TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EXPEDIENTE: 57/14 -EPI-01-11 Y ACUMULADO
ACTOR: ******* **** ******** y ******* **** ********
TERCEROS INTERESADOS: ****** ** ** ****** ***** y ******* ***** *****
“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”
México Distrito Federal a treinta de noviembre de dos mil quince.- Sesionando los integrantes de la SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, CC. Magistrados RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN, como Instructor del juicio y Presidente de la misma, LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA, ante la C. Secretaria de Acuerdos que actúa y da fe, BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA, estando dentro del término previsto por el artículo 49 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, proceden a resolver el presente juicio en los términos siguientes:
R E S U L T A N D O
1°- Mediante Acuerdo de fecha 14 de enero de 2014, se tuvo por admitida la demanda presentada por el apoderado legal de ******* **** ********, en la impugnó la emisión, contenido y efectos del registro de obra número ***********************, supuestamente otorgado a favor de ****** ** ** ****** ***** * ******* ***** *****, mismo que refiere haber conocido a través del oficio número DRPDA/SRSGCAM/OF-1175/2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, por el que el Director del Registro Público del Derecho de Autor, del Instituto Nacional del Derecho de Autor; desechó la solicitud de antecedentes registrales relativos a dicha obra, a la cual se fue asignado el folio 03-2013-082612035300-11, por los motivos y fundamentos ahí precisados; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la actora en los términos del Acuerdo precisado.
2º.- Por acuerdo de 28 de mayo de 2014, se tuvo por presentada la contestación a la demanda por parte de la autoridad demandada; asimismo se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por la enjuiciada en los términos del citado Acuerdo y se otorgó a la actora término para ampliar su demanda.
3°- Mediante Acuerdo del 28 de mayo de 2014, se tuvieron por apersonados a los terceros interesados.
4º.- Mediante sentencia interlocutoria de 12 de septiembre de 2014, se estimó fundado y procedente el incidente de acumulación planteado del juicio58/14-EPI-01-8, promovido por******* **** ******** al atrayente 57/14-EPI-01-11, toda vez que uno de los actos impugnados resultaba idéntico al impugnado en el juicio atrayente, además de existir identidad de agravios en las demandas de nulidad.
5º.- En el juicio atraído se tuvo por presentada la contestación a la demanda por parte de la autoridad demandada, mediante auto de 2 de junio de 2014.
6º.- Mediante acuerdo de 17 de septiembre de 2014, se tuvo por ampliada la demanda en el juicio atrayente 57/14-EPI-01-11.
7º.- Mediante acuerdo de 6 de abril de 2015, se otorgó a la actora del juicio atraído término para ampliar su demanda.
8º.- Mediante acuerdo de 6 de abril de 2015, se otorgó a la actora del juicio atraído término para ampliar su demanda
9º.- Mediante acuerdo de 6 de abril de 2015, se tuvo por no apersonados a los terceros interesados en el juicio atraído 58/14-EPI-01-8, por incumplimiento a un requerimiento.
10º.- Por acuerdo de 6 de abril de 2015, se tuvo por presentada la contestación a la ampliación demanda por parte de la autoridad demandada en el juicio atrayente.
11º.- Por acuerdo de 6 de abril de 2015, se tuvo por presentado el escrito por el que los terceros interesados realizaron manifestaciones a la ampliación de demanda del juicio atrayente.
12º.- Por acuerdo de 1º de julio de 2015, se tuvo por realizada la ampliación de demanda en el juico atraído.
13º.- Mediante acuerdo del 30 de septiembre de 2015, se tuvo por presentada la contestación a la ampliación demanda por parte de la autoridad demandada en el juicio atraído.
14º.- Mediante Acuerdo del 30 de septiembre de 2015, se concedió término a las partes para formular sus respectivos alegatos por escrito.
15°.- Al haberse substanciado el procedimiento y transcurrido el término legal para presentar alegatos, se declaró cerrada la instrucción del juicio.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que esta Sala es competente para resolver este juicio en términos de los artículos 14, fracción XI, y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
SEGUNDO.- Que la resolución impugnada existe y se encuentra acreditada en autos.
