dicha acepción haya sido adoptada en nuestro país dentro del lenguaje corriente o en las prácticas comerciales a efecto de ser empleada de modo general por el público, por el comercio o por ambos, para identificar ****, producto para el cual fue concedido el registro; y que lo anterior es así, porque la marca ***** ampara sólo ****, no así producto ************, en el entendido de que ************ es todo aquello ***** ** *******.    

 

► Que por lo que se refiere a los estudios de mercado que fueron ofrecidos en 2003 y 20013, los mismos no cuentan con suficientes elementos para que sean concluyentes sobre las preferencias y la percepción que tiene el público consumidor de la marca registrada ****** *****, no obstante, si dan indicios de que ***** es asociado a la marca ****** o a dicha empresa.

 

► Que por lo que se refiere a las declaraciones de diversas personas, las mismas no cumplen con los supuestos establecidos en el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para concederles plena fuerza probatoria, en virtud de que sus declaraciones no se encuentran apoyadas con otros medios probatorios que apoyen la verdad de lo declarado; además, precisa la autoridad que respecto a estas declaraciones, la titular afectada acreditó la existencia de diversos títulos de registros marcarios vigentes en la clase **, en diversos países como ARGENTINA, COLOMBIA,  CUBA, REINO UNIDO, ECUADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PARAGUAY, PERÚ, PUERTO RICO, URUGUAY, ISLAS CAYMAN, BOLIVIA, SUIZA, INDONESIA, NRUNEI, TRINIDAD Y TOBAGO, SINGAPURE, TAILANDIA, FILIPINAS y MALASIA, siendo originarios de algunos de estos países dichas personas.

 

► Que no obstante se demuestre que en el idioma ingles el término ***** es utilizado para designar una ****** *** *******, la cancelación de su registro no podría basarse exclusivamente en tal condición, toda vez que la transformación en genérico de un signo distintivo tiene lugar cuando una marca que identificaba plenamente el origen empresarial de un producto pierde dicha calidad y adquiere una significación general para designar en la práctica comercial o en el lenguaje ordinario del público consumidor dicho producto del mismo género al que pertenecía. El producto originariamente identificado por la marca registrada.

 

► Que si bien son ofrecidas pruebas tales como información proveniente de internet, los Diccionarios en Ingles MacMillan para Estudiantes Avanzados del Ingles Americano, el Diccionario Merriam – Webster’s Collegiate y el Diccionario Oxford para Estudiantes Avanzado; los productos importados y establecimientos donde se comercializan; el idioma ingles la palabra “*****” se está utilizando para indicar una ****** *** *******, pero no sólo se refiere a un **** sino también el **; la sentencia que determinó en otro país –Panamá- que la denominación ********* ***** era genérica y descriptiva de los productos de la clase **; así como las cartas de diversas personas que en otros países han considerado la palabra ***** como un producto genérico de un producto genérico *** *******; aun adminiculadas y concatenadas entre sí las mismas resultan insuficientes para acreditar de manera efectiva que dicha palabra es empleada en nuestro país dentro del lenguaje comercial o del público consumidor para designar el producto para el que fue otorgado el registro ****** *****, es decir, la actora no llega a probar con los medios aportados que dentro de las prácticas comerciales o en lenguaje cotidiano del público consumidor de nuestro país al solicitar un *****, en respuesta fuera ofrecida un producto relacionado con ****, con lo cual no se surte la primer hipótesis de la causal de cancelación.

 

► Que aunado a lo anterior, las ******* *** ******** ******* podrían consistir en ***** *** ** ****** ** ***** ** **** * ** ******** *** **** ***** ******* ************ * *********** que en la actualidad contienen altas dosis de ******* y que por ende podrían, a contrario sensu, fabricarse como *************.  Y que si bien en el idioma ingles ***** se utiliza para para indicar una ****** *** *******, también lo es que en nuestro idioma la marca ***** no es usada en el lenguaje común como un término para referirse al ****, máxime que de la consulta a los Diccionarios de la lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia Mexicana de la Lengua, consultados vía electrónica, la autoridad advierte que no está conceptualizado el término *****.

