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《知识产权法》(2009年3月9日统一版本), 厄瓜多尔

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详情 详情 版本年份 2009 日期 议定: 1998年5月8日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明), 实用新型., 工业品外观设计, 商标, 地理标志, 厂商名称, 集成电路布图设计, 竞争, 未披露的信息(商业秘密), 植物品种保护, 版权与相关权利(邻接权), 知识产权及相关法律的执行, 替代性争议解决, 遗传资源, 传统文化表现形式, 知识产权监管机构, 工业产权

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Ley de Propiedad Intelectual (versión consolidada de 9 de marzo de 2009)
 Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013, incorporating the amendments up to March 9, 2009) )

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Codificación No. 2006-013)

Nota:

La versión de la Ley de Propiedad Intelectual previa a su codificación puede consultarse en nuestra sección histórica

INTRODUCCIÓN

La Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la República, considera, realizar la Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual, observando las disposiciones de la Constitución Política de la República; así como las reformas expresas, que se han producido en las leyes reformatorias a esta Ley; Ley de Educación Superior; Código de Procedimiento Civil; Ley para la Transformación Económica del Ecuador; Código de Procedimiento Penal; Ley Orgánica de Aduanas y Resolución No. 161-2000-TP, del Tribunal Constitucional.

En el proceso de codificación se contó con las observaciones formales que, dentro del marco de las disposiciones constitucionales, realizó el señor Diputado Miguel López Moreno.

Con estos antecedentes, la Comisión de Legislación y Codificación codifica las disposiciones de esta Ley, resaltando lo siguiente: las referencias de UVC´s, se remplazan por dólares, en atención a lo dispuesto en el Art. 12, de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, que establece que en todas las normas vigentes, en que se haga mención a UVC´s se entenderá que cada UVC, tendrá un valor fijo e invariable de dos coma seis dos ocho nueve (2,6289) dólares de los Estados Unidos de América y, a su derogatoria contenida en el literal e) del artículo 100 de la misma Ley; se actualizan las referencias del Código de Procedimiento Civil; se incorpora “escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, de conformidad a lo determinado en el Art. 74 (352) de la Constitución Política de la República; se reemplaza CONUEP por CONESUP, en atención a que la Ley de Educación Superior derogó a la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas; y, se corrigen las referencias de los artículos 184, 198 y la numeración del Capítulo VII y siguientes de la Ley No. 83.

CODIFICACIÓN 2006-013

H. CONGRESO NACIONAL

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN

Resuelve:

EXPEDIR LA SIGUIENTE CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Título Preliminar

Art. 1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos; 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones; b. Los dibujos y modelos industriales; c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio; g. Los nombres comerciales; h. Las indicaciones geográficas; e, i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o

comercial.

3. Las obtenciones vegetales.

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el Ecuador sobre la materia.

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial.

Libro I

Título I

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Capítulo I

DEL DERECHO DE AUTOR

Sección I

PRECEPTOS GENERALES

Art. 4.- Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás titulares sobre sus obras.

Art. 5.- El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión.

Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones radiofónicas cualquiera sea el país de origen de la obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o divulgación.

El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de formalidad alguna.

El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas.

Art. 6.- El derecho de autor es independiente, compatible y acumulable con: a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que esté

incorporada la obra;

b) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y,

c) Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.

Art. 7.- Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados:

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual.

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra.

Ámbito doméstico: Marco de las reuniones familiares, realizadas en la casa de habitación que sirve como sede natural del hogar.

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma.

Causahabiente: Persona natural o jurídica que por cualquier título ha adquirido derechos reconocidos en este Título.

Colección: Conjunto de cosas por lo común de una misma clase o género.

Compilación: Agrupación en un solo cuerpo científico o literario de las distintas leyes, noticias o materias.

Copia o ejemplar: Soporte material que contiene la obra o producción, incluyendo tanto el que resulta de la fijación original como el que resulta de un acto de reproducción.

Derechos conexos: Son los derechos económicos por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.

Distribución: Puesta a disposición del público, del original o copias de la obra, mediante su venta, arrendamiento, préstamo público o de cualquier otra forma conocida o por conocerse de transferencia de la propiedad, posesión o tenencia de dicho original o copia.

Divulgación: El acto de hacer accesible por primera vez la obra al público, con el consentimiento del autor, por cualquier medio o procedimiento conocido o por conocerse.

Editor: Persona natural o jurídica que mediante contrato escrito con el autor o su causahabiente se obliga a asegurar la publicación y divulgación de la obra por su propia cuenta.

Emisión: Difusión a distancia de sonidos, de imágenes o de ambos, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse, con o sin la utilización de satélites, para su recepción por el público. Comprende también la producción de señales desde una estación terrestre hacia un satélite de radiodifusión o de telecomunicación.

Expresiones del folklore: Producciones de elementos característicos del patrimonio cultural tradicional, constituidas por el conjunto de obras literarias y artísticas, creadas en el territorio nacional, por autores no conocidos o que no se identifiquen, que se presuman nacionales del país, de sus comunidades étnicas y se transmitan de generación en generación, de manera que reflejen las expectativas artísticas o literarias tradicionales de una comunidad.

Fijación: Incorporación de signos, sonidos, imágenes o su representación digital, sobre una base material que permita su lectura, percepción, reproducción, comunicación o utilización.

Fonograma: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos o de sus representaciones digitales. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.

Grabación efímera: Fijación temporal, sonora o audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios y empleada en sus propias emisiones de radiodifusión.

Licencia: Autorización o permiso que concede el titular de los derechos al usuario de la obra u otra producción protegida, para utilizarla en la forma determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato. No transfiere la titularidad de los derechos.

Obra: Toda creación intelectual original, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma, conocida o por conocerse.

Obra anónima: Aquella en que no se menciona la identidad del autor por su voluntad.

Obra audiovisual: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contenga.

Obra de arte aplicado: Creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en escala industrial.

Obra en colaboración: La creada conjuntamente por dos o más personas naturales.

Obra colectiva: Es la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica, que la publica o divulga con su propio nombre, y en la que no es posible identificar a los autores o individualizar sus aportes.

Obra por encargo: Es el producto de un contrato para la realización de una obra determinada, sin que medie entre el autor y quien la encomienda una relación de empleo o trabajo.

Obra inédita: La que no ha sido divulgada con el consentimiento del autor o sus derechohabientes.

Obra plástica o de bellas artes: Creación artística cuya finalidad apela al sentido estético de la persona que la contempla, como las pinturas, dibujos, grabados y litografías. No quedan comprendidas en la definición, a los efectos de la presente Ley, las fotografías, las obras arquitectónicas y las audiovisuales.

Obra póstuma: Además de las no publicadas en vida del autor, las que lo hubiesen sido durante ésta, si el mismo autor, a su fallecimiento, las deja refundidas, adicionadas, anotadas o corregidas de manera que merezcan reputarse como obras nuevas. Organismo de radiodifusión: Persona natural o jurídica que decide las emisiones y que determina las condiciones de emisión de radio o televisión.

Productor: Persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad en la producción de una obra, por ejemplo, de la obra audiovisual, o del programa de ordenador.

Productor de fonogramas: Persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y coordinación se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución, u otros sonidos o sus representaciones digitales.

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar con capacidad de procesar información, para la realización de una función o tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los manuales de uso.

Publicación: Producción de ejemplares puesto al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

Radiodifusión: Comunicación al público por transmisión inalámbrica. La radiodifusión incluye la realizada por un satélite desde la inyección de la señal, tanto en la etapa ascendente como en la descendente de la transmisión, hasta que el programa contenido en la señal se ponga al alcance del público.

Reproducción: Consiste en la fijación de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, y la obtención de copias de toda o parte de ella.

Retransmisión: Remisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión de signos, sonidos o imágenes, ya sea difusión inalámbrica, o a través de cable, hilo, fibra óptica o cualquier otro procedimiento, conocido o por conocerse.

Titularidad: Calidad de la persona natural o jurídica, de titular de los derechos reconocidos por el presente Libro.

Usos honrados: Los que no interfieren con la explotación normal de la obra ni causan un perjuicio a los intereses legítimos del autor.

Videograma: Fijación de una obra audiovisual.

Sección II

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR

Art. 8.- La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma;

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los materiales o datos;

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general las obras teatrales;

d) Composiciones musicales con o sin letra;

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas;

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería;

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la topografía, y en general a la ciencia;

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía;

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas;

k) Programas de ordenador; y,

l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus derechos.

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año después de la salida del último número o de la comunicación pública del último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años.

Art. 9.- Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas, siempre que revistan características de originalidad, las siguientes:

a) Las traducciones y adaptaciones; b) Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; c) Los resúmenes y extractos; d) Los arreglos musicales; y, e) Las demás transformaciones de una obra literaria o artística.

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, expresada en un grupo de individuos que reflejan las expresiones de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmente, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesanías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de las comunidades de conformidad a la Convención que previene la exportación, importación, transferencia de la propiedad cultural y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la OMPI para la protección de las expresiones en contra de su explotación ilícita.

Art. 10.- El derecho de autor protege también la forma de expresión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras.

No son objeto de protección:

a) Las ideas contenidas en las obras, los procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí; los sistemas o el contenido ideológico o técnico de las obras científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial; y,

b) Las disposiciones legales y reglamentarias, las resoluciones judiciales y los actos, acuerdos, deliberaciones y dictámenes de los organismos públicos, así como sus traducciones oficiales.

Sección III

TITULARES DE LOS DERECHOS

Art. 11.- Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente libro.

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de Berna, Acta de París de 1971.

Art. 12.- Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo identifique aparezca indicado en la obra.

Art. 13.- En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario.

En la obra en colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y proindiviso, a los coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa.

Art. 14.- El derecho del autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal o sociedad de bienes, según el caso.

Art. 15.- Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los derechos morales para la explotación de la obra.

Se presumirá como titular de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la obra.

Art. 16.- Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra.

En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal.

Art. 17.- En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad.

Sección IV

CONTENIDO DEL DERECHO DE AUTOR

Parágrafo Primero

DE LOS DERECHOS MORALES

Art. 18.- Constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor:

a) Reivindicar la paternidad de su obra;

b) Mantener la obra inédita o conservarla en el anonimato o exigir que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que sea utilizada;

c) Oponerse a toda deformación, mutilación, alteración o modificación de la obra que pueda perjudicar el honor o la reputación de su autor;

d) Acceder al ejemplar único o raro de la obra que se encuentre en posesión de un tercero, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que le corresponda; y,

e) La violación de cualquiera de los derechos establecidos en los literales anteriores dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios independientemente de las otras acciones contempladas en esta Ley.

Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al poseedor, a quien se indemnizará, en su caso, por los daños y perjuicios que se le irroguen.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos mencionados en los literales a) y c) corresponderá, sin límite de tiempo, a sus causahabientes.

Los causahabientes podrán ejercer el derecho establecido en el literal b), durante un plazo de setenta años desde la muerte del autor.

Parágrafo Segundo

DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Art. 19.- El autor goza del derecho exclusivo de explotar su obra en cualquier forma y de obtener por ello beneficios, salvo las limitaciones establecidas en el presente libro.

Art. 20.- El derecho exclusivo de explotación de la obra comprende especialmente la facultad de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes;

c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importación; y,

e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.

La explotación de la obra por cualquier forma, y especialmente mediante cualquiera de los actos enumerados en este artículo es ilícita sin la autorización expresa del titular de los derechos de autor, salvo las excepciones previstas en esta Ley.

Art. 21.- La reproducción consiste en la fijación o réplica de la obra en cualquier medio o por cualquier procedimiento, conocido o por conocerse, incluyendo su almacenamiento digital, temporal o definitivo, de modo que permita su percepción, comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella.

Art. 22.- Se entiende por comunicación pública todo acto en virtud del cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, como en los siguientes casos:

a) Las representaciones escénicas, recitales, disertaciones y ejecuciones públicas de las obras dramáticas, dramático-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier medio o procedimiento;

b) La proyección o exhibición pública de las obras cinematográficas y de las demás obras audiovisuales;

c) La radiodifusión o comunicación al público de cualesquiera obras por cualquier medio que sirva para difundir, sin hilo, los signos, los sonidos o las imágenes, o la representación digital de éstos, sea o no simultánea.

La transmisión de señales codificadas portadoras de programas es también un acto de comunicación pública, siempre que se ponga a disposición del público por la entidad radiodifusora, o con su consentimiento, medios de decodificación.

A efectos de lo dispuesto en los dos incisos anteriores, se entenderá por satélite cualquiera que opere en bandas de frecuencia reservadas por la legislación de telecomunicaciones a la difusión de señales para la recepción por el público o para la comunicación individual no pública, siempre que en este último caso las circunstancias en que se lleve a efecto la recepción individual de las señales sean comparables a las que se aplican en el primer caso;

d) La transmisión al público de obras por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, sea o no mediante abono;

e) La retransmisión de la obra radiodifundida por radio, televisión, o cualquier otro medio, con o sin hilo, cuando se efectúe por una entidad distinta de la de origen;

f) La emisión, transmisión o captación, en lugar accesible al público, mediante cualquier instrumento idóneo de la obra radiodifundida;

g) La presentación y exposición públicas;

h) El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de telecomunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obras protegidas; e,

i) En fin, la difusión por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de los signos, las palabras, los sonidos, las imágenes de su representación, u otras formas de expresión de las obras.

Se considerará pública toda comunicación que exceda el ámbito estrictamente doméstico.

Art. 23.- Por el derecho de distribución el titular de los derechos de autor tiene la facultad de poner a disposición del público el original o copias de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo público o cualquier otra forma.

Se entiende por arrendamiento la puesta a disposición de los originales y copias de una obra para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Quedan excluidas del concepto de alquiler, para los fines de esta norma la puesta a disposición con fines de exposición y las que se realice para consulta in situ.

Se entiende por préstamo la puesta a disposición de los originales y copias de una obra a través de establecimientos accesibles al público para su uso por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo o indirecto. Las exclusiones previstas en el inciso precedente se aplicarán igualmente al préstamo público.

El derecho de distribución mediante venta se agota con la primera y, únicamente respecto de las sucesivas reventas dentro del país, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo para autorizar o prohibir el arrendamiento y préstamo público de los ejemplares vendidos.

El autor de una obra arquitectónica u obra de arte aplicada no puede oponerse a que el propietario arriende la obra o construcción.

Art. 24.- El derecho de importación confiere al titular de los derechos de autor la facultad de prohibir la introducción en el territorio ecuatoriano, incluyendo la transmisión analógica y digital, del original o copias de obras protegidas, sin perjuicio de obtener igual prohibición respecto de las copias ilícitas. Este derecho podrá ejercerse tanto para suspender el ingreso del original y copias en fronteras, como para obtener el retiro o suspender la circulación de los ejemplares que ya hubieren ingresado. Este derecho no afectará los ejemplares que formen parte del equipaje personal.

Art. 25.- El titular del derecho de autor tiene el derecho de aplicar o exigir que se apliquen las protecciones técnicas que crea pertinentes, mediante la incorporación de medios o dispositivos, la codificación de señales u otros sistemas de protección tangibles o intangibles, a fin de impedir o prevenir la violación de sus derechos. Los actos de importación, fabricación, venta, arrendamiento, oferta de servicios, puesta en circulación o cualquier otra forma de facilitación de aparatos o medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios de protección aplicados por el titular del derecho de autor, realizados sin su consentimiento, serán asimilados a una violación del derecho de autor para efectos de las acciones

civiles así como para el ejercicio de las medidas cautelares que correspondan, sin perjuicio de las penas a que haya lugar por el delito.

Art. 26.- También constituyen violación de los derechos establecidos en este libro cualquiera de los siguientes actos:

a) Remover o alterar, sin la autorización correspondiente, información electrónica sobre el régimen de derechos; y,

b) Distribuir, importar o comunicar al público el original o copias de la obra sabiendo que la información electrónica sobre el régimen de derechos ha sido removida o alterada sin autorización.

Se entenderá por información electrónica aquella incluida en las copias de obras, o que aparece en relación con una comunicación al público de una obra, que identifica la obra, el autor, los titulares de cualquier derecho de autor o conexo, o la información acerca de los términos y condiciones de utilización de la obra, así como número y códigos que representan dicha información.

Art. 27.- El derecho exclusivo de explotación, o separadamente cualquiera de sus modalidades, es susceptible de transferencia y, en general, de todo acto o contrato previsto en esta Ley, o posible bajo el derecho civil. En caso de transferencia, a cualquier título, el adquirente gozará y ejercerá la titularidad. La transferencia deberá especificar las modalidades que comprende, de manera que la cesión del derecho de reproducción no implica la del derecho de comunicación pública ni viceversa, a menos que se contemplen expresamente.

La enajenación del soporte material no implica cesión o autorización alguna respecto del derecho de autor sobre la obra que incorpora.

Es válida la transferencia del derecho de explotación sobre obras futuras, si se las determina particularmente o por su género, pero en este caso el contrato no podrá durar más de cinco años.

Sección V

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS

Parágrafo Primero

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor.

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con fines de seguridad o resguardo;

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para utilizar el programa; y;

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales.

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente.

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los derechos.

Parágrafo Segundo

DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES

Art. 33.- Salvo pacto en contrario, se presume coautores de la obra audiovisual:

a) El director o realizador; b) Los autores del argumento, de la adaptación y del guión y diálogos; c) El autor de la música compuesta especialmente para la obra; y, d) El dibujante, en caso de diseños animados.

Art. 34.- Sin perjuicio de los derechos de autor de las obras preexistentes que hayan podido ser adaptadas o reproducidas, la obra audiovisual se protege como obra original.

Los autores de obras preexistentes podrán explotar su contribución en un género diferente, pero la explotación de la obra en común, así como de las obras especialmente creadas para la obra audiovisual, corresponderán en exclusiva al titular, conforme al artículo siguiente.

Art. 35.- Se reputa titular de una obra audiovisual al productor, esto es la persona natural o jurídica que asume la iniciativa y la responsabilidad de la realización de la obra. Se considerará productor,

salvo prueba en contrario, a la persona natural o jurídica cuyo nombre aparezca en dicha obra en la forma usual.

Dicho titular está, además, legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra incluyendo la facultad para decidir sobre la divulgación.

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de las estipulaciones y reservas expresas entre los autores y el productor.

Parágrafo Tercero

DE LAS OBRAS ARQUITECTÓNICAS

Art. 36.- El autor de las obras de arquitectura podrá oponerse a las modificaciones que alteren estética o funcionalmente su obra.

Para las modificaciones necesarias en el proceso de construcción o con posterioridad a ella, se requiere la simple autorización del arquitecto autor del proyecto, quién no podrá negarse a concederla a no ser que considere que la propuesta modificatoria altere estética o funcionalmente su obra.

La adquisición de un proyecto de arquitectura implica el derecho del adquirente para ejecutar la obra proyectada, pero se requiere el consentimiento escrito de su autor en los términos que él señale y de acuerdo con la Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura, para utilizarlo en otras obras.

Parágrafo Cuarto

DE LAS OBRAS DE ARTES PLÁSTICAS Y DE OTRAS OBRAS

Art. 37.- El adquirente de un objeto material que contiene una obra de arte tiene, salvo pacto en contrario, el derecho de exponer públicamente la obra, a cualquier título.

Art. 38.- Si el original de una obra de arte plástico, o el manuscrito original del escritor o compositor fuere revendido en pública subasta, o si en dicha reventa interviniera directa o indirectamente un comerciante de tales obras en calidad de comprador, vendedor o agente, el vendedor deberá pagar al autor o a sus herederos, según corresponda, una participación equivalente al cinco por ciento del precio de venta, salvo pacto en contrario. Este derecho es irrenunciable e inalienable.

Art. 39.- Los responsables de establecimientos mercantiles, el comerciante o cualquier otra persona que haya intervenido en la reventa serán solidariamente responsables con el vendedor por el pago de este derecho y deberán notificar la reventa a la sociedad de gestión correspondiente, o en su defecto, al autor o sus derechohabientes, en el plazo de tres meses, acompañando la documentación pertinente para la práctica de la liquidación.

Art. 40.- El retrato o busto de una persona no podrá ser puesto en el comercio sin el consentimiento de la misma persona y, luego de su muerte, de sus causahabientes. Sin embargo la publicación del retrato es libre, cuando se relacione, únicamente, con fines científicos, didácticos o culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren desarrollado en público.

Art. 41.- El autor de una obra fotográfica o el realizador de una mera fotografía sobre una persona, deberá contar con la autorización de la persona fotografiada, y a su muerte, de sus causahabientes, para ejercer sus derechos de autor o conexos, según el caso. La autorización deberá constar por escrito y referirse específicamente al tipo de utilización autorizada de la imagen. No obstante, la utilización de la imagen será lícita cuando haya sido captada en el curso regular de acontecimientos públicos y responda a fines culturales o informativos, o se realice en asociación con hechos o acontecimientos de interés público.

Las excepciones establecidas en el inciso precedente no afectan los derechos de autor sobre la obra que incorpore la imagen.

Sección VI

TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE DERECHOS

Parágrafo Primero

DE LA TRANSMISIÓN POR CAUSA DE MUERTE

Art. 42.- Los derechos de autor se transmiten a los herederos y legatarios conforme a las disposiciones del Código Civil.

Art. 43.- Para autorizar cualquier explotación de la obra, por el medio que sea, se requerirá del consentimiento de los herederos que representen la cuota mayoritaria.

Cuando la mayoría haga uso o explote la obra, deducirá del rendimiento económico total, los gastos efectuados y entregará la participación que les corresponda a quienes no hubieren podido expresar su consentimiento.

Parágrafo Segundo

DE LOS CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS

Primero

DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

Art. 44.- Los contratos sobre autorización de uso o explotación de obras por terceros deberán otorgarse por escrito, serán onerosos y durarán el tiempo determinado en el mismo, sin embargo podrán renovarse indefinidamente de común acuerdo de las partes.

Art. 45.- Las diversas formas de explotación de una obra son independientes entre sí y, en tal virtud, los contratos se entenderán circunscritos a las formas de explotación expresamente contempladas y al ámbito territorial establecido en el contrato. Se entenderán reservados todos los derechos que no hayan sido objeto de estipulación expresa, y en defecto de disposición sobre el ámbito territorial, se tendrá por tal el territorio del país en donde se celebró el contrato.

La cesión del derecho de reproducción implicará la del derecho de distribución mediante venta de los ejemplares cuya reproducción se ha autorizado, cuando ello se deduzca naturalmente del contrato o sea indispensable para cumplir su finalidad.

Art. 46.- La cesión exclusiva de los derechos de autor confiere al cesionario el derecho de explotación exclusiva de la obra, oponible frente a terceros y frente al propio autor. También confiere al cesionario el derecho a otorgar cesiones o licencias a terceros, y a celebrar cualquier otro acto o contrato para la explotación de la obra, sin perjuicio de los derechos morales correspondientes.

En la cesión no exclusiva, el cesionario está autorizado a explotar la obra en la forma establecida en el contrato.

Art. 47.- Sin perjuicio de lo prescrito respecto de las obras creadas bajo relación laboral de dependencia, es nula la cesión de derechos patrimoniales sobre el conjunto de las obras que el autor pueda crear en el futuro, a menos que estén claramente determinadas en el contrato y que éste no exceda de cinco años.

Es igualmente nula cualquier estipulación por la cual el autor se comprometa a no crear alguna obra en el futuro.

Art. 48.- El titular de los derechos de autor puede igualmente conceder a terceros licencias de uso, no exclusivas e intransferibles. La adquisición de copias de obras que se comercializan junto con la licencia correspondiente, implicará el consentimiento del adquirente a los términos de tales licencias.

Art. 49.- La persona natural o jurídica que hubiere encargado artículos periodísticos, trabajos, fotografías, gráficos u otras obras susceptibles de publicación a través de periódicos, revistas u otros medios de difusión pública, tiene el derecho de publicar dichas obras por el medio de difusión previsto en el encargo, así como de autorizar o prohibir la utilización de la obra por medios similares o equivalentes a los de su publicación original. Queda a salvo los derechos de explotación del autor en medios de difusión diferentes, que no entrañen competencia con la publicación original.

Si tales obras se hubieren realizado bajo relación laboral de dependencia, el autor conservará el derecho a realizar la edición independiente en forma de colección.

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre las partes.

Segundo

DE LOS CONTRATOS DE EDICIÓN

Art. 50.- Contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes ceden a otra persona llamada editor el derecho de publicar y distribuir la obra por su propia cuenta y riesgo, en las condiciones pactadas.

Art. 51.- Si el autor ha celebrado con anterioridad contrato de edición sobre la misma obra, o si ésta ha sido publicada con su autorización o conocimiento, deberá dar a conocer estas circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, responderá de los daños y perjuicios que ocasionare.

Art. 52.- El editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualesquiera otras modificaciones, sin el consentimiento escrito del autor.

Art. 53.- El autor conservará el derecho de hacer a su obra las correcciones, enmiendas, adiciones o mejoras que estime convenientes antes de su impresión.

Cuando las modificaciones hagan más onerosa la edición, el autor estará obligado a resarcir los gastos que por ese motivo se originen, salvo convenio en contrario.

Si las modificaciones implicaren cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra y éstas no fueren aceptadas por el editor, se considerará retiro de la obra, debiendo el autor indemnizar por daños y perjuicios que se causaren a terceros.

Art. 54.- Si no existe convenio respecto al precio de venta de cada ejemplar, el editor estará facultado para establecerlo.

Art. 55.- Si el contrato de edición tuviere plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conservare ejemplares no vendidos de la obra, el autor podrá comprarlos a precio de costo más el diez por ciento. Este derecho podrá ejercitarse dentro de treinta días contados a partir de la expiración del plazo, transcurridos los cuales el editor podrá continuar vendiéndolos en las mismas condiciones.

Art. 56.- El contrato de edición terminará, cualquiera que sea el plazo estipulado para su duración, al agotarse la edición.

Art. 57.- El derecho de editar separadamente una o varias obras del mismo autor, no confiere al editor el derecho para editarlas en conjunto. Así mismo, el derecho de editar en conjunto las obras de un autor no confiere al editor la facultad de editarlas separadamente.

Art. 58.- Toda persona que publique una obra está obligada a consignar en lugar visible, en todos los ejemplares, al menos las siguientes indicaciones:

a) Título de la obra y nombre del autor o su seudónimo, o la expresión de que la obra es anónima, compilador, adaptador o autor de la versión, cuando lo hubiere;

b) La mención de reserva, con indicación del nombre del titular de los derechos del autor, y siempre que éste lo requiera, de las siglas de la sociedad de gestión que lo represente y del año y lugar de la primera publicación;

c) Nombre y dirección del editor y del impresor; y,

d) El número de registro del Internacional Standard Book Number (ISBN), de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Fomento del Libro.

Art. 59.- Está prohibido al editor publicar un mayor número de ejemplares que el convenido con el autor, y si lo hiciere el autor podrá exigir el pago por el mayor número de ejemplares efectivamente editados, sin perjuicio de las sanciones e indemnizaciones a que hubiere lugar.

Art. 60.- El editor deberá presentar al autor o a quien lo represente, en los términos del contrato, las liquidaciones que correspondan. En todo caso, el autor o quien lo represente, tendrá derecho de examinar los registros y comprobantes de venta de quienes editen, distribuyan o vendan dichas obras impresas; información que obligatoriamente deberán llevar los editores, distribuidores y vendedores.

Art. 61.- La quiebra del editor no produce la resolución del contrato, salvo en el caso en que no se hubiera iniciado la impresión de la obra. Los derechos del editor quebrado no pueden ser cedidos si se ocasiona perjuicio al autor o a la difusión de su obra.

Art. 62.- Las disposiciones anteriores se aplicarán, salvo que la naturaleza de la explotación de la obra lo excluya, a los contratos de edición de obras musicales.

Art. 63.- Salvo pacto expreso en contrario, el editor o los subeditores o licenciatarios según el caso, estarán facultados para autorizar o prohibir la inclusión de la obra en fonogramas, su sincronización con fines publicitarios o cualquier otra forma de explotación similar a las autorizadas por el contrato de edición; sin perjuicio de los derechos del autor y de la obligación de abonar en su favor la remuneración pactada en el contrato, una vez descontada la participación editorial.

Art. 64.- Es obligación del autor, garantizar la autoría y la originalidad de la obra.

Tercero

DE LOS CONTRATOS DE INCLUSIÓN FONOGRÁFICA

Art. 65.- El contrato de inclusión fonográfica es aquel en el cual el autor de una obra musical o su representante, el editor o la sociedad de gestión colectiva correspondiente, autoriza a un productor de fonogramas, a cambio de una remuneración, a grabar o fijar una obra para reproducirla sobre un

disco fonográfico, una banda magnética, un soporte digital o cualquier otro dispositivo o mecanismo análogo, con fines de reproducción y venta de ejemplares.

Art. 66.- Salvo pacto en contrario, la remuneración del autor será proporcional al valor de los ejemplares vendidos y será pagada periódicamente.

Art. 67.- Los productores de fonogramas deberán consignar en el soporte material de los fonogramas, lo siguiente:

a) El título de la obra, nombres de los autores o sus seudónimos y del autor de la versión, cuando lo hubiere;

b) El nombre de los intérpretes. Los conjuntos orquestales o corales serán mencionados por su denominación o por el nombre de su director, según el caso;

c) La mención de reserva de derecho con el símbolo (P) (la letra P inscrita dentro de un círculo) seguido del año de la primera publicación;

d) La razón social del productor fonográfico, o la marca que lo identifique;

e) La frase: "Quedan reservados todos los derechos del autor y productor del fonograma. Está prohibida la reproducción, alquiler o préstamo público, o cualquier forma de comunicación pública del fonograma"; y,

f) En el fonograma, obligatoriamente deberá ir impreso el número de orden del tiraje.

Las indicaciones que por falta de lugar adecuado no fuere posible consignarlas en las etiquetas de los ejemplares, serán obligatoriamente impresas en el sobre, cubierta o folleto adjunto.

Art. 68.- Las disposiciones contenidas en los artículos 64 y 66 de esta Ley serán aplicables, en lo pertinente, a la obra literaria que fuere empleada como texto de una obra musical o como declamación o lectura para su fijación en un fonograma, con fines de reproducción y venta.

Cuarto

DE LOS CONTRATOS DE REPRESENTACIÓN

Art. 69.- Contrato de representación es aquel por el cual el titular de los derechos sobre una creación intelectual cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar la obra en las condiciones pactadas.

Estos contratos pueden celebrarse por tiempo determinado o por un número determinado de representaciones o ejecuciones públicas.

Las disposiciones relativas al contrato de representación son aplicables a las demás modalidades de comunicación pública, en lo pertinente.

Art. 70.- Cuando la participación del autor no hubiere sido determinada contractualmente, le corresponderá como mínimo, el diez por ciento del valor total de las entradas de cada función y, el veinte por ciento de la función de estreno.

Art. 71.- Si el empresario dejare de abonar la participación que corresponde al autor, la autoridad competente, a solicitud del titular o de quien lo represente, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o la retención del producto de las entradas.