TERCERO.- Que los antecedentes relevantes del acto impugnado, son los siguientes:
1. Los terceros interesados son titulares de la obra titulada “***** ********** ******* ***”, en la rama de ARTE APLICADO y con número registro ***********************:
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
2. Con fecha 26 de agosto de 2013, las actoras presentaron, por separado, la “Solicitud de Antecedentes Registrales “ y una copia del certificado de inscripción y de la obra con número de registro ***********************
3. A dichas solicitudes recayeron los oficios RPDA/SRSGCAM/OF-1131/2013 y RPDA/SRSGCAM/OF-1130/2013, ambos de 2 de septiembre de 2013, por los que se requirió a las solicitantes presentar autorización por escrito, con firma autógrafa de los titulares de los derechos patrimoniales a la obra (terceros interesados), así como copia simple de sus identificaciones oficiales a fin de constatar las firmas respectivas.
4. Por escritos presentados el 23 de septiembre de 2013, señalaron que su interés para solicitar la copia del certificado de inscripción y de la obra de los terceros deriva de la averiguación previa 628/UEIDDAPI/2011, iniciada por los terceros en contra de las actoras, por lo que resultaba trascendente la obtención de dicho antecedente para corroborar la existencia y alcance de la obra.
5. Por oficios 03-2013-082612035300-11 y 03-2013-082612043100-11, ambos de 25 de septiembre de 2013, se desecharon las solicitudes de antecedentes registrales y copias de la obra planteadas por las actoras.
6. En este juicio, ambas actoras impugnaron los oficios de 25 de septiembre de 2013, así como el certificado de obra de los terceros interesados.
CUARTO.- Que la autoridad planteo el sobreseimiento del juicio atraído atendiendo a dos consideraciones:
1. Porque la resolución no afecta los intereses jurídicos de la actora del juicio atraído, ya que su interés no puede basarse en la averiguación previa iniciada en su contra por los terceros interesado, puesto que la denuncia de hechos fue realizada en términos de los artículos 113 y116 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que no genera, hasta ahora, ninguna afectación a la esfera jurídica de la actora
La actora no acredita ser titular de los derechos de obra de arte aplicado ********** ******* ***, pues sus titulares son los terceros interesados, por lo que dicho acto no trasciende a la esfera jurídica de la parte acora, y no le ocasiona un perjuicio directo y actual.
Si la actora no acredita contar con algún derecho sobre la obra no forma parte de su haber patrimonial, por lo que no puede acudir en defensa de un derecho que no le es propio.
2. El acto impugnado no es competencia de este Tribunal, toda vez que el certificado de obra quedó inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor, conforme lo previsto en los artículos 13, 14 fracción II, 162, fracción I, 168, 169, 209, fracción III y demás relativos de la Ley Federal del Derecho de Autor, y dicha inscripción se entiende de buena fe y declarativa, al establecer la presunción legal de su titularidad a favor de quien las hace, de ahí que no constituyan derechos.
La actora pretende privar a los titulares de la presunción de titularidad, sin acreditar ser titular o autor, colaborador u otro, en esa obra.
Dentro del artículo 69, del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor se establece un procedimiento para cancelar dichas inscripciones.
El certificado no es un acto que ponga fin a un procedimiento o a una instancia.
Causales de improcedencia que se estiman infundadas por lo siguiente.
El artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece la improcedencia de los juicios promovidos ante este Tribunal cuando no afecten la esfera jurídica del demandante:
“ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
[…]
I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.
[…]”
En la especie, no debe perderse de vista que los actos impugnados en el juicio atraído son dos, por una parte, el oficio a través del cual se desechó la solicitud de antecedentes registrales respecto de la obra de los terceros interesados, y por otra, el certificado de derechos relativo a dicha obra.
La autoridad plantea la causal con relación a la impugnación del certificado de derechos, lo cual es en efecto, infundado.
Lo anterior es así, porque la fracción I, del artículo citado, se refiere a los intereses jurídicos del demandante no limitado a un bien que forme parte del haber patrimonial dela actora como erróneamente refiere la autoridad, sino que, se entiende que dicha afectación atañe cualquier posible afectación a los intereses jurídicos del demandante.
En ese sentido, si el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones, en este caso, dicho interés se acredita de forma fehaciente en la medida que la actora manifestó que con base en dicho certificado de derechos se inició una averiguación previa en su contra; de modo que la naturaleza intrínseca del certificado impugnado es la que se encuentra determinado el perjuicio o afectación en la esfera del particular, y por tanto, dicho certificado sí afecta real y efectivamente a la actora por ser la base de una averiguación de una conducta delictiva imputada a la actora.