 

Asimismo, la autoridad determinó en la resolución impugnada respecto del segundo supuesto (inciso b) lo siguiente:

 

► Que la parte demandada ofreció diversas probanzas para demostrar que no ha tolerado la transformación de su marca en genérica, consistentes en diversos instrumentos públicos mediante los cuales notificó a diversas empresas y personas que cesaran en el uso de la marca ***** en sus productos, ya que vulneraban sus derechos de propiedad industrial, así como las cartas en respuesta a dichas interpelaciones tuvieron como efecto que tanto las empresas como las personas físicas dejaran de usar la denominación ***** como un término de ************; la publicidad contenida en las revistas ofrecidas en autos, en las cuales se hace referencia a que la marca ***** es una marca registrada propiedad de ******* *** ******** ******* ****; pruebas que establecen una presunción a favor del titular de que a lo largo del tiempo ha realizado las gestiones necesarias para evitar que su marca ****** ***** se transforme en un término genérico.

 

► Que de igual manera, ******* *** ******** ******* **** tampoco ha provocado que su marca ***** se convierta en genérica, ya que los productos y publicidad que ofreció como prueba tienen eficacia probatoria para demostrar que usa la marca ***** indicando que la misma está registrada, utilizando el símbolo ®.  

 

Ahora bien, en contra de las anteriores determinaciones, la actora en el juicio atrayente ********* *********** hace valer en el presente juicio que existe una deficiente valoración de pruebas cuando argumenta la autoridad que con los estudios de mercado ofrecidos se desprende que los consumidores asocian la palabra ***** con la marca de la tercero interesada, lo cual es completamente falso, ya que de la simple lectura a los estudios de mercado de fecha 2 de mayo de 2013, realizado por la empresa ********* ******** *** ********* **** ** ****, en la ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Reynosa, Saltillo, Chihuahua, Hermosillo, Tijuana Mexicali, Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tuxtla Gutiérrez se acreditó que un importante sector de los consumidores de **** reconocen y utilizan el término ***** para referirse de forma genérica al **** *** *******, y por el contrario, sólo un 25% el total de 390 personas encuestadas lo relaciona con una marca registrada.

 

Argumentos que se estiman insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de que el estudio de mercado sí fue analizado por la autoridad demandada, respecto del cual a foja 51 y 52 de la resolución impugnada describe su contenido, particularmente sus conclusiones, mientras que a foja  111 refiere que los estudios de mercado no cuentan con suficientes elementos que sean concluyentes sobre las preferencias y la percepción que tiene el público consumidor de la marca registrada ****** *****, no obstante, si dan indicios de que ***** es asociado a la marca ****** o a dicha empresa.  

 

De la valoración de la autoridad, así como de la prueba misma que se tiene a la vista por obrar agregada en las constancias del expediente administrativo de origen, estos Juzgadores advierten que dicho elemento de prueba no acredita que el término ***** se hubiese transformado en una denominación genérica que corresponda al producto que se ampara con el registro (****), en virtud de que de las conclusiones mismas se aprecia que:

 

● Un 31 % de los entrevistados “relacionan” el término ***** con un **** *** ******* * ************, así como que un 25% lo relaciona con alguna marca.

 

● Que además un 4% de los entrevistados relaciona el término ***** con **, 5% con algún ******** ** ****, y 3% con una ****** ***********. 

 

De lo cual se puede concluir que no se acredita la transformación del término ***** en una denominación genérica que corresponda a “****”, en primer lugar porque de las conclusiones anteriores se observa que sólo un porcentaje menor a la tercera parte de los entrevistados relaciona a ***** con un **** ************, aunado a lo cual, no puede omitirse el hecho de que una cuarta parte de los entrevistados (que incluso puede coincidir con las personas que integraron el primer porcentaje) también advierte que ***** es una marca, lo cual implica que lejos de poderse estimar la transformación del término ***** como genérico de ****, se desprenden datos que reflejan la presencia de la marca ***** en el mercado y su conocimiento por parte de algunos de los entrevistados, así como que no toda la gente entrevistada (de hecho ni siquiera la tercera parte) relaciona a la marca con **** ************; con independencia de lo anterior, también se advierte en los estudios de mercado que existen personas que relacionan el término con *** ******** ** **** * ******* ************, es decir, existe una pluralidad de productos con los que se relaciona y no necesariamente ―menos aún de manera exclusiva― con ****, único producto amparado por el registro sujeto a cancelación, de ahí que la prueba analizada no sea concluyente para determinar la  transformación del término ***** en una denominación genérica de “****” ni la pérdida total de su carácter distintivo.

 

Por otra parte, la enjuiciante argumenta que otra de las principales pruebas que se dejaron de valorar y adminicular lo constituye la copia certificada de la sentencia de fecha 27 de mayo de 2009, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dentro del expediente D.A. 23/2009, en donde el Tribunal declaró expresamente que el término ***** se ha convertido en un término descriptivo que carece de distintividad y el cual actualmente es empleado de forma genérica en el comercio para designar productos *** *******.      