En caso de que el mismo empresario represente otras obras de autores diferentes, la autoridad dispondrá la retención de las cantidades excedentes de la recaudación, después de satisfechos los derechos de autor de dichas obras y los gastos correspondientes, hasta cubrir el total de la suma adeudada al autor impago. En todo caso, el autor tendrá derecho a que se resuelva el contrato y a retirar la obra de poder del empresario, así como a ejercer las demás acciones a que hubiere lugar.

Art. 72.- A falta de estipulación contractual, se presume que el empresario adquiere el derecho exclusivo para la representación de la obra durante seis meses a partir de su estreno y, sin exclusividad, por otros seis meses.

Art. 73.- El empresario podrá dar por terminado el contrato, perdiendo los anticipos que hubiere hecho al autor, si la obra dejara de representarse por rechazo del público durante las tres primeras funciones, o por caso fortuito, fuerza mayor o cualquiera otra circunstancia ajena al empresario.

Art. 74.- Los funcionarios públicos competentes no permitirán audiciones y espectáculos públicos sin la presentación de la autorización de los titulares de las obras.

Quinto

DE LOS CONTRATOS DE RADIODIFUSIÓN

Art. 75.- Contrato de radiodifusión es aquel por el cual el titular de los derechos sobre una creación intelectual autoriza la transmisión de su obra a un organismo de radiodifusión.

Estas disposiciones se aplicarán también a las transmisiones efectuadas por hilo, cable, fibra óptica, u otro procedimiento análogo.

Art. 76.- La autorización para la transmisión de una obra no comprende el derecho de volverla a emitir ni el de explotarla públicamente, salvo pacto en contrario.

Para la transmisión de una obra hacia o en el exterior se requerirá de autorización expresa de los titulares.

Sexto

DE LOS CONTRATOS DE LA OBRA AUDIOVISUAL

Art. 77.- Para explotar la obra audiovisual en video-casettes, cine, televisión, radiodifusión o cualquier otro medio, se requerirá de convenio previo con los autores o los artistas intérpretes, o en su caso, el convenio celebrado con las sociedades de gestión correspondientes.

Art. 78.- No podrá negociarse la distribución ni la exhibición de la obra audiovisual si no se ha celebrado previamente con las sociedades de gestión colectiva y los artistas intérpretes, el convenio que garantice plenamente el pago de los derechos de exhibición que a ellos corresponde.

Séptimo

DE LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS

Art. 79.- Son contratos publicitarios los que tengan por finalidad la explotación de obras con fines de publicidad o identificación de anuncios o de propaganda a través de cualquier medio de difusión.

Sin perjuicio de lo que estipulen las partes, el contrato habilitará la difusión de los anuncios o propaganda hasta por un período máximo de seis meses a partir de la primera comunicación, debiendo retribuirse separadamente por cada período adicional de seis meses.

El contrato deberá precisar el soporte material en los que se reproducirá la obra, cuando se trate del derecho de reproducción, así como el número de ejemplares que incluirá el tiraje si fuere del caso. Cada tiraje adicional requerirá de un acuerdo expreso.

Son aplicables a estos contratos de modo supletorio las disposiciones relativas a los contratos de edición, inclusión fonográfica y, producción audiovisual.

Sección VII

DE LAS LIMITACIONES Y EXCEPCIONES A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DEL AUTOR

Parágrafo Primero

DE LA DURACIÓN

Art. 80.- El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra.

En las obras en colaboración, el período de protección correrá desde la muerte del último coautor.

Cuando se trate de obras póstumas, el plazo de setenta años comenzará a correr desde la fecha del fallecimiento del autor.

La obra anónima cuyo autor no se diere a conocer en el plazo de setenta años a partir de la fecha de la primera publicación pasará al dominio público. Si antes de transcurrido ese plazo se revelare el nombre del autor, se estará a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo.

Si no se conociere la identidad del autor de la obra publicada bajo un seudónimo, se la considerará anónima.

Si una obra colectiva se diere a conocer por partes, el período de protección correrá a partir de la fecha de publicación del último suplemento, parte o volumen.

Art. 81.- Si la titularidad de una obra corresponde a una persona jurídica desde su creación, el plazo de protección será de setenta años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra, el que fuere ulterior.

Parágrafo Segundo

DEL DOMINIO PÚBLICO

Art. 82.- Fenecidos los plazos de protección previstos en esta sección, las obras pasarán al dominio público y, en consecuencia, podrán ser aprovechadas por cualquier persona, respetando los derechos morales correspondientes.

Parágrafo Tercero

EXCEPCIONES

Art. 83.- Siempre que respeten los usos honrados y no atenten a la normal explotación de la obra, ni causen perjuicios al titular de los derechos, son lícitos, exclusivamente, los siguientes actos, los cuales no requieren la autorización del titular de los derechos ni están sujetos a remuneración alguna:

a) La inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita

o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada;

b) La ejecución de obras musicales en actos oficiales de las instituciones del Estado o ceremonias religiosas, de asistencia gratuita, siempre que los participantes en la comunicación no perciban una remuneración específica por su intervención en el acto;

c) La reproducción, distribución y comunicación pública de artículos y comentarios sobre sucesos de actualidad y de interés colectivo, difundidos por medios de comunicación social, siempre que se mencione la fuente y el nombre del autor, si el artículo original lo indica, y no se haya hecho constar en origen la reserva de derechos;

d) La difusión por la prensa o radiodifusión con fines informativos de conferencias, discursos y obras similares divulgadas en asambleas, reuniones públicas o debates públicos sobre asuntos de interés general;

e) La reproducción de las noticias del día o de hechos diversos que tengan el carácter de simples informaciones de prensa, publicados por ésta o radiodifundidos, siempre que se indique su origen;

f) La reproducción, comunicación y distribución de las obras que se encuentren permanentemente en lugares públicos, mediante la fotografía, la pintura, el dibujo o cualquier otro procedimiento audiovisual, siempre que se indique el nombre del autor de la obra original y el lugar donde se encuentra; y, que tenga por objeto estrictamente la difusión del arte, la ciencia y la cultura;

g) La reproducción de un solo ejemplar de una obra que se encuentra en la colección permanente de bibliotecas o archivos, con el fin exclusivo de reemplazarlo en caso necesario, siempre que dicha obra no se encuentre en el comercio;

h) Las grabaciones efímeras que sean destruidas inmediatamente después de su radiodifusión;

i) La reproducción o comunicación de una obra divulgada para actuaciones judiciales o administrativas;

j) La parodia de una obra divulgada, mientras no implique el riesgo de confusión con ésta, ni ocasione daño a la obra o a la reputación del autor, o del artista intérprete o ejecutante, según el caso; y,

k) Las lecciones y conferencias dictadas en universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos, colegios, escuelas y centros de educación y capacitación en general, que podrán ser anotadas y recogidas por aquellos a quienes van dirigidas para su uso personal.

Art. 84.- La propiedad material de una carta pertenece a la persona a quien ha sido dirigida, pero su autor conserva sobre ella todos los derechos intelectuales. Las personas a quienes hayan sido dirigidas, si no obtuvieren la autorización del autor o sus herederos o causahabientes luego de haber empleado razonables esfuerzos para obtenerla, podrán solicitar al juez la autorización para divulgarlas, en la forma y extensión necesaria para defender su honor personal.

Capítulo II

DE LOS DERECHOS CONEXOS

Parágrafo Primero

DISPOSICIÓN GENERAL

Art. 85.- La protección de los derechos conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección.

Art. 86.- Los titulares de derechos conexos podrán invocar para la protección de los derechos reconocidos en esta sección todas las disposiciones de este libro, excepto aquellas cuya naturaleza excluya dicha aplicación, o respecto de las cuales esta sección contenga disposición expresa.

Parágrafo Segundo

DE LOS ARTISTAS, INTÉRPRETES Y EJECUTANTES

Art. 87.- Independientemente de los derechos patrimoniales y aún después de su transferencia, los artistas, intérpretes o ejecutantes gozarán, respecto de sus ejecuciones en vivo o ejecuciones fijadas en fonogramas, del derecho de ser identificados como tales, salvo que la omisión esté determinada por el modo en que se use la ejecución; así como del derecho de oponerse a toda distorsión, mutilación u otra modificación de su ejecución, en la medida en que tales actos puedan ser perjudiciales para su reputación. Estos derechos morales no se extinguen con la muerte de su titular.

Art. 88.- Los artistas, intérpretes y ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo, así como la fijación de sus interpretaciones y la reproducción de tales ejecuciones, por cualquier medio o procedimiento.

Art. 89.- No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, los artistas, intérpretes y ejecutantes no podrán oponerse a la comunicación pública de sus ejecuciones o representaciones cuando éstas constituyan en sí mismas una ejecución radiodifundida, o se haga a partir de una fijación realizada con su previo consentimiento y publicada con fines comerciales.

Sin perjuicio del derecho exclusivo que les corresponde por el artículo anterior, en los casos establecidos en el inciso precedente, los artistas, intérpretes o ejecutantes tienen el derecho a percibir una remuneración por la comunicación pública de un fonograma que contenga sus interpretaciones o ejecuciones.

Salvo pacto en contrario, la remuneración que se recaude, conforme con el inciso anterior, será compartida en forma equitativa entre los productores de fonogramas y los artistas, intérpretes o ejecutantes, independientemente de los derechos económicos del autor ya establecidos en los artículos referentes a los derechos patrimoniales del autor, en concordancia con los convenios internacionales.

Art. 90.- Los artistas, intérpretes y ejecutantes que participen colectivamente en una misma ejecución deberán designar un representante para el ejercicio de los derechos reconocidos por el presente parágrafo. A falta de tal designación, serán representados por el director del grupo vocal o instrumental que haya participado en la ejecución.

Art. 91.- La duración de la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, será de setenta años, contados a partir del primero de enero del año siguiente a aquel en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, o de su fijación, según el caso.

Parágrafo Tercero

DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Art. 92.- Los productores de fonogramas son titulares del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier medio o forma; b) La distribución al público; y, c) La importación por cualquier medio de reproducciones de fonogramas, lícitas e ilícitas.

Art. 93.- Las licencias exclusivas que otorgue el productor de fonogramas deberán especificar los derechos cuyo ejercicio se autoriza al licenciatario, a fin de legitimar la intervención de este último ante las autoridades administrativas y judiciales que corresponda.

Art. 94.- Los productores de fonogramas tienen también el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública con o sin hilo.

Art. 95.- Se podrá constituir una sociedad de gestión común para recaudar las remuneraciones que correspondan a los autores, a los productores de fonogramas y a los artistas, intérpretes o ejecutantes, por la comunicación pública de sus obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas, respectivamente.

Art. 96.- La duración de la protección de los derechos del productor de fonogramas, será de setenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente a la fecha de la primera publicación del fonograma.

Parágrafo Cuarto

DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN

Art. 97.- Los organismos de radiodifusión son titulares del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La retransmisión de sus emisiones, por cualquier medio o procedimiento;

b) La fijación y la reproducción de sus emisiones, incluso la de alguna imagen aislada, cuando ésta se haya hecho accesible al público por primera vez a través de la emisión de radiodifusión; y,

c) La comunicación al público de sus emisiones cuando éstas se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de admisión.

Art. 98.- La emisión referida en el artículo anterior comprende la producción de señales portadoras de programas con destino a un satélite de radiodifusión, así como la difusión al público por una entidad que emita o difunda emisiones de otras, recibidas a través de cualquiera de los mencionados satélites.

Art. 99.- Sin la autorización del organismo de radiodifusión respectivo, no será lícito decodificar señales de satélite portadoras de programas, su recepción con fines de lucro o su difusión, ni importar, distribuir, vender, arrendar o de cualquier manera ofrecer al público aparatos o sistemas capaces de decodificar tales señales.

Art. 100.- A efectos del goce y el ejercicio de los derechos establecidos en este parágrafo, se reconoce una protección análoga, en cuanto corresponda, a las estaciones que transmitan programas al público por medio de hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar.

Art. 101.- La duración de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión, será de setenta años contados a partir del primer día del año siguiente a la fecha de la emisión o transmisión.

Parágrafo Quinto

OTROS DERECHOS CONEXOS

Art. 102.- El productor de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean creaciones susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales, tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción, comunicación pública o distribución, inclusive de las fotografías realizadas en el proceso de producción de la grabación audiovisual. Este derecho durará setenta años contados a partir del primer día del año siguiente a la fecha de su realización, divulgación o publicación, según el caso.

Se entiende por grabaciones audiovisuales las fijaciones de imágenes en movimiento, con o sin sonido, que no sean susceptibles de ser calificadas como obras audiovisuales.

Art. 103.- Quien realice una mera fotografía u otra fijación obtenida por un procedimiento análogo, que no tenga el carácter de obra fotográfica, gozará del derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir su reproducción, distribución y comunicación pública, en los mismos términos que los autores de obras fotográficas. Este derecho durará veinte y cinco años contados a partir del primer día del año siguiente a la fecha de su realización, divulgación o publicación, según corresponda.

Art. 104.- Quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el dominio público, tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieren correspondido al autor, por un período de veinticinco años contados a partir del primer día del año siguiente a la publicación.

Parágrafo Sexto

DE LA REMUNERACIÓN POR COPIA PRIVADA

Art. 105.- La copia privada de obras fijadas en fonogramas o videogramas, así como la reproducción reprográfica de obras literarias impresas estará sujeta a una remuneración compensatoria de conformidad con las disposiciones de este parágrafo. Esta remuneración se causará por el hecho de la distribución de soportes susceptibles de incorporar una fijación sonora o audiovisual o de equipos reproductores de fonogramas o videogramas, o de equipos para reproducción reprográfica.

La remuneración corresponderá por partes iguales a los autores, a los artistas, intérpretes o ejecutantes y, a los productores de fonogramas en el caso de fonogramas y videogramas y, corresponderá así mismo, por partes iguales a los autores y editores en el caso de obras literarias.

La remuneración compensatoria por copia privada de fonogramas y videogramas será recaudada por una entidad recaudadora única y común de autores, intérpretes y productores de fonogramas y videogramas, cuyo objeto social será exclusivamente la recaudación colectiva de la remuneración compensatoria por copia privada. Igualmente, la recaudación de los derechos compensatorios por reproducción reprográfica corresponderá a una entidad recaudadora única y común de autores y editores.

Estas entidades de gestión serán autorizadas por el IEPI y observarán las disposiciones de esta Ley.

Art. 106.- La remuneración compensatoria prevista en el artículo anterior será pagada por el fabricante o importador en el momento de la puesta en el mercado nacional de:

a) Las cintas u otros soportes materiales susceptibles de incorporar una fijación sonora o audiovisual; y,

b) Los equipos reproductores.

La cuantía porcentual de la remuneración compensatoria por copia privada deberá ser calculada sobre el precio de los soportes o equipos reproductores, la misma que será fijada y establecida por el Consejo Directivo del IEPI.

Art. 107.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La persona natural o jurídica que ofrezca al público soportes susceptibles de incorporar una fijación sonora o audiovisual o de equipos reproductores que no hayan pagado la remuneración compensatoria, no podrá poner en circulación dichos bienes y responderá solidariamente con el fabricante o importador por el pago de dicha remuneración, sin perjuicio de que el IEPI, o las juezas o jueces competentes, según el caso, retiren del comercio los indicados bienes hasta la solución de la remuneración correspondiente.

La falta de pago de la remuneración compensatoria será sancionada con una multa equivalente al trescientos por ciento de lo que debió pagar.

Los productores de fonogramas o los titulares de derechos sobre las obras a que se refiere este parágrafo, o sus licenciatarios, no están sujetos a esta remuneración, por las importaciones que realicen.

Art. 108.- Se entenderá por copia privada la copia doméstica de fonogramas o videogramas, o la reproducción reprográfica en un solo ejemplar realizada por el adquirente original de un fonograma o videograma u obra literaria de circulación lícita, destinada exclusivamente para el uso no lucrativo de la persona natural que la realiza. Dicha copia no podrá ser empleada en modo alguno contrario a los usos honrados.

La copia privada realizada sobre soportes o con equipos reproductores que no hayan pagado la remuneración compensatoria constituye una violación del derecho de autor y de los derechos conexos correspondientes.

Capítulo III

DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA

Art. 109.- Son sociedades de gestión colectiva las personas jurídicas de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto social es la gestión colectiva de derechos patrimoniales de autor o derechos conexos, o de ambos.

La afiliación de los titulares de derechos de autor o de derechos conexos a una sociedad de gestión colectiva es voluntaria.

Art. 110.- Las sociedades de gestión colectiva están obligadas a administrar los derechos que les son confiados y estarán legitimadas para ejercerlos en los términos previstos en sus propios estatutos, en los mandatos que les hubieren otorgado y en los contratos que hubieren celebrado con entidades extranjeras, según el caso.

La representación conferida de acuerdo con el inciso anterior, no menoscabará la facultad de los titulares de derechos para ejercitar directamente los derechos que se les reconocen en este libro.

Art. 111.- Si existieren dos o más sociedades de gestión colectiva por género de obra, deberá constituirse una entidad recaudadora única, cuyo objeto social sea exclusivamente la recaudación de derechos patrimoniales por cuenta de las constituyentes. Si las entidades de gestión no acordaren la formación, organización y representación de una entidad recaudadora, su designación y conformación corresponderá a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

Art. 112.- Las sociedades de gestión colectiva serán autorizadas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor y estarán sujetas a su vigilancia, control e intervención. La Dirección Nacional de Derechos de Autor podrá, de oficio o a petición de parte, intervenir una sociedad de gestión colectiva, si ésta no se adecua a las prescripciones de este capítulo y del reglamento. Producida la intervención, los actos y contratos deberán ser autorizados por el Director Nacional de Derechos de Autor para su validez. Son requisitos para la autorización de funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva:

a) Que el estatuto de la entidad solicitante cumpla los requisitos establecidos en este capítulo; y,

b) Que de los datos aportados y de la información practicada se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos cuya gestión le va a ser encomendada.

Art. 113.- Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales aplicables, el estatuto de las sociedades de gestión deberá, en especial, prescribir:

a) Las condiciones para la admisión como socios a los titulares de derechos que lo soliciten y acrediten su calidad de tales; y,

b) Que la asamblea general, integrada por los miembros de la sociedad, es el órgano supremo de gobierno y, estará previamente autorizada para aprobar reglamentos de tarifas y resolver sobre el porcentaje que se destine a gastos de administración. Este porcentaje en ningún caso podrá superar el treinta por ciento de las recaudaciones, debiendo la diferencia necesariamente distribuirse en forma equitativa entre los diversos titulares de derechos, en forma proporcional a la explotación real de las obras, interpretaciones o ejecuciones, o fonogramas, según el caso.

Art. 114.- Las sociedades de gestión colectiva estarán obligadas a publicar anualmente sus estados financieros, en un medio de comunicación de amplia circulación nacional.

Art. 115.- Si la sociedad de gestión no cumpliere con sus objetivos o con las disposiciones de este Capítulo, la Dirección Nacional de Derechos de Autor podrá suspender la autorización de funcionamiento, en cuyo caso la sociedad de gestión conservará su personería jurídica únicamente al efecto de subsanar el incumplimiento. Si la sociedad no subsanare el incumplimiento en un plazo máximo de seis meses, la Dirección revocará la autorización de funcionamiento de la sociedad.

Sin perjuicio de lo anterior, en todos los casos de suspensión de la autorización de funcionamiento, la sociedad podrá, bajo control de la Dirección Nacional de Derechos de Autor recaudar los derechos patrimoniales de los autores representados por dicha sociedad.

El fruto de la recaudación será depositado en una cuenta separada a nombre de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y, será devuelto a la sociedad una vez expedida la resolución por la cual se le autoriza nuevamente su funcionamiento.

Art. 116.- Las sociedades de gestión colectiva establecerán las tarifas relativas a las licencias de uso sobre las obras o producciones que conformen su repertorio. Las tarifas establecidas por las sociedades de gestión colectiva serán publicadas en el Registro Oficial por disposición de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, siempre que se hubieren cumplido los requisitos formales establecidos en los estatutos y en este Capítulo para la adopción de las tarifas.

Art. 117.- Las sociedades de gestión colectiva podrán negociar con organizaciones de usuarios y celebrar con ellas contratos que establezcan tarifas. Cualquier interesado podrá acogerse a estas tarifas si así lo solicita por escrito a la entidad de gestión correspondiente.

Art. 118.- Todos los organismos de radiodifusión y en general quien realice cualquier acto de comunicación pública de manera habitual, deberán llevar catálogos, registros o planillas mensuales en el que se registrará por orden de difusión, título de las obras difundidas y el nombre de los autores o titulares de los derechos de autor y conexos que correspondan y, remitirlas a cada una de las sociedades de gestión y a la entidad única recaudadora de los derechos por comunicación pública, para los fines establecidos en esta Ley.

Las autoridades administrativas, policiales o municipales, que ejerzan en cada caso las funciones de vigilancia e inspección con ocasión de las cuales conozcan sobre las actividades que puedan dar lugar a las remuneraciones indicadas en el artículo anterior, están obligadas a informar a las entidades de gestión.

Art. 119.- Quien explote una obra o producción sin que se le hubiere cedido el derecho correspondiente o se le hubiere otorgado la respectiva licencia de uso, debe pagar, a título de indemnización, un recargo del cincuenta por ciento sobre la tarifa, calculada por todo el tiempo en que se haya efectuado la explotación.

Igual disposición se aplicará a las sociedades de gestión colectiva en caso de que hubieren otorgado licencias sobre obras que no representan, debiendo en todo caso garantizar al licenciatario el uso y goce pacífico de los derechos correspondientes.

Libro II

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Capítulo I

DE LA PROTECCIÓN DE LAS INVENCIONES

Art. 120.- Las invenciones, en todos los campos de la tecnología, se protegen por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad.

Toda protección a la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país; en tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que éstos hayan sido adquiridos legalmente.

Capítulo II

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

Sección I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 121.- Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial.

Art. 122.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando.

Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o, dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) El inventor o su causahabiente;

b) Una oficina encargada de la concesión de patentes en cualquier país que, en contravención con las disposiciones legales aplicables, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;

c) Un tercero, inclusive funcionarios públicos u organismos estatales, que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente;

d) Una orden de autoridad;

e) Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; y,

f) Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigación, hubieren necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar, al momento de presentar su solicitud, una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar el correspondiente certificado.

La solicitud de patente en trámite que no haya sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida como tal de conformidad con esta Ley.

Art. 123.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Art. 124.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

Art. 125.- No se considerarán invenciones:

a) Los descubrimientos, principios y teorías científicas y los métodos matemáticos;

b) Las materias que ya existen en la naturaleza;

c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial; y,

e) Las formas de presentar información.

Art. 126.- Se excluye de la patentabilidad expresamente:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema;

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; y,

c) Las plantas y las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos para obtenciones de plantas o animales.

Para efectos de lo establecido en el literal a), se consideran contrarias a la moral y, por lo tanto, no son patentables:

a) Los procedimientos de clonación de seres humanos; b) El cuerpo humano y su identidad genética; c) La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y, d) Los procedimientos para la modificación de la identidad genética de animales cuando les

causen sufrimiento sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales.

Sección II

DE LOS TITULARES

Art. 127.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos y transmisible por causa de muerte.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus causahabientes. No se considerará como inventor ni como coinventor a quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención, sin aportar una actividad inventiva.

Si varias personas realizan la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella que presente la primera solicitud o que invoque la prioridad de fecha más antigua, o a su derechohabiente.

Art. 128.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones; y, ante la jueza o juez competente, en cualquier momento y hasta tres años después de concedida la patente.

Art. 129.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- El derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario.

La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de una actividad inventiva, si dicho empleado ha efectuado la invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo.

En el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única y equitativa en la que se tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención patentada, la que en defecto de acuerdo entre las partes será fijada por la jueza o juez competente, previo informe del IEPI. En las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo, el empleado inventor tendrá un derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable.

A falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de dicha retribución, será fijada por la jueza o juez competente previo informe del IEPI. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable.

En el caso de que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con ocasión de las actividades académicas de universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos o centros educativos, o utilizando sus medios o bajo su dirección, la titularidad de la patente corresponderá a la universidad, escuela politécnica e instituto superior técnico y tecnológico o centros educativos, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores.

En las invenciones ocurridas bajo relación laboral cuando el empleador sea una persona jurídica del sector público, ésta podrá ceder parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación. Las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones.

Art. 130.- El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente o podrá igualmente oponerse a esta mención.

Sección III

DE LA CONCESIÓN DE PATENTES

Art. 131.- La primera solicitud de patente de invención válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así como de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y, que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar en el Ecuador una patente sobre la misma invención.

La solicitud presentada en el Ecuador no podrá reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en la solicitud prioritaria, aunque el texto de la memoria descriptiva y las reivindicaciones no necesariamente deben coincidir.

Art. 132.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezca el reglamento.

Art. 133.- A la solicitud se acompañará:

a) El título o nombre de la invención con la descripción de la misma, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fueren necesarios.

Cuando la invención se refiera a material biológico, que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por el IEPI;

b) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

c) Copia de la solicitud de patente presentada en el exterior, en el caso de que se reivindique prioridad; y,

d) Los demás requisitos que determine el reglamento.

Art. 134.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubieran acompañado los documentos referidos en los literales a) y b) del artículo anterior, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren dichos documentos, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.

Art. 135.- La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Art. 136.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo.

Art. 137.- El solicitante antes de la publicación a que se refiere el artículo 141 de esta Ley, podrá fraccionar, modificar, precisar o corregir la solicitud, pero no podrá cambiar el objeto de la invención ni ampliar el contenido de la divulgación nacional.

Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud dividida.

Art. 138.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial o el solicitante de una patente de invención podrá sugerir que el petitorio se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad o viceversa.

La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial y se sujetará al trámite previsto para la nueva modalidad.

Art. 139.- Si se desistiere de la solicitud antes de su publicación, el expediente se mantendrá en reserva.

Art. 140.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este Capítulo.

Si del examen se determina que la solicitud no cumple con tales requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante para que la complete dentro del plazo de treinta días contados desde la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud.

Art. 141.- Un extracto de la solicitud se publicará en la Gaceta de la Propiedad Intelectual correspondiente al mes siguiente a aquel en que se hubiere completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por dieciocho meses.

Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentado en la solicitud.

Art. 142.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar por una sola vez, oposiciones fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad o titularidad de la invención.

El término señalado en el inciso anterior podrá ser ampliado por uno igual, a petición de parte interesada en presentar oposición, si manifestare que necesita examinar la descripción, reivindicaciones y los antecedentes de la solicitud.

Quien presente una oposición sin fundamento responderá por los daños y perjuicios, que podrán ser demandados ante la jueza o juez competente.

Art. 143.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior se presentaren oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención.

Art. 144.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial efectuará obligatoriamente un examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del término de 60 días contados a partir del vencimiento de los plazos contenidos en los artículos 142 y 143 de esta Ley. Para dicho examen, podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de la invención. Así mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros

países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado en los términos que establezca el reglamento.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá reconocer los resultados de tales exámenes como dictamen técnico para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Los dictámenes técnicos emitidos por las oficinas competentes de países u organismos internacionales, con los cuales el IEPI haya suscrito convenios de cooperación y asistencia técnica, serán admitidos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial a los efectos de conceder la patente.

Art. 145.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de concesión de la patente. Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará la patente solamente para las reivindicaciones aceptadas, mediante resolución debidamente motivada. Si fuere desfavorable se denegará, también mediante resolución motivada.

Art. 146.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 147.- Para el orden y clasificación de las patentes, se utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención del Arreglo de Estrasburgo de 24 de marzo de 1971 y sus actualizaciones y modificaciones.

La clase o clases a que corresponda una determinada invención será determinada por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el título de concesión, sin perjuicio de la indicación que pudiera haber realizado el solicitante.

Sección IV

DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 148.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o planos y cualquier otro elemento depositado en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial servirán para interpretar las reivindicaciones.

Si el objeto de la patente es un procedimiento, la protección conferida por la patente se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

Art. 149.- La patente confiere a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención e impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

a) Fabricar el producto patentado;

b) Ofrecer en venta, vender o usar el producto patentado, o importarlo o almacenarlo para alguno de estos fines;

c) Emplear el procedimiento patentado;

d) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en los literales a) y b) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado;

e) Entregar u ofrecer medios para poner en práctica la invención patentada; y,

f) Cualquier otro acto o hecho que tienda a poner a disposición del público todo o parte de la invención patentada o sus efectos.

Art. 150.- El titular de una patente no podrá ejercer el derecho prescrito en el artículo anterior, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando el uso tenga lugar en el ámbito privado y a escala no comercial;

b) Cuando el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel exclusivamente experimental, académico o científico; o,

c) Cuando se trate de la importación del producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular de una licenciatura o de cualquier otra persona autorizada para ello.

Sección V

DE LA NULIDAD DE LA PATENTE

Art. 151.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad del registro de la patente, en los siguientes casos:

a) Si el objeto de la patente no constituye invención conforme al presente Capítulo;

b) Si la patente se concedió para una invención no patentable;

c) Si se concedió a favor de quien no es el inventor;

d) Si un tercero de buena fe, antes de la fecha de presentación de la solicitud para concesión de la patente o de la prioridad reivindicada, se hallaba en el país fabricando el producto o utilizando el procedimiento para fines comerciales o hubiere realizado preparativos serios para llevar a cabo la fabricación o uso con tales fines; y,

e) Si se hubiere concedido la patente con cualquier otra violación a la ley que substancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, información o descripción erróneos o falsos.

Art. 152.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La jueza o juez competente podrá declarar la nulidad de la patente que se hallare en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que hayan transcurrido diez años desde la fecha de la concesión de la patente, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

Sección VI

DE LA CADUCIDAD DE LA PATENTE

Art. 153.- Para mantener vigente la patente o en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas establecidas de conformidad con esta Ley.

Antes de declarar la caducidad de la patente, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial concederá un plazo de seis meses a fin de que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el inciso anterior.

Sección VII

DEL RÉGIMEN DE LICENCIAS OBLIGATORIAS

Art. 154.- Previa declaratoria del Presidente de la República acerca de la existencia de razones de interés público de emergencia o de seguridad nacional y, sólo mientras estas razones permanezcan, el Estado podrá someter la patente a licencia obligatoria en cualquier momento y en tal caso, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar las licencias que se soliciten, sin perjuicio de los derechos del titular de la patente a ser remunerado conforme lo dispone esta Sección. El titular de la patente será notificado en forma previa a la concesión de la licencia, a fin de que pueda hacer valer sus derechos.

La decisión de concesión de la licencia obligatoria establecerá el alcance o extensión de la misma, especificando en particular el período por el que se concede, el objeto de la licencia y el monto y las condiciones de pago de las regalías, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 156 de esta Ley.

La concesión de una licencia obligatoria por razones de interés público no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola.

Art. 155.- A petición de parte y previa sentencia judicial, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá otorgar licencias obligatorias cuando se presenten prácticas que hayan sido declaradas judicialmente como contrarias a la libre competencia, en particular cuando constituyan un abuso de la posición dominante en el mercado por parte del titular de la patente.