De ahí que el certificado de derechos impugnado sí afecta los intereses jurídicos de la demandante.
La causal planteada con fundamento en el artículo 8º, en su fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo también es infundada, por lo que no procede el sobreseimiento del juicio en términos del artículo 9º, fracción II:
“ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:
[…]
II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.
[…]
ARTÍCULO 9o.- Procede el sobreseimiento:
[…]
II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.
[…]
De conformidad con lo anterior, es improcedente el juicio contencioso administrativo en contra de actos que no sean de su competencia; por lo que debe determinarse si el certificado de obra otorgado a los terceros es un acto susceptible de ser impugnado ante esta Sala
El certificado de obra otorgado a favor de los terceros sí es impugnable ante esta Sala de conformidad con lo siguiente.
El artículo 14, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé:
“ARTÍCULO 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
[…]
XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;
[…]
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.
[…]”
El precepto en cita establece que este Tribunal conocerá de actos definitivos que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; asimismo, se consideran resoluciones definitivas aquellas que no admiten recurso o admitiéndolo, su interposición sea optativa.
En la especie, los titulares del certificado de obra aludido, promovieron una instancia con la finalidad de obtener el certificado con relación a la autoría y titularidad de la obra intitulada ***** ********** ******* ***, y es evidente que dicha instancia culminó con la emisión del certificado emitido el 7 de abril de 2008, por lo que es una resolución que pone fin al expediente administrativo aperturado con motivo de dicha solicitud, y por tanto, es un acto impugnable ante este Tribunal.
A mayor abundamiento, una resolución definitiva es tal que constituya el producto final o última voluntad de la expresada como la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento.
Sobre la noción de resolución definitiva es aplicable el criterio siguiente:
[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; 90 Sexta Parte; Pág. 88
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. QUE SE ENTIENDE POR **** ********** PARA EFECTOS DEL JUICIO DE NULIDAD.
La calificación de definitividad de una resolución para los efectos de la procedencia del juicio fiscal, en los términos del artículo 22 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, se determina atendiendo a la naturaleza misma de la resolución de que se trate y no respecto a las modalidades que adopte, esto es, una resolución se considera definitiva en el aspecto procesal, cuando contra ella no proceda ningún recurso o medio de defensa que la modifique o revoque, independiente de que en su modalidad sea o no definitiva.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Asimismo, dicha resolución podía ser lesiva de derechos como en este caso argumenta la actora, y por ende, contaba con esta vía jurisdiccional para inconformarse con dicha decisión.
Lo que es más, la impugnación del certificado es competencia de esta Sala ya que fue emitido con fundamento en la Ley Federal del Derecho de Autor, de ahí que se ubique en el supuesto previsto en los artículos 2, 2 bis de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 23, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:
LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 2.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se integra por:
[…]
II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares, y
[…]
ARTÍCULO 2 Bis. Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio. Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
Artículo 23.- El Tribunal contará con Salas Regionales Especializadas cuya denominación, sede, competencia y materia de conocimiento será la siguiente:
[…]
I.- Una Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual, con sede en el Distrito Federal y competencia material para tramitar y resolver, en todo el territorio nacional, los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas a que se refiere el artículo 14, fracciones XI, XII, XIV, penúltimo y último párrafos de la Ley, dictadas con fundamento en la Ley de la Propiedad Industrial, en la Ley Federal del Derecho de Autor, en la Ley Federal de Variedades Vegetales, así como en los demás ordenamientos que regulan la materia de Propiedad Intelectual, o que tengan alguna injerencia en las citadas materias;
[…]”
(Énfasis añadido)
Asimismo, dicha resolución podía ser lesiva de derechos de terceros, como en este caso de la actora, y por ende, contaba con esta vía jurisdiccional para inconformarse con dicha decisión.
En ese orden de ideas, para esta Sala es incorrecto que la autoridad diga que la vía para inconformarse con la emisión del certificado, era el procedimiento que prevé 69 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor:
Artículo 69.- El procedimiento de cancelación o corrección por error se iniciará de oficio de la siguiente manera:
I. El Registro notificará personalmente al afectado los motivos y fundamentos que tenga para cancelar o corregir la inscripción correspondiente, concediéndole un plazo de 15 días para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, y
II. Transcurrido el término, y previo estudio de los antecedentes relativos, se dictará la resolución administrativa que proceda, la que se notificará al interesado en el domicilio que hubiere señalado en la solicitud de registro.