 

Argumento que se estima parcialmente fundado, pero insuficiente para los efectos que la actora pretende; parcialmente fundado en virtud de que si bien la autoridad da cuenta de su ofrecimiento y contenido (fojas 63 y 64 de la resolución impugnada), la autoridad no concluye el valor probatorio de la misma, pues señala que será a final del estudio cuando se determine si favorece a su oferente, sin que ello hubiese acontecido.

 

Sin embargo, al tener a la vista la mencionada prueba se aprecia que la misma es insuficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, toda vez que se trata de una resolución que no versa sobre la litis planteada en la instancia administrativa, ya que en dicha prueba se analiza el planteamiento de nulidad administrativa de la marca ***** por considerarse descriptiva, mientras que en sentido totalmente diverso, se tiene que en la resolución impugnada se analizó la solicitud de declaración administrativa de cancelación del registro *****, de ahí que no nos encontremos ante los mismos supuestos ni pueda válidamente actualizarse la pretendida cancelación del registro con base en dicho elemento probatorio.

 

De hecho, en el texto que la propia actora transcribe y que estima le beneficia de dicha resolución, se lee lo siguiente:

 

“En la época en que se expidió el registro marcario, esto es, mil novecientos sesenta y tres, no era común que el consumidor  promedio adquiriera ******* ****** ** *******, pues ésta ha tenido auge en las épocas actuales, lo que evidencia la legalidad de la marca en comento.

 

Independientemente de que en la especie, el uso de la marca “*****” haya tenido un efecto superveniente, y de que ésta se hubiera convertido en descriptiva con el transcurso del tiempo y por el uso y prestigio (sic) del producto que le corresponde a la tercero interesada, no se podría anular, a posteriori, en términos de la acción intentada por la promovente, pues no quedó acreditado que en el momento en que se expidió, ello aconteciera, esto es, que la marca fuera descriptiva del producto que ampara.”

 

De donde no puede advertirse siquiera alguna mención de que el termino ***** se hubiese transformado en una denominación genérica para **** (pues se insiste, se analiza una pretendida descriptividad e incluso se niega la actualización de la hipótesis de nulidad administrativa ahí planteada), además de que se trata de un juicio planteado por persona diversa a la hoy actora (**** ******* ** ** **** ** ****), que particularmente en nada beneficia a los intereses de la ahora demandante.

 

En diverso agravio refiere la demandante que la autoridad llevó a cabo una incorrecta valoración de las muestras físicas aportadas en el procedimiento de origen, pues argumenta que todas ellas se refieren a productos importados, lo cual es falso, en tanto que se acreditó la existencia de productos tanto exportados como nacionales que son comercializados en nuestro país y que emplean la palabra ***** como término genérico para referirse a una cualidad de los productos.

 

Particularmente, precisa que en el acta 144,528 de fecha 2 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, se demuestra que en la negociación mercantil denominada ******** se ofrecen diversos productos que ostentan el término *****, en particular los productos “********* –******* ********* ******” y “********* –******* ** *** ******* ******* ********* ******”, los cuales son elaborados por la empresa ********** ** ******** **** ** **** en México, lo que pone en evidencia la deficiente y tendenciosa valoración de pruebas, máxime que el hecho de que sean productos importados en nada afecta al resultado del procedimiento, dado que dichos productos son comercializados dentro del comercio nacional y emplean el término ***** como elemento genérico, lo cual es mostrado así ante el consumidor.

 

Agravios insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, siendo dable precisar en primera instancia que si bien la autoridad al analizar el contenido de las pruebas hizo mención de que algunos productos eran “importados”, dicha circunstancia en sí misma no fue parámetro para excluir su análisis ni para desvirtuar su valor probatorio, de ahí que la mención de la autoridad no hubiese acarreado ninguna consecuencia jurídica adversa a la actora.

 

Precisado lo anterior, se tiene que en cuanto a la existencia del acta 144,528 de fecha 2 de diciembre de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, la misma es insuficiente acreditar los extremos de la acción planteada por la actora, ya que de la misma esta Sala advierte que se efectuó la compra de productos tales como **, particularmente bajo la marca *********, hecho por la empresa ********** ** ******** **** ** ****; prueba que en nada beneficia a la actora en virtud de que con la misma no se acredita la transformación del término ***** en una denominación genérica de “****”, de hecho, ni siquiera figura el “****” como producto, ya que los productos presentados son “***”.