Art. 156.- El otorgamiento de licencias obligatorias estará en todo caso sujeto a lo siguiente:

a) El potencial licenciatario deberá probar que ha intentado obtener la autorización del titular de los derechos en términos y condiciones comerciales razonables y, que esos intentos no han sido contestados o lo han sido negativamente, dentro de un plazo no inferior a seis meses contados a partir de la solicitud formal en que se hubieren incluido tales términos y condiciones en forma suficiente para permitir al titular de la patente formarse criterio;

b) La licencia obligatoria no será exclusiva y no podrá transferirse ni ser objeto de sublicencia sino con la parte de la empresa que permite su explotación industrial y con consentimiento del titular de la patente; ello deberá constar por escrito y registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial;

c) La licencia obligatoria será concedida principalmente para abastecer el mercado interno, cuando no se produjeren o importaren a éste, o al territorio de un país miembro de la Comunidad Andina o de cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga una unidad aduanera u otro acuerdo de efecto equivalente;

d) El licenciatario deberá reconocer en beneficio del titular de la patente las regalías por la explotación no exclusiva de la patente, en los mismos términos comerciales que hubieran correspondido en el caso de una licencia voluntaria. Estos términos no podrán ser inferiores que los propuestos por el potencial licenciatario conforme con el literal a) de este artículo y, en defecto de acuerdo de las partes, luego de notificada la decisión de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre la concesión de la licencia, serán determinados por ésta;

e) La licencia será revocada inmediatamente si el licenciatario incumpliere con los pagos y demás obligaciones; y,

f) La licencia obligatoria deberá revocarse, de oficio o a petición motivada del titular de la patente, si las circunstancias que le dieron origen desaparecen, sin perjuicio de la protección adecuada de los intereses legítimos del licenciatario.

Art. 157.- A petición del titular de la patente, o del licenciatario, las condiciones de las licencias podrán ser modificadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuando así lo justifiquen nuevos hechos y en particular, cuando el titular de la patente conceda otra licencia en condiciones más favorables que los de la licencia obligatoria.

Art. 158.- No surtirán efecto alguno las licencias que no cumplan con las disposiciones de esta Sección.

En lo referente a las licencias voluntarias se estará a lo previsto en el Libro III, Sección V, De los Actos y Contratos sobre Propiedad Industrial y las Obtenciones Vegetales, de esta Ley.

Capítulo III

DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 159.- Se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna de sus partes, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía; así como cualquier otra creación nueva susceptible de aplicación industrial que no goce de nivel inventivo suficiente que permita la concesión de patente.

Art. 160.- Los procedimientos y materias excluidos de protección como patentes de invención no podrán patentarse como modelos de utilidad. Tampoco se considerarán modelos de utilidad, las esculturas, obras de arquitectura, pinturas, grabados, estampados o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

Art. 161.- Son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinente.

Art. 162.- El plazo de protección de los modelos de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de la patente.

Capítulo IV

DE LOS CERTIFICADOS DE PROTECCIÓN

Art. 163.- Cualquier inventor que tenga en desarrollo un proyecto de invención y que requiera experimentar o construir algún mecanismo que le obligue a hacer pública su idea, puede solicitar un certificado de protección que le conferirá directamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por el término de un año precedente a la fecha de presentación de la solicitud de patente.

El titular de un certificado de protección gozará del derecho de prioridad para presentar la solicitud de patente dentro del año siguiente a la fecha de concesión del certificado.

Art. 164.- La solicitud se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que determine el reglamento. A la solicitud se acompañará una descripción del proyecto de invención y demás documentos necesarios para su interpretación.

Siempre que la solicitud cumpla con los requisitos exigidos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial otorgará el certificado de protección en la misma fecha de su presentación.

Capítulo V

DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Art. 165.- Serán registrables los nuevos dibujos y modelos industriales.

Se considerará como dibujo industrial toda combinación de líneas, formas o colores y como modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, que sirva de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía y que se diferencie de los similares por su configuración propia.

No serán registrables los dibujos y modelos industriales cuyo aspecto estuviese dictado enteramente por consideraciones de orden técnico o funcional, que no incorporen ningún aporte del diseñador para otorgarle una apariencia especial sin cambiar su destino o finalidad.

Art. 166.- Los dibujos y modelos industriales no son nuevos si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad válidamente reivindicada, se han hecho accesibles al público mediante una descripción, una utilización o por cualquier otro medio.

No existe novedad por el mero hecho que los dibujos o modelos presenten diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque sean destinados a otra finalidad.

Art. 167.- La solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial deberá contener los requisitos señalados por el reglamento y a ella se acompañará una reproducción gráfica o fotográfica del dibujo o modelo industrial y los demás documentos que determine el reglamento.

El procedimiento para el registro de dibujos o modelos industriales será el establecido en esta Ley para la concesión de patentes, en lo que fuere aplicable. El examen de novedad sólo se efectuará si se presentaren oposiciones.

Art. 168.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial conferirá un certificado de registro de dibujo o modelo industrial. El registro tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 169.- Para el orden y clasificación de los dibujos o modelos industriales, se utilizará la Clasificación Internacional establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, sus modificaciones y actualizaciones.

Art. 170.- La primera solicitud válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de la Comunidad Andina o de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa petición, para presentar la solicitud de registro en el Ecuador.

Art. 171.- El registro de un dibujo o modelo industrial otorga a su titular el derecho a excluir a terceros del uso y la explotación del correspondiente dibujo o modelo. El titular del registro tendrá derecho a impedir que terceros sin su consentimiento fabriquen, importen, ofrezcan en venta, vendan, introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que reproduzcan el dibujo o modelo industrial, o produzcan o comercialicen artículos con dibujos o modelos industriales que presenten diferencias secundarias con respecto al dibujo o modelo protegido o cuya apariencia sea similar.

Art. 172.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad de la concesión del registro del dibujo o modelo industrial, en los siguientes casos:

a) Si el objeto del registro no constituye un dibujo o modelo industrial conforme a la presente Ley; o,

b) Si el registro se concedió en violación de los requisitos previstos en esta Ley.

Art. 173.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).-La jueza o juez competente podrá declarar la nulidad de un dibujo o modelo industrial que se hallare en cualquiera de los casos previstos en el artículo anterior en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y antes de que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de la concesión del correspondiente registro, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y este hubiese sido definitivamente negado.

Capítulo VI

DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFÍAS) DE CIRCUITOS SEMICONDUCTORES

Art. 174.- Se protegen los circuitos integrados y los esquemas de trazado (topografía), en los términos del presente capítulo. Para el efecto se estará a las siguientes definiciones:

a) Se entiende por "circuito integrado" un producto, incluyendo un producto semiconductor, en su forma final o en una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, alguna o todas las interconexiones formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material y que esté destinado a realizar una función electrónica;

b) Se entiende por "esquema de trazado (topografía)" la disposición tridimensional de los elementos, expresada en cualquier forma, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo y, de alguna o todas las interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado; y;

c) Se entenderá que un esquema de trazado (topografía) está "fijado" en un circuito integrado, cuando su incorporación en el producto es suficientemente permanente o estable para permitir que dicho esquema sea percibido o reproducido por un período mayor a una duración transitoria.

Art. 175.- Los derechos exclusivos de propiedad intelectual se aplicarán sobre los esquemas de trazado (topografía) que sean originales en el sentido de que resulten del esfuerzo intelectual de su creador y no sean corrientes entre los creadores de esquemas de trazado (topografía) y los fabricantes de circuitos integrados en el momento de su creación.

Un esquema de trazado (topografía) que consista en una combinación de elementos o interconexiones que sean corrientes, también estará protegido si la combinación, en su conjunto, cumple las condiciones mencionadas en el inciso anterior.

No serán objeto de protección los esquemas de trazado (topografía) cuyo diseño esté dictado exclusivamente por las funciones del circuito al que se aplica.

La protección conferida por este capítulo no se extiende a las ideas, procedimientos, sistemas, métodos de operación, algoritmos o conceptos.

El derecho del titular respecto a un circuito integrado es aplicable independientemente de que el circuito integrado esté incorporado en un producto.

Art. 176.- Tendrá derecho a la protección reconocida en este capítulo la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se ha creado o desarrollado un esquema de trazado (topografía). Los titulares se hallan amparados desde el momento de la creación.

Art. 177.- Los esquemas de trazado (topografía) podrán registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Este registro tendrá carácter declarativo y constituirá una presunción de titularidad a favor de quien obtuvo el registro.

Si no se halla registrado el esquema de trazado, la prueba de su titularidad corresponderá a quien la alega.

Art. 178.- Presentada la solicitud de registro, el Director Nacional de Propiedad Industrial analizará si se ajusta a los aspectos formales exigidos por el reglamento y, en particular si la información proporcionada es suficiente para identificar el esquema de trazado (topografía) y otorgará sin más trámite el correspondiente certificado de registro.

Art. 179.- La protección, sea que el esquema de trazado (topografía) se hubiese o no registrado, se retrotrae a la fecha de su creación.

La duración de la protección reconocida por este capítulo para los esquemas de trazado (topografía) será de diez años, contados a partir de la fecha de su primera explotación comercial en cualquier parte del mundo. No obstante, dicha protección no será inferior a quince años contados a partir de la fecha de la creación del esquema de trazado (topografía).

Art. 180.- El titular del registro de un esquema de trazado (topografía) tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproducción por medios ópticos, electrónicos o por cualquier otro procedimiento conocido o por conocer, del esquema de trazado (topografía) o de cualquiera de sus partes que cumpla con el requisito de originalidad establecido en este capítulo;

b) Explotar por cualquier medio, incluyendo la importación, distribución y venta del esquema de trazado protegido, o de un circuito integrado que incorpora el esquema de trazado (topografía) protegido, o un artículo que incorpore dicho circuito integrado en tanto y en cuanto éste contenga un esquema de trazado ilícitamente reproducido; y,

c) Toda otra forma de explotación con fines comerciales o de lucro de los circuitos integrados y esquemas de trazado (topografía).

Cualquiera de los actos mencionados anteriormente se considerarán ilícitos si no se realizan con el consentimiento previo y escrito del titular.

Art. 181.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- No se considerarán ilícitos los siguientes actos realizados sin autorización del titular:

a) La reproducción del esquema de trazado (topografía) realizado por un tercero con el único objetivo de investigación o enseñanza, o evaluación y análisis de los conceptos o técnicas, diagrama de flujo u organización de los elementos incorporados en el esquema de trazado

(topografía) en el curso de la preparación de un esquema de trazado (topografía) que a su vez es original;

b) La incorporación por un tercero de un circuito integrado de un esquema de trazado (topografía) o la realización de cualquiera de los actos mencionados en el artículo anterior, si el tercero sobre la base de la evaluación o el análisis del primer esquema de trazado (topografía) desarrolla un segundo esquema de trazado (topografía) que cumpla con, la exigencia de originalidad prevista en este Capítulo;

c) La importación o distribución de productos semiconductores o circuitos integrados que incorporan un esquema de trazado (topografía), si tales objetos fueron vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio por el titular del esquema de trazado protegido o con su consentimiento escrito; y,

d) La importación, distribución o venta de un circuito integrado que incorpore un esquema de trazado (topografía) ilícitamente reproducido o en relación con cualquier artículo que incorpore tal circuito integrado, cuando la persona que realice u ordene esos actos no supiera o no tuviera motivos razonables para creer, al adquirir el circuito integrado o el artículo que incorpora tal circuito integrado, que incorporaba un esquema de trazado (topografía) reproducido ilícitamente. Esta excepción cesará desde el momento en que la persona referida en este literal haya recibido del titular o de quien le represente una comunicación escrita sobre el origen ilícito de dicha incorporación; caso en el cual podrá disponer del objeto que haya incorporado el esquema de trazado (topografía), con la obligación de pago al titular, de una regalía razonable que, a falta de acuerdo será establecida por la jueza o juez competente.

Art. 182.- El titular de derechos sobre un esquema de trazado (topografía) podrá transferirlo, cederlo u otorgar licencias, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los efectos de este libro, la venta, distribución o importación de un producto que incorpora un circuito integrado, constituye un acto de venta, distribución o importación de tal circuito integrado, en la medida en que contiene la reproducción no autorizada de un esquema de trazado (topografía) protegido.

Capítulo VII

DE LA INFORMACIÓN NO DIVULGADA

Art. 183.- Se protege la información no divulgada relacionada con los secretos comerciales, industriales o cualquier otro tipo de información confidencial contra su adquisición, utilización o divulgación no autorizada del titular, en la medida que:

a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se trate;

b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta.

La información no divulgada puede referirse, en especial, a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

También son susceptibles de protección como información no divulgada el conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general; y, el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales resultantes del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, que guarde una persona con carácter confidencial y que le permita mantener u obtener una ventaja competitiva o económica frente a terceros.

Se considera titular para los efectos de este Capítulo, a la persona natural o jurídica que tenga el control legítimo de la información no divulgada.

Art. 184.- El titular podrá ejercer las acciones que se establecen en esta Ley para impedir que la información no divulgada sea hecha pública, adquirida o utilizada por terceros; para hacer cesar los actos que conduzcan en forma actual o inminente a tal divulgación, adquisición o uso; y, para obtener las indemnizaciones que correspondan por dicha divulgación, adquisición o utilización no autorizada.

Art. 185.- Sin perjuicio de otros medios contrarios a los usos o prácticas honestos, la divulgación, adquisición o uso de información no divulgada en forma contraria a esta Ley podrá resultar, en particular, de:

a) El espionaje industrial o comercial; b) El incumplimiento de una obligación contractual o legal; c) El abuso de confianza; d) La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los literales a), b) y c); y, e) La adquisición de información no divulgada por un tercero que supiera, o que no supiera por

negligencia, que la adquisición implicaba uno de los actos mencionados en los literales a), b), c) y d).

Art. 186.- Serán responsables por la divulgación, adquisición o utilización no autorizada de información no divulgada en forma contraria a los usos y prácticas honestos y legales, no solamente quienes directamente las realicen, sino también quien obtenga beneficios de tales actos o prácticas.

Art. 187.- La protección de la información no divulgada prevista en el artículo 183 de esta Ley perdurará mientras existan las condiciones allí establecidas.

Art. 188.- No se considera que entra al dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

La autoridad respectiva estará obligada a preservar el secreto de tal información y adoptar las medidas para garantizar su protección contra todo uso desleal.

Art. 189.- Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

Art. 190.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la jueza o juez competente y sin

consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado.

Art. 191.- Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos contra todo uso desleal, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los datos contra todo uso desleal.

El solicitante de la aprobación de comercialización podrá indicar cuales son los datos o información que las autoridades no pueden divulgar.

Ninguna persona distinta a la que haya presentado los datos a que se refiere el inciso anterior podrá, sin autorización de ésta última, contar con tales datos en apoyo a una solicitud para aprobación de un producto, mientras la información reúna las características previstas en este Capítulo.

Art. 192.- Para los fines indicados en el artículo anterior, las autoridades públicas competentes se abstendrán de requerir información no divulgada si el producto o compuesto goza de un registro o certificación previa para su comercialización en otro país.

Art. 193.- La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre sellado y lacrado, quien notificará al IEPI sobre su recepción.

Dicho depósito, sin embargo, no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.

Capítulo VIII

DE LAS MARCAS

Sección I

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO

Art. 194.- Se entenderá por marca cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios en el mercado.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

También podrán registrarse como marca los lemas comerciales, siempre que no contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas.

Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán registrar marcas colectivas para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

Art. 195.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo 194 de esta Ley;

b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio, para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate, incluidas las expresiones laudatorias referidas a ellos;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; o sea una designación común o usual del mismo en el lenguaje corriente o en la usanza comercial del país;

f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica, salvo que se demuestre que haya adquirido distintividad para identificar los productos o servicios para los cuales se utiliza;

g) Sean contrarios a la ley, a la moral o al orden público;

h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;

j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del estado o de la organización internacional de que se trate. Sin embargo, podrán registrarse estos signos cuando no induzcan a confusión sobre la existencia de un vínculo entre tal signo y el estado u organización de que se trate;

k) Reproduzcan o imiten signos, sellos o punzones oficiales de control o de garantía, a menos que su registro sea solicitado por el organismo competente;

l) Reproduzcan monedas o billetes de curso legal en el territorio del país, o de cualquier país, títulos valores y otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales en general; y,

m) Consistan en la denominación de una obtención vegetal protegida en el país o en el extranjero, o de una denominación esencialmente derivada de ella; a menos que la solicitud la realice el mismo titular.

Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los productos o servicios pertinentes, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá supeditar su registro al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso para identificar los productos o servicios del solicitante.

Art. 196.- Tampoco podrán registrarse como marca los signos que violen derechos de terceros, tales como aquellos que:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma tal que puedan provocar confusión en el consumidor, con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para proteger los mismos productos o servicios, o productos o servicios respecto de los cuales su uso pueda causar confusión o asociación con tal marca; o pueda causar daño a su titular al diluir su fuerza distintiva o valor comercial, o crear un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado previamente para registro o registrado por un tercero, de forma tal que puedan causar confusión en el público consumidor;

d) Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido en el país o en el exterior, independientemente de los productos o servicios a los que se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o asociación con tal signo, un aprovechamiento injusto de su notoriedad, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

Se entenderá que un signo es notoriamente conocido cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean idénticos o se asemejen a un signo de alto renombre, independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Se entenderá que un signo es de alto renombre cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Esta disposición no será aplicable cuando el solicitante sea el legítimo titular de la marca de alto renombre;

f) Consistan en el nombre completo, seudónimo, firma, título, hipocorístico, caricatura, imagen o retrato de una persona natural, distinta del solicitante, o que sea identificado por el sector pertinente del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos;

g) Consistan en un signo que suponga infracción a un derecho de autor salvo que medie el consentimiento del titular de tales derechos; y,

h) Consistan, incluyan o reproduzcan medallas, premios, diplomas u otros galardones, salvo por quienes los otorguen.

Art. 197.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales se utiliza;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante; y,

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos o servicios que distinguen la marca.

Art. 198.- Para determinar si una marca es de alto renombre se tendrán en cuenta, entre otros, los mismos criterios del artículo anterior, pero deberá ser conocida por el público en general.

Art. 199.- Cuando la marca consista en un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto o rendirse el servicio sin indicarse en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto u origen del servicio.

Art. 200.- La primera solicitud de registro de marca válidamente presentada en un país miembro de la Organización Mundial del Comercio, de la Comunidad Andina, del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de otro tratado o convenio que sea parte el Ecuador y que reconozca un derecho de prioridad con los mismos efectos que el previsto en el Convenio de París o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses, contados a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en el Ecuador. Dicha solicitud no podrá referirse a productos o servicios distintos o adicionales a los contemplados en la primera solicitud.

Igual derecho de prioridad existirá por la utilización de una marca en una exposición reconocida oficialmente, realizada en el país. El plazo de seis meses se contará desde la fecha en que los productos o servicios con la marca respectiva se hubieren exhibido por primera vez, lo cual se acreditará con una certificación expedida por la autoridad competente de la exposición.

Sección II

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Art. 201.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el reglamento.

Art. 202.- A la solicitud se acompañará:

a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;

b) Copia de la primera solicitud de registro de marca presentada en el exterior, cuando se reivindique prioridad; y,

c) Los demás documentos que establezca el reglamento.

Art. 203.- En el caso de solicitarse el registro de una marca colectiva se acompañará, además, lo siguiente:

a) Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite el registro de la marca colectiva;

b) Copia de las reglas que el peticionario de la marca colectiva utiliza para el control de los productos o servicios;

c) La indicación de las condiciones y la forma como la marca colectiva debe utilizarse; y,

d) La lista de integrantes.

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de personas, deberá informar a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial sobre cualquier modificación que se produzca.

Art. 204.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, al momento de la recepción, salvo que no se hubiere acompañado el documento referido en el literal a) del artículo 202 de esta Ley, certificará la fecha y hora en que se hubiera presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltare el documento referido en el literal a) del artículo 202 de esta Ley no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.

Art. 205.- El solicitante de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial en cualquier estado del trámite, antes de su publicación, únicamente con relación a aspectos secundarios. Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios especificados. Podrá también ampliar los productos o servicios, dentro de la misma clase internacional, hasta antes de la publicación de que trata el artículo 207 de esta Ley.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

En ningún caso podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo.

Art. 206.- Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales exigidos por este Capítulo.

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que en un plazo de treinta días, siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Si dentro del plazo señalado no se hubieren subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.

Art. 207.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

Art. 208.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposición debidamente fundamentada, contra el registro solicitado. Quien presuma tener interés legítimo para presentar una oposición podrá solicitar una ampliación de treinta días hábiles para presentar la oposición.

Art. 209.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial no tramitará las oposiciones que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:

a) Que fuere presentada extemporáneamente;

b) Que se fundamente exclusivamente en una solicitud cuya fecha de presentación o de prioridad válidamente reivindicada sea posterior a la petición de registro de la marca a cuya solicitud se oponga; y,

c) Que se fundamente en el registro de una marca que hubiere coexistido con aquella cuyo registro se solicita, siempre que tal solicitud de registro se hubiere presentado por quien fue su último titular, durante los seis meses siguientes al vencimiento del plazo de gracia, para solicitar la renovación del registro de la marca.

Art. 210.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial notificará al peticionario para que, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial resolverá sobre las oposiciones y la concesión o denegación del registro de la marca que constará en resolución debidamente motivada.

En cualquier momento antes de que se dicte la resolución, las partes podrán llegar a un acuerdo transaccional que será obligatorio para la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Sin embargo, si las partes consintieren en la coexistencia de signos idénticos para proteger los mismos productos o servicios, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá objetarlo si considera que afecta el interés general de los consumidores.

Art. 211.- Vencido el plazo establecido en el artículo 208 de esta Ley, sin que se hubieren presentado oposiciones, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La resolución correspondiente será debidamente motivada.

Art. 212.- El registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años.

Art. 213.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro para solicitar su renovación. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

Para la renovación bastará la presentación de la respectiva solicitud y se otorgará sin más trámite, en los mismos términos del registro original.

Art. 214.- El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular no solicita la renovación, dentro del término legal, incluido el período de gracia.

Art. 215.- Para determinar la clase internacional en los registros de marcas, se utilizará la Clasificación Internacional de Niza del 15 de junio de 1957, con sus actualizaciones y modificaciones.

La Clasificación Internacional referida en el inciso anterior no determinará si los productos o servicios son similares o diferentes entre sí.

Sección III

DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA MARCA

Art. 216.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por su registro ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La marca debe utilizarse tal cual fue registrada. Sólo se admitirán variaciones que signifiquen modificaciones o alteraciones secundarias del signo registrado.

Art. 217.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin su consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión o producir a su titular un daño económico o comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.

Art. 218.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo; un nombre geográfico; o, cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite el propósito de información al público para la venta y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

Art. 219.- El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país.

Sección IV

DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Art. 220.- Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su titular o por su licenciatario en al menos

uno de los países miembros de la Comunidad Andina o en cualquier otro país con el cual el Ecuador mantenga convenios vigentes sobre esta materia, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de oposición o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta de uso de la marca;

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca, cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca.

La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales de efecto restrictivo impuesto a los bienes y servicios protegidos por la marca.

Art. 221.- No habrá lugar a la cancelación del registro de una marca, cuando se la hubiere usado solamente con respecto a alguno o algunos de los productos o servicios protegidos por el respectivo registro.

Art. 222.- Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro.

Art. 223.- Recibida una solicitud de cancelación, se notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y presente los documentos que estime convenientes a fin de probar el uso de la marca.

Vencido el plazo al que se refiere este artículo, se decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca mediante resolución debidamente motivada.

Art. 224.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Con sujeción a lo dispuesto en el inciso anterior, también se considerará que una marca se encuentra en uso, en los siguientes casos:

a) Cuando se la utilice para distinguir productos o servicios destinados exclusivamente a la exportación;

b) Cuando se la utilice por parte de un tercero debidamente autorizado, aunque dicha autorización o licencia no hubiese sido inscrita; y,

c) Cuando se hubiesen introducido y distribuido en el mercado productos genuinos con la marca registrada, por personas distintas del titular del registro.

No será motivo de cancelación del registro de una marca, el que se la use de un modo que difiera de la forma en que fue registrada sólo en detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo original.

Art. 225.- La persona que obtuviere la cancelación de una marca tendrá derecho preferente a su registro, si lo solicita dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme o cause estado, según corresponda, la resolución que disponga tal cancelación.

Art. 226.- El titular de un registro de marca podrá renunciar, total o parcialmente, a sus derechos. Si la renuncia fuere total se cancelará el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, el registro se limitará a los productos o servicios sobre los cuales no verse la renuncia.

No se admitirá la renuncia si sobre la marca existen derechos inscritos en favor de terceros, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de dichos derechos.

La renuncia sólo surtirá efectos frente a terceros cuando se haya anotado tal acto al margen del registro original.

Sección V

DE LA NULIDAD DEL REGISTRO

Art. 227.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, podrá declarar la nulidad del registro de una marca, en los siguientes casos:

a) Cuando el registro se hubiere otorgado en base a datos o documentos falsos que fueren esenciales para su concesión;

b) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención a los artículos 194 y 195 de esta Ley;

c) Cuando el registro se hubiere otorgado en contravención al artículo 196 de esta Ley; y,

d) Cuando el registro se hubiere obtenido de mala fe. Se considerarán casos de mala fe, entre otros, los siguientes:

1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera; y,

2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización; y,

e) Cuando el registro se hubiere obtenido con violación al procedimiento establecido o con cualquier otra violación de la ley que sustancialmente haya influido para su otorgamiento.

Art. 228.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La jueza o juez competente podrá declarar la nulidad del registro de una marca que se hallare

comprendida en los casos previstos en los literales a), c), d) y e), del artículo anterior, en virtud de demanda presentada luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y, antes de que haya transcurrido diez años desde la fecha de la concesión del registro de la marca, salvo que con anterioridad se hubiere planteado el recurso de revisión y éste hubiese sido definitivamente negado.

En el caso previsto en el literal b) del artículo anterior, la demanda podrá plantearse en cualquier tiempo luego de transcurrido el plazo establecido en la ley para el ejercicio del recurso de revisión y siempre que éste no hubiese sido definitivamente negado. En este caso la demanda de nulidad puede ser planteada por cualquier persona.

La declaración de nulidad de un registro se notificará a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, para que la anote al margen del registro.

Capítulo IX

NOMBRES COMERCIALES

Art. 229.- Se entenderá por nombre comercial al signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica.

Art. 230.- El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.

El derecho al uso exclusivo de un nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previstos en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular.

Art. 231.- No podrá adoptarse como nombre comercial un signo o denominación que sea confundible con otro utilizado previamente por otra persona o con una marca registrada.

Art. 232.- El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá el carácter de indefinido.

Art. 233.- Los titulares de nombres comerciales tendrán derecho a impedir que terceros sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación.

Art. 234.- Las disposiciones de esta Ley sobre marcas serán aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales. Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

Capítulo X

DE LAS APARIENCIAS DISTINTIVAS

Art. 235.- Se considera apariencia distintiva todo conjunto de colores, formas, presentaciones, estructuras y diseños característicos y particulares de un establecimiento comercial, que lo identifiquen y distingan en la presentación de servicios o venta de productos.

Art. 236.- Las apariencias distintivas serán protegidas de idéntica manera que los nombres comerciales.

Capítulo XI

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Art. 237.- Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

Art. 238.- La utilización de indicaciones geográficas, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada o evocada por dicha indicación o denominación.

Art. 239.- El derecho de utilización exclusiva de las indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al efecto emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el consumidor.

Art. 240.- No podrán ser declaradas como indicaciones geográficas, aquellas que:

a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 237 de esta Ley;

b) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o puedan inducir a error al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos; y,

c) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público en general.

Art. 241.- La declaración de protección de una indicación geográfica se hará de oficio o a petición de quienes demuestren tener legítimo interés, teniéndose por tales a las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto o de los productos que se pretendan amparar con la indicación geográfica. Las autoridades públicas de la administración central o seccional, también se considerarán interesadas, cuando se trate de indicaciones geográficas de sus respectivas circunscripciones.

Art. 242.- La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos señalados en el reglamento.

Art. 243.- Admitida la solicitud a trámite, se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas.

Art. 244.- La vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una indicación geográfica, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial podrá dejar sin efecto dicha declaración en el evento de que se modifiquen las condiciones que la originaron. Los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección.

Art. 245.- La solicitud para utilizar una indicación geográfica deberá ser presentada ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, por personas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la indicación geográfica y realicen dicha actividad dentro del territorio determinado en la declaración.

Art. 246.- El Director Nacional de Propiedad Industrial, de oficio o a petición de parte, cancelará la autorización para el uso de una indicación geográfica, luego de escuchar a quien la obtuvo, si fue concedida sin que existan los requisitos previstos en este Capítulo o si estos dejaren de existir.

Art. 247.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, podrá declarar la protección de indicaciones geográficas de otros países, cuando la solicitud la formulen sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés, o las autoridades públicas de los mismos. Las indicaciones geográficas deben haber sido declaradas como tales en sus países de origen.

Las indicaciones geográficas protegidas en otros países no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir algún producto, mientras subsista dicha protección.

Libro III

DE LAS OBTENCIONES VEGETALES

Sección I

DEFINICIONES Y REQUISITOS

Art. 248.- Se protege mediante el otorgamiento de un certificado de obtentor a todos los géneros y especies vegetales cultivadas que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas, en la medida que aquel cultivo y mejoramiento no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

No se otorga protección a las especies silvestres que no hayan sido mejoradas por el hombre.

Para la protección de las obtenciones vegetales se acatarán las disposiciones de tutela al patrimonio biológico y genético del país constantes en el inciso segundo del artículo 120 de esta Ley.

Art. 249.- Para los efectos de este libro los términos señalados a continuación tendrán los siguientes significados:

OBTENTOR: La persona que haya creado o descubierto y desarrollado una variedad, el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo, o el derechohabiente de la primera o de la segunda personas mencionadas, según el caso. Se entiende por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

DESCUBRIMIENTO: Se entenderá por tal, la aplicación del intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a conocer características o propiedades de la nueva variedad o de una variedad esencialmente derivada en tanto ésta cumpla con los requisitos de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. No se comprende el mero hallazgo. No serán sujetas de protección las especies que no hayan sido plantadas o mejoradas por el hombre.

MUESTRA VIVA: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtenciones vegetales, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

VARIEDAD: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos y químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

VARIEDAD ESENCIALMENTE DERIVADA: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de

la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original y, aún cuando pudiéndose distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, o es conforme a la variedad inicial en la expresión de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

MATERIAL: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluido plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Art. 250.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales otorgará certificados de obtentor, siempre que las variedades sean nuevas, distinguibles, homogéneas y estables; y, se les hubiere asignado una denominación que constituya su designación genérica.

Art. 251.- Una variedad será considerada nueva si el material de reproducción o de multiplicación, o un producto de su cosecha no hubiese sido vendido o entregado de otra manera lícita a terceros, por el obtentor o su causahabiente, o con su consentimiento, para su explotación comercial.