(Énfasis añadido)
Lo anterior si bien devela un procedimiento de cancelación de certificado otorgado por error, lo cierto es que es un procedimiento que se inicia de oficio por el Instituto sin que se establezca la posibilidad de iniciarse a petición de parte.
Tampoco se establece en algún otro precepto que con elementos aportados por terceros pueda dar inicio al procedimiento de cancelación de un certificado.
Entonces, el inicio de dicho procedimiento es una facultad discrecional del Instituto demandado, que puede o no ejecutar y nunca establecido como acción que pueda iniciar el particular.
Por lo tanto, es claro que en contra de dicho certificado procedía el presente juicio, ello ante la improcedencia de la vía establecida en el artículo 69, del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, y la optatividad del recurso de revisión previsto en el artículo 83, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
QUINTO.- Que como conceptos de impugnación, las actoras expusieron tanto en su demanda como en su escrito de ampliación, lo siguiente:
a) La fundamentación contenida en el registro de obra es indebida, ya que la supuesta obra de arte aplicado corresponde en realidad a una obra de arte popular, siendo inaplicables los preceptos legales para su concesión, ya que no fundamentan el otorgamiento de un certificado de registro a un particular respecto de una obra de artesanía popular de libre uso, conforme a los artículos 159 y 160, de la Ley Federal del Derecho de Autor
b) De conformidad con el artículo 14, de la Ley Federal del Derecho de Autor, no es objeto de protección, como derecho de autor, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras, así como tampoco cualquier elemento de dominio público o de uso común.
c) La autoridad pasó por alto la naturaleza no registrable de la obra, omitiendo requisitos de forma y fondo en torno a dicha solicitud, siendo que el objeto del registro que se impugna no cumple con los elementos esenciales de una “obra de arte aplicado”, ya que la autoridad incorrectamente reconoce características artísticas en un artículo de uso común que incorpora ilegalmente obras de arte popular como si fueran una creación original de sus supuestos titulares.
d) Existen dos requisitos indispensables para la legal existencia de una obra artística, esto es, primeramente, el acto de creación por parte del autor, que se traduce en la expresión de una idea o concepción propia, y a su vez, el elemento de originalidad como característica esencial de toda obra artística, es decir, el sello personal de su autor, sin menoscabo del mérito o propósito de la obra.
e) De ahí, que la supuesta obra de arte aplicado objeto del registro, está conformada por una bolsa tradicional de lona a la cual simplemente se adhieren ******* *********** creación original de comunidades indígenas arraigadas en el sureste del país
f) Una obra de arte aplicado no se constituye por la simple adhesión de elementos a un objeto de uso práctico, sino por el carácter “artístico” y de “originalidad” del objeto en sí mismo, es decir, que una obra de arte aplicado se considera como tal, en razón de su esencia y característica como forma de expresión artística que lleva impresa la originalidad o sello personal del autor, y en este caso, no puede hablarse de una creación artística u original, pues es claro que el objeto del acto impugnado, reproduce íntegramente obras de arte popular conocidas comúnmente como “******* ***** *****” y que son creación de comunidades indígenas de México.
g) Dichas ******* se encuentran plasmadas por dichas comunidades indígenas no solo en bolsas de lona, sino en diversos artículos de uso común como blusas, morrales, monederos y mochilas, entre otros.
h) Por tanto, es ilegal, reconocer derechos exclusivos a los terceros interesados sobre una obra de arte popular como si se tratara de una obra de arte aplicado, siendo que la naturaleza intrínseca de las obras artesanales conlleva su libre utilización, con motivo de la preservación y difusión de la riqueza pluricultural de México.
i) De conformidad con los artículos 157 y 158 de la Ley Federal del Derecho de Autor las obras de arte popular conforme a los usos, costumbres y tradiciones de las diferentes comunidades y etnias que sean originarias o se encuentren arraigadas en la República Mexicana, estarán protegidas por la ley.
j) Entre sus pruebas, refiere que se encuentra un estudio de mercado y opinión pública en donde el grueso de los entrevistados identifica a las referidas ******* con comunidades o etnias indígenas del sur de México, aplicadas a artículos comerciales.
k) Como parte del mismo estudio se advierte la entrevista a Daniel Gaytán Muñoz, actual director e Atención al Turista del Gobierno del Estado de Chiapas, quien reconoció en forma expresa que las referidas “********** ***** *****” constituyen artesanía popular
n( �/strong> Resulta ilegal el desechamiento de la solicitud de copias solicitadas, pues la autoridad pasó por alto su interés para obtener copias certificadas de dicho certificado de obra, ya que sirve de base de la acción penal iniciada por los terceros interesados en contra de las actoras.