 

Siendo importante mencionar que para la actualización de la hipótesis de cancelación pretendida, se necesita acreditar que “…una marca… se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos… para los cuales se registró…, de manera tal que si los productos que se aprecian y de los que da cuenta el acta 144,528 de fecha 2 de diciembre de 2013, resultan ser *** y no ****, dicha prueba en nada abona o beneficia a la actualización de la original pretensión del demandante.

 

Por otra parte, precisa la actora que la autoridad también omitió valorar y adminicular la prueba consistente en el acta 95883, de fecha 21 de febrero de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que se hace constar que la hoy tercero interesada comercializa diversos productos que ostentan el término ***** como un término genérico y en particular el producto denominado ******, cuya marca registrada es propiedad de ******* *** ******** ******* ***** en el que se muestra una leyenda que describe algunas de las características del producto como “***** ***********” (************ *** ******). Y que en dicho instrumento la fedataria da fe de la compra del producto elaborado por la hoy tercero interesada en el cual se utiliza la palabra ***** como el término genérico para designar la palabra ************, anexándose la muestra física del producto tal cual se ofrece al consumidor y del cual se desprende el uso de la palabra ***** como el término genérico de la palabra ************.

 

Argumento que corre la misma suerte que el previamente analizado, ya que por cuanto hace a la existencia del acta 95883, de fecha 21 de febrero de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, la misma también deviene como insuficiente para acreditar los extremos de la acción planteada por la actora, ya que de la misma se advierte que se efectuó la compra de un **, como lo es el producto adquirido bajo la marca ******, importado por la empresa **************** ******* **** ** ****; prueba que en nada beneficia a la actora en virtud de que con la misma no se acredita la transformación del término ***** en una denominación genérica de “****”, de hecho, ni siquiera figura el “****” como producto, ya que el producto adquirido es precisamente “**”.

 

Siendo importante mencionar de nueva cuenta que para la actualización de la hipótesis de cancelación pretendida, se necesita acreditar que “…una marca… se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos… para los cuales se registró…, de manera tal que si el producto que se aprecia y del que da cuenta el acta 95,833 de fecha 21 de febrero de 2013, resultan ser ** y no ****, dicha prueba en nada abona o beneficia a la actualización de la original pretensión del demandante.

 

En un agravio diverso, estima la actora que la autoridad dejó de valorar la documental pública consistente en la copia certificada del acta 95779, de fecha 18 de febrero de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que se hace constar que la empresa ******* *** ******** ******* **** ha provocado que el término ***** se haya convertido en la denominación genérica para referirse al **** ************, ya que dio fe de que en la página de internet de la empresa hoy tercero interesada se emplea el término ***** como un término genérico para referirse al **** ************, máxime que en dicha página de internet no se muestra ninguna leyenda o símbolo que haga referencia a que el término ***** se refiere a una marca registrada, sino que se utiliza en dicha página como un término genérico.

 

Planteamientos que esta Sala estima insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de que, como bien sustenta la tercero interesada al apersonarse, la actora no acreditó dentro del procedimiento administrativo que el contenido de las páginas de internet fuera responsabilidad de ******* *** ******** ******* ***** pues no se demostró que fueran de su propiedad o que fueran operadas por ella; en efecto, si bien se inició la búsqueda a través de GOOGLE, colocando las palabras ******* *** ******** ******* ****, cierto es también que el resultado de dicha búsqueda arrojó la existencia de diversas páginas y no sólo a la que se accedió, sin que al ingresar a la mencionada página se advierte o se hubiese verificado que en efecto pertenece o es operada por ******* *** ******** ******* ****, por lo cual, no puede determinarse que dicha página necesariamente pertenezca a la empresa ahora tercero interesada ni que la misma sea administrada por ella, aunado a que no se exhibe diverso medio probatorio con la cual se pueda o al menos se pretenda determinar que en efecto sea una página que pertenezca a ******* ** ******** ******* *****

 

Por tanto, con independencia de la traducción de algunos párrafos de dichas páginas, lo cierto es que el resultado de las mismas es intrascendente si no logran ligarse o atribuirse estas páginas a la ahora tercero interesada ******* *** ******** ******* ***** ya que al no ser atribuible dicha información a ésta última, no pueden ser eficaces para ocasionar un perjuicio en su contra, con lo cual es claro que dichas pruebas no abonan en lo absoluto para la pretensión de acreditar que la tercero interesada hubiese provocado la transformación del elemento ***** en genérico de **** *************

 