La novedad se pierde en los siguientes casos:

a) Si la explotación en el territorio nacional ha comenzado por lo menos un año antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada;

b) Si la explotación en el exterior ha comenzado por lo menos cuatro años antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada; y,

c) En el caso de árboles y vides, si la explotación en el exterior ha comenzado por lo menos seis años antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

Art. 252.- La novedad no se pierde por venta o entrega de la variedad a terceros, entre otros casos, cuando tales actos:

a) Sean el resultado de un abuso en detrimento del obtentor o de su derechohabiente;

b) Sean parte de un acuerdo para transferir el derecho sobre la variedad;

c) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero incrementó, por cuenta del obtentor, las existencias del material de reproducción o de multiplicación, siempre y cuando las existencias multiplicadas vuelvan a estar bajo control del obtentor o de su derechohabiente y, de que dichas existencias no sean utilizadas para producir otra variedad;

d) Sean parte de un acuerdo conforme al cual un tercero realizó pruebas de campo o de laboratorio o pruebas de procedimiento en pequeña escala para evaluar la variedad;

e) Tengan por objeto el material de cosecha que se hubiese obtenido como producto secundario o excedente de la variedad o de las actividades mencionadas en los literales c) y d) del presente artículo, a condición de que ese producto sea vendido o entregado de manera anónima;

f) Se realicen en cumplimiento de una obligación jurídica, en particular, por lo que atañe a la seguridad biológica o a la inscripción de las variedades en un registro oficial de variedades admitidas para la comercialización; o,

g) Se realicen bajo cualquier forma ilícita.

Art. 253.- Una variedad es distinta, si se diferencia claramente de cualquier otra cuya existencia fuese notoriamente conocida, a la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reivindicada.

La presentación en cualquier país de una solicitud para el otorgamiento del derecho de obtentor hará notoriamente conocida dicha variedad a partir de esa fecha, si tal acto condujera a la concesión del derecho o la inscripción de la variedad, según fuere el caso.

La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá establecerse por diversas referencias, tales como: explotación de la variedad ya en curso, inscripción de la variedad en un registro de variedades mantenido por una asociación profesional reconocida, o presencia de la variedad en una colección de referencia.

Art. 254.- Una variedad es homogénea si es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles según su forma de reproducción, multiplicación o propagación.

Art. 255.- Una variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducción, multiplicación o propagación.

Art. 256.- Ningún derecho relativo a la designación registrada como denominación de la variedad obstaculizará su libre utilización, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.

La designación adoptada no podrá ser objeto de registro como marca y deberá ser suficientemente distintiva con relación a otras denominaciones anteriormente registradas.

El reglamento determinará los requisitos para el registro de las designaciones.

Art. 257.- Tendrá derecho a solicitar un certificado de obtentor, el obtentor o su derechohabiente o causahabiente, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. En el caso de que varias personas hayan creado y desarrollado en común una variedad, el derecho a la protección les corresponderá en común. Salvo estipulación en contrario entre los coobtentores, sus cuotas de participación serán iguales.

Cuando el obtentor sea un empleado, el derecho a solicitar un certificado de obtentor se regirá por el contrato de trabajo en cuyo marco se ha creado y desarrollado la variedad. A falta de estipulación contractual se aplicará lo dispuesto en el artículo 129 de la presente Ley en cuanto fuere aplicable.

Art. 258.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Quien tenga legítimo interés podrá reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de obtención vegetal ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones; y, ante la jueza o juez competente, en cualquier momento y hasta diez años después de concedido el certificado de obtentor.

Sección II

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Art. 259.- La solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor de una nueva variedad vegetal deberá presentarse ante la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales y contendrá los requisitos que establezca el reglamento.

Art. 260.- A la solicitud se acompañará:

a) El comprobante de pago de la tasa respectiva;

b) La descripción exhaustiva del procedimiento de obtención de la variedad;

c) La indicación del lugar en donde se encuentren las muestras vivas de la variedad, de manera tal que la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales pueda verificarlas en el momento que lo desee o el documento que acredite su depósito ante una autoridad nacional competente de un país miembro de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV); y,

d) Los demás documentos que determine el reglamento.

La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales no exigirá el depósito de la muestra viva cuando se hubiere acreditado dicho depósito ante una autoridad nacional competente de un país miembro de la UPOV, salvo en el caso que fuere necesario para resolver una oposición, o sea requerida para pruebas de visibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Art. 261.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, al momento de la recepción de la solicitud, certificará la fecha y hora en que se la hubiera presentado y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltaren los documentos referidos en los literales a) y b) del artículo anterior, no se la admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación.

Art. 262.- Admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales exigidos por este Libro.

Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos referidos, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha de notificación.

Art. 263.- El obtentor gozará de protección provisional durante el período comprendido entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado. En consecuencia, el solicitante tendrá la facultad de iniciar las acciones legales correspondientes a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyen una infracción o violación de sus derechos, excepto la acción para reclamar daños y perjuicios que sólo podrá interponerse una vez obtenido el correspondiente certificado de obtentor. El establecimiento de las indemnizaciones a que haya lugar, podrá abarcar los daños causados por el demandado desde que tuvo conocimiento de la solicitud. La solicitud se presume de derecho conocida desde su publicación.

Art. 264.- El titular de una solicitud para el otorgamiento de un certificado de obtentor presentada en un país miembro de la UPOV, en un país miembro de la Comunidad Andina o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los países miembros de la Comunidad Andina, gozará de un derecho de prioridad por un plazo de doce meses, para solicitar la protección de la misma variedad en el Ecuador. Este plazo se contará a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, el obtentor deberá reivindicar en la solicitud la prioridad de la primera solicitud. La Dirección Nacional de las Obtenciones Vegetales podrá exigir que en el plazo de tres meses contados a partir de la fecha de su presentación de la segunda solicitud proporcione una copia de la primera solicitud.

Art. 265.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales ordenará su publicación por una sola vez, en la Gaceta de la Propiedad Intelectual.

Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y sólo podrá ser examinado por terceros con el consentimiento del solicitante o cuando el solicitante hubiere iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentado en la solicitud.

Dentro del término de treinta días hábiles siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposiciones fundamentadas relativas a la concesión del certificado de obtentor.

El término señalado en el inciso anterior podrá ser ampliado por uno igual, a petición de parte interesada en presentar oposición, si manifestare que necesita examinar los antecedentes de la solicitud.

Las oposiciones se substanciarán conforme con las disposiciones pertinentes del Libro II, Capítulo II, Sección III de esta Ley, en lo que fuere pertinente.

Las oposiciones podrán basarse en cuestiones relacionadas con la novedad, distinguibilidad, homogeneidad o estabilidad, en cuestiones que el solicitante no tiene derecho a la protección, así como en razones de bioseguridad de atentar al orden público, la moral de protección de la salud humana o la vida de personas, animales o vegetales o de evitar graves daños al medio ambiente.

Art. 266.- La Dirección de Obtenciones Vegetales emitirá dictamen técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad en todos los casos. En aquellos casos que se presenten oposiciones, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales adicionalmente deberá proceder a un examen técnico de la obtención vegetal. La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, públicos o privados, que se consideren idóneos para que realicen dicho examen sobre las condiciones de distinción, homogeneidad y estabilidad de la variedad vegetal. Así mismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de oficinas nacionales competentes de otros países. Toda la información será puesta en conocimiento del solicitante para garantizar su derecho a ser escuchado.

Las condiciones de distinción, homogeneidad y estabilidad son de naturaleza esencialmente técnica y serán evaluadas sobre la base de criterios internacionalmente reconocidos para cada especie vegetal.

Art. 267.- Cumplidos los requisitos establecidos en el presente Libro, la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales procederá a otorgar o negar el certificado de obtentor.

Art. 268.- El término de duración del certificado de obtentor será de veinticinco años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus portainjertos; y, veinte años para las demás especies, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

Para aquellas variedades que aún no hayan sido comercializadas en el país, el plazo de duración del certificado de obtentor, registrado inicialmente en el país de origen, durará el tiempo que falte para completar el período de vigencia del primer registro de aquel país.

Sección III

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL OBTENTOR

Art. 269.- El titular de una obtención inscrita tendrá la obligación de mantener o reponer el depósito efectuado durante la vigencia del certificado de obtentor.

Art. 270.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 263 de esta Ley, el certificado de obtentor dará a su titular la facultad de iniciar las acciones administrativas o judiciales previstas en esta Ley, a fin de evitar o hacer cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho y obtener las medidas de compensación o de indemnización correspondientes.

En especial, el titular tendrá derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento los siguientes actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida:

a) Producción, reproducción, multiplicación o propagación;

b) Preparación con fines de reproducción, multiplicación o propagación;

c) Oferta en venta, venta o cualquier otro acto que implique la introducción en el mercado del material de reproducción, propagación o multiplicación, con fines comerciales;

d) Exportación o importación;

e) Posesión para cualquiera de los fines mencionados en los literales precedentes;

f) Los actos indicados en los literales anteriores respecto al producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por el uso no autorizado del material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, a menos que el titular hubiese podido razonablemente ejercer su derecho exclusivo en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación; y,

g) Utilización comercial de plantas ornamentales o partes de plantas como material de multiplicación con el objeto de producir plantas ornamentales y frutícolas o partes de plantas ornamentales, frutícolas o flores cortadas.

Art. 271.- Las disposiciones del artículo precedente se aplicarán también:

a) A las variedades derivadas esencialmente de la variedad protegida, cuando ésta no sea a su vez una variedad esencialmente derivada; y,

b) A las variedades cuya producción necesite el empleo repetido de la variedad protegida.

Art. 272.- No lesiona el derecho de obtentor quien reserve y siembre para su propio uso, o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Se exceptúa de este artículo la utilización comercial del material de multiplicación, reproducción o propagación, incluyendo plantas enteras y sus partes, de las especies frutícolas ornamentales y forestales.

Art. 273.- El derecho del obtentor no confiere a su titular el derecho de impedir que terceros usen la variedad protegida, cuando tal uso se realice:

a) En el ámbito privado y sin fines comerciales;

b) A título experimental; y,

c) Para la obtención y explotación de una nueva variedad, salvo que se trate de una variedad esencialmente derivada de una variedad protegida.

Art. 274.- El derecho del obtentor no se extenderá a los actos relativos al material de su variedad, o a una variedad prevista en el artículo 272 de esta Ley, que haya sido vendida o comercializada de otra manera en el territorio nacional por el titular o con su consentimiento, o material derivado de dicho material, a menos que esos actos:

a) Impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad en cuestión; o,

b) Impliquen una exportación del material de la variedad, que permita reproducirla, a un país que no proteja las variedades de género o del espécimen de escala a que pertenezca la variedad, salvo si el material exportado está destinado al consumo.

Para los fines de lo dispuesto en este artículo, se entenderá por "material", en relación con una variedad:

1. El material de reproducción o de multiplicación vegetativa, en cualquier forma; 2. El producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y las partes de plantas; y, 3. Todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Art. 275.- Con el objeto de asegurar una adecuada explotación de la variedad protegida, en casos excepcionales de seguridad nacional o de interés público, el Gobierno Nacional podrá declarar de libre disponibilidad, sobre la base de una compensación equitativa para el obtentor.

La autoridad nacional competente determinará el monto de las compensaciones, previa audiencia a las partes y peritazgo, sobre la base de la amplitud de la explotación de la variedad objeto de la licencia.

Sección IV

DE LA NULIDAD Y CANCELACIÓN

Art. 276.- A través del recurso de revisión, el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, de oficio o a petición de parte, podrá declarar la nulidad del certificado de obtentor, en los siguientes casos:

a) Si la variedad no cumplía con los requisitos de novedad, distinguibilidad, estabilidad y homogeneidad, al momento de la concesión del certificado de obtentor;

b) Si el certificado de obtentor fue conferido a favor de quien no es el obtentor; y,

c) Si se hubiere concedido con cualquier otra violación a la ley que substancialmente haya inducido a su concesión o se hubiere obtenido en base a datos, documentos, información o descripción erróneos o falsos.

Art. 277.- El Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, declarará la cancelación del certificado de obtentor en los siguientes casos:

a) Cuando se compruebe que la variedad protegida ha dejado de cumplir con las condiciones de novedad, homogeneidad, distinguibilidad y estabilidad; y,

b) Cuando el obtentor no presente la información o documentos que demuestren el mantenimiento o la reposición de la variedad registrada.

Art. 278.- El Estado reconoce el derecho de los agricultores, que proviene de la contribución pasada, presente y futura por la conservación, mejora y disponibilidad de los recursos fitogenéticos. Estos derechos incluyen el derecho a conservar sus prácticas tradicionales, a conservar, mejorar e intercambiar sus semillas, acceder a tecnología, créditos y al mercado y, a ser recompensados por el uso de las semillas que ellos han desarrollado.

Para este efecto, la ley especial regulará los casos de aplicación de este principio.

Sección V

DE LOS ACTOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS OBTENCIONES

VEGETALES

Art. 279.- Los derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales son transferibles por acto entre vivos o transmisibles por causa de muerte, antes o después de su registro o concesión. Art. 280.- Los titulares de derechos de propiedad industrial y de obtenciones vegetales podrán otorgar licencias a terceros para su explotación o uso, mediante contratos escritos. Tales contratos no podrán contener cláusulas restrictivas del comercio o crear competencia desleal.

Las sublicencias requerirán autorización expresa del titular de los derechos.

Art. 281.- Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales, se inscribirán en los registros respectivos en la misma fecha en que se presente la correspondiente solicitud. Los efectos de la inscripción se retrotraen a la fecha en que hubiere sido solicitada. Tales actos surtirán efectos frente a terceros, a partir de su inscripción. Sin embargo, la falta de inscripción no invalida el acto o contrato.

Art. 282.- Los derechos sobre una marca o nombre comercial podrán ser transferidos con o sin el negocio al cual identifica.

La marca colectiva podrá transferirse siempre y cuando exista la autorización de la asociación, organización o grupo de personas que la hubiere solicitado o registrado y de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. En cualquier caso, su uso quedará reservado a los integrantes de la asociación, organización o grupo de personas.

La marca colectiva no podrá ser objeto de licencia en favor de personas distintas a aquellas autorizadas a usarla, de acuerdo con el reglamento para su empleo.

No se requerirá inscripción cuando dichos actos o contratos se refieran al derecho de propiedad industrial cuyo registro no es obligatorio.

Art. 283.- Los derechos de propiedad industrial y sobre obtenciones vegetales se reputan bienes muebles exclusivamente para la constitución de gravámenes sobre ellos. Sin embargo, podrá decretarse la prohibición de enajenar de tales derechos con sujeción a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil, así como su embargo y remate o venta en pública subasta.

Libro IV

DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Art. 284.- Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas.

La expresión actividades económicas, se entenderá en sentido amplio, que abarque incluso actividades de profesionales tales como abogados, médicos, ingenieros y otros campos en el ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio.

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no obstante cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional.

Art. 285.- Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor; las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta sin el consentimiento de quien las controle.

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos; procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios; condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot.

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.

Art. 286.- Se considera también acto de competencia desleal, independientemente de las acciones que procedan por violación de información no divulgada, todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades económicas que consista o tenga por resultado:

a) El uso comercial desleal de datos de pruebas no divulgadas u otros datos secretos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable y que hayan sido presentados a la autoridad competente a los efectos de obtener la aprobación de la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos, agrícolas o industriales;

b) La divulgación de dichos datos, excepto cuando sea necesario para proteger al público y se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal; y,

c) La extracción no autorizada de datos cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable para su uso comercial en forma desleal.

Art. 287.- Sin perjuicio de otras acciones legales que sean aplicables, toda persona natural o jurídica perjudicada podrá ejercer las acciones previstas en esta Ley, inclusive las medidas preventivas o cautelares.

Las medidas a que se refiere el inciso anterior podrán ser solicitadas también por asociaciones gremiales o de profesionales que tengan legítimo interés en proteger a sus miembros contra los actos de competencia desleal.

Título I

DE LA PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Capítulo I

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 288.- La violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en esta Ley, dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas; sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la presente Ley.

Art. 289.- En caso de infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, se podrá demandar:

a) La cesación de los actos violatorios;

b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;

c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;

d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;

e) La indemnización de daños y perjuicios;

f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,

g) El valor total de las costas procesales.

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.

Art. 290.- Para que el titular de los derechos de autor y derechos conexos reconocidos en esta Ley, sea admitido como tal ante cualquier autoridad judicial o administrativa, bastará que el nombre o seudónimo, o cualquiera otra denominación que no deje dudas sobre la identidad de la persona natural o jurídica de que se trate, conste en la obra, interpretación o ejecución, producción o emisión de radiodifusión, en la forma usual.

Art. 291.- Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o de cualquier otra prestación

protegida por esta Ley, o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Art. 292.- Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático interconectado a dicha red, a través del cual se permita, induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en esta Ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte.

Se entenderá que ha sido advertido de la posibilidad de la infracción cuando se le ha dado noticia debidamente fundamentada sobre ella.

Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten a fin de evitar que la infracción se produzca o continúe.

Art. 293.- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

El IEPI notificará a las partes y a la Superintendencia de Compañías o de Bancos y Seguros con la resolución correspondiente; la sociedad tendrá el plazo de noventa días contados a partir de la notificación de la resolución del IEPI, para adoptar otra denominación o razón social; plazo que podrá prorrogarse por una sola vez y por igual tiempo siempre que existieren causas justificadas.

En el evento de que no adoptaren una nueva denominación o razón social dentro del plazo establecido en el inciso anterior, la Superintendencia procederá a disolver o a liquidar la compañía.

Capítulo II

DE LOS PROCESOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Sección I

DE LOS PROCESOS DE CONOCIMIENTO

Art. 294.- (Reformado por la Disposición Reformatoria quinta, num 1, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Serán competentes para el conocimiento de las controversias sobre esta materia, en primera instancia, las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva.

Los recursos de casación que se dedujeren en esta materia serán conocidos por la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

Nota:

La Disposición Reformatoria Quinta, num. 1, del Código Orgánico de la Función Judicial (Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III-2009), dispone que en donde diga "los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual.", se ponga: "las juezas y jueces de lo contencioso administrativo del domicilio del demandado, y en segunda instancia, la sala especializada en dicha materia de la corte provincial respectiva"; sin embargo, esta norma no fue

adecuada al veto parcial del Presidente de la República, que modificó la estructura orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa; estableciendo como única instancia competente para conocer esta materia a la sala especializada de la Corte Provincial.

Art. 295.- (Derogado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 2 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).

Art. 296.- (Reformado por la Disposición Reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La competencia en materia de propiedad intelectual se fija de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 26, 27, 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil y en el presente artículo.

Serán también competentes para conocer estas causas las juezas o jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción.

Tratándose de transmisiones a través de un satélite, la infracción se entenderá cometida bien en el lugar en que se iniciare dicha transmisión, bien en el lugar en que la señal se hiciere accesible al público de forma predominante.

En caso de infracciones cometidas a través de redes de comunicación digital, se entenderán cometidas las mismas, bien en el lugar en que se encuentren los sistemas informáticos referidos en el artículo 292 de esta Ley, bien en el lugar en que la transmisión se hiciere accesible al público de forma predominante.

Art. 297.- Las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitarán en juicio verbal sumario, con las modificaciones constantes en el presente Capítulo.

Art. 298.- En los juicios sobre esta materia es admisible la reconvención conexa, la que será resuelta en sentencia, sin que por ello se altere el trámite de la causa. La reconvención será planteada en la audiencia de conciliación, luego de contestada la demanda. En la propia audiencia el actor deberá contestarla. De no hacerlo se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.

Art. 299.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Si durante el término de prueba se solicitare la actuación de prueba testimonial, la jueza o juez señalará día y hora para su recepción en audiencia oral, en la cual la parte que solicitó la prueba formulará sus preguntas pudiendo la otra parte repreguntar.

Art. 300.- (Reformado por la Disposición Reformatoria quinta, num.4 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Si hubiere necesidad de peritos, se designará uno por cada parte procesal, salvo que las partes estuvieren de acuerdo en la designación de un único perito.

Sin perjuicio de que él o los peritos presenten su informe por escrito, cualquiera de las partes podrán solicitar al juez que éstos concurran a una audiencia para que informen oralmente sobre las cuestiones que les formularen las partes.

Es causal de destitución de las juezas y jueces de lo contencioso administrativo, además de otras previstas en la ley, la violación del mandato contenido en esta norma.

Art. 301.- Todas las pruebas solicitadas dentro del término respectivo deberán practicarse dentro de los treinta días siguientes a su conclusión, salvo que las partes de común acuerdo solicitaren una prórroga.

Art. 302.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La jueza o juez tendrá la facultad para ordenar que sea presentada la prueba que se encontrare bajo el control de la parte contraria o en su posesión, a cuyo efecto señalará día, lugar y hora para su exhibición. Si la parte requerida no exhibiere la prueba, la jueza o juez, para resolver, podrá basarse en la información que le haya suministrado la parte que requirió la prueba.

Si cualquiera de las partes no facilitare las informaciones, códigos de acceso o de cualquier modo impidiere la verificación de instrumentos, equipos u otros medios en los que pueda almacenarse reproducciones no autorizadas, éstos se presumirán violatorios de los derechos de propiedad intelectual.

Si el juicio versare sobre violación de una patente de invención relacionada con procedimientos, la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto, le corresponderá al demandado.

Art. 303.- La indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;

b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;

c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,

d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.

Art. 304.- Las sentencias condenatorias de las acciones civiles por violación de los derechos de propiedad intelectual impondrán al infractor adicionalmente una multa de tres a cinco veces el valor total de los ejemplares de obras, interpretaciones, producciones o emisiones de radiodifusión, o de las regalías que de otro modo hubiere percibido el titular de los derechos por explotación legítima de éstas u otras prestaciones de propiedad intelectual.

Las multas que conforme a esta disposición se recauden se destinarán en un tercio al IEPI; en un tercio al titular del derecho infringido y el tercio restante se distribuirá de la siguiente manera:

a) Presupuesto de la Función Judicial; b) Fondo de Solidaridad; y, c) Fomento de Ciencia y Tecnología a través del IEPI.

Sección II

DE LAS PROVIDENCIAS PREVENTIVAS Y CAUTELARES

Art. 305.- Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual, se tramitarán en conformidad con la Sección Vigésima Séptima, Título Segundo, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones constantes en esta Sección.

Art. 306.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La jueza o juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en ésta

Ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.

La jueza o juez comprobará si el peticionario es titular de los derechos, a cuyo efecto se estará a las presunciones establecidas en esta Ley. En defecto de información proporcionada con la demanda que permita presumir la titularidad, bastará la declaración juramentada que al efecto se incluya en la demanda.

Art. 307.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- La jueza o juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

Art. 308.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, las juezas o jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:

a) El cese inmediato de la actividad ilícita;

b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,

c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.

La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.

La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador.

Art. 309.- El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;

b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial; y,

d) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.

Art. 310.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).-Las medidas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiere, quien podrá asesorarse de los peritos necesarios o de funcionarios del IEPI, cuyo dictamen en la propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá para la ejecución. La orden que expida la jueza o juez conforme con el artículo precedente implicará, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, incluyendo el descerrajamiento de seguridades, sin perjuicio de la facultad del juez de que al momento de la diligencia ordene cualquier otra medida cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte.

Art. 311.- Las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada si no hasta después de su ejecución.

Art. 312.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Si el actor indicare que para la prueba de la violación de los derechos se requiere de inspección judicial previa, la jueza o juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y podrá ordenar durante la diligencia las medidas cautelares pertinentes. Para este fin concurrirá con los funcionarios que deban cumplir tales medidas.

Art. 313.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- En caso de obras fijadas electrónicamente en dispositivos de información digital o por procedimientos análogos, o cuya aprehensión sea difícil o pueda causar graves daños al demandado, la jueza o juez, previo consentimiento del actor y si lo considera conveniente, podrá ordenar que los bienes secuestrados permanezcan bajo la custodia del demandado, luego de identificados, individualizados e inventariados, sin perjuicio del secuestro de las fijaciones sobre soportes removibles.

La jueza o juez deberá poner sellos sobre los bienes identificados, individualizados e inventariados.

Art. 314.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Cumplida la medida cautelar se citará la demanda al demandado y la jueza o juez dispondrá que comience a correr el término de prueba previsto en el artículo 902 del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo principal.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, la jueza o el juez competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y perjuicios.

Art. 315.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Las juezas o jueces que no cumplan con lo previsto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda o nieguen injustificadamente la adopción de una medida cautelar, serán responsables ante el titular del derecho por los perjuicios causados, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

Art. 316.- (Reformado por la Disposición Reformatoria quinta, num.5 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- A fin de proteger secretos comerciales o información confidencial, en el curso de la ejecución de las medidas cautelares establecidas en esta Ley, únicamente la jueza o el juez y las o los peritos designados tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, en cuanto sea indispensable

para la práctica de la medida. Por parte del demandado podrán estar presentes las personas que éste delegue y por parte del actor su procurador judicial. Todos quienes de este modo tengan acceso a tales informaciones, quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que ésta y otras leyes prescriben para la protección de los secretos comerciales y la información confidencial.

Art. 317.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).-Ya sea en la práctica de medidas cautelares o en la actuación de pruebas, podrán intervenir como peritos los funcionarios designados por el IEPI. La jueza o juez estará obligado a requerir la intervención pericial de tales funcionarios, a solicitud de parte.

Art. 318.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Las juezas o jueces observarán adicionalmente los procedimientos y medidas establecidos en convenios o tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en el Ecuador, en cuanto sean aplicables. Las juezas o jueces estarán exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 numeral 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC.

Capítulo III

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

Art. 319.- Será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad obtenido en el país;

b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenida en el país;

c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;

d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;

e) Un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;

f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;

g) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país; y,

h) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país.

En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país.

Art. 320.- Serán reprimidos con igual pena que la señalada en el artículo anterior, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

1. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial;

2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,

3. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de signos distintivos registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos.

Art. 321.- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior, a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país.

Art. 322.- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:

a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;

b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y,

c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlas en productos de distinto origen.

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.

Art. 323.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144, 50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en

venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

También se reprimirá con la pena señalada en el inciso anterior a quienes rellenen con productos espurios envases identificados con marca ajena.

Art. 324.- Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de mil trescientos catorce 45/100 (1.314,45) dólares de los Estados Unidos de América a trece mil ciento cuarenta y cuatro 50/100 (13.144,50) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:

a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables;

b) Inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o parcialmente, una obra ajena como si fuera propia;

c) Reproduzcan una obra;

d) Comuniquen públicamente obras, videogramas o fonogramas, total o parcialmente;

e) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras;

f) Reproduzcan un fonograma o videograma y en general cualquier obra protegida, así como las actuaciones de intérpretes o ejecutantes, total o parcialmente, imitando o no las características externas del original, así como quienes introduzcan al país, almacenen, distribuyan, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros tales reproducciones ilícitas; y,

g) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras, fonogramas o videogramas en las cuales se ha alterado o removido información sobre el régimen de derechos aplicables.

Art. 325.- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:

a) Reproduzcan un número mayor de ejemplares de una obra que el autorizado por el titular;

b) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número que exceda del autorizado por el titular;

c) Retransmitan por cualquier medio las emisiones de los organismos de radiodifusión; y,

d) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros aparatos u otros medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios técnicos de protección aplicados por el titular del derecho.

Art. 326.- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa de seiscientos cincuenta y siete 22/100 (657,22) dólares de los Estados Unidos de América, a seis mil quinientos setenta y dos 25/100 (6.572,25) dólares de los Estados Unidos de América, quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar.

Art. 327.- Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:

a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;

b) El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y,

c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.

Art. 328.- Las infracciones determinadas en este Capítulo son de acción pública y de instancia oficial.

Art. 329.- Las acciones civiles y penales prescriben de conformidad con las normas del Código Civil y del Código Penal, respectivamente, salvo las acciones por violación a los derechos morales, que son imprescriptibles.

Salvo prueba en contrario y, para los efectos de la prescripción de la acción, se tendrá como fecha de cometimiento de la infracción, el primer día del año siguiente a la última edición, reedición, reproducción, comunicación, u otra utilización de una obra, interpretación, producción o emisión de radiodifusión.

Art. 330.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- En todos los casos comprendidos en este Capítulo, se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado por la jueza o juez de la causa, obligatoriamente al momento de dictar el auto de llamamiento a juicio.

Art. 331.- El producto de las multas determinadas en este Capítulo será destinado en partes iguales a la Función Judicial y al IEPI, el que lo empleará al menos en un cincuenta por ciento, en programas de formación y educación sobre propiedad intelectual.

Libro V

DE LA TUTELA ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Art. 332.- La observancia y el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

Art. 333.- El IEPI a través de las direcciones nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la propiedad intelectual. Art. 334.- Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de propiedad intelectual podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:

a) Inspección; b) Requerimiento de información; y, c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.

Art. 335.- Las inspecciones se realizarán por parte de los directores nacionales o sus delegados, en la forma que determine el reglamento. Al momento de la inspección y, como requisito para practicarla válidamente, se entregará copia del acto administrativo en el que se la hubiere ordenado y, si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.

Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas y, aún con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información no divulgada que haya debido suministrarse en el curso del procedimiento.

Art. 336.- Si durante la diligencia se comprobare, aún presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.

Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual.

El IEPI, a través de las direcciones regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere esta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306 de esta Ley. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación conforme se dispone en el artículo 339 de esta Ley.

Art. 337.- Cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, el IEPI podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación. Dicha información deberá ser entregada en un término no mayor de quince días, desde la fecha de la notificación.

Art. 338.- Salvo el caso de medidas cautelares provisionales que se adopten de conformidad con el artículo 336 de esta Ley, previo a la adopción de cualquier resolución, se escuchará a la parte contra la cual se inició el procedimiento. Si se estimare conveniente, podrá convocarse a una audiencia en la que los interesados podrán expresar sus posiciones.

Art. 339.- (Reformado por la Disposición Reformatoria quinta, num.6 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con una multa de entre cincuenta y dos 58/100 (52,58) dólares de los Estados Unidos de América y mil ochocientos cuarenta 23/100 (1.840,23) dólares de los Estados Unidos de América y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional.

Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo al Ministerio Público.

Art. 340.- El IEPI impondrá igual sanción a la establecida en el artículo anterior a quienes obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por el IEPI, o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido.

Art. 341.- Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación publicada de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el titular de los

derechos podrá solicitar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se la prohíba, lo cual será ordenado inmediatamente. Al efecto se presume que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la debida autorización por la sola protesta de parte del titular de los derechos.

Art. 342.- La Corporación Aduanera Ecuatoriana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición del fiscal competente.

Si la Corporación Aduanera Ecuatoriana o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene.

Quien ordene la medida podrá exigir caución de conformidad con el artículo siguiente.

Art. 343.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, cualquiera de los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual.

La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto.

A petición de la parte afectada con la suspensión, el Director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita al fiscal competente.

Art. 344.- Sin perjuicio de lo establecido en esta Ley, en materia de procedimientos administrativos se aplicará el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

Art. 345.- La fuerza pública y en especial la Policía Judicial están obligadas a prestar a los funcionarios del IEPI el auxilio que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones.

Libro VI DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

Capítulo I

FINES DEL INSTITUTO

Art. 346.- Créase el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), como persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera y operativa, con sede en la ciudad de Quito, que tendrá a su cargo, a nombre del Estado, los siguientes fines:

a) Propiciar la protección y la defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y en los tratados y convenios internacionales;

b) Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica, como en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores culturales y productivos; y,

c) Prevenir los actos y hechos que puedan atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley.