La autoridad demandada y los terceros interesados en su contestación y escrito de apersonamiento, respectivamente, sostuvieron que debe reconocerse la validez de los actos impugnados.
QUINTO.- Que la litis a resolver en este caso consiste en determinar la legalidad del certificado de derechos de autor otorgado a favor del tercero interesado, así como la legalidad de los oficios de 25 de septiembre de 2013, por los que se desecharon las solicitudes de antecedentes registrales y copas de dicha obra a las actoras. .
SEXTO.- Que la carga de la prueba en este juicio para vencer la presunción de validez del acto impugnado corresponde a la parte actora, por lo que ofreció las pruebas siguientes:
a) Documental Pública, consistente en las resoluciones impugnadas, consistentes en los oficios de 25 de septiembre de 2013, misma que se valora conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que se acredita, en sus términos, la existencia de las mismas.
b) Las documentales y constancias que conforman el expediente administrativo relativo al certificado de derechos de los terceros interesados, mismas que se valoran de acuerdo con los artículos 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con estas pretende probar la ilegalidad en el otorgamiento de dicho certificado.
c) Documental privada, consistente en un estudio de mercado y opinión pública denominado “******* ***** *****” realizado por la empresa *** ********, misma que se valora conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que pretende probar que las ******* ***** ***** son identificadas por la población como artesanías provenientes del sureste del país y que se incorporan a muy diversos productos.
d) Muestras físicas de las obras de arte popular identificadas como “********** ***** *****” mismas que se valoran conforme al artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la que pretende probar que no son apropiables a favor de persona alguna
SÉPTIMO.- Estudio de la Sala.
Para esta Sala, los argumentos y pruebas de la actora resultan fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada, en atención a las consideraciones legales siguientes:
De los argumentos de la actora, se advierte que considera ilegal el certificado de derechos otorgado a favor de los terceros interesados por tratarse de una obra de arte popular que no debió ser procedente, pues la misma se advierte como sigue:
(Imagen suprimida por razones de privacidad)
Y dicha obra, se encuentra protegida en la rama de arte aplicado, de conformidad con el artículo 13, fracción XIII, de la Ley Federal del Derecho de Autor:
“Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:
[…]
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y
[…]”
Ahora bien, la Ley Federal del Derecho de Autor no proporciona una definición para una obra de arte aplicado, sin embargo, una obra de arte aplicado es una obra artística aplicada a objetos de uso práctico, bien sean obras de artesanía u obras producidas a escala industrial, y la forma de protección a dicha obra está reservada a los legisladores del país, acorde al artículo 2.7 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas
“Artículo 2
Obras protegidas:
1. « Obras literarias y artísticas »; 2. Posibilidad de exigir la
fijación; 3. Obras derivadas;
4. Textos oficiales; 5. Colecciones; 6. Obligación de proteger;
beneficiarios de la protección;
7. Obras de artes aplicadas y dibujos y modelos industriales; 8.
Noticias
[…]
7) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del Artículo 7.4) del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas.
[…]
Y, para valorar la protección de una obra de arte aplicado protección, debe atenderse a los siguientes criterios, : a) Que sea una creación intelectual, producto del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre, ello acorde a la tesis que se cita a continuación:
Época: Novena Época
Registro: 163309
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXII, Diciembre de 2010
Materia(s): Civil
Tesis: III.2o.C.187 C
Página: 1785
OBRAS EN LA RAMA DENOMINADA COMO ARTE APLICADO. REQUISITOS PARA SU REGISTRO (INTELECCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4o. A 6o. Y 13, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR).