De hecho, se aprecia que ******* *** ******** ******* **** en ninguna manera ha provocado alguna transformación del elemento ***** en genérico, pues contrario a ello se ha encargado de dar difusión a su marca como una marca registrada, usando la misma en productos tales como ****, según se desprende de su publicidad en revistas de los años 2008 (3), 2009 (5), 2010 (4), 2011 (5), 2012 (13), de las cuales se aprecia el uso de la marca ***** indicándose que la misma se encuentra registrada, usándose para ello el símbolo ® después de la marca ***** (*****®) y colocando adicionalmente la leyenda “…® ****** *********** ********* ** ******* *** ******** ******* **** …”, pruebas que en sentido contrario a una pretendida “provocación” para estimar al término como genérico, acreditan la protección y uso constante de la marca por su titular, haciendo énfasis en el consumidor respecto del hecho de que *****® es una marca registrada de su propiedad, pruebas que no son controvertidas de manera específica por la actora en el presente juicio, y que para mayor precisión se retoman tal y como fueron detalladas por la autoridad en la resolución impugnada (fojas 79 a 85 de dicha resolución):  

 

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En diverso argumento refiere la demandante que la autoridad omitió valorar y adminicular la prueba documental consistente en el acta 97028, de fecha 26 de abril de 2013, emitida por la Lic. María Esther García Álvarez, titular de la Correduría Pública 4 del Distrito Federal, en la que hace constar que el tercero interesado comercializa diversos productos que ostentan el término ***** como un término genérico para designar la palabra ************, en particular el producto denominado “******’* ******”, cuya marca registrada es propiedad de ******* *** ******** ******* ***** dando fe de la compra del producto y anexando una muestra física del mismo tal como se ofrece al consumidor, en donde además se observa que sólo se reivindica la titularidad de las marcas *******® y ******’* ******®, no así de la palabra *****, provocando que dicho término haya perdido distintividad.

 

Razonamientos que esta Sala estima insuficientes para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, en virtud de que si bien es cierto en dos productos que se adquirieron y de los cuales se dio cuenta en el acta 97028, de fecha 26 de abril de 2013, bajo la marca *******® ******’* ******®, no se hace referencia al elemento ***** como protegido bajo una marca registrada, dichos elementos de prueba (que incluso se aprecian como productos importados de E.U.A., de ahí que su contenido informativo se aprecie en idioma ingles) se diluyen ante el mayor caudal probatorio (publicidad en revistas) en los que se aprecia que al menos durante los años de 2008 a 2012, se ha utilizado la marca *****® en otros productos de su línea de **** aclarando que se trata de una marca registrada y de su propiedad.

 

En efecto, dos productos fabricados por la tercero interesada       *******             ***        ********            ******* *****     resultan insuficientes para acreditar que ésta “provoca” (término que de suyo denota una intención) que su marca ***** se transforme en una denominación genérica para ****, cuando de hecho, existen medios de prueba que en sentido totalmente diverso, acreditan que ******* *** ******** ******* **** se ha encargado de dar difusión a su marca ***** como una marca registrada, usando la misma en productos tales como ****, según se desprende de su publicidad en revistas de los años 2008 (3), 2009 (5), 2010 (4), 2011 (5), 2012 (13), de las cuales se aprecia el uso de la marca ***** indicándose que la misma se encuentra registrada, usándose para ello el símbolo ® después de la marca ***** (*****®) y colocando adicionalmente la leyenda “…® ****** *********** ********* ** ******* *** ******** ******* **** …”, pruebas que acreditan la protección y uso constante de la marca por su titular, haciendo énfasis en el consumidor respecto del hecho de que *****® es una marca registrada de su propiedad.

 

Por otra parte, la actora argumenta que se acreditó que en diversas cadenas de comida rápida con una gran cantidad de establecimientos a nivel nacional, como lo son ****’* ****** y ** *******, se emplea el término ***** como término genérico para designar **** *** *******, pruebas que fueron reforzadas con los informes presentados por la representante legal que controla los establecimientos de ********* en México, en los que señala expresamente que no se expenden productos de la marca *****, sino de la marca ****** y a ésta se le aplica el término genérico ***** para señalar que se trata de ******* *** *******.

 

Argumentos que devienen insuficientes para acreditar los extremos de la pretensión de la demandante, en virtud de que los informes a que alude la demandante ―vinculados a la empresa que opera a ********´** no así a ****’* **.― contienen lo siguiente, según la propia transcripción efectuada por la autoridad (foja 73 y 74 de la resolución impugnada):

 

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De donde se aprecia meridianamente que es la pregunta y NO la respuesta la que sustenta que ***** es un término genérico, siendo que de hecho, las respuestas únicamente se limitan a precisar que las ******* son distinguidas bajo la marca ****** y diseño, así como que los recipientes contienen diversas opciones según el tipo de ****** ** **** que se requiera, pero ―se insiste― en la respuesta nunca se afirma que se ocupe un término “genérico”.