Capítulo II

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

Sección I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 347.- El IEPI tendrá los siguientes órganos:

El Presidente; El Consejo Directivo; El Comité de la Propiedad Intelectual; La Dirección Nacional de Propiedad Industrial; La Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y, La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

Art. 348.- Las demás normas para la organización y funcionamiento del IEPI constarán en el Reglamento a esta Ley y en su reglamento orgánico funcional.

Sección II

DEL PRESIDENTE DEL IEPI

Art. 349.- El Presidente del IEPI será designado por el Presidente de la República y durará seis años en sus funciones. Será su representante legal y el responsable directo de la gestión técnica, financiera y administrativa.

En caso de renuncia, ausencia definitiva o cualquier otro impedimento que le inhabilite para continuar desempeñando el cargo, el Presidente de la República procederá inmediatamente a la designación de su reemplazo, quien también durará seis años en sus funciones. En caso de falta o ausencia temporal será reemplazado por el Director Nacional que señale el Consejo Directivo.

Art. 350.- Para ser Presidente del IEPI será necesario tener título universitario, acreditar especialización y experiencia profesional en áreas de propiedad intelectual y cumplir los demás requisitos que se señale en el reglamento.

Art. 351.- Los deberes y atribuciones del Presidente son los siguientes:

a) Representar legalmente al IEPI;

b) Velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes y convenios internacionales sobre propiedad intelectual;

c) Formular el presupuesto anual del IEPI y someterlo a la aprobación del Consejo Directivo;

d) Designar y remover a los directores nacionales, Secretario General y demás personal del IEPI;

e) Proponer los lineamientos y estrategias para las negociaciones internacionales que el gobierno nacional realice en materia de propiedad intelectual, así como integrar los grupos de negociadores de esta materia, en consulta y coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores;

f) Ordenar medidas en frontera, según lo dispuesto en esta Ley;

g) Absolver las consultas que sobre aplicación de las normas sobre propiedad intelectual le sean planteadas. Las respuestas en la absolución de las consultas serán vinculantes para el IEPI en el caso concreto planteado. Las consultas no podrán versar sobre asuntos que a la fecha de su formulación se encuentren en trámite ante cualquier órgano del IEPI; y,

h) Las demás que se establezcan en esta Ley y el reglamento.

Nota:

El nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores se sustituye por el de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, por medio del Decreto No. 7 (R.O. 36, 8-III- 2007).

Sección III

DEL CONSEJO DIRECTIVO

Art. 352.- El Consejo Directivo es el órgano contralor y consultor del Instituto y tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Fijar y aprobar las tasas;

b) Aprobar el presupuesto del Instituto;

c) Dictaminar sobre los proyectos de reforma a esta Ley, al reglamento y a los convenios internacionales sobre propiedad intelectual;

d) Proponer al Presidente de la República proyectos de reformas a la ley o a los reglamentos;

e) Designar y remover a los miembros del Comité de Propiedad Intelectual de conformidad con esta Ley y el reglamento;

f) Dictar las normas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de esta Ley; y,

g) Las demás que establezcan la ley y el reglamento.

Art. 353.- El Consejo Directivo estará integrado por:

a) El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual; el que lo presidirá;

b) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, o su delegado;

c) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

d) El Ministro de Educación y Cultura o su delegado;

e) Un representante del Consejo de las Cámaras y Asociaciones de la Producción o su

suplente;

f) Un representante por las sociedades de gestión colectiva y por las organizaciones gremiales de derechos de autor o derechos conexos o su suplente; y,

g) Un representante designado por el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP o su suplente.

Las resoluciones del Consejo Directivo deberán adoptarse con el voto favorable de al menos

cinco de sus miembros.

Nota:

La denominación actual del Ministerio de Educación y Cultura es Ministerio de Educación, debido a la creación del Ministerio de Cultura, por medio del Decreto No. 5 (R.O. 22, 14-II- 2007).

El nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores se sustituye por el de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, por medio del Decreto No. 7 (R.O. 36, 8-III- 2007).

El nombre del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad se sustituye por el de Ministerio de Industrias y Competitividad, por medio de los Decretos No. 7 (R.O. 36, 8-III-2007) y No. 144 (R.O. 37, 9-III-2007); mediante Decreto 1558 (R.O. 525, 10-II- 2009) se reemplazó al "Ministerio de Industrias y Competitividad" por el "Ministerio de Industrias"; y, fue renombrado, nuevamente, como "Ministerio de Industrias y Productividad" mediante D.E. 1633 (R.O. 566, 8-IV-2009).

El texto destacado en negrillas fue declarado inconstitucional mediante Res. 0004-2008-TC (R.O. 441-S, 7-X-2008).

Sección IV

DE LAS DIRECCIONES NACIONALES

Art. 354.- Los directores nacionales ejercerán la titularidad de las respectivas direcciones nacionales. Serán designados por un período de seis años y podrán ser reelegidos indefinidamente. En caso de falta o ausencia temporal de un director nacional, el Presidente del IEPI designará al funcionario que lo subrogue.

Art. 355.- Para ser director nacional se requiere ser abogado o doctor en jurisprudencia, acreditar experiencia profesional en la materia y cumplir los demás requisitos que se señalen en el reglamento respectivo.

Art. 356.- Las direcciones nacionales tendrán a su cargo la aplicación administrativa de la presente Ley y demás normas legales sobre propiedad intelectual, dentro del ámbito de su competencia.

Art. 357.- (Reformado por la Disposición Reformatoria quinta, num.7 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).- Los actos administrativos definitivos y aquellos que impidan la continuación del trámite dictados por los directores nacionales, serán susceptibles de los siguientes recursos:

Recurso de reposición, ante el mismo funcionario que lo dictó;

Recurso de apelación, ante el Comité de Propiedad Intelectual; y,

Recurso de revisión, ante el Comité de Propiedad Intelectual.

La interposición de estos recursos no es indispensable para agotar la vía administrativa y, por consiguiente, podrán plantearse directamente las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa contra los actos administrativos definitivos o que impidan la continuación del trámite, dictados por los directores nacionales.

Los recursos se concederán en los efectos suspensivo y devolutivo en sede administrativa.

Las juezas y jueces de lo contencioso administrativo podrán suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido, en caso que dicha ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

Art. 358.- La Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos tendrá las siguientes atribuciones:

a) Organizar y administrar el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos;

b) Administrar en materia de derechos de autor y derechos conexos los procesos administrativos contemplados en esta Ley;

c) Aprobar los estatutos de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, expedir su autorización de funcionamiento o suspenderla; así como ejercer la vigilancia, inspección y control sobre dichas sociedades, e intervenirlas en caso necesario; y,

d) Ejercer las demás atribuciones que en materia de derechos de autor y derechos conexos se establecen en esta Ley y en el reglamento.

Art. 359.- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tendrá las siguientes atribuciones:

a) Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintivas, indicaciones geográficas, esquemas de trazado de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de propiedad industrial que se establezcan en la legislación correspondiente;

b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;

c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;

d) Administrar en materia de propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley; y,

e) Ejercer las demás atribuciones que en materia de propiedad industrial se establecen en esta Ley y en el reglamento.

El registro de propiedad industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. En consecuencia, el Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente para la resolución sobre el otorgamiento o denegación de registros de propiedad industrial a nivel nacional.

Art. 360.- La Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales tendrá las siguientes atribuciones:

a) Administrar los procesos de depósito y reconocimiento de los derechos sobre nuevas obtenciones vegetales;

b) Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;

c) Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;

d) Administrar en materia de obtenciones vegetales los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley;

e) Organizar y mantener un centro nacional de depósito de obtenciones vegetales o delegar esta actividad a la iniciativa privada; y,

f) Ejercer las demás atribuciones que en materia de obtenciones vegetales se establecen en esta Ley y en el reglamento.

Art. 361.- El Consejo Directivo podrá distribuir la competencia de las direcciones nacionales, en razón de la materia, respecto de las distintas formas de propiedad intelectual y, variar la denominación de las mismas en consecuencia.

Igualmente, a efectos de garantizar el ejercicio de la tutela administrativa del IEPI, el Consejo Directivo podrá crear subdirecciones regionales y determinar los límites de su competencia administrativa.

Los directores nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar medidas en frontera según lo dispuesto en el artículo 351 de esta Ley.

Sección V

DE LOS COMITÉS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES

VEGETALES; Y, DE DERECHOS DE AUTOR

Art. 362.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, estarán integrados por tres miembros cada uno, designados por el Consejo Directivo del IEPI.

Los miembros de estos comités durarán seis años en su cargo y deberán reunir los mismos requisitos para ser ministro de corte superior.

El Consejo Directivo designará también los correspondientes vocales suplentes quienes reemplazarán a los principales en caso de ausencia temporal o definitiva.

Art. 363.- A solicitud del Presidente del IEPI, el Consejo Directivo, podrá dividir los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor mediante la

creación de salas especializadas en función de la materia y, en consecuencia aumentar el número de miembros de los comités.

Art. 364.- Los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, tendrán las siguientes atribuciones:

a) Tramitar y resolver las consultas que los directores nacionales formulen con respecto a las oposiciones que se presenten contra cualquier solicitud de concesión o registro de derechos de propiedad intelectual;

b) Tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión;

c) Tramitar y resolver las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de propiedad intelectual, con excepción de lo dispuesto en el artículo 277 de esta Ley; y,

d) Las demás establecidas en esta Ley.

Las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor se adoptarán por mayoría de votos, debiendo necesariamente consignarse el voto salvado, en caso de haberlo.

Art. 365.- Contra las resoluciones de los Comités de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales; y, de Derechos de Autor, no podrá proponerse ningún recurso administrativo, salvo el de reposición que será conocido por los propios Comités que la expidieron, pero no será necesario para agotar la vía administrativa. Contra las resoluciones de los comités se podrá plantear las acciones previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Sección VI

DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE LAS TASAS

Art. 366.- El IEPI tendrá autosuficiencia financiera. Prohíbese a toda autoridad distraer para otros fines fondos recaudados por el IEPI o afectos a su funcionamiento.

Art. 367.- Constituyen el patrimonio y recursos del IEPI:

a) Los bienes que adquiera a cualquier título;

b) El producto de la recaudación de las tasas que se establecen en la presente Ley;

c) El producto de las multas, según lo establecido en esta Ley;

d) El producto de la venta de la Gaceta de la Propiedad Intelectual u otras publicaciones que se efectuaren; y,

e) Los demás establecidos en la ley.

Art. 368.- Se establecerán tasas por los siguientes actos y servicios:

a) La presentación de solicitudes de registro, inscripción o concesión de derechos;

b) La presentación de solicitudes de renovación o modificación de los registros;

c) La inscripción de contratos;

d) Los certificados de concesión o registro de derechos;

e) El otorgamiento de copias certificadas de cualquier documento o acto administrativo;

f) El otorgamiento de certificados de búsquedas oficiales solicitados al IEPI;

g) Los exámenes previos a la concesión de patentes de invención o modelos de utilidad y al registro de obtenciones vegetales;

h) Los peritajes realizados por el IEPI;

i) Los procedimientos que se conduzcan para el ejercicio de la tutela administrativa;

j) La presentación de oposiciones;

k) La interposición de recursos administrativos;

l) Las solicitudes de cancelación;

m) El otorgamiento de información en medios magnéticos;

n) El mantenimiento de registros;

ñ) Mantenimiento de muestras vivas; y,

o) El uso de información tecnológica.

Art. 369.- Las tasas establecidas en el artículo anterior serán fijadas por el Consejo Directivo del IEPI en salarios mínimos vitales generales, teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad de la tasa con el costo del servicio y su eficiencia. Las tasas serán recaudadas y administradas por el IEPI.

Título Final

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 370.- En los casos en que la presente Ley prevé la posibilidad de ampliar o extender un plazo o término, se entenderá concedida dicha extensión por la autoridad administrativa competente, por el hecho de así haberlo solicitado el interesado.

Los plazos que expiren en días feriados vencerán en el primer día laborable siguiente.

Art. 371.- No se exigirá la legalización ni autenticación de documentos en trámites o solicitudes de registro de cualquier modalidad de propiedad intelectual, cuando se reivindique prioridad.

Art. 372.- Sin perjuicio de lo estipulado en la presente Ley, serán aplicables las disposiciones contenidas en los convenios o acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en el Ecuador.

En la aplicación e interpretación de las normas sobre propiedad intelectual tendrán preferencia aquellas que otorguen mayor protección. Por consiguiente, no podrá invocarse ni interpretarse ninguna disposición de la legislación nacional o de convenios internacionales en el sentido de

menoscabar, limitar, perjudicar, afectar o reducir el nivel de protección que se reconoce en beneficio de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

Art. 373.- El IEPI tendrá procedimiento coactivo para la recaudación de las multas y tasas previstas en esta Ley.

Art. 374.- Toda controversia en materia de propiedad intelectual, podrá someterse a arbitraje o mediación, de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997.

Para tal efecto el IEPI está autorizado a suscribir el respectivo convenio arbitral sin necesidad de consultar al Procurador General del Estado, salvo los casos previstos en la ley.

Art. 375.- (Derogado por la Disposición Reformatoria quinta, num.8 de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).

Art. 376.- A fin de garantizar la tutela del patrimonio biológico y genético del país prevista por la Constitución y en esta Ley, se considerará adquisición legal aquella que cumpla los requisitos para el acceso a los recursos biológicos y genéticos señalados por la Constitución y esta Ley, las decisiones andinas y, los tratados y convenios internacionales.

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS

Art. 377.- Se establece un sistema sui generis de derechos intelectuales colectivos de las etnias y comunidades locales.

Su protección, mecanismos de valoración y aplicación se sujetarán a una ley especial que se dictará para el efecto.

DEROGATORIAS

Art. 378.- Deróganse todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente Ley y expresamente las siguientes normas:

1. Ley de Derechos de Autor, publicada en el Registro Oficial No. 149, de 14 de agosto de 1976; a. Decreto Supremo No. 2821, publicado en el Registro Oficial No. 735, de 20 de

diciembre de 1978, así como su reforma mediante Ley No. 161, publicada en el Registro Oficial No. 984, de 22 de julio de 1992; y,

b. El reglamento a la Ley de Derechos de Autor, publicado en el Registro Oficial No. 495, de 30 de diciembre de 1977; y todos los demás decretos ejecutivos o acuerdos ministeriales relacionados con la materia que de cualquier forma se opongan o resulten incompatibles con las disposiciones de esta Ley.

2. Ley de Marcas de Fábrica, publicada en el Registro Oficial No. 194, de 18 de octubre de 1976;

3. Ley de Patentes de Exclusiva Explotación de Inventos, publicada en el Registro Oficial No. 195, de 19 de octubre de 1976; y,

4. Artículo 5 del Decreto Supremo No. 2241, de 6 de octubre de 1964, publicado en el Registro Oficial No. 360, de 26 de octubre de 1964.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Hasta que se expidan los reglamentos correspondientes, continuarán aplicándose los reglamentos a las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuanto no resulten incompatibles con las disposiciones de la presente Ley.

SEGUNDA.- Hasta cuando el Consejo Directivo del IEPI expida la resolución correspondiente, se aplicarán las tasas por servicios reguladas por el Acuerdo Ministerial No. 0144 de 19 de febrero de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 264 de 26 de febrero de 1998. Dichas tasas serán recaudadas directamente por el IEPI desde la fecha de vigencia de esta Ley y, destinadas para su funcionamiento.

Los ingresos, por aplicación del Acuerdo Ministerial referido en el inciso anterior, o de las tasas que por publicación de la Gaceta de la Propiedad Intelectual fijare el Consejo Directivo del IEPI, serán distribuidos sesenta por ciento en favor del IEPI y cuarenta por ciento a favor del MICIP para efectos del Decreto Ejecutivo No. 386 de 10 de junio de 1997, publicado en el Registro Oficial No. 89 de 18 de junio de 1997.

TERCERA.- Esta Ley se aplicará a todas las obras, interpretaciones o ejecuciones, producciones, emisiones u otro derecho de autor o derechos conexos, a los trazados de circuitos semiconductores a los que se refiere esta Ley, creadas con anterioridad a su vigencia, siempre que no hubieren pasado al dominio público. Para la determinación de la fecha en que pasarán al dominio público, una vez promulgada esta Ley, se estará a los plazos de protección que ésta establece.

Las solicitudes en trámite se resolverán de conformidad con esta Ley.

CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, subsistirá por el tiempo para el que fue concedido.

Las solicitudes en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, deberán resolverse de conformidad con esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 372 de esta Ley.

QUINTA.- (Reformado por la Disposición reformatoria Quinta, num. 3, de la Ley s/n, R.O. 544-S, 9-III- 2009).-Hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los tribunales distritales de lo contencioso administrativo conocerán sobre las causas relacionadas a esta materia de conformidad a las disposiciones y competencias atribuidas por la presente Ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por las juezas o jueces de lo civil.

Nota:

El Código Orgánico de la Función Judicial (R.O. 544-S, 9-III-2009) modificó la estructura orgánica de la Función Judicial, transfiriendo las competencias de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo a las salas de lo contencioso administrativo de las Cortes Provinciales, sin embargo, éstos seguirán en funciones hasta que el Consejo de la Judicatura integre las salas.

SEXTA.- Independientemente de la recaudación de los derechos patrimoniales por la respectiva sociedad de gestión, la recaudación de los derechos económicos por comunicación pública realizado a través de cualquier medio, de obras musicales con o sin letra y dramático musicales, estará a cargo de una entidad única conformada por la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE y

la Asociación de Productores de Fonogramas del Ecuador ASOTEC, entidad única que recaudará a título de gestión colectiva.

Hasta que entre en funcionamiento la entidad única recaudadora, la SAYCE continuará recaudando éstos derechos.

La entidad recaudadora única se conformará dentro de los sesenta días posteriores a la constitución del Consejo Directivo del IEPI.

SÉPTIMA.- La explotación de variedades vegetales realizada con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se sujetará a lo pactado y dará lugar al cobro de regalías. A falta de contrato escrito se observará:

a) El valor de regalías fijadas en los contratos para la misma variedad y especie durante los últimos tres años precedentes; y,

b) La liquidación de regalías pendientes de pago a que hubiere lugar, se la efectuará dentro de los ciento ochenta días a partir de la vigencia de esta Ley.

OCTAVA.- Los derechos de obtentor concedidos de conformidad con la legislación existente anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, subsistirán por el tiempo en que fueren concedidos. En lo relativo a su uso, goce, derechos, obligaciones, licencias y, regalías, se aplicarán las normas de la presente Ley.

Las solicitudes pendientes de resolución para la obtención de variedades vegetales se resolverán de conformidad a esta Ley.

NOVENA.- Para hacer efectiva la descentralización y desconcentración, será indispensable que la Dirección Nacional y las subdirecciones regionales dispongan de todos los recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos que permitan una administración eficaz de los procesos, especialmente en lo relacionado con el acceso por telecomunicación a la base de datos de la Dirección Nacional y, a la posibilidad de registrar "en línea" las horas exactas de presentación de las solicitudes. No podrán funcionar subdirecciones regionales hasta que no estén instalados los recursos informáticos y tecnológicos que permitan ingresar las solicitudes a la base de datos de la Dirección Nacional, en el mismo acto de la presentación.

DISPOSICIONES FINALES 1. La presente Ley, por su carácter de especial prevalece sobre cualquier otra que se le oponga.

2. Las disposiciones de esta Ley, sus reformas y derogatorias, están en vigencia desde las fechas de las correspondientes publicaciones en el Registro Oficial.

En adelante cítese la nueva numeración.

Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 (120, num. 6) de la Constitución Política de la República.

Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la República, publíquese en el Registro Oficial.

Quito, 29 de noviembre de 2006.

FUENTES DE LA CODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Constitución Política de la República.

2. Ley No. 83, publicada en el Registro Oficial No. 320, de 19 de mayo de 1998.

3. Ley No. 108, publicada en el Registro Oficial No. 367 de 23 de julio de 1998.

4. Ley No. 2000-16, publicada en el Registro Oficial No. 77, de 15 de mayo de 2000.

5. Resolución 161-2000-TP, publicada en el Registro Oficial No. 173, de 28 de septiembre de 2000.

6. Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 de 13 de enero del 2000.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

1. Codificación 2006-013 (Suplemento del Registro Oficial 426, 28-XII-2006)

2. Resolución 0004-2008-TC (Suplemento del Registro Oficial 441, 7-X-2008)

3. Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 544, 9-III-2009).

 
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Intellectual Property Law
Law No. 83 on Intellectual Property of May 8, 1998

Law on Intellectual Property*

[Extracts**]

TABLE OF CONTENTS***

Articles

Preliminary Title ...................................................................................................... 1–3
Book I
Title I: Copyright and Related Rights
Chapter I: Copyright
Section I: General Principles ..................................................................... 4–7
Section II: Subject Matter of Copyright .................................................. 8–10
Section III: Owners of Rights................................................................ 11–17
Section IV: Content of Copyright
Part I: Moral Rights.............................................................................. 18
Part II: Economic Rights ................................................................ 19–27
Section V: Special Provisions on Certain Works
Part I: Computer Programs............................................................. 28–32
Part II: Audiovisual Works ............................................................ 33–35
Part III: Architectural Works ............................................................... 36
Part IV: Works of Three-Dimensional Art and Other Works ........ 37–41
Section VI: Transfer and Assignment of Rights
Part I: Transfer on Death................................................................ 42–43
Part II: Contracts for the Exploitation of Works

* Spanish title: Ley de Propiedad Intelectual.

Entry into force: May 19, 1998.

Source: Registro Oficial, Year II, No. 320 of May 19, 1998.

Note: Translation by the International Bureau of WIPO.

** Only the provisions concerning copyright, as well as the provisions concerning intellectual property in general, are reproduced here. Those concerning industrial property are published in Industrial Property Laws and Treaties, ECUADOR— Text 1–001.

*** Added by the International Bureau of WIPO.

I. Contracts in General ................................................................... 44–49
II. Publishing Contracts.................................................................. 50–64
III. Phonographic Recording Contracts.......................................... 65–68
IV. Performance Contracts............................................................. 69–74
V. Broadcasting Contracts ............................................................. 75–76
VI. Contracts for Audiovisual Works ............................................ 77–78
VII. Advertising Contracts ................................................................... 79
Section VII: Limitation of and Exceptions to the Author’s Economic Rights
Part I: Term .................................................................................... 80–81
Part II: Public Domain ......................................................................... 82
Part III: Exceptions ........................................................................ 83–84
Chapter II: Related Rights
Part I: General Provision ................................................................ 85–86
Part II: Performers .......................................................................... 87–91
Part III: Phonogram Producers....................................................... 92–96
Part IV: Broadcasting Organizations ........................................... 97–101
Part V: Other Related Rights...................................................... 102–104
Part VI: Remuneration for Private Copying............................... 105–108
Chapter III: Collective Management Societies......................................... 109–119
Book II: Industrial Property
Chapter I: Protection of Inventions .................................................................. 120
Chapter II: Patents
Section I: Patentability Requirements ............................................... 121–126
Section II: Owners............................................................................. 127–130
Section III: Grant of Patents .............................................................. 131–147
Section IV: Rights Conferred by the Patent ...................................... 148–150
Section V: Invalidation of the Patent ................................................ 151–152
Section VI: Lapse of the Patent ................................................................. 153
Section VII: Compulsory Licensing.................................................. 154–158
Chapter III: Utility Models ....................................................................... 159–162
Chapter IV: Protection Certificates .......................................................... 163–164
Chapter V: Industrial Designs .................................................................. 165–173
Chapter VI: Layout-Designs (Topographies) of Semi conductor Circuits174–182
Chapter VII: Undisclosed Information ..................................................... 183–193
Chapter VIII: Trademarks
Section I: Requirements for Registration .......................................... 194–200
Section II: Registration Procedure .................................................... 201–215
Section III: Rights Conferred by the Trademark ............................... 216–219
Section IV: Cancellation of Registration........................................... 220–226
Section V: Invalidation of Registration............................................. 227–228
Chapter VII: Trade Names ....................................................................... 229–234
Chapter VIII: Trade Dress ........................................................................ 235–236
Chapter IX: Geographical Indications ...................................................... 237–247
Book III: Plant Varieties
2
Book IV: Unfair Competition ................................................................................. 284–287
Title I: Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights
Chapter I: General Principles ................................................................... 288–293
Chapter II: Intellectual Property Litigation
Section I: Hearings ............................................................................ 294–304
Section II: Provisional and Precautionary Measures......................... 305–318
Chapter III: Offenses and Sanctions ......................................................... 319–331
Book V: Administrative Protection of Intellectual Property Rights ....................... 332–345
Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI)

1 See Industrial Property Laws and Treaties, ECUADOR— Text 1–001 (Editor’s note).

2 Not reproduced here (Editor's note).

3 See Industrial Property Laws and Treaties, ECUADOR— Text 1–001 (Editor’s note).

Chapter I: Aims of the Institute ........................................................................ 346
Chapter II: Organization and Functions
Section I: General Provisions ............................................................ 347–348
Section II: President of the IEPI........................................................ 349–351
Section III: Management Board ........................................................ 352–353
Section III: National Directorates...................................................... 354–361
Section IV: Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and
Copyright Committees ...................................................................... 362–365
Section V: Economic Resources and Fees ........................................ 366–369
Final Title
General Provisions ........................................................................................... 370–376
Collective Rights ..................................................................................................... 377
Repeal Provisions .................................................................................................... 378
Transitional Provisions
Final Provisions

PRELIMINARY TITLE

1. The State shall recognize, regulate and guarantee intellectual property acquired in accordance with the Law, the Decisions of the Commission of the Andean Community and international treaties in force in Ecuador.

Intellectual property consists of the following:
1. copyright and related rights;
2. industrial property, which itself encompasses the following among other things:

(a) inventions;

(b) industrial designs;

(c) layout-designs (topographies) of integrated circuits;

(d) undisclosed information and commercial and industrial secrets;

(e) trademarks, service marks and commercial slogans;

(f) the distinctive features of stores and business establishments;

(g) trade names;

(h) geographical indications;

(i) any other intellectual creation intended for agricultural, industrial or commercial use;

3. new varieties of plants.
The provisions of this Law shall neither limit nor obstruct the rights enshrined in the
Convention on Biological Diversity or in any laws enacted by Ecuador on that subject.

2. The rights conferred by this Law shall apply equally to nationals and foreigners, whether residing in Ecuador or not.

3. The Ecuadorian Institute of Intellectual Property [Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual] (IEPI) is the administrative body competent to sponsor, promote, provide for, protect and defend, on behalf of the Ecuadorian State, the intellectual property rights recognized in this Law and in international treaties and conventions, without prejudice to civil and criminal actions on such matters, which shall be brought before the Judiciary.

BOOK I

TITLE I

COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Chapter I Copyright

Section I General Principles

4. The rights of authors and of others holding title to their works are hereby recognized and guaranteed.

5. Copyright shall come into being and be protected by virtue of the mere fact of the creation of the work, regardless of its merit, purpose or means of expression.

All works, performances, productions or broadcasts shall be protected, regardless of the country of origin of the work or the nationality or residence of the author or owner of rights. This protection shall likewise be recognized regardless of the place of publication or disclosure.
The recognition of copyright and related rights shall not be subject to registration or deposit or to compliance with any formality.
Related rights arise from the need to ensure the protection of the rights of performers and phonogram producers.

6. Copyright shall be independent of and compatible and susceptible of combination with

(a) the ownership and other rights inherent in the physical medium in which the work is incorporated;

(b) any industrial property rights that may subsist in the work;

(c) any other intellectual property rights recognized by law.

7. For the purposes of this Title, the terms listed below shall have the following meanings:

Anonymous work: A work in which the identity of the author is not mentioned at his own

wish.

Audiovisual work: Any creation expressed by a series of associated images, either with or

without incorporated sound, which is intended mainly to be shown with the aid of projection
apparatus or any other means of communicating the images and sound, regardless of the characteristics of the material medium in which it is embodied.

Author: The natural person who makes the intellectual creation.

Broadcast: The dissemination over a distance of sounds, images or both by any known or yet to be known medium or process, with or without the use of satellites, for reception by the public. It also includes the production of signals from a ground station for a broadcasting or telecommunication satellite.

Broadcasting: Communication to the public by wireless transmission. Broadcasting includes that which passes through a satellite from the injection of the signal, both in the upward stage (uplink) and in the downward stage (downlink) of the transmission, until such time as the program carried by the signal becomes accessible to the public.

Broadcasting organization: A person, whether natural person or legal entity, who decides on broadcasts and lays down the conditions for radio or television broadcasting.

Collection: Set of things commonly belonging to the same class or type.

Collective work: A work created by two or more authors on the initiative and responsibility of a person, whether natural person or legal entity, who publishes or discloses it in his own name, in which it is not possible to identify the authors or recognize their contributions.

Compilation: Grouping within a single body of scientific or literary text of various laws, items of information or other material.

Computer program (software): Any sequence of instructions or information intended to be directly or indirectly used in an automated reading device, computer or electronic or similar contrivance capable of processing data, for the performance of a function or task or the production of a specific result, whatever the form in which it is expressed or fixed. The computer program includes also the preparatory documentation, flowcharts and diagrams, the technical documentation and users’ manuals.

Contract work: The product of a contract for the making of a particular work, without there having been any employment or work relations between the author and the person commissioning the work.

Copy: Physical medium embodying the work or production, including both that resulting from original fixation and that resulting from an act of reproduction.

Database: A compilation of works, facts or data in printed form in a computer storage unit or in any other form.

Disclosure: The act of making the work available to the public for the first time, with the author’s consent, by any known or yet to be known means or process.

Distribution: The making available to the public of the original or copies of the work by means of sale, rental, public lending or any other known or yet to be known form of transfer of ownership, possession or tenancy of the said original or copy.

Domestic environment: Framework for family gatherings that take place in the residential house that serves as the natural location of the home.

Ephemeral recording: The temporary audio or audiovisual fixation of a performance or broadcast, effected by a broadcasting organization with its own facilities and used for its own broadcasts.

Expressions of folklore: Productions embodying characteristic elements of the traditional cultural heritage, consisting of the whole store of literary and artistic works created on the national

territory by unknown or unidentified authors who are presumed to be nationals of the country or members of its ethnic communities, which are handed down from generation to generation in such a way that they reflect the traditional artistic or literary aspirations of a community.

Fair use: Such use as does not interfere with the normal exploitation of the work or prejudice the legitimate interests of the author.

Fixation: The incorporation of signs, sounds or images, or the digital representation thereof, in a material medium that permits them to be read, perceived, reproduced, communicated or used.

License: Authorization or permit, granted by the owner of the rights to the user of the work or other protected production, for the use of the said work in a particular way and in conformity with the terms agreed upon in the contract. It does not transfer ownership of the rights.

Ownership: The status of the natural person or legal entity as owner of the rights recognized by this Book.

Performer: The person who presents, sings, reads, recites, interprets or in any other way performs a work.

Phonogram: Any exclusively audio fixation of the sounds of a performance or of other sounds, or of the digital representation thereof. Phonographic, magnetic and digital recordings are copies of phonograms.