La legislación en cita no define el concepto de "arte aplicado", ni proporciona las bases para integrarlo jurídicamente; por tanto, acorde con el criterio funcional de interpretación de las normas, que implica acudir a otras fuentes del derecho, como los tratados internacionales, la doctrina, e incluso los principios que permean en el derecho extranjero, puede afirmarse, que una obra de arte aplicado, es aquella que es portadora de dos caracteres: 1) la belleza estética, y 2) el fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre; es decir, que no debe servir como mero objeto de contemplación o placer estético, sino que además, debe tener un fin utilitario, con independencia del diseño que le sea incorporado. Luego, en términos de los artículos 4o. a 6o. y 13, fracción XIII, todos de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como de lo establecido en el Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y de la opinión de investigadores en la rama del derecho intelectual, como Ricardo Aguilera Parrilla, Claude Masoyé, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, suscrita por el gobierno mexicano y de la guía de dicha convención, los criterios para determinar si una obra debe ser protegida, en la rama de "arte aplicado", son los siguientes: a) Que sea una creación intelectual, producto del ingenio y capacidad humana; b) Que tenga originalidad, sin confundirse con la novedad de la obra, dado que aquélla es el sello personal que el autor imprime en su obra y la hace única; c) Que sea de carácter literario o artístico, en cuanto a la forma de expresión de la obra; d) Que haya sido fijada en un soporte material, independientemente del mérito, destino o modo de expresión; e) Que sea susceptible de divulgarse o reproducirse por cualquier medio conocido o por conocer y; f) Que sea portadora de belleza o estética y del fin práctico y útil para la satisfacción de las necesidades del hombre. Todo ello, en el entendido de que el derecho de autor no protege las ideas en sí, sino su forma de expresión. Así, dado que en México la protección del derecho de autor se concede solamente desde el momento en que las obras han sido fijadas en una forma de expresión tangible, para estimar legal el registro de una obra de tal naturaleza, no basta que haya sido producto del ingenio humano y que tenga utilidad, pues es necesario examinar, además, con base en el material probatorio allegado al juicio, si se colman los requisitos aludidos, particularmente el relativo a la fijación en un soporte material, entendiendo por tal la incorporación de letras, signos, sonidos, imágenes y demás elementos en el soporte en que se encuentra expresada la obra intelectual, o las representaciones digitales de aquéllos, incluyendo los electrónicos, pues es a través de ello, que se permite su percepción, reproducción u otra forma de comunicación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Amparo directo 291/2010. Plásticos Beta, S.A. de C.V. 6 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Manuel Ayala Reyes.
Ahora bien, la propia Ley Federal del Derecho de Autor en su TITULO VII “De los Derechos de Autor sobre los Símbolos Patrios y de las expresiones de las Culturas Populares”, Capítulo I, de “Disposiciones Gnerales” y III “De las Culturas Populares”, particularmente los artículos 154, 157, 159, establecen la protección a las obras sobre expresiones de culturas populares:
“ Artículo 154.- Las obras a que se refiere este Título están protegidas independientemente de que no se pueda determinar la autoría individual de ellas o que el plazo de protección otorgado a sus autores se haya agotado.”
“Artículo 157.- La presente Ley protege las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal, así como todas las manifestaciones primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composición pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable.”
“Artículo 159.- Es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal; protegidas por el presente capítulo, siempre que no se contravengan las disposiciones del mismo.”
“Artículo 161.- Corresponde al Instituto vigilar el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas por el mismo.”
Es decir, la Ley Federal del Derecho de Autor otorga protección a las obras sobre expresiones culturales independientemente de que su autor no sea identificable, y claramente se establece que es libre la utilización de las obras literarias, artísticas, de arte popular o artesanal , siempre que no se contravengan las disposiciones del capítulo III en cita, y además, que corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor vigilar el cumplimiento de las disposiciones de dicho capítulo y coadyuvar en la protección de las obras amparadas en el mismo .
En ese sentido, el registro o inscripción de una obra de arte aplicado que involucre una expresión de cultura popular, requiere de un análisis detenido en torno a su procedencia.
Lo anterior es así, porque si se entiende como obra de arte aplicado a una obra artística aplicada a objetos de uso práctico, luego entonces, debe advertirse si la obra artística aplicada a ese bien de uso práctico no tiene la limitante de ser parte de una expresión de la cultura popular que entonces no sería materia de protección, al menos no como arte aplicado.
En este caso, de conformidad con las constancias que obran en autos, se obtiene que la obra que defienden los terceros interesados es una bolsa de lona con asas de madera a la que se encuentran incorporados ******* hechos de tela de diversos colores.
Dichos ******* se conocen en la cultura popular como “******* ***** *****” y se conceptualizan como “* *********** ** ** ******* ***** *********** *** ********** *** ********* ** ** ****** ** ******* * ********** ** ********* *** **** *** ** *** ******** ******** ***** * *** ******* ****** ** ******* ******** ***** ** ******* ** *** ********* ******** ***** ****** ***************” (******: ****:*************************************?****=************_*******&*******=************&*******_**=****&******=***_**********&******=*&******=* ).