 

Con independencia de la anterior consideración, no pasa desapercibido para esta Sala que los ***** ** **** adquiridos en las tres negociaciones ********´*, así como el ****** que se tuvo a la vista en la negociación ****’* **., hacen referencia al elemento “*****”; sin embargo, pese al uso de dicho elemento esta Sala no puede estimar que ******* *** ******** ******* **** se encuentre “tolerando” una pretendida transformación del elemento ***** en genérico para ****, en virtud de que para ello, era necesario que dicha sociedad tuviera conocimiento de dicho uso y que entonces a partir de dicho momento hubiese tolerado su uso como una denominación genérica, lo cual no se acredita con pruebas por parte de la actora, ni se desprende de autos, debido a que como la misma tercero interesada lo expresa en su apresamiento (foja 30 del mismo): “…mi representada manifestó al momento de formular su contestación en el procedimiento de origen, que no tenía conocimiento de tales

 

hechos, y que una vez que lo supo de forma prácticamente inmediata instó a la sociedad ***** ****** ************* ** ** **** ** **** para que dejara de usar la marca ***** toda vez que la misma se encuentra protegida a favor de mi mandante…”, de ahí que no pueda estimarse dicho uso del elemento ***** como tolerado por parte de ******* *** ******** ******* ***** en principio porque no tenía conocimiento de su uso, y en segunda instancia porque inmediatamente después de conocido, accionó en contra de aquel que la ocupaba sin su autorización.

 

De hecho, existen pruebas admitidas en autos de la instancia administrativa ―supervenientes―, consistentes en cartas dirigidas a ******* *** ******** ******* ***** con las cuales se demuestran que tanto en los establecimientos de ********´* como de ****’* ***, previa solicitud de la tercero interesada, retirarían los ***** * ******* **** **** con la leyenda *****, esto es, el cese del uso de la marca ***** en los vasos o envases en los que se sirve ****, suscritas por los representantes legales de las sociedades que operan dichos establecimientos, tal y como se reproduce a continuación (fojas 2957 y 2972 del expediente administrativo de origen):

 

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Aunado a lo anterior, existe multiplicidad de pruebas ofrecidas en la instancia administrativa (además de las previamente precisadas), de las cuales se desprende que lejos de “tolerar” el uso del término ***** como genérico, acreditan la protección y defensa constante de la marca por parte de su titular, al apreciarse con dichas pruebas que se hizo del conocimiento de diversas personas que la marca registrada ***** es de su propiedad y solicitarles se abstuvieran de seguir comercializando productos con dicho elemento sin su consentimiento, existiendo contestaciones en sentido favorable e incluso convenios para dejar de efectuar dichas conductas, pruebas que no son controvertidas de manera específica por la actora en el presente juicio, y que de manera precisa se aprecian tomadas en consideración por la autoridad a fojas 114, 115 y 116 de la misma resolución impugnada:

 

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En diverso orden de ideas, estima la actora que la autoridad llegó a su ilegal conclusión basándose en que la palabra ***** no aparece definida en diccionarios de la lengua española y por ello no puede ser empleada en el comercio nacional para referirse a productos *************; conclusión que estima carece de lógica y sustento jurídico, ya que el hecho de que la denominación ***** no se encuentre catalogada en un diccionario de la lengua española no implica que la misma no se emplee en el comercio de forma genérica para referirse a determinados productos.

 

Argumento que si bien se advierte sustancialmente fundado, el mismo es insuficiente para desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, toda vez que esta Sala estima que efectivamente, el hecho de que la palabra ***** no se encuentre conceptualizado en diccionarios de la lengua española (como unilateralmente lo afirmó la autoridad) no trasciende para el estudio de la solicitud de declaración administrativa de cancelación, de hecho, ni siquiera es un hecho traído a litis el determinar si la denominación ***** es una palabra reconocida en el idioma español, de ahí la intrascendencia de dicha afirmación, así como su ineficacia para la materia del asunto analizado.