Phonogram producer: A person, whether natural person or legal entity, on whose initiative and responsibility and under whose coordination the sounds of a performance or other sounds, or digital representations thereof, are first fixed.

Posthumous work: In addition to those not published during the lifetime of the author, those that have been published during his lifetime if on his death, the author has left them in a revised, completed, annotated or corrected state in such a way that they qualify to be new works.

Producer: A person, whether natural person or legal entity, who takes the initiative and responsibility for and assumes the coordination of the production of a work, for instance an audiovisual work or a computer program.

Publication: The production of copies placed at the disposal of the public with the consent of the owner of the rights concerned, provided that the availability of such copies allows the reasonable needs of the public to be satisfied, due account being taken of the nature of the work.

Publisher: The person, whether natural person or legal entity, who by virtue of a written contract with the author or his successor in title undertakes to effect the publication and disclosure of the work for his own account.

Related rights: The economic rights owned by performers, phonogram producers and broadcasting organizations in relation to communication to the public.

Reproduction: The fixing of the work in any medium or by any process, whether known or yet to be known, including temporary or permanent digital storage, and the production of copies of all or part thereof.

Retransmission: The re-emission of a signal or program received from another source, effected by the dissemination of signs, sounds or images, either by wireless transmission or by cable, wire, optic fiber or any other known or yet to be known process.

Successor in title: The person, whether natural person or legal entity, who on whatever ground has acquired rights recognized in this Title.

Three-dimensional work or work of fine art: An artistic creation whose purpose is to appeal to the senses of the person contemplating it, such as a painting, drawing, engraving or

lithograph. For the purposes of this Law, the definition does not include photographs, architectural works and audiovisual works.

Unpublished work: A work that has not been disclosed with the consent of the author or his successors in title.

Videogram: The fixed form of an audiovisual work.

Work: Any original intellectual creation capable of being disclosed or reproduced in any known or as yet unknown form.

Work of applied art: An artistic creation with utilitarian functions or incorporated in a utilitarian article, whether a work of handicraft or one produced on an industrial scale.

Work of joint authorship: A work created jointly by two or more natural persons.

Section II

Subject Matter of Copyright

8. Copyright protection shall cover all works of the mind in the literary or artistic field, regardless of their type, form of expression, merit or purpose. The right: recognized by this Title shall be independent of the ownership of the material object in which the work is embodied, and their enjoyment and exercise shall not be subject to the requirement of registration or compliance with any other formality.

Protected works shall include the following among other things:

(a) books, pamphlets, printed matter, correspondence, articles, short stories, tales, poems, histories, critiques, essays, messages, theater scripts, cinematographic works, television programs, lectures, speeches, lessons, sermons, pleadings in court, memoranda and other works of similar nature, expressed in whatever form;

(b) collections of works, such as anthologies or compilations and databases of all kinds which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute intellectual creations, without prejudice to the copyright subsisting in the said material or data;

(c) dramatic and dramatico-musical works, choreographic and mimed works and generally all staged works;

(d) musical compositions with or without words;

(e) cinematographic works and any other audiovisual works;

(f) sculptures and works of painting, drawing, engraving and lithography, and graphic short stories, cartoons and comics, including sketches or mockups and other three- dimensional works;

(g) projects, plans, models and designs for architectural works and works of engineering;

(h) illustrations, graphs, maps and drawings relating to geography, topography and science in general;

(i) photographic works and works expressed by processes analogous to photography;

(j) works of applied art, except that their artistic value may not be dissociated from the industrial character of the object in which they are incorporated;

(k) computer programs;

(l) adaptations, translations, arrangements, revisions, updates and annotations; compendia, summaries and excerpts and other transformations of a work that have been made on

the express authority of the authors of the original works, and without prejudice to their rights.
Without prejudice to the industrial property rights, the titles of radio or television programs and newsreels, newspapers, magazines and other periodical publications shall be protected for a year following the appearance of the last issue or the public airing of the last program, except in the case of annual publications or productions, in which case the term of protection shall be three years.

9. Without prejudice to the rights subsisting in the original work and the corresponding authorization, the following shall also qualify for protection as derived works, provided that they possess the characteristics determining originality:

(a) translations and adaptations;

(b) revisions, updates and annotations;

(c) summaries and excerpts;

(d) musical arrangements;

(e) all other transformations of a literary or artistic work.

Creations or adaptations based on a tradition expressed within a group of individuals and reflecting the expressions of the community concerned, its identity, its values handed down by word of mouth, by imitation or by other means, whether use is made of literary language, music, games, mythology, rituals, customs, crafts, architecture or other skills, shall respect the rights of the communities in accordance with the Convention that prevents the exportation, importation or transfer of cultural property and also the treaties adopted under the auspices of WIPO for the protection of such expressions against unlawful exploitation.

10. Copyright also protects the form of expression by which the ideas of the author are described, explained, illustrated or incorporated in his works.

The following do not qualify for protection:

(a) the ideas embodied in the works, processes, operating methods or mathematical concepts in themselves, systems or the ideological or technical content of scientific works or the industrial or commercial exploitation thereof;

(b) legal and regulatory provisions, judicial decisions and the enactments, agreements, deliberations and rulings of public bodies, including official translations thereof.

Section III Owners of Rights

11. Only a natural person may be an author. Legal entities may be owners of copyright as provided in this Book.

The ownership of rights shall be determined according to the provisions of the law of the country of origin of the work, in accordance with the provisions of the 1971 Paris Act of the Berne Convention.

12. The person whose name, pseudonym, initials, sign or other identifying mark appears on the work shall be presumed, in the absence of proof to the contrary, to be the author or owner thereof.

13. In a work of divisible joint authorship, each co-author shall be the owner of the rights in the part of which he is the author, unless otherwise agreed.

In a work of indivisible joint authorship, the rights shall belong jointly and pro indivisoto the co-authors, unless otherwise agreed.

14. Copyright shall not form part of any marital regime, and may be freely administered by the spouse who is the author or the successor in title to the author. However, the economic benefits deriving from exploitation of the work shall form part of the assets of the marital partnership.

15. Unless otherwise agreed, ownership of the copyright in a collective work shall be deemed to belong to the person, whether natural person or legal entity, who has organized, coordinated and directed the work, who may exercise the moral rights in relation to the exploitation of the work in his own right.

That person, whether natural person or legal entity, shall be considered the owner of the rights in a collective work who is mentioned as such on the work.

16. Unless otherwise agreed or specially provided in this Book, the ownership of works created in the course of employment relations shall accrue to the employer, who shall be authorized to exercise the moral rights in connection with the exploitation of the work.

In works created on commission, ownership shall accrue to the commissioning party in a non- exclusive form whereby the author shall retain the right to exploit them in a manner different from that provided for in the contract, provided that this causes no unfair competition.

17. In an anonymous work, the publisher whose name appears on the work shall be considered the representative of the author and shall be authorized to exercise and assert his moral and economic rights until such time as the author reveals his identity and justifies his authorship.

Section IV Content of Copyright

Part I Moral Rights

18. The following shall constitute unrenounceable, inalienable, unattachable and imprescriptible rights of the author:

(a) the right to claim authorship of his work;

(b) the right to keep the work unpublished or anonymous or to demand that his name or pseudonym be mentioned whenever it is used;

(c) the right to object to any distortion, mutilation, alteration or modification of the work that might prejudice his honor or reputation;

(d) the right of access to the sole or a rare copy of the work that is in a third party’s possession with a view to exercising the right of disclosure or any other right that may accrue to him;

(e) the right to claim indemnification for damages and prejudice, independently of the other actions provided for in this Law, in the event of violation of any of the rights provided for in the foregoing subparagraphs.

This right shall not allow it to be demanded that the work be moved, and access to the work shall be had in the place and manner that cause the least inconvenience to the possessor, who shall be indemnified where appropriate for any damages and prejudice caused him.
On the death of the author, the exercise of the rights provided for in subparagraphs (a)and

(c)above shall accrue to his successors in title without limitation in time.

The successors in title may exercise the right provided for in subparagraph (b)for a period of
70 years following the author’s death.

Part II Economic Rights

19. The author shall enjoy the exclusive right to exploit his work in any form and to derive profit therefrom, subject to the limitations provided for in this Book.

20. The exclusive right of exploitation of the work shall in particular include the right to effect, authorize or prohibit the following:

(a) reproduction of the work in any form or by any process;

(b) communication of the work to the public by any medium serving to disseminate words, signs, sounds or images;

(c) distribution of originals or copies of the work to the public by means of sale, rental or lease;

(d) importation;

(e) translation, adaptation, arrangement or other transformation of the work.

The exploitation of the work in any form, and especially in any of the forms enumerated in this Article, shall be unlawful without the express authority of the owner of the copyright, subject to the exceptions specified in this Law.

21. Reproduction shall be deemed to consist in the fixing or replication of the work in any medium or by any process that is known or may yet become known, including temporary or permanent digital storage in such a way as to permit perception or communication of the work or the production of copies of all or part of it.

22. Communication to the public shall be understood to mean any act by which two or more persons, whether in the same place or not, may, at a time individually chosen by them, have access to the work without the prior distribution of copies to each one of them, as in the following cases:

(a) stage performances, recitals, dissertations and public performances of dramatic;

dramatico-musical, literary and musical works in any medium or by any process;

(b) the public projection or showing of cinematographic and other audiovisual works;

(c) the broadcasting or communication to the public of any works by any medium that serves to disseminate, by wireless means, signs, sounds or images, or the digital representation thereof, whether simultaneously or not.

The transmission of coded program-carrying signals is likewise an act of communication to the public in so far as means of decoding the signals are made available to the public by the broadcasting organization or with its consent.
For the purposes of the foregoing two paragraphs, satellite means any satellite that operates on frequency bands reserved by telecommunications legislation for the dissemination of signals for reception by the public or for non-public individual communication, provided that in the latter case the circumstances in which individual reception of the signals takes place are comparable to those applicable in the first case;

(d) transmission of works to the public by wire, cable, optic fiber or other comparable medium, whether on subscription or not;

(e) the retransmission of a broadcast work by radio, television or any other wire or wireless means where it is effected by an entity different from the original one;

(f) the emission, transmission or reception of the broadcast work in a place accessible to the public by means of any appropriate device;

(g) public presentation and exhibition;

(h) public access to computer databases by telecommunication where the said databases incorporate or constitute protected works;

(i) the diffusion by any known or yet to be known process of signs, words, sounds or images, or the representation thereof, or other forms of expression of works.

Any communication shall be considered public where it goes beyond the strictly domestic circle.

23. By virtue of the right of distribution the owner of the copyright is entitled to make the original or copies of the work available to the public by means of sale, rental, public lending or any other form of transfer.

Rental means the making available of originals and copies of a work for use for a limited time in exchange for a direct or indirect economic or commercial benefit. The act of making available for exhibition purposes and of doing so for consultation on the spot shall be excluded from the concept of rental for the purposes of this provision.
Lending means the making available of originals and copies of a work through establishments accessible to the public for use for a limited time without direct or indirect economic or commercial benefit. The exclusions specified in the foregoing paragraph shall likewise apply to public lending.
The right of distribution by sale shall be exhausted on the first such sale, and solely with respect to successive resales within the country, but the exclusive right to authorize or prohibit the rental and public lending of the copies sold shall be neither exhausted nor otherwise affected.
The author of an architectural work or work of applied art may not object to the owner renting the building or work.

24. The right of importation shall entitle the owner of the copyright to prohibit the introduction into Ecuadorian territory, including by analog and digital transmission, of the original or copies of protected works, without prejudice to the same prohibition being available in relation to unlawful copies. This right may be exercised either in order to prevent the entry of the original and copies at border crossings or in order to secure the withdrawal from circulation or the suspension of distribution of such copies as may have already entered. This right shall not affect copies that form part of personal baggage.

25. The owner of the copyright shall have the right to apply, or demand that others apply, such means of technical protection as he considers appropriate, by the incorporation of devices or contrivances, the coding of signals or other tangible or intangible protection systems, to prevent the violation of his rights or make it impossible. Acts consisting in the importation, manufacture, sale, rental, servicing or distribution of or any other dealing in apparatus or means of deciphering or decoding coded signals or of evading or otherwise disabling the protection incorporated by the copyright owner, done without his consent, shall be assimilated to copyright infringement for the purposes of such civil actions and also for the exercise of such precautionary measures as may be appropriate, without prejudice to whatever penalties may be applicable to the offense.

26. Any of the following acts shall likewise constitute violations of the rights provided for in this Book:

(a) the removal or alteration of electronic rights management information without the appropriate authority;

(b) the distribution, importation or communication to the public of the original or copies of the work in the knowledge that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

Electronic rights management shall be taken to mean that embodied in copies of works or appearing in connection with the communication of a work to the public which identifies the work,
the author, the owners of any copyright or related right or information on the terms and conditions governing the use of the work, as well as the number and codes that represent such information.

27. The exclusive right of exploitation, or any of its forms individually, shall be susceptible of transfer and generally any act or contract provided for in this Law or possible under civil law. In the case of transfer, on whatever ground, the acquirer shall enjoy and exercise ownership. The transfer shall specify the forms to which it relates, in such a way that the assignment of the right of reproduction does not constitute assignment of the right of communication to the public, or vice versa, except where expressly stated.

Disposal of the physical object shall not imply any assignment or authorization in relation to the copyright in the work embodied in it.
The transfer of the exploitation rights in future works shall be valid if they are identified either specifically or by genre, but in that case the contract may not have a term in excess of five years.

Section V

Special Provisions on Certain Works

Part I Computer Programs

28. Computer programs shall be considered literary works and protected as such. That protection shall be granted independently of whether or not they have been stored in a computer and regardless of the form in which they are expressed, namely in man-readable form (source code) or in machine-readable form (object code), and whether or not they are operating programs or application programs, including flowcharts, plans, users’ manuals and generally those elements that determine the structure, sequence and organization of the program.

29. The owner of a computer program is the producer, namely the person, whether natural person or legal entity, who takes the initiative in and responsibility for the making of the work. The person whose name appears in the usual way on the original or copies of the work shall be considered the owner thereof, in the absence of proof to the contrary.

The owner shall in addition be entitled to exercise the moral rights in the work, including the right to decide on its disclosure, in his own name.
The producer shall have the exclusive right to make, or to authorize or prohibit the making of, modifications to or successive versions of the program and also programs derived from it.
The provisions of this Article may be amended by agreement between the authors and the producer.

30. The acquisition of a copy of a computer program that has been lawfully brought into circulation shall give its owner the exclusive right to do the following:

(a) make a copy of the machine-readable version of the program (object code) for security or back-up purposes;

(b) store the program in the internal memory of the equipment, whether or not the stored program is lost when the equipment is switched off, for the sole purpose of using the program and to the extent necessary;

(c) adapt the program for exclusive personal use, unless expressly prohibited and provided that the use is confined to the normal use provided for in the license. The acquirer may not on any ground transfer the physical medium embodying the program so adapted, or use it in any other way without express authority, according to general rules.

The authority of the owner of the rights shall be sought for any other use, including reproduction for the purposes of personal use or exploitation of the program by two or more persons via networks or other comparable systems that are known or may yet become known.

31. A computer program shall not be considered rented when it is not the essential subject matter of the contract. The program shall be considered the essential subject matter when the operational viability of the subject matter of the contract is directly dependent on the computer program supplied with it, as in the case of a computer that is rented with built-in programs.

32. The only exceptions to copyright applicable to computer programs shall be those laid down in Articles 30 and 31.
The provisions contained in this Part shall be so interpreted that their application does not prejudice the normal exploitation of the work or the legitimate interests of the owner of the rights.

Part II Audiovisual Works

work:

33. Unless otherwise agreed, the following shall be considered co-authors of an audiovisual

(a) the director or maker;

(b) the authors of the plot, the adaptation and the screenplay and dialogue;

(c) the author of the music specially composed for the work;

(d) the artist in the case of animated cartoons.

34. Without prejudice to the copyright in the existing works that may have been adapted or

reproduced, the audiovisual work shall be protected as an original work.
The authors of the existing works may exploit their contributions in a different genre, but the right to exploit the joint work, and also the right to exploit the works specially created for the audiovisual work, shall belong exclusively to the owner within the meaning of the following Article.

35. The producer, namely the person, whether natural person or legal entity, who takes the initiative in and responsibility for the making of an audiovisual work, shall be considered the owner of the said work. In the absence of proof to the contrary the person, whether natural person or legal entity, whose name appears in the usual form on the work shall be considered the producer.

The owner shall in addition be entitled to exercise the moral rights in the work, including the right to decide on its disclosure, in his own name.
All the foregoing shall be understood as being without prejudice to the express stipulations and reservations made between the authors and the producer.

Part III Architectural Works

36. The author of an architectural work may object to changes that alter the aesthetic or functional properties of his work.

Such alterations as may be necessary during or after the construction work shall require only authorization by the architect who designed the project, who may not deny such authorization unless he considers that the proposed alteration would affect the aesthetic or functional properties of his work.
The acquisition of an architectural project shall imply the right of the acquirer to carry out the projected work, but the written consent of its creator shall be necessary, in terms specified by him and in accordance with the Law on the Exercise of the Profession of Architect [Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura], for its use in other works.

Part IV Works of Three-Dimensional Art and Other Works

37. The acquirer of a physical object that incorporates a work of art shall, unless otherwise agreed, have the right to display the work in public in any connection.

38. Where the original of a work of three-dimensional art, or the original manuscript of a writer or composer, is resold by public auction, or where a dealer in such works intervenes directly or indirectly in such a resale in the capacity of buyer, seller or broker, the seller shall pay the author or his heirs, as appropriate, a share corresponding to five per cent of the selling price unless otherwise agreed. That right shall be unrenounceable and inalienable.

39. Those responsible for trading establishments, the dealer or any other person who has intervened in the resale shall be jointly liable with the seller for the payment of the said royalty, and shall give notice of the sale to the corresponding management society, or failing that to the author or his successors in title, within three months, enclosing the documents that relate to the settlement of the transaction.

40. The portrait or bust of a person may not be placed on the market without the consent of the said person, or after his death that of his successors in title. Publication of a portrait shall be free, however, where it is done solely for scientific, educational or cultural purposes or in connection with news or events that are in the public interest or have taken place in public.

41. The author of a photographic work or the taker of an ordinary photograph of a person must have the authorization of the person photographed, or after his death that of his successors in title, for the exercise of his copyright or related rights, as the case may be. The authorization shall be in writing and shall refer specifically to the type of use of the likeness that has been authorized. Nevertheless, use of the image shall be lawful where it has been taken in the normal course of public events and serves cultural or information purposes, or takes place in connection with news or events in the public interest.

The exceptions provided for in the foregoing paragraph shall not affect the copyright in the work of which the image forms part.

Section VI

Transfer and Assignment of Rights

Part I Transfer on Death

42. Copyright shall pass on to heirs and legatees in accordance with the provisions of the

Civil Code.

43. For any exploitation of the work in whatever medium to be authorized, the consent of the heirs who represent the majority shall be required.

Where the majority make use of the work or exploit it they shall deduct from the overall economic proceeds whatever costs have been incurred and shall hand over to those who were not able to give their consent the share accruing to them.

Part II Contracts for the Exploitation of Works

I. Contracts in General

44. Contracts authorizing the use or exploitation of works by third parties shall be executed in writing, shall be for a consideration and shall be for such term as they may specify, but may be renewed indefinitely by common consent between the parties.

45. The various forms of exploitation of the work shall be mutually independent, and because of that contracts shall be deemed to relate only to those forms of exploitation that are expressly

stated and to the territorial scope specified in the contract. All rights regarding which no express stipulation has been made shall be considered reserved, and in the absence of any provision on territorial scope it shall be taken to be the territory of the country in which the contract was executed.
Assignment of the right of reproduction shall constitute assignment also of the right of distribution by sale of those copies whose reproduction has been authorized where this may be naturally inferred from the contract or is essential for the purpose of the contract to be fulfilled.

46. Exclusive assignment of copyright shall confer on the assignee the right of exclusive exploitation of the work, which shall be binding on both third parties and the author himself. It shall also confer on the assignee the right to grant assignments or licenses to third parties and to enter into any transaction or contract for the exploitation of the work, without prejudice to the corresponding moral rights.

In the case of non-exclusive assignment, the assignee shall be authorized to exploit the work in the manner specified in the contract.

47. Without prejudice to the provisions on works created in the course of dependent employment relations, any assignment of economic rights in all works that the author may create in the future shall be null and void except where those works are clearly specified in the contract and where the term thereof does not exceed five years.

Any stipulation whereby the author undertakes not to create any work in the future shall likewise be null and void.

48. The owner of the copyright may also grant non-exclusive and non-transferable exploitation licenses to third parties. The acquisition of copies of works that are marketed by virtue of the corresponding license shall imply the acquirer’s consent to the terms of such licenses.

49. The person, whether natural person or legal entity, who has commissioned magazine articles, studies, photographs, other graphic work or other works susceptible of publication in newspapers, periodicals or other mass communication media shall have the right to publish the said works in the medium specified in the commission contract, and also to authorize or prohibit the use of the work in media similar or equivalent to those of its original publication. This shall be without prejudice to the author’s right of exploitation in different media that do not compete with the original publication.

Where such works have been made in the course of dependent employment relations, the author shall retain the right to independent publication in the form of a collection.
The provisions of this Article may only be amended by common consent between the parties.

II. Publishing Contracts

50. A publishing contract is a contract whereby the author or his successors in title assign to another person, called the publisher, the right to publish and distribute the work on his own account, at his own risk and on agreed terms.

51. Where the author has previously entered into a publishing contract in relation to the same work, or where the work has been published with his authorization or knowledge, he shall bring these circumstances to the publisher’s notice before the contract is entered into. If he fails to do so, he shall be liable for any damages and prejudice that might result.

52. The publisher may not publish the work with abridgements, additions, deletions or any other alterations without the written consent of the author.

53. The author shall retain the right to make such corrections, amendments, additions or improvements to his work as he considers appropriate prior to printing.

Where the alterations make the edition more costly, the author shall be obliged to defray the costs incurred on account of them, unless otherwise agreed. Where the alterations entail fundamental changes to the content or form of the work and are not accepted by the publisher, the work shall be considered withdrawn, and the author shall be obliged to pay for any damages and prejudice to third parties.

54. Where there is no agreement on the selling price of each copy, the publisher shall be entitled to set it.

55. Where the publishing contract sets a fixed period for termination and where on its expiry the publisher still has unsold copies of the work, the author may purchase them at cost price plus 10 per cent. That right may be exercised within 30 days following the expiry of the period, after which the publisher may continue to sell the copies on the same terms.

56. The publishing contract shall end, regardless of its specified term, when the edition is out of print.

57. The publisher’s right to publish one or more works by the same author separately shall not entitle him to publish them together. Conversely, the publisher’s right to publish an author’s works together shall not entitle him to publish them separately.

58. Any person who publishes a work shall be obliged to give at least the following information in a visible place on all the copies:

(a) the title of the work and name or pseudonym of the author, a statement that the work is anonymous, or the name of the compiler or adapter or author of the version concerned, as the case may be;

(b) the reserved rights notice, with an indication of the name of the copyright owner, the abbreviated name of the management society that represents him where it so requires, and the year and place of first publication;

(c) the names and addresses of the publisher and printer;

(d) the International Standard Book Number (ISBN), in accordance with Article 7 of the

Book Promotion Law [Ley de Fomento del Libro].

59. The publisher is prohibited from publishing a number of copies greater than that agreed with the author and, if he does so, the author may demand payment for the greater number of copies actually published, without prejudice to any sanctions and compensation that might be appropriate.

60. The publisher shall present the author or his representative, as provided in the contract, with the appropriate statements of account. In any case, the author or his representative shall have the right to inspect the account books and sales records of those who publish, distribute or sell such printed works, which information the publishers, distributors and sellers are obliged to keep.

61. Bankruptcy of the publisher shall not terminate the contract except where the printing of the work has not started. The rights of the bankrupt publisher may not be assigned if the author or the dissemination of his work would thereby be prejudiced.

62. The foregoing provisions shall apply, except where the nature of the exploitation of the work preclude such application, to publishing contracts for musical works.

63. Unless expressly agreed otherwise, the publisher or subcontracted publishers or licensees, as the case may be, shall be entitled to authorize or prohibit the inclusion of the work in phonograms, its synchronization for advertising purposes or any other form of exploitation similar to those authorized by the publishing contract, without prejudice to the author’s rights and the obligation to pay him the remuneration agreed in the contract once the publisher’s share has been deducted.

work.

64. The author shall be under the obligation to guarantee the authorship and originality of the

III. Phonographic Recording Contracts

65. A phonographic recording contract is a contract whereby the author of a musical work or his representative, or the publisher or the appropriate collective administration society authorizes a phonogram producer, against remuneration, to record or fix a work for reproduction on a phonographic disc, magnetic tape, digital medium or any other comparable device or mechanism for the purposes of reproduction and the sale of copies.

66. Unless otherwise agreed, the author’s remuneration shall be proportional to the value of the copies sold and shall be paid periodically.

67. Phonogram producers shall state the following on the physical media in which their phonograms are embodied:

(a) the title of the work, the names of the authors or their pseudonyms and that of the author of the version, as the case may be;

(b) the names of the performers, instrumental or choral ensembles shall be mentioned;

(c) the reserved rights notice in the form of the circled P symbol followed by the year of first publication;

(d) the business style of the phonogram producer, or the mark identifying him or it;

(e) the phrase: “All rights of the author and phonogram producer are reserved. Any reproduction, rental or lending to the public, or any form of public communication of the phonogram is prohibited”;

(f) as a compulsory feature, the printed serial number of the production run.

Any information that cannot be included for want of sufficient space on the labels of the copies shall be compulsorily printed on the jacket, sleeve or inlay card.

68. The provisions contained in Articles 64 and 66 shall be applicable as appropriate to the literary work that has been used as the text for a musical work or for recital or reading and subsequent fixing on a phonogram for the purposes of reproduction and sale.

IV. Performance Contracts

69. A performance contract is a contract whereby the owner of the rights in an intellectual creation assigns the right, or otherwise authorizes a natural person or legal entity, to perform the work on such terms as have been agreed.

Such contracts may be entered into for a specified term or for a specified number of public performances.
The provisions on the performance contract shall be applicable to other forms of communication to the public, as appropriate.

70. Where the author’s share has not been specified by contract, he shall be entitled to a minimum of 10 per cent of the total value of admissions to each performance and 20 per cent of those to the inaugural performance.

71. Where the impresario interrupts payments of the share accruing to the author, the competent authority, at the request of the copyright owner or his representative, shall order the suspension of performances of the work or the retention of the proceeds from admissions.

Where the same impresario has other works by different authors performed, the authority shall provide for the retention of the surpluses from collection, after the royalties for the works concerned and other costs have been met, up to the total of the amount owed to the unpaid author. In any event that author shall have the right to terminate the contract and withdraw the work from the impresario’s control, and shall be entitled to bring such other actions as may be appropriate.

72. In the absence of contractual provision, it shall be presumed that the impresario has acquired the exclusive right to have the work performed for six months following the inaugural performance, and for six further months without exclusivity.

73. The impresario may terminate the contract, forfeiting any advances that he may have paid the author, if the performance of the work is stopped on account of poor audience reception of the first three performances, or unforeseen circumstances, force majeureor any other circumstance beyond the impresario’s control.

74. The competent public officials shall not allow public presentations and performances if the authority of the owners of the works is not submitted.

V. Broadcasting Contracts

75. A broadcasting contract is a contract whereby the owner of the rights in an intellectual creation authorizes a broadcasting organization to transmit his work.

These provisions shall apply also to transmissions effected by wire, cable, optic fiber or another comparable means.

76. The authorization of the transmission of a work does not confer the right to broadcast it again or exploit it in public, unless otherwise agreed. The express authorization of the owners shall be required for the transmission of a work either to or in an external location.

VI. Contracts for Audiovisual Works

77. Exploitation of an audiovisual work by videocassette, cinema, television, broadcasting or any other means shall require prior agreement with the authors or performers, or where appropriate a contract entered into with the relevant management societies.

78. The distribution or showing of the audiovisual work may not be negotiated unless there has been a prior agreement with the collective management societies and the performers which fully guarantees payment of the performance royalties accruing to them.

VII. Advertising Contracts

79. Advertising contracts are contracts whose purpose is the exploitation of works for advertising purposes or for the identification of announcements or promotional material in any medium of communication.

Without prejudice to what is specified by the parties, the contract shall permit the communication of announcements or publicity for a period of up to six months following the first such communication, with each additional six-month period having to be paid for separately.
The contract shall specify the material medium in which the work is to be reproduced in the case of the reproduction right, and the number of copies constituting the print run where applicable. Every additional print run shall be by express agreement.
The provisions on publishing contracts, contracts for phonographic recording and contracts for audiovisual productions shall be subsidiarily applicable to these contracts.

Section VII

Limitation of and Exceptions to the Author’s Economic Rights

Part I Term

80. Economic rights shall last for the lifetime of the author and for 70 years following his death, regardless of the country of origin of the work.

In the case of works of joint authorship, the term of protection shall run from the date of the death of the last surviving co-author.
In the case of posthumous works, the period of 70 years shall begin to run on the date of the author’s death.
Where the author of an anonymous work does not make himself known in the course of the
70 years following the date of first publication, the work shall pass into the public domain. If, before that period expires, the name of the author is revealed, the provisions of the first paragraph of this Article shall apply.
If the identity of the author of a work published under a pseudonym is not known, it shall be considered anonymous.
If a collective work is disclosed in parts, the term of protection shall run from the date of publication of the last installment, part or volume.

81. If the ownership of a work belongs to a legal entity from the time of its creation, the term of protection shall be 70 years counted from the date of the making, disclosure or publication of the work, whichever is latest.

Part II Public Domain

82. On expiry of the terms of protection provided for in this Section, the works concerned shall pass into the public domain and consequently may be exploited by any person, subject to respect for the moral rights therein.

Part III Exceptions

83. The following acts, which shall not require authorization by the owner of the rights or be subject to any remuneration, shall exclusively be lawful subject to respect for proper practice and provided that the normal exploitation of the work is not adversely affected or the owner of the rights prejudiced thereby:

(a) inclusion in a given work of fragments of other, different works in written, audio or audiovisual form, and also that of isolated works of three-dimensional, photographic, figurative or other character, provided that the works have already been disclosed and that their inclusion is by way of quotation or for analysis, comment or critical assessment; such use may only take place for teaching or research purposes to the extent justified by the purpose of the incorporation, and the source and the name of the author of the work used shall be stated;

(b) the performance of musical works at official events connected with State institutions or religious ceremonies where attendance is free of charge, provided that the participants in the communication receive no specific remuneration for their involvement in the event;

(c) the reproduction, distribution and communication to the public of articles and comments on current events and matters of collective interest that are disseminated by social communication media, provided that the source and the name of the author are

given if the original article mentions them, and that no reserved rights notice has been included;

(d) dissemination by the press or broadcasting for informative purposes of lectures, speeches and similar works disclosed at assemblies, public meetings or public debates on matters of general interest;

(e) the reproduction of news of the day or miscellaneous news items that have the character of mere press information published by the press or broadcast, provided that the origin is stated;

(f) the reproduction, communication and distribution of works permanently located in public places by means of photography, painting, drawing or any audiovisual process, provided that the name of the author of the original work and the place in which it is located are mentioned, and that the purpose is strictly the dissemination of art, science and culture;

(g) the reproduction in a single copy of a work forming part of the permanent collection of a library or archive for the sole purpose of replacing it where necessary, in so far as the said work is not available commercially;

(h) ephemeral recordings that are immediately destroyed after broadcasting;

(i) the reproduction or communication of a disclosed work for the purpose of judicial or administrative proceedings;

(j) the parodying of a disclosed work, provided that this does not carry the risk of confusion with that work, or do harm to the work or to the reputation of the author or performer, as the case may be;

(k) lessons and lectures given in universities, colleges, schools and teaching and training centers in general, which may be annotated and collected by those to whom they are addressed for their personal use.