Indudablemente, dichas ******* son una expresión de cultura popular que se encuentra protegida en términos del Título VII, de la Ley Federal del Derecho de Autor, pues de conformidad con la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, ratificada por México, forman parte del “patrimonio cultural inmaterial” por tratarse de una expresión y una técnica artesanal tradicional que las forma parte del patrimonio cultural Maya, acorde al artículo 2º de la referida Convención:
“Artículo 2: Definiciones
A los efectos de la presente Convención,
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
b) artes del espectáculo;
c) usos sociales, rituales y actos festivos;
d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
e) técnicas artesanales tradicionales.
[…]”
De lo anterior, puede arribarse a las conclusiones siguientes:
1. Los terceros interesados tienen el certificado de obra de arte aplicado sobre una ***** ** **** *** **** ** ****** cuya obra artística aplicada son los ******* **********.
2. Que aun cuando el Certificado de Derechos de Obra tiene efectos declarativos y presumen la buena fe del autor, lo cierto es que ello no excluye a la autoridad, Instituto Nacional del Derecho de Autor de analizar, al momento de que le son presentadas las solicitudes de obras en la rama de arte aplicado, si la obra artística incorporada al objeto útil se trata de una expresión de la cultura popular, pues en ese caso, la obra no tendría originalidad y no es susceptible de protección en la rama de arte aplicado.
3. Lo anterior, porque la Ley Federal del Derecho de Autor debe interpretarse de forma sistemática, y no llevar a la conclusión de manera directa e inmediata que dados los efectos declarativos del certificado y la presunción de buena fe del autor, la obra será procedente en cualquier caso.
En ese sentido, asiste razón a las actoras cuando señalan que conforme al artículo 159, de la Ley Federal del Derecho de Autor, una artesanía que refleje una expresión de cultura popular es de libre uso; y en esa medida, si la obra artística que será incorporada a un objeto útil para conformar una obra de arte aplicado es una artesanía, entonces evidentemente que ello no es susceptible de protección pues es de libre uso.
Esta Sala no inadvierte que los terceros interesados sustentan la originalidad de su obra en la ***** * *** ******* considerando que “ ** ***** ** “** ***** ** *********** ********* ********* * ** ***** ** ************ ** *(** * ** * * )* *** *** ****** * ******* **** ******* * *** * ** *** ****** ** ****** ********** ** ********** ********** ************** ********* ** ****** ** ********** ** *** ******* *** ** ********* ******* ** ** ******* ****** ******* *** ******* ****** ** ******* ** ******* ************ * ** ***** ****** * *** ******** ** ****** ****** * ** ***** ******** *********** *** ** ****** ****** *** ** *** ********* *** ******** ** ** *********** ******* (*******)* *** * ** *** ******** * *** *** ******* ******* ** *** ***** ********* (********************) ** ** *********** ** ********* ****** ********* ** *** * ** **** ** ******** ****** * *** ************* ** ************ ** ****** * ******** ** ****** *** ** ****** ** ****** ************** *** ********* *************; * ** ******* ****** ** ********** ** ***** ***** *** ** **** ** ****** * *** ***** ** *********** *** ***** ********** *** ********** ** ******* **** **** ** **** ********* ** ******** * *********** *** **** ** **** ******** ****** ** ********* ********** * ******** ** ****** ********* ** ** ******* ******** *** ** *** ***** ************ *** **** ******** ******** *** ******** ********** **** ** ********* ** *** ******* ** ******** ** ***** (***)* ** **** ** ********* ** ********* **** **** ** ****** *** ******** ***** ********** *** ** *** ***** *** ***** * **** *** ** *** ********** * *************** ** *** **** *********.”
Lo anterior en efecto debe desestimarse, pues la Ley Federal del Derecho de Autor no protege la idea en sí sino la expresión de la misma, de ahí que la expresión de *** ***** a la que se incorporan ********** ********** no es original independientemente de su posicionamiento y tamaño, pues tal como apunta el tercero interesado, dicha práctica es conocida y empleada en la región sureste del país, lo que incluso reconoce la tercera interesada en el párrafo transcrito al señalar “ destacándose así como creación original con carácter artístico, como lo contempla la Ley Federal de Derechos de Autor (sic), lo cual la distingue de cualquier otro tipo de ****** que pudieran verse similares .”
A este respecto, resulta relevante el Estudio de Opinión Pública ofrecido como prueba por las actoras del que se obtiene que se efectuaron 400 entrevistas vivienda por vivienda en donde 53% de los encuestados son mujeres y 47% hombres con edad promedio de 36 años, a los que se les preguntó si habían visto bolsas con ******* ********** incorporados, a lo que 6 de cada 10 respondió que sí; y 98% manifestó conocer *** ******* **********.
Asimismo, al responder el cuestionamiento relativo al nombre de las *******, si bien no tienen posicionado un nombre particular, lo cierto es que sí lo asocian a la diversidad cultural del país, y coinciden a que provienen del sureste de país.
De igual forma, del 100 % de los entrevistados el 87% afirmó haber comprado alguna vez un artículo alusivo a dichas *******, y los artículos en donde han visto aplicada dichas ******* son ******* ******* ********** ********** **** ** ******** ****** ** ***** ********* ********* ****** * ********** *********** ********* ********* ******** ** ***** ****** **** ********** ******** * *********
Esta Sala no inadvierte el argmento de los terceros interesados relativo a que no pretendió registrar los ******* ********** individualmente pues según manifestó en la solicitud de registro, las mismas son originarias del ****** ** *******, sino que su obra es de arte aplicado, pues tal argumento es infundado, considerando la definición misma del arte aplicado trasladado a la obra que tiene protegida, ya que no destaca una originalidad en dicha bolsa, sino que su originalidad se basa en la idea de incorporar ******* **********.
Por lo anterior, para esta Sala, la obra protegida en virtud del certificado ***********************, no era procedente en la rama de arte aplicado, pues al obra artística incorporada al objeto útil (*****) es una obra que refleja una expresión de cultura popular, y que por tanto, es de libre uso, aunado a que la forma de expresión no es original.
Finalmente, con relación a la impugnación de los oficios de 25 de septiembre de 2013, esta Sala estima que, independientemente de que asiste razón a la autoridad con relación a que no resultaba procedente expedir copias e información del certificado de derechos de los terceros interesados porque dichas actoras no fueron parte en dicho procedimiento, lo cierto es que la determinación de desechar sus solicitudes de antecedentes registrales y copias de la obra, ya no depara un perjuicio a las actoras, porque la finalidad de dichas solicitudes era imponerse del contenido y alcance del certificado de los terceros interesados, lo que ya aconteció en este juicio, pues la autoridad demandada acompañó dicho certificado y la actora incluso produjo su ampliación e demanda a partir de dicho certificado, por lo que con relación a estos oficios ya no se le genera una afectación a la actora, derivado de que su finalidad solo era conocer dicho certificado por ser la base de la averiguación previa seguida en contra de las actoras.
OCTAVO.- DECISÓN.- En esta tesitura y con base en lo expuesto a lo largo de esta resolución, para esta Sala lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, consistente en el certificado de derechos *********************** de 7 de abril de 2008, pues al momento de su concesión se inobservaron, de forma sistemática, las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, con lo que se actualiza la causal del artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y por otro lado, debe reconocerse la validez de los oficios de 25 de septiembre de 2013.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracciones I y III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es de resolverse y se resuelve:
I.- EL PRESENTE JUICIO DE NULIDAD ES PROCEDENTE ;
II.- LA ACTORA ACREDITÓ PARCIALMENTE SU ACCIÓN ;
III.- SE DECLARA LA NULIDAD del Certificado de derechos ***********************.
III.- SE RECONOCE LA VALIDEZ de los oficios de 25 de septiembre de 2013.
IV.- NOTIFÍQUESE.
El presente fallo fue aprobado por unanimidad de votos y firmado por los CC. Magistrados que integran la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos quien da fe:
______________________________ RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN Magistrado Instructor del juicio y Presidente de la Sala. |
____________________________ LUZ MARÍA ANAYA DOMÍNGUEZ Magistrada de la Primera Ponencia |
_________________________________ JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ CORONA Magistrado de la Tercera Ponencia.
|
_____________________________ BERENICE HERNÁNDEZ DELEYJA Secretaria de Acuerdos quien da fe |
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 3º, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y Trigésimo Octavo, fracciones I y II, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente: Datos personales de las actoras, sus apoderados; datos personales del tercero interesado y datos de obras, información considerada legalmente como confidencial , por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos.”