 

No obstante, lo anterior no trasciende en el sentido de la resolución impugnada, en virtud de que la mención de la autoridad (respecto de los diccionarios de la lengua española) no fue el único elemento ni se constituye como el elemento toral para haber determinado la negativa a declarar la cancelación del registro ****** *****, ya que como ha quedado abordado a lo largo de la presente resolución, existieron diversos elementos de prueba que se han estimado insuficientes para acreditar la acción, y otros tantos que en sentido contrario desvirtúan una posible “provocación” o “tolerancia” por parte de ******* *** ******** ******* ***** para estimar una pretendida transformación de la denominación ***** en genérica para ****, elementos de prueba que, se insiste, han sido analizados de manera particular en la presente sentencia.

 

Por otra parte, argumenta la actora que el artículo 1708, inciso 13 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, establece la prohibición de registrar y en su caso mantener el registro de palabras en idiomas español, inglés y francés, que designen genéricamente los bienes a los que se aplica la marca, en consecuencia, toda vez que la palabra ***** ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en la palabra genérica que designa los productos a los que se aplica la marca registrada, procede la cancelación de la misma; siendo que la autoridad demandada omitió analizar y pronunciarse respecto de ese punto hecho valer en el procedimiento de origen, lo que pone en evidencia que la autoridad demandada no se pronunció respecto de todos los puntos de litigio hechos valer por las partes dejándolo en estado de indefensión.

 

Además, agrega que el artículo 6 quinquies, inciso B, subinciso 2 del Convenio de Paris, establece que podrán invalidarse las marcas cuando hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio, por lo que toda vez que la palabra ***** ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en palabra genérica, procede la cancelación del registro de marca correspondiente.

 

Argumentos que esta Sala advierte como insuficientes, en virtud de que desde un inicio la solicitud de declaración administrativa planteada fue aquella contenida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, la solicitud de declaración administrativa de cancelación, como se desprende del objeto de la solicitud que se precisa a foja 3 del escrito inicial en la instancia administrativa:

 

…

 

IV. OBJETO DE LA SOLICITUD:

 

Se solicita la declaración administrativa de cancelación del registro de marca número ****** denominado “*****”, con base en la causal establecida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial que será expresada y desarrollada en el capítulo respectivo.

…

 

De los fundamentos legales en los cuales se funda la acción:

 

…

 

IV.FUNDAMENTOS LEGALES:

 

La presente solicitud de declaración administrativa de cancelación se funda en lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial.

 

El procedimiento se rige por lo ordenado en los artículos 155, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 192 BIS, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, así como los artículos relativos y aplicables al procedimiento de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.  

…

 

Así como de la forma en que se plantearon sus causales de cancelación (fojas 10 y 16): 

 

…

CAUSALES DE CANCELACION 

 

PRIMERA

 

La marca registrada número ****** que ampara la denominación “*****”, en clase **, deberá ser cancelada de pleno derecho, toda vez que su titular ha tolerado que dicha denominación se transforme en la denominación genérica de los productos para los cuales se registró.

 

El fundamento legal para este procedimiento de cancelación de registro de marca, se encuentra establecido en lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, mismo que cito a la letra para una mayor apreciación:    

…

SEGUNDA

 

Como segunda causal de cancelación se hace valer la contemplada en el artículo 153 de la Ley de la propiedad Industrial que a la letra establece lo siguiente:

…

Del citado precepto legal se desprende que procede la cancelación de un registro de marca cuando su titular ha provocado que la denominación amparada por dicho registro marcario se transforme en una denominación genérica, lo cual ha ocurrido en el caso que nos ocupa, pues la empresa ******* *** ******** ******* **** titular del registro de marca ****** ha provocado que el término ***** haya perdido su carácter distintivo y se utilice como la palabra usual para designar los productos que ampara dicho registro marcario.

…

Luego entonces, resulta evidente que si bien a foja 16 de su escrito inicial se alude de manera genérica a la existencia de los artículos 1708, inciso 13 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 6 quinquies, inciso B, subinciso 2 del Convenio de Paris, cierto es también que dichos preceptos legales no formaban parte de la acción intentada, tan es así que en ningún momento se precisan como base de una acción específica ni se desarrolla respecto de los mismos un análisis para su pretendía actualización, de hecho, se advierte su mención en forma aislada y partiendo de la premisa de que la marca ****** ***** “…ha perdido su carácter distintivo y se ha convertido en la palabra genérica que designa los productos a los que se aplica…”, sin que dicha afirmación se hubiese actualizado en la especie ―como ha quedado analizado en la presente resolución―, al no haberse colmado las hipótesis de la acción efectivamente planteada, esto es, la contenida en el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial; de ahí que el hecho de que la autoridad no se hubiese pronunciado respecto de los artículos en comento, no transgrede las defensas del actor ni trasciende en el sentido de la resolución impugnada.