84. The physical ownership rights in a letter shall belong to the person to whom it was addressed, but its author shall retain all intellectual rights in it. The person to whom it was addressed may, if he has failed to obtain the permission of the author or his heirs or successors in title in spite of reasonable effort, apply to the court for authorization to disclose it in such manner and to such extent as may be necessary to defend his personal honor.

Chapter II Related Rights

Part I General Provision

85. The protection of related rights shall in no way affect copyright protection, nor may it be interpreted to the detriment of that protection.

86. The owners of related rights may invoke all the provisions of this Book for the protection of the rights provided for in this Section, with the exception of those whose nature precludes their application or regarding which this Section contains an express provision.

Part II Performers

87. Without regard to the economic rights and even after the transfer thereof, performers shall enjoy, in relation to their live performances or performances fixed on phonograms, the right to be identified as such, except where omission is dictated by the manner in which the performance is used, and also the right to object to any distortion, mutilation or other alteration of their

performances in so far as such acts may be prejudicial to their reputation. Those rights shall not lapse on the death of their owners.

88. Performers shall have the right to authorize or prohibit the communication to the public of their live performances, and also the fixing of their performances and the reproduction of the fixations by any means or process.

89. Notwithstanding the provisions of the foregoing Article, performers may not object to the communication of their performances to the public when they constitute a broadcast performance in themselves, or where the communication is done from a fixation made with their prior consent and published for commercial purposes.

Without prejudice to the exclusive right accorded them by the foregoing Article, performers shall have the right, in the cases provided for in the foregoing paragraph, to receive remuneration for the communication to the public of a phonogram containing their performances.
Unless otherwise agreed, remuneration collected pursuant to the foregoing paragraph shall be shared equitably between the phonogram producers and the performers in accordance with international conventions, independently of the economic rights of the author that are already provided for in the articles relating thereto.

90. Performers who take part together in one and the same performance shall designate a representative for the exercise of the rights recognized in this Part. In the absence of such designation they shall be represented by the conductor or leader of the vocal or instrumental ensemble who took part in the performance.

91. The term of protection of the rights of performers shall be 70 years, counted from the first of January of the year following that in which the performance took place or in which it was fixed, as the case may be.

Part III Phonogram Producers

92. Phonogram producers shall have the exclusive right to effect, authorize or prohibit the following:

(a) direct or indirect reproduction of their phonograms by any means and in any form;

(b) distribution to the public;

(c) importation, by any means, of lawful and unlawful reproductions of phonograms.

93. Exclusive licenses granted by the phonogram producer shall specify the rights that the licensee is authorized to exercise, in order to prove the legitimacy of the latter’s dealings with the appropriate administrative and judicial authorities.

94. Phonogram producers shall likewise have the exclusive right to effect, authorize or prohibit wire or wireless communication to the public.

95. A common management society may be formed for the collection of the remuneration accruing to authors, phonogram producers and performers for the communication to the public of their works, phonograms and performances, as the case may be.

96. The term of protection of the rights of the phonogram producer shall be 70 years, counted from the first of January of the year following the date of first publication of the phonogram.

Part IV Broadcasting Organizations

97. Broadcasting organizations shall have the exclusive right to effect, authorize or prohibit the following:

(a) retransmission of their broadcasts by any means or process;

(b) fixation and reproduction of their broadcasts, including that of any isolated image where it was first made accessible to the public in the broadcast;

(c) communication of their broadcasts to the public where it is done in places to which they have access against payment of an admission charge.

98. The broadcast referred to in the foregoing Article shall include the production of program- carrying signals destined for a broadcasting satellite, and also distribution to the public by an entity that relays or distributes the broadcasts of others that have been received from such a satellite.

99. It shall not be lawful without the authority of the broadcasting organization concerned to decode program-carrying satellite signals, receive them for profit-making purposes or disseminate them, or to import, distribute, sell, rent or in any way offer to the public apparatus or systems capable of decoding such signals.

100. For the purposes of the enjoyment and exercise of the rights provided for in this Part, comparable protection shall be accorded as appropriate to stations that relay programs to the public by wire, cable, optic fiber or any other similar means.

101. The term of the protection of the rights of broadcasting organizations shall be 70 years, calculated from the first day of the year following the date of the broadcast or transmission.

Part V Other Related Rights

102. The producer of motion pictures, with or without sound, that are not creations susceptible of description as audiovisual works shall have the exclusive right to effect, authorize or prohibit reproduction, communication to the public or distribution, including that of photographs taken in the course of the production of the audiovisual recording. This right shall last for 70 years counted from the first day of the year following the date of making, disclosure or publication, as the case may be.

Audiovisual recordings shall be understood to be fixations of moving pictures, with or without sound, that cannot be described as audiovisual works.

103. Any person who takes an ordinary photograph or by means of a comparable process makes another fixation that does not have the character of a photographic work shall enjoy the exclusive right to effect, authorize or prohibit the reproduction, distribution and communication to the public thereof on the same conditions as the creators of photographic works. This right shall last for 25 years counted from the first day of the year following the date of the making, disclosure or publication, as the case may be.

104. The person who first publishes an unpublished work that is in the public domain shall have the same exploitation rights in it, for a period of 25 years counted from the first day of the month following publication, as would have accrued to the author.

Part VI Remuneration for Private Copying

105. The private copying of works fixed on phonograms or videograms, and also the reprographic reproduction of printed literary works, shall be subject to compensatory remuneration in accordance with the provisions of this Part. That remuneration shall become payable by virtue of the distribution of physical media capable of embodying a sound or audiovisual fixation or of apparatus for the reproduction of phonograms or videograms, or of equipment for reprographic reproduction.

The remuneration shall accrue in equal parts to the authors, performers and phonogram producers in the case of phonograms and videograms, and shall likewise accrue in equal shares to the authors and publishers in the case of literary works.
Compensatory remuneration for the private copying of phonograms and videograms shall be collected by a single collecting agency common to authors, performers and phonogram and videogram producers, the sole corporate purpose of which shall be the collection on their behalf of the compensatory remuneration for private copying. In the same way, the collection of the compensatory fees for reprographic reproduction shall be carried out by a single collecting agency common to authors and publishers.
These management bodies shall be authorized by the IEPI and shall abide by the provisions of this Law.

106. The compensatory remuneration provided for in the foregoing Article shall be paid by the manufacturer or importer at the time of placing the following on the market:

(a) tapes or other material capable of embodying a sound or audiovisual fixation;

(b) reproduction equipment.

The percentage rate of compensatory remuneration for private copying shall be calculated according to the price of the recording material or reproduction apparatus, and shall be determined and laid down by the Board of Directors of the IEPI.

107. The person, whether natural person or legal entity, who offers material capable of embodying a sound or audiovisual fixation or reproduction apparatus to the public without having paid compensatory remuneration may not distribute the said material and apparatus and shall be jointly answerable with the manufacturer or importer for the payment of the remuneration, without prejudice to the right of the IEPI or of the competent courts, as the case may be, to withdraw the merchandise in question from the market until the said remuneration has been settled.

Failure to pay compensatory remuneration shall be punished with a fine corresponding to 300 per cent of what should have been paid.
Producers of phonograms or the owners of rights in the works to which this paragraph relates, or their licensees, shall not be liable for this remuneration in respect of material that they import.

108. Private copying shall be understood to mean the domestic copying of phonograms or videograms, or reprographic reproduction in a single copy carried out by the original acquirer of a lawfully circulating phonogram or videogram or literary work, for the exclusive purpose of non- profit-making use by the natural person who does it. Such copies may not on any account be used in a manner contrary to proper practice.

Private copying done on material or with reproduction apparatus for which compensatory remuneration has not been paid constitutes a violation of the relevant copyright and related rights.

Chapter III

Collective Management Societies

109. Collective management societies are legal entities under private law without gainful intent whose corporate purpose is the collective management of the economic rights of authors or related rights or both.

Membership of a collective administration society is voluntary for owners of copyright or related rights.

110. Collective management societies are obliged to administer the rights entrusted to them and are authorized to exercise them according to the conditions laid down in their own statutes, in the mandates entrusted to them and in the contracts that they have entered into with foreign counterparts, as the case may be.

The powers of representation conferred under the foregoing Article shall not detract from the right of the owners of rights to assert directly such rights as may be accorded to them in this Book.

111. Where there are two or more collective management societies for a given type of work, a single collecting agency shall be formed whose corporate purpose shall be exclusively the collection of royalties on behalf of the constituent members. Where the management societies do not agree to the formation and organization of and their representation on a collecting agency, its designation and composition shall be a matter for the National Directorate of Copyright.

112. Collective management societies shall be authorized by the National Directorate of Copyright and subject to its inspection, supervision and control. The National Directorate of Copyright may, either ex officio or at the request of a party, take control of a collective administration society if it does not conform to the provisions of this Chapter and the Regulations. Where it does take control, acts and contracts have to be authorized by the National Director of Copyright in order to be valid. The following shall be requirements for collective management societies to be licensed to operate:

(a) the statutes of the applicant society must meet the requirements laid down in this

Chapter;

(b) the data submitted and information supplied must show that the applicant society meets the prescribed conditions for efficient administration of the rights that are to be entrusted to its management.

113. Without prejudice to the provisions of the applicable legal provisions, the statutes of a management society shall in particular specify

(a) the conditions for the admission to membership of the owners of rights who apply for it and prove their eligibility;

(b) the fact that the General Assembly, composed of members of the society, is the supreme governing body and has been given prior authorization to approve tariff regulations and rule on the percentages to be set aside for administrative costs. That percentage may not in any event exceed 30 per cent of sums collected, the balance having to be distributed equitably among the various owners of rights in proportion to the actual exploitation of works, performances or phonograms, as the case may be.

114. Collective management societies are obliged to publish their financial statements annually in a nationally circulated communication medium.

115. Where the management society fails to fulfill its objectives or the provisions of this Chapter, the National Directorate of Copyright may suspend its operating license, in which case the management society shall retain its legal personality solely for the purpose of remedying the said non-fulfillment. Where it fails to do so within a maximum period of six months, the Directorate shall revoke its operating license.

Without prejudice to the foregoing, in all cases of suspension of an operating license, the society concerned may, under the supervision of the National Directorate of Copyright, collect royalties for the authors that it represents.
The proceeds from collection shall be deposited in a separate account in the name of the National Directorate of Copyright, and shall be transferred to the society once the decision to reinstate its operating license has been taken.

116. Collective management societies shall establish the tariffs for licensing the use of the works or productions that constitute its repertoire. The tariffs established by collective management societies shall be published in the Official Register by order of the National Directorate of

Copyright, provided that the requirements of form laid down in the statutes and in this Chapter for the introduction of the tariffs have been met.

117. Collective management societies may negotiate with organizations of users and may enter into tariff-setting contracts with them. Any interested party may acquaint himself with the tariffs if he so requests by writing to the management society concerned.

118. All broadcasting organizations and generally any person who habitually engages in any act of communication to the public shall keep catalogues, registers or monthly records which shall specify, in the order of dissemination, the titles of the works disseminated and the names of their authors or the owners of the corresponding copyright and related rights, and shall submit them to each of the management societies and to the single agency set up to collect royalties for communication to the public, for the purposes laid down in this Law.

The administrative, police or municipal authorities, which in every case perform the functions of supervision and inspection and in the course of their work learn of activities liable to give rise to the remuneration specified in the foregoing Article are obliged to inform the management societies accordingly.

119. Any person who exploits a work or production without having been granted the corresponding rights or the appropriate exploitation license shall pay, by way of indemnification, a surcharge of 50 per cent on the standard fee, calculated for the entire time during which the exploitation took place.

The same provision shall apply to collective management societies where they have granted licenses for works that they do not represent, having in any event to assure the licensee of undisturbed use and enjoyment of the corresponding rights.

BOOK II INDUSTRIAL PROPERTY

Chapter I Protection of Inventions

120. Inventions in all fields of technology shall be protected by the grant of invention or utility model patents.

All protection given to industrial property shall likewise ensure the protection of the country’s biological and genetic heritage; consequently, the grant of product or process patents that relate to elements of the said heritage shall be conditional on those elements having been acquired legally.

Chapter II Patents

Section I Patentability Requirements

121. A patent shall be granted for any invention of either a product or a process in any field of technology, provided that it is new, involves an inventive step and is industrially applicable.

122. An invention is new when it is not anticipated by prior art.

Prior art consists of everything that has been made accessible to the public by written or oral description, use or any other means prior to the filing date of the patent application, or where applicable the date of recognized priority.
For the sole purpose of determining novelty, prior art shall be regarded as including also the contents of any patent application pending before the National Directorate of Industrial Property whose filing or priority date is earlier than the priority date of the patent application under examination.
No account shall be taken, when patentability is ascertained, of disclosure of the contents of the patent within the year prior to the filing date of the application in the country, or within the year preceding the priority date if priority has been claimed, in so far as the said disclosure is attributable to

(a) the inventor or his successor in title;

(b) an office responsible for the grant of patents in any country that contravenes applicable legal provisions by publishing the contents of the patent application filed by the inventor or his successor in title;

(c) a third party, including public officials or State agencies, who may have obtained the information directly or indirectly from the inventor or his successor in title;

(d) an official order;

(e) a manifest abuse to the detriment of the inventor or his successor in title;

(f) the fact that the applicant or his successor in title has shown the invention at an officially recognized exhibition or fair, or where for academic or research purposes it has had to be made public for development to continue. In that case the person concerned shall, on filing his application, submit a declaration stating that the invention actually was shown, together with the appropriate certificate.

A pending patent application that has not been published shall be treated as undisclosed information and protected as such under this Law.

123. An invention shall be regarded as involving an inventive step if it would not have been obvious to a specialist with normal skills in the corresponding field, or cannot be obviously deduced from the state of the art.

124. An invention shall be considered industrially applicable where its subject matter may be produced or used in any productive activity, including services.

125. The following shall not be considered inventions:

(a) discoveries, scientific principles and theories and mathematical methods;

(b) material that already exists in nature;

(c) literary and artistic works, or any aesthetic creation;

(d) schemes, rules and methods for conducting intellectual activities, playing games or doing business, and also computer programs or computer software in so far as they do not form part of an industrially applicable invention;

(e) methods of presenting information.

126. The following are expressly excluded from patentability:

(a) inventions whose commercial exploitation necessarily has to be prevented in the interest of public policy or morality, including the protection of the health or life of persons or animals, the preservation of plants and the avoidance of serious damage to the environment or ecosystem;

(b) diagnostic, therapeutic and surgical methods for treating persons or animals;

(c) plants and animal breeds, and also essentially biological processes for breeding plants or animals.

For the purposes of the provisions of subparagraph (a) above, the following shall be considered contrary to morality and therefore unpatentable:

(a) processes for cloning human beings;

(b) the human body and its genetic identity;

(c) the use of human embryos for industrial or commercial purposes;

(d) processes for the modification of the genetic identity of animals that cause them to suffer without any substantial medical benefits to human beings or animals being obtained thereby.

Section II Owners

127. The right to the patent shall belong to the inventor. That right shall be transferable by

inter vivos transaction or on death.

The owners of patents may be natural persons or legal entities.
If two or more persons have made an invention jointly, the right shall belong jointly to all of them or to their successors in title.
A person who has confined himself to lending assistance in the making of the invention, without actually contributing inventive activity, shall not be considered either an inventor or a joint inventor.
Where two or more persons make the same invention independently of each other, the patent shall be granted to the one who files the first application or who claims the earliest priority, or to his successor in title.

128. Any person having a legitimate interest may claim and demand the status of true owner of a patent application, either before the National Directorate of Industrial Property in accordance with the established procedure for opposition or before the competent court, at any time up to three years following the grant of the patent.

129. The right to a patent for an invention made in fulfillment of a contract shall belong to the principal or employer, unless otherwise provided.

The same provision shall apply where a work contract does not require the employee to engage in inventive activity, if the said employee has made the invention using data or facilities made available to him by reason of his employment.
In the case provided for in the foregoing paragraph, the employee inventor shall have the right to a single payment of equitable remuneration in which due regard shall be had to the information and facilities provided by the firm and the personal input of the worker, and also the industrial and commercial importance of the patented invention, which, in the absence of agreement between the parties, shall be determined by the competent court on the advice of the IEPI. In the circumstances provided for in the first paragraph of this Article, the employee inventor shall have a similar right where the invention is of exceptional importance and goes beyond the implicit or explicit subject matter of the work contract. The right to remuneration provided for in this paragraph is unrenounceable.
In the absence of contractual provision or agreement between the parties on the amount of the said remuneration, it shall be set by the competent court on the advice of the IEPI. That remuneration shall be unrenounceable.
Where inventions have been made in the course or on the occasion of academic activity in universities or educational institutions, or with the use of the facilities or under the direction thereof, ownership of the patent shall accrue to the university or educational institution unless otherwise specified. The person who conducted the research shall be entitled to the remuneration provided for in the foregoing paragraphs.
Where in the case of inventions made in the course of employment relations the employer is a legal entity in the public sector, the latter may surrender part of the economic benefits of the innovations to its employee inventors in order to stimulate research activity. Those entities that receive public sector finance for their research shall reinvest part of the royalties that they receive for the marketing of such inventions with a view to generating a steady supply of research funds and stimulating researchers by making them participants in the proceeds from their innovations.

130. The inventor shall have the right to be mentioned as such in the patent; he may also object to such mention.

Section III Grant of Patents

131. The first application for a patent validly filed in a Member Country of the World Trade Organization or Member Country of the Andean Community or a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, or to any other treaty or convention to which Ecuador is also party that recognizes a right of priority having the same effect as that provided for in the Paris Convention, or in another country that grants reciprocal treatment to applications from countries members of the Andean Community, shall confer on the applicant or his successor in title a right of priority for a period of one year, counted from the date of the application, within which to apply for a patent for the same invention in Ecuador.

The application filed in Ecuador may not claim the priority of subject matter not included in the priority application, although the text of the specification and the claims do not necessarily have to correspond.

132. The application for a patent shall be filed with the National Directorate of Industrial

Property and shall contain the elements required by the Regulations.

133. The application shall be accompanied by the following:

(a) the title or name of the invention, with its description, an abstract, one or more claims and whatever plans and drawings may be necessary.

Where the invention refers to biological material that cannot be properly identified in the description, that material shall be deposited with a depositary institution authorized by the IEPI;

(b) proof of payment of the prescribed fee;

(c) a copy of the patent application filed abroad where priority is claimed;

(d) any other elements that may be required by the Regulations.

134. The National Directorate of Industrial Property shall, on receiving the application, except where the documents referred to in subparagraphs (a)and (b) of the foregoing Article have not been filed, certify the date and time at which the application was filed and shall assign a serial number to it which must be consecutive and continuous. If the said documents are missing, the application shall not be accepted for processing, neither shall it be granted a filing date.

135. The description shall be sufficiently clear and complete for a person skilled in the technical field concerned to be able to carry it out.

136. The patent application may only relate to one invention or group of inventions so interrelated that they constitute a single inventive concept.

137. The applicant may, before the publication referred to in Article 141, divide, amend, specify or correct the application, but he may not alter the subject matter of the invention or broaden the content of the national disclosure.
Every divisional application shall be accorded the filing date and, where applicable, the priority date of the divided application.

138. The National Directorate of Industrial Property or the applicant for a patent may suggest that the subject matter of the application be changed from an invention patent into a utility model patent or vice versa.

The converted application shall retain the filing date of the original application, and shall be subjected to the processing prescribed for the new title.

139. Where the application is withdrawn prior to publication, the file shall be kept in reserve.

140. The National Directorate of Industrial Property shall examine within the 15 working days following its filing whether the application complies with the requirements of form specified in this Chapter.

If it emerges from the examination that the application does not meet the said requirements, the National Directorate of Industrial Property shall inform the applicant so that he may complete it within a period of 30 days from the date of notification. The said period shall be renewable once for the same amount of time without loss of priority. On expiry of that period without any response from the applicant, the National Directorate of Industrial Property shall declare the application abandoned.

141. An extract from the application shall be published in the Intellectual Property Gazette before the month following that in which the application was completed, except where the applicant requests deferment of publication for up to 18 months.

Until such time as publication takes place, the file shall be in abeyance and may only be inspected by third parties with the applicant’s consent or where the applicant has initiated judicial or administrative proceedings against third parties on the basis of the application.

142. Within a period of 30 working days following the publication date, any person having a legitimate interest may make one submission of objections, with a statement of reasons, capable of challenging the patentability or ownership of the invention.

The period mentioned in the foregoing paragraph may be extended by a period of the same duration at the request of the party interested in filing opposition if he proves his need to inspect the description, claims and background of the application.
Any person who files opposition without a statement of grounds shall be liable for damages and prejudice, which may be sought before the competent court.

143. If opposition is filed within the period provided for in the foregoing Article, the National Directorate of Industrial Property shall inform the applicant so that, within 30 working days from the date of notification, which period may be extended once for the same amount of time, he may present his arguments if he sees fit, submit documents or redraft the claims or description of the invention.

144. The National Directorate of Industrial Property shall be obliged to conduct an examination of the patentability of the invention within a period of 60 days from the expiry of the periods specified in Articles 142 and 143. For the purposes of that examination, it may request reports from experts or scientific or technological bodies considered competent to issue an opinion on the novelty, inventive step and industrial applicability of the invention. It may also, if it sees fit, request reports from the competent national offices of other countries. All the information shall be
brought to the notice of the applicant, in order to guarantee his right to be heard under the conditions laid down in the Regulations.
The National Directorate of Industrial Property may recognize the findings of such examinations as technical rulings attesting the invention’s compliance with patentability criteria.
The technical rulings issued by the competent offices of countries or international organizations with which the IEPI has signed cooperation and technical assistance agreements shall be recognized by the National Directorate of Industrial Property for the purposes of the grant of the patent.

145. Where the final examination is favorable, the certificate attesting the grant of the patent shall be issued. If it is partly unfavorable, the patent shall be granted only in respect of the claims, accepted in a duly reasoned decision. If it is unfavorable the grant shall be refused, also by virtue of a reasoned decision.

146. The patent shall have a term of 20 years counted from the filing date of the application.

147. The International Patent Classification established by the Strasbourg Agreement of March 24, 1971, as updated and amended, shall be used for the ordering and classification of patents.

The class or classes to which a given invention belongs shall be decided by the National Directorate of Industrial Property in the certificate of grant, without prejudice to any information that the applicant may have given.

Section IV

Rights Conferred by the Patent

148. The scope of the protection conferred by the patent shall be determined by the content of the claims. The description and drawings or plans and any other element filed with the National Directorate of Industrial Property shall be used to interpret the claims.

Where the subject matter of the patent is a process, the protection afforded by the patent shall extend to products obtained directly by means of the process.

149. The patent shall confer on its owner the right to exploit the invention exclusively and to prohibit third parties from engaging in any of the following acts without his consent:

(a) manufacturing the patented product;

(b) offering the patented product for sale, selling it or using it, or importing it or storing it for any of those purposes;

(c) using the patented process;

(d) carrying out any of the acts mentioned in subparagraphs (a)and (b) in relation to a product obtained directly by means of the patented process;

(e) supplying or offering means of putting the patented invention into practice;

(f) any other act or fact that has the effect of making all or part of the patented invention, or its effects, available to the public.

150. The owner of a patent may not exercise the right provided for in the foregoing Article in any of the following circumstances:

(a) where the use takes place in a private circle and on a non-commercial scale;

(b) where the use takes place for non-profit-making purposes at an exclusively experimental, academic or scientific level;

(c) in the case of the importation of a patented product that has been placed on the market in any country with the consent of a licensee or of any other authorized person.

Section V Invalidation of the Patent

151. The Intellectual Property Committee of the IEPI may, either ex officio or at the request of a party, invalidate the registration of a patent in the following cases by means of the review procedure:

(a) if the subject matter of the patent is not an invention in terms of this Chapter;

(b) if the patent has been granted for an unpatentable invention;

(c) if it has been granted to a person who is not the inventor;

(d) if a third party, acting in good faith prior to the filing date of the application for the grant of a patent or the date of any priority claimed, has been manufacturing the product or using the process for commercial purposes within the country, or has made substantial preparations for engaging in manufacture or use for such purposes;

(e) if the patent has been granted by means of some other violation of the law that has materially brought about the grant or if it has been granted on the basis of inaccurate or false data, information or particulars.

152. The competent court shall invalidate a patent where it corresponds to one of the cases provided for in the foregoing Article where a complaint is filed after the expiry of the period laid down in the law for the conduct of the review procedure and before 10 days have elapsed following the date of grant of the patent, except where the review procedure has already taken place previously and resulted in final rejection.

Section VI Lapse of the Patent

153. In order to keep the patent, or where applicable the pending patent application, in force, the fees prescribed by virtue of this Law shall be payable.

Before declaring the lapse of the patent, the National Directorate of Industrial Property shall grant a period of six months for the interested party to effect payment of the fees referred to in the foregoing paragraph.

Section VII Compulsory Licensing

154. On a pronouncement by the President of the Republic concerning the existence of reasons of public interest, emergency or national security, and only for as long as such reasons prevail, the State may subject the patent to compulsory licensing at any time, in which case the National Directorate of Industrial Property may grant such licenses as may be applied for, without prejudice to the right of the owner of the patent to be remunerated in accordance with the provisions of this Section. The owner of the patent shall be given prior notice of the grant of the license in order that he may assert his rights.

The decision to grant a compulsory license shall specify the scope or extent thereof, and shall in particular specify the period for which it is granted, the subject matter of the license and the amount and payment conditions of royalties, without prejudice to the provisions of Article 156 of this Law.

The grant of a compulsory license for reasons of public interest shall not diminish the right of the owner of the patent to continue to work it.

155. At the request of the party and on a judicial ruling, the National Directorate of Industrial Property may grant compulsory licenses when practices are invoked that have been judicially declared contrary to free competition, and in particular where they constitute an abuse by the owner of the patent of his dominant position in the market.

156. The grant of compulsory licenses shall in any event be subject to the following:

(a) the prospective licensee must prove that he has tried to obtain authorization from the owner of the rights on reasonable terms and conditions, and that either his attempts have met with no response or have been responded to negatively within a period of not less than six months from the formal request in which such terms and conditions were mentioned in such a manner as to permit the owner of the patent to take a decision;

(b) the compulsory license shall not be exclusive and may not be either transferred or sublicensed otherwise than with the part of the business that serves for its industrial exploitation and with the consent of the owner of the patents; that consent shall be evidenced in writing and registered with the National Institute of Industrial Property;

(c) the compulsory license shall be granted mainly to supply the domestic market in cases where the goods concerned are not produced in or imported into the country, or the territory of a Member Country of the Andean Community or any other country with which Ecuador has a customs union or other agreement of equivalent effect;

(d) the licensee shall recognize the right of the owner of the patents to royalties for the non- exclusive working of the patent on the same business terms as would have been applicable in the case of a voluntary license. Those terms may not be less than those offered by the prospective licensee under subparagraph (a) of this Article and, in the absence of agreement between the parties and after notification of the decision of the National Directorate of Industrial Property on the grant of the license, shall be set by the said Directorate;

(e) the license shall be immediately revoked where the licensee fails to meet payments and other obligations;

(f) the compulsory license shall be revoked, either ex officio or on a reasoned request from the owner of the patent, where the circumstances that gave rise to it cease to obtain, without prejudice to the adequate protection of the legitimate interests of the licensee.

157. At the request of the owner of the patent or the licensee, the conditions of licenses may be amended by the National Directorate of Industrial Property where new circumstances dictate, and in particular where the owner of the patent grants another license on terms more favorable than those of the compulsory license.

158. Licenses that do not comply with the provisions of this Section shall be devoid of effect. With respect to voluntary licenses, due regard shall be had to the provisions of Book III4 ,

Section V, of the Acts and Contracts on Industrial Property and New Plant Varieties.

Chapter III Utility Models

159. A utility model patent shall be granted for any new form, configuration or arrangement of the elements of any artefact, tool, instrument, mechanism or other object or of any of the parts


4 See footnote 2 (Editor's note).
thereof which makes for better or different operation, use or manufacture of the object incorporating it or confers on it any usefulness, advantage or technical effect that it did not have previously, and any other new creation susceptible of industrial application that does not have sufficient inventive content for the grant of a patent.

160. Processes and materials excluded from patent protection may not be protected as utility models; likewise sculptures, works of architecture, paintings, engravings, prints or any other objects of purely aesthetic character shall not be considered utility models.

161. The provisions on patents shall be applicable to utility models as appropriate.

162. The term of protection of utility models shall be 10 years from the filing date of the application.

Chapter IV Protection Certificates

163. Any inventor who has an invention project under development and who in order to test or construct any mechanism is obliged to make his idea public may request a protection certificate which the National Directorate of Industrial Property shall grant him direct for a period of one year prior to the filing date of the patent application.

The holder of a protection certificate shall enjoy the right of priority for the filing of a patent application within the year following the date of grant of the certificate.

164. The request shall be filed with the National Directorate of Industrial Property and shall contain the elements prescribed by the Regulations. A description of the invention project and any other documents necessary for its interpretation shall be filed with the request.

Provided that the request complies with the prescribed requirements, the National Directorate of Industrial Property shall grant the protection certificate on the filing date thereof.

Chapter V Industrial Designs

165. New industrial designs shall be registrable.

Any combination of lines, shapes or colors shall be considered an industrial design and any three-dimensional shape, whether or not associated with lines or colors, shall be considered an industrial model, where either serves as a pattern for the manufacture of an industrial or craft product and differs in its specific configuration from similar ones.
Those industrial designs shall not be registrable whose appearance is dictated entirely by technical or functional considerations, and which do not embody any contribution made by the designer to give them a special appearance without altering their function or purpose.

166. Industrial designs shall not be new if, prior to the date of the application or validly claimed priority, they have been made accessible to the public by description, use or any other means.

Novelty shall not exist by virtue of the mere fact of the designs showing secondary differences in relation to earlier creations, or the fact that they are intended for another purpose.

167. The application for registration of an industrial design shall contain the requisite elements specified by the Regulations and shall be accompanied by a graphic or photographic reproduction of the industrial design and such other documents as the Regulations may prescribe.

The procedure for the registration of industrial designs shall be that laid down in this Law for the grant of patents, as appropriate. The examination of novelty shall take place only where opposition is filed.

168. The National Directorate of Industrial Property shall issue a certificate of industrial design registration. The registration shall have a term of 10 years from the filing date of the application.

169. The International Classification established by the Locarno Agreement of October 8,

1968, as amended and updated, shall be used for the ordering and classification of industrial designs.

170. The first application validly filed in a Member of the World Trade Organization, a country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a Member Country of the Andean Community or a country party to any other treaty or convention to which Ecuador is also party and which recognizes a right of priority having the same effects as that provided for in the Paris Convention, or in another country that grants reciprocal treatment to applications from Member Countries of the Andean Community, shall confer on the applicant or his successor in title a right of priority for a period of six months from the date of the application within which to file an application for registration in Ecuador.

171. The registration of an industrial design shall entitle its owner to prohibit third parties from using and exploiting the said design. The owner of the registration shall have the right to prevent third parties not having his consent from manufacturing, importing, offering for sale, selling, placing on the market or commercially using goods that reproduce the industrial design, or from producing or marketing articles with industrial designs that show only secondary differences in relation to the protected design or are similar in appearance.

172. In the review procedure, the Intellectual Property Committee of the IEPI may, either ex officio or at the request of a party, invalidate the grant of registration of the industrial design in the following cases:

(a) where the subject matter of the registration is not an industrial design within the meaning of this Law;

(b) where the registration has been granted in violation of the requirements laid down in this Law.

173. The competent court may invalidate an industrial design that corresponds to any of the cases provided for in the foregoing Article in response to a claim filed after expiry of the period laid down in this Law for the initiation of the review procedure and before five years have expired from the date of grant of the registration concerned, except where a review procedure has taken place previously and resulted in final refusal.

Chapter VI

Layout-Designs (Topographies) of Semiconductor Circuits

174. Integrated circuits and layout-designs (topographies) shall be protected as provided in this Chapter. To that end the following definitions shall be observed:

(a) “integrated circuit” means a product incorporating a semiconducting material in either its final or an intermediate form where the elements, at least one of them being an active element, and all or some of the interconnections form an integral part of the body or surface of a piece of material, the purpose of which is to perform an electronic function;

(b) “layout-design (topography)” means the three-dimensional arrangement of the elements, expressed in any form, at least one of them being an active element, and of all or some of the interconnections, of an integrated circuit, or such a three-dimensional arrangement designed for an integrated circuit that is to be manufactured;

(c) a layout-design (topography) shall be understood to be “fixed” in an integrated circuit where its incorporation in the product is sufficiently permanent or stable for the design to be perceived or reproduced for a period of more than temporary duration.

175. Exclusive intellectual property rights shall subsist in layout-designs (topographies) that are original in the sense that they are the result of intellectual effort on the part of the creator and are not commonplace among the creators of layout-designs (topographies) and the manufacturers of integrated circuits at the time of their creation.

A layout-design (topography) that consists of a combination of elements or interconnections that are commonplace shall also be protected where the combination, viewed as a whole, meets the conditions specified in the foregoing paragraph.
Layout-designs (topographies) whose design is dictated solely by the functions of the circuit to which it is applied shall not be eligible for protection.
The protection conferred by this Chapter shall not extend to ideas, processes, systems, operating methods, algorithms or concepts.
The rights of the owner in an integrated circuit shall be applicable independently of whether the circuit is incorporated in a product.

176. The person, whether natural person or legal entity, on whose initiative and responsibility a layout-design (topography) has been created or developed shall be entitled to the protection recognized in this Chapter. The owners shall be covered as from the moment of creation.

177. Layout-designs (topographies) may be registered with the National Directorate of Industrial Property. That registration shall be declaratory in character and shall constitute a presumption of ownership in favor of the person who has obtained registration.

Where the layout-design has not been registered, the burden of proving ownership shall be on the person who claims it.

178. On the filing of an application for registration, the National Director of Industrial Property shall ascertain whether it complies with the aspects of form prescribed by the Regulations, and in particular whether the information supplied is sufficient to identify the layout-design (topography), and shall grant the corresponding certificate of registration without further processing.

179. Protection shall be retroactive to the date of creation of the layout-design (topography), regardless of whether or not it has been registered.

The term of the protection recognized in this Chapter for layout-designs (topographies) shall be 10 years, counted from the date of first commercial exploitation anywhere in the world. Nevertheless, the said protection shall not be for less than 15 years following the date of creation of the layout-design (topography).

180. The owner of the registration of a layout-design (topography) shall have the exclusive right to do, authorize or prohibit the following:

(a) reproduce, by optical or electronic means or by any other known or yet to be known process, the layout-design (topography) or any of the parts thereof that complies with the originality requirement laid down in this Chapter;

(b) exploit by any means, including importation, distribution and sale, the protected layout- design itself or an integrated circuit incorporating the protected layout-design (topography) or an article incorporating the said integrated circuit in so far as it contains an unlawfully reproduced layout-design;

(c) any other form of exploitation of integrated circuits and layout-designs (topographies)

for commercial or profit-making purposes.
Any of the aforementioned acts shall be considered unlawful if they are not performed with the prior written consent of the owner.

181. The following acts performed without authorization from the owner shall not be considered unlawful:

(a) reproduction of the layout-design (topography) carried out by a third party for the sole purpose of research or teaching or evaluation and analysis of the concepts or techniques, the flowchart or the organization of the elements incorporated in the layout- design (topography) in the process of development of a layout-design (topography) which is itself original;

(b) incorporation by a third party of a layout-design (topography) in an integrated circuit, or any of the acts mentioned in the foregoing Article, where the third party, on the basis of evaluation or analysis of the first layout-design (topography) develops a second layout- design (topography) that meets the originality requirement provided for in this Chapter;

(c) importation or distribution of semiconductor products or integrated circuits that incorporate a layout-design (topography) where such objects are sold or otherwise lawfully brought into commercial channels by the owner of the protected layout-design or with his written consent;

(d) importation, distribution or sale of an integrated circuit that incorporates an unlawfully reproduced layout-design (topography) or in relation to any article that incorporates such an integrated circuit, where the person who performs or orders those acts did not know or did not have reasonable grounds to believe, on acquiring the integrated circuit or the article incorporating the integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design (topography). This exception shall no longer apply as from the moment at which the person referred to in this subparagraph has received from the owner or his representative a written communication on the unlawful origin of the said incorporation; in that case he may dispose of the object in which the layout-design (topography) has been incorporated, with the obligation to pay the owner a reasonable royalty, which, in the absence of agreement, shall be set by the competent court.

182. The owner of the rights in a layout-design (topography) may transfer it, assign it or license it in accordance with the provisions of this Law.

For the purposes of this Book, the sale, distribution or importation of a product incorporating an integrated circuit constitutes an act of sale, distribution or importation of the said integrated circuit in so far as it contains the unauthorized copy of a protected layout-design (topography).

Chapter VII Undisclosed Information

183. Undisclosed information relating to trade or industrial secrets or any other kind of confidential information shall be protected against acquisition, use or disclosure that has not been authorized by the owner in so far as

(a) the information is secret in the sense that, as a whole or in the exact configuration or arrangement of its elements, it is not generally known or readily accessible to those persons who belong to the circles that are usually concerned with the type of information involved;

(b) the information has an actual or potential commercial value attributable to its secrecy;

(c) given the circumstances, the person who legally has control over it has taken reasonable steps to keep it secret.

Undisclosed information may in particular relate to the nature, characteristics or purposes of goods, to production methods or processes or to means or methods of distributing or marketing goods or rendering services.
Also eligible for protection as undisclosed information is the technological content of manufacturing and production processes in general, and knowledge of the use and application of industrial techniques deriving from the knowledge, experience or intellectual skill kept confidential by a given person which enables him to secure or maintain a competitive or economic advantage over third parties.
For the purposes of this Chapter, the natural person or legal entity having legitimate control over the undisclosed information shall be considered the owner thereof.

184. The owner may institute the actions provided for in this Law to prevent undisclosed information from being made public, acquired or used by third parties, to stop any acts leading or bound to lead to such disclosure, acquisition or use, and to secure appropriate indemnification for such unauthorized disclosure, acquisition or use.

185. Without excepting other action contrary to proper custom or practice, the disclosure, acquisition or use of undisclosed information in a manner contrary to this Law may in particular be the result of

(a) industrial or commercial espionage;

(b) failure to meet a contractual or legal obligation;

(c) breach of confidence;

(d) inducement to commit any of the acts mentioned in subparagraphs (a), (b)and (c);

(e) acquisition of undisclosed information through a third party who knew, or only through negligence did not know, that such acquisition constituted one of the acts mentioned in subparagraphs (a), (b), (c) and (d).

186. Liability for the unauthorized disclosure, acquisition or use of undisclosed information in a manner contrary to proper and legal usage and practice shall attach not only to those who directly engage in such acts but also to those who derive benefit from such acts or practices.

187. The protection of undisclosed information provided for in Article 173 shall last for as long as the circumstances specified therein continue to obtain.

188. Information shall not be regarded as passing into the public domain or being disclosed by legal ruling where it is supplied to an authority by a person who has it in his possession in so far as the purpose is to obtain licenses, permits, authorizations, registration or any other official instruments.

The authority concerned shall be obliged to preserve the secrecy of such information and to take steps to ensure its protection against any unfair use.

189. Any person who has undisclosed information in his possession may transfer it to a third party or authorize a third party to use it. The authorized user shall be under the obligation not to

disclose it by any means, unless otherwise agreed with the person who transferred the secret to him or authorized him to use it.

190. Any person who, by reason of his work, employment, responsibility or position or who in the conduct of his profession or in his business dealings has access to undisclosed information shall refrain from using it and disclosing it without the consent of the owner and without just cause, as determined by the competent court, even where his employment relations or the conduct of his profession or his business dealings have come to an end.

191. If, as a condition of marketing approval for pharmaceutical products or agricultural chemicals that are used by new chemical entities that themselves produce chemicals, the submission of test data or other undisclosed information is required, which data or information has been obtained only with considerable effort, the authorities shall protect those data against any improper use, except where it is necessary to protect the public and where the necessary steps are taken to ensure the protection of the data against any improper use.

The party seeking marketing approval may specify what data or information the authorities may not disclose.
No one other than the person who submitted the data referred to in the foregoing paragraph may, without that person’s authorization, use such data in support of an application for the approval of a product for as long as the information has the characteristics mentioned in this Chapter.

192. For the purposes specified in the foregoing Article, the competent authorities shall abstain from demanding undisclosed information if the product or compound has been registered or certified earlier for marketing in another country.

193. The undisclosed information may be deposited with a notary public in an envelope sealed with sealing wax; the notary public shall notify the receipt thereof to the IEPI.

The aforesaid deposit shall not however constitute proof against the owner of the undisclosed information if that information has in any way been taken from him by the person who has made the deposit, or if the information has been supplied to him by the owner under some contractual arrangement.

Chapter VIII Trademarks

Section I Requirements for Registration

194. A trademark shall be understood to be any sign that serves to distinguish goods or services on the market. Signs that are sufficiently distinctive and susceptible of graphic representation may be registered as trademarks.

Advertising slogans may also be registered as trademarks provided that they do not contain allusions to similar goods or trademarks or expressions that might prejudice such goods or trademarks.
Associations of producers, manufacturers, service providers, organizations or groups of persons that have been legally established may register collective trademarks to distinguish the goods or services of their members on the market.

195. Signs may not be registered as trademarks where they

(a) cannot be trademarks in terms of Article 184;

(b) consist of the usual shape of the goods or their packaging, or of shapes or characteristics dictated by the nature of the operation of the product or service concerned;

(c) consist of shapes that lend a functional or technical advantage to the product or service to which they are applied;

(d) consist solely of a sign or of information that could serve in trade to designate or describe some characteristic of the product or service concerned, including laudatory expressions relating to them;

(e) consist solely of a sign or of information that constitutes the generic or technical name of the product or service concerned, or is a common or usual designation used for it in everyday language or in the business usage of the country;

(f) consist of a color in isolation without any outline to give it a specific shape, except where it is shown to have acquired distinctiveness as a means of identifying the goods or services for which it is used;

(g) are contrary to the law, morality or public policy;

(h) are liable to deceive business circles or the general public as to the nature, origin, method of manufacture, characteristics or suitability for use of the goods or services concerned;

(i) reproduce or imitate a protected appellation of origin, constitute a national or foreign geographical indication liable to mislead regarding the goods or services to which it is applied, or which in use might mislead the public as to the origin, provenance, properties or characteristics of the goods for which the trademarks are used;

(j) reproduce or imitate the name, armorial bearings, flags and other emblems, acronyms, denominations or abbreviated denominations of any State or international organization, where they are officially recognized, without the permission of the competent authority of the State or of the international organization concerned. Nevertheless, such signs may be registered where they do not cause any confusion regarding the existence of a link between the sign in question and the State or organization concerned;

(k) reproduce or imitate signs, seals or official hallmarks indicating control or warranty, except where their registration is applied for by the competent body;

(l) reproduce coins or banknotes that are legal tender within the territory of the country or of any other country, or securities and other business documents, seals, imprints or postage or tax stamps in general;

(m) consist of the denomination of a plant variety protected either within the country or abroad, or of a denomination essentially derived therefrom, except where the application is filed by the same owner.

Where the signs are not intrinsically capable of distinguishing the goods or services concerned, the National Directorate of Industrial Property may make registrations subject to the distinctiveness that they have acquired through use for the identification of the applicant’s goods or services.

196. Signs may likewise not be registered as trademarks where they violate third-party rights, such as those

(a) that are identical, or so similar as to risk causing confusion in the mind of a consumer, to a trademark previously filed for registration or registered by a third party for the protection of the same goods or services, or goods or services regarding which its use might cause confusion or association with the said trademark, or might harm its owner by diluting the trademark’s distinctiveness or commercial value or constitute unfair exploitation of its prestige or that of its owner;

(b) that are identical or so similar to a protected trade name that they are liable to cause confusion in the minds of consumers;

(c) that are identical or so similar to an advertising slogan filed for registration or registered earlier by a third party that they are liable to cause confusion in the minds of consumers;

(d) that constitute a reproduction, imitation, translation, transliteration or transcription, either total or partial, of a sign that is well known within or outside the country, regardless of the goods or services to which it is applied, when its use would be liable to cause confusion or association with that sign, to exploit its notoriety improperly or to dilute its distinctiveness or commercial value.

A sign shall be understood to be well known where it is identified by the relevant sector of the consuming public within the country or internationally.
This provision shall not be applicable where the applicant is the lawful owner of the well-known trademark;

(e) that are identical or similar to a sign of high renown, regardless of the goods or services for which the registration is sought.

A sign shall be understood to be of high renown where it is known to the general public within the country or internationally.
This provision shall not apply where the applicant is the lawful owner of the trademark of high renown;

(f) that consist of the full name, pseudonym, signature, title, nickname, caricature, likeness or portrait of a natural person other than the applicant, or of a person who is identified by the relevant sector of the public as being a person other than him, except where proof is given of the consent of that person or of his heirs;

(g) consist of a sign that suggests infringement of copyright, except where the consent of the owner of the copyright has been obtained;

(h) consist of, include or reproduce medals, prizes, diplomas or other awards, except where filed by the persons who present them.

197. In order to ascertain whether a trademark is well known, the following criteria among others shall be taken into account:

(a) the extent to which it is known in the relevant sector of the public to be a distinctive sign for the goods or services for which it is used;

(b) the scale and scope of the dissemination and advertising or promotion of the trademark;

(c) the age of the trademark and the constancy of its use;

(d) analysis of the production and marketing of the goods or services that lend distinction to the trademark.

198. In order to ascertain whether a trademark is of high renown, due regard shall be had, among other things, to the same criteria as in the foregoing Article, but the trademark must be known to the general public.

199. Where the trademark consists of a geographical name, the product may not be marketed, or the service may not be rendered, without a visible and clearly legible mention of the place of manufacture of the product or origin of the service.

200. The first validly filed application for the registration of a trademark in a Member Country of the World Trade Organization or member country of the Andean Community or country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property or to another treaty or convention to which Ecuador is also party and which recognizes a right of priority having the same effects as that provided for in the Paris Convention, or in another country that grants reciprocal treatment to applications from Member Countries of the Andean Community, shall give the applicant or his successor in title the right of priority for a period of six months, counted from the date of the application, for applying for registration of the same trademark in Ecuador. The said application may not relate to goods or services different from or additional to those mentioned in the first application.

The same right of priority shall be available by virtue of the use of a trademark at an officially recognized exhibition held within the country. The period of six months shall be calculated from the date on which the goods or services bearing the trademark concerned were first displayed, which shall be attested by a certificate issued by the competent authority responsible for the exhibition.

Section II Registration Procedure

201. The application for registration of a trademark shall be filed with the National Directorate of Industrial Property, shall relate to a single international class of goods or services and shall comply with the requirements specified in the Regulations.

202. The following shall be enclosed with the application:

(a) proof of payment of the prescribed fee;

(b) a copy of the first application for trademark registration filed abroad where priority is claimed;

(c) any other documents that may be prescribed by the Regulations.

203. Where registration of a collective trademark is applied for, the following shall be enclosed in addition:

(a) a copy of the statutes of the association, organization or group of persons applying for registration of the collective trademark;

(b) a copy of the rules used by the applicant seeking registration of the collective trademark to exercise control over the goods or services;

(c) a mention of the conditions on which and the manner in which the collective trademark is to be used;

(d) a list of members.

Once registration of a collective trademark has been secured, the association, organization or group of persons shall inform the National Directorate of Industrial Property of any change that may occur.

204. The National Directorate of Industrial Property shall, on receipt of the application, except where the document referred to in Article 202 (a) is enclosed, certify the date and time of its filing and assign to it a serial number which must be consecutive and continuous. If the document referred to in Article 202 (a) is missing, the application shall not be accepted for processing and no filing date shall be accorded to it.

205. The applicant for registration of a trademark may amend his original application at any stage in the prosecution thereof to the time of publication, but only with respect to secondary elements. He may likewise remove or restrict the goods or services specified. He may also expand

the list of goods or services within the same international class up to the time of the publication referred to in Article 207.
The National Directorate of Industrial Property may at any stage in the processing call upon the applicant to make alterations to his application. That request for alterations shall be processed in accordance with the provisions of the following Article.
On no account may the application be amended to change the sign.

206. Once the application has been accepted for prosecution, the National Directorate of Industrial Property shall examine, within 15 working days after the filing thereof, whether it complies with the requirements of form specified in this Chapter.

If it emerges from the examination that the application does not comply with the requirements of form, the National Directorate of Industrial Property shall notify the applicant so that, within a period of 30 days following the notification, he may remedy the defects.
If the defects have not been remedied within the period specified, the application shall be rejected.

207. If the application for registration meets the requirements of form, the National Directorate of Industrial Property shall order it to be published once in the Intellectual Property Gazette.

208. Within the 30 working days following publication, any person having a legitimate interest may file a duly reasoned opposition to the registration applied for. Any person claiming to have a legitimate interest in filing opposition may seek an extension of 30 working days within which to do so.

209. The National Directorate of Industrial Property shall not entertain oppositions included in any of the following cases:

(a) they are filed outside the prescribed time;

(b) they rely exclusively on an application whose filing or validly claimed priority date is later than the application for trademark registration that is being opposed;

(c) the opposition relies on the registration of a trademark that has coexisted with that for which registration is sought where the latter application for registration was filed by the person who was its last owner during the six months following the expiry of the period of grace in order to secure renewal of his registration.

210. The National Directorate of Industrial Property shall notify the applicant accordingly so that, within the 30 working days following the notification, he may present his arguments if he sees fit.

On expiry of the period referred to in this Article, the National Directorate of Industrial Property shall rule on the oppositions and on the grant or refusal of registration of the trademark, which ruling shall be set down in a duly reasoned decision. At any time prior to the issue of the ruling, the parties may negotiate an agreement which shall be binding on the National Directorate of Industrial Property. If however the parties consent to the coexistence of identical signs for the protection of the same goods or services, the National Directorate of Industrial Property may object if it considers that the general interests of consumers are adversely affected thereby.

211. On expiry of the period provided for in Article 198 without any opposition having been filed, the National Directorate of Industrial Property shall proceed to conduct the examination of registrability and to grant or refuse registration of the trademark. The corresponding decision shall be duly supported by reasons.

212. Registration of a trademark shall have a term of 10 years from the date of grant, and may be renewed for successive 10-year periods.

213. Renewal of a trademark registration shall be sought from the National Directorate of Industrial Property within the six months prior to the expiry of the registration. Nevertheless, the owner of the trademark shall have a period of grace of six months from the expiry date of the registration within which to apply for renewal. During the period in question, the trademark registration shall remain in full force.

Renewal shall require only the filing of the relevant application and shall be granted without further processing on the same terms as the original registration.

214. The trademark registration shall lapse as of right where the owner does not apply for renewal within the prescribed period extended by the period of grace.

215. The Nice International Classification of June 15, 1957, as updated and amended, shall be used to determine the international classes for trademark registration.

The International Classification referred to in the foregoing paragraph shall not determine whether goods or services are similar to or different from each other.

Section III

Rights Conferred by the Trademark

216. The right to exclusive use of a trademark shall be acquired by registration with the

National Directorate of Industrial Property.
The trademark shall be used as registered. The only variations allowed shall be those that entail only minor amendment or alteration of the registered sign.

217. The registration of the trademark shall confer on its owner the right to proceed against any third party who uses it without his consent, and especially performs, in relation to goods or services that are identical or similar to those for which the trademark has been registered, any of the following acts:

(a) use in trade of a sign identical or similar to the registered trademark in relation to goods or services that are identical or similar to those for which it has been registered, where the use of the sign is liable to cause confusion or do the owner economic or commercial harm or cause the distinctiveness of the trademark to be diluted.

The risk of confusion shall be presumed in the case of an identical sign used to distinguish identical goods or services;

(b) sale, offering or stocking for sale or marketing of goods, or the offering of services, under the trademark;

(c) importation or exportation of goods under the trademark;

(d) any other act which, by its nature or purpose, could be considered comparable or susceptible of assimilation to those provided for in the foregoing subparagraphs.

The trademark owner may prohibit all the acts specified in this Article, regardless of whether they are carried out on digital communication networks or via other known or yet to be known channels of communication.

218. Third parties may, provided that the use is made in good faith and does not constitute use as a trademark, use on the market, without the consent of the owner of the registered trademark, their own names, addresses or pseudonyms, a geographical name or any other specific information concerning the nature, quality, quantity, purpose, value, place of origin or time of production of

their goods or rendering of their services, or other characteristics thereof, provided also that the use is confined to identification or information purposes and is not capable of misleading the public as to the origin of the goods or services.
Registration of the trademark shall not give its owner the right to prohibit a third party from using the trademark to advertise, offer for sale or indicate the existence or availability of legitimately marked goods or services, or from using it to indicate the compatibility or suitability of spare parts or accessories usable with the goods bearing the registered trademark, provided that the use is made in good faith, is confined to the purpose of informing the public with a view to sale and is not liable to mislead it or confuse it as to the corporate origin of the goods concerned.

219. The right conferred by registration of the trademark does not give its owner the means of prohibiting the entry into the country of goods bearing the said owner’s trademark or that of his licensee or any other person authorized for the purpose where they have been sold or otherwise lawfully brought into circulation on the national market of any country.

Section IV Cancellation of Registration

220. The registration of a trademark shall be cancelled at the request of any interested party where, without just cause, it has not been used by its owner or his licensee in at least one of the Member Countries of the Andean Community or in any other country to which Ecuador is bound by treaties in force on the subject during the three consecutive years preceding the date on which the cancellation proceedings are brought. Cancellation of a registration for want of use of the trademark may also be sought as a defense in infringement, opposition or invalidation proceedings brought on the basis of the unused trademark.

The following shall be considered proof of the use of a trademark:

(a) business invoices that show the regularity and volume of marketing prior to the bringing of the action for cancellation of the registration for non-use;

(b) inventories of stocks of the merchandise identified by the trademark, their existence being certified by a company of auditors that shows the regularity of production or sale prior to the date on which the cancellation proceedings for non-use of the trademark are brought;

(c) any other suitable means of proof to attest the use of the trademark.

Proof of use of the trademark shall be the responsibility of the owner of the registration. Registration may not be cancelled where the owner shows that the non-use is due to force

majeure, unforeseen circumstances or restrictions on imports or other official enactments of restrictive character that are imposed on the goods and services protected by the trademark.

221. There shall be no cause for cancellation of the registration of a trademark where it has been used only in relation to one or some of the goods or services protected by the registration.

222. The registration of a trademark shall also be cancelled at the request of the lawful owner where the trademark is identical or similar to another that has come to be well known or has acquired high renown by the time of the application for registration.

223. Where a request for cancellation has been received, the owner of the registered trademark shall be notified accordingly so that, within a period of 30 working days from the notification, he may make such statements and submit such documents as he considers fit to prove use of his trademark.

On expiry of the period referred to in this Article, a duly-reasoned decision shall be issued ruling on whether or not to cancel the trademark registration.

224. A trademark shall be understood to be in use where the goods or services that it distinguishes have been brought into circulation or are available on the market under it in the quantity and form that are normally appropriate, due regard being had to the nature of the goods or services and the means by which their commercialization on the market takes place.

Subject to the provisions of the foregoing paragraph, a trademark shall also be considered in use in the following cases:

(a) where it is used to distinguish goods or services intended solely for export;

(b) where it is used by a duly authorized third party, even if the authorization or license has not been registered;

(c) where genuine goods have been placed and distributed on the market under the registered trademark by persons other than the owner of the registration.

It shall not be a ground for cancellation of registration of a trademark where it is used in a manner that differs from that in which it was registered but only in matters of detail or elements that do not alter its original distinctive character.

225. A person who has secured cancellation of a trademark shall have a preferential right to have it registered if he applies for registration within the three months following the date on which the decision finding for cancellation is confirmed or becomes a matter of record, as the case may be.

226. The owner of a trademark registration may renounce his rights either wholly or in part. If the renunciation is total, the registration shall be cancelled. Where it is partial, the registration shall be limited to the goods or services to which the renunciation does not relate.

Renunciation shall not be allowed if there are registered third-party rights, except with the express consent of the owners of the said rights.
Renunciation shall be binding on third parties only where a marginal note had been made concerning it in the original registration.

Section V Invalidation of Registration

227. By means of the review procedure the Intellectual Property Committee of the IEPI may declare the trademark registration invalid in the following cases:

(a) where registration has been granted on the basis of false data or documents that were essential to grant;

(b) where registration has been granted in violation of Articles 194 and 195 of this Law;
(c) where registration has been granted in violation of Article 196 of this Law;

(d) where registration has been obtained in bad faith. The following in particular shall be considered instances of bad faith:

1. where a representative, distributor or user connected to the owner of a trademark registered abroad applies for and obtains registration in his name of that trademark, or another that might be confused with it, without the express consent of the owner of the foreign trademark;
2. where the application for registration has been filed or the registration obtained by a person whose customary activity is the registration of trademarks for marketing;

(e) where registration has been obtained in violation of the established procedure or where any other violation of the law has materially influenced its grant.

228. The competent court may declare the trademark registration invalid where it is included in one of the cases provided for in subparagraphs (a), (c), (d) and (e) of the foregoing Article in response to a complaint filed after the period laid down in this Law for the initiation of the review procedure has expired and before 10 years have elapsed from the date of grant of the registration of the trademark, except where the review procedure has been initiated earlier and review finally refused.

In the case provided for in subparagraph (b) of the foregoing Article, the complaint may be filed at any time after the period laid down in this Law for the initiation of the review procedure has expired and provided that review has not been finally refused. In that case the request for invalidation may be filed by any person.

The invalidation of a registration shall be notified to the National Directorate of Industrial
Property for the making of a marginal annotation in the Register.

Chapter VII Trade Names

229. Trade name shall be understood to mean a sign or denomination that identifies a business or economic activity of a natural person or legal entity.

230. Trade names shall be protected without mandatory registration.

The right to the exclusive use of a trade name shall arise from at least six months of public and continuous bonafide use of the said name in trade.
Trade names may be registered with the National Directorate of Industrial Property, but the right to exclusive use thereof shall be acquired in the manner provided for in the foregoing paragraph. Registration shall however constitute a presumption of ownership in favor of its owner.

231. No sign or denomination may be adopted as a trade name that is liable to be confused with another previously used by another person or with a registered trademark.

232. The registration process for a trade name shall be that laid down for the registration of trademarks, but the duration of the registration shall be indefinite.

233. The owners of trade names shall have the right to prevent third parties, without their consent, from using, adopting or registering trade names or signs identical or so similar to them that they might create a risk of confusion or association.

234. The provisions of this Law on trademarks shall be applicable as appropriate to trade names. The provisions on well-known trademarks and trademarks of high renown shall apply to trade names that enjoy comparable notoriety or high renown.

Chapter VIII Trade Dress

235. Any set of colors, shapes, presentations, structures and designs characteristic of and specific to a business establishment that identifies and distinguishes it in the presentation of services or sale of products shall be considered trade dress.

236. Trade dress shall be protected in the same way as a trade name.

Chapter IX Geographical Indications

237. A geographical indication shall be understood to be that which identifies a product as originating in the territory of a country or in a region or locality in that territory where a particular

quality, reputation or other characteristic of the product is essentially attributable to its geographical origin, including both natural and human factors.

238. The use of geographical indications in connection with natural, agricultural, craft or industrial goods shall be reserved exclusively for the producers, manufacturers and craftsmen who have their production or manufacturing establishments in the locality or region designated or suggested by the indication or appellation concerned.

239. The right of exclusive use of Ecuadorian geographical indications shall be recognized on the basis of the corresponding declaration issued by the National Directorate of Industrial Property. Their use by unauthorized persons shall be considered an act of unfair competition, even in cases where they are accompanied by expressions such as “género” (“kind”), “clase” (“type”), “tipo” (“make”), “estilo” (“style”), “imitación” (“imitation”) and other similar expressions that also create confusion in the mind of the consumer.

240. Indications may not be declared geographical indications where they

(a) do not conform to the definition contained in Article 237;

(b) are contrary to morality or public policy or liable to mislead the public as to the origin, nature, method of manufacture or characteristics or qualities of the goods concerned;

(c) are common or generic indications serving to distinguish the product concerned, being considered such by those acquainted with the subject or by the general public.

241. The declaration of protection of a geographical indication shall be issued ex officio or at the request of persons who prove that they have a legitimate interest therein, by which are meant those persons, whether natural persons or legal entities, who devote themselves directly to the extraction, production or development of the product or the goods that are to be covered by the geographical indication. The authorities of the central or sectoral administration shall likewise be considered interested parties when the geographical indications concerned relate to their own areas of concern.

242. The request for the declaration of protection of a geographical indication shall be filed with the National Directorate of Industrial Property and shall contain the particulars specified in the Regulations.

243. Where the request is accepted for processing, the procedure prescribed for the registration of trademarks shall be applied.

244. The validity of the declaration that confers exclusive rights of use in a geographical indication shall be determined by the continuance of the circumstances that gave rise to it. The National Directorate of Industrial Property may revoke the declaration where the circumstances that gave rise to it change. Interested parties may request it once again when they consider that the circumstances determining its protection obtain once again.

245. The request to make use of a geographical indication shall be filed with the National Directorate of Industrial Property by persons who devote themselves directly to the extraction, production or development of the goods distinguished by the geographical indication and engage in that activity on the territory specified in the declaration.

246. The National Directorate of Industrial Property shall, either ex officio or at the request of a party, cancel the authorization to use a geographical indication, after the