 

Finalmente, se precisa que en términos de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como por lo dispuesto en el diverso 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida, sin que los agravios propuestos por la actora analizados en su totalidad, desvirtúen la legalidad de la resolución impugnada. 

 

En este orden de ideas, no pasa desapercibido para esta Sala que la enjuiciante (además de las diversas pruebas valoradas en el presente juicio, en atención a los agravios precisos de la demandante) también hace valer de manera “genérica” y constante una indebida valoración de pruebas por parte de la autoridad, sin embargo, en todo caso la actora debió señalar de manera precisa cada una de las pruebas que estimaba indebidamente valoradas (se insiste, diversas a las ya analizadas en el presente juicio) así como el alcance probatorio que a su consideración guardaban tales probanzas y la forma en que trascenderían en el fallo en beneficio del demandante, por lo que la simple afirmación de una indebida valoración de pruebas deben estimarse inoperantes por deficientes.

 

Robustecen las anteriores consideraciones las jurisprudencias cuyos datos de identificación y contenido se reproducen a continuación:

 

Época: Novena Época

Registro: 198753

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo V, Mayo de 1997

Materia(s): Común

Tesis: VI.2o. J/102

Página: 509

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES POR DEFICIENTES, SI OMITEN PRECISAR EL ALCANCE PROBATORIO DE LAS PROBANZAS CUYA VALORACIÓN ILEGAL SE ALEGA. Los conceptos de violación que se hacen consistir en falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio generador del acto reclamado deben expresar no sólo las probanzas cuya estimación se considera ilegal, sino también deben precisar el alcance probatorio de tales probanzas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en beneficio del quejoso, pues únicamente en dicha hipótesis puede analizarse si la omisión de valoración de pruebas causó perjuicios al mismo y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales, de suerte tal que los conceptos de violación que no reúnan los requisitos mencionados deben estimarse inoperantes por deficientes. 81

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

 

Amparo directo 568/96. Eduardo Cordero Cano. 30 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.

 

Amparo directo 48/97. José Prisciliano Ramiro Guerrero. 6 de febrero de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Alfonso Gazca Cossío.

 

Amparo directo 66/97. Lina Soto Trujillo y otro. 19 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.

 

Amparo directo 29/97. Antonio Pérez Romero. 16 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

 

Amparo directo 185/97. José Rogelio Medina Gutiérrez. 23 de abril de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

 

Nota: Por ejecutoria de fecha 13 de enero de 2010, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 426/2009 en que participó el presente criterio.

 

Época: Novena Época 

Registro: 173593 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXV, Enero de 2007 

Materia(s): Común  Tesis: I.4o.A. J/48 

Página: 2121 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez.

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

 

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Rodríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza.

 

Amparo directo 443/2005. Servicios Corporativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

 

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Reyes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

 

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo A. Martínez Jiménez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.

 

Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. Director General Jurídico y de Gobierno en la Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez Fernández.

 

En las relatadas consideraciones, y tras haberse agotado el estudio de los argumentos de agravio expuestos por la parte actora en el juicio atrayente, sin que ninguno de ellos resulte fundado y suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que le asiste al acto impugnado, en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede reconocer su validez, de conformidad con el diverso 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

 

Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 49, 50 y 52, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:

 

I.- La parte actora en el juicio atraído ******* ** ******** ******* ****, no probó su        pretensión, en consecuencia;

 

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada en el juicio atraído, en atención a los razonamientos expuestos en la presente resolución.

 

III.- La parte actora en el juicio atrayente ********************, no probó su pretensión, en consecuencia;

 

IV.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada en el juicio atrayente, en atención a los razonamientos expuestos en la presente resolución.

 

V.- NOTIFÍQUESE

 

El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante el Secretario de Acuerdos que da fe.----------------------------------------------------

 

Lic. Luz María Anaya Domínguez.

Magistrada Titular de la Primera Ponencia de esta Sala y Presidente de la misma

 

Lic. Ramón Ignacio Cabrera León.

Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de esta Sala.

 

Lic. Juan Antonio Rodríguez Corona.

Magistrado Titular de la Tercera Ponencia de esta Sala y ponente en el presente juicio.

 

Lic. Isaac Jonathan García Silva.

Secretario de Acuerdos adscrito a la Tercera Ponencia de esta Sala.

 

IJGS*

 

“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: los nombres de las partes y de sus representantes, marcas, clase e identificación de los productos o servicios de tales marcas, nombre de terceros ajenos a juicio, e imágenes que contienen algunos de los datos anteriores, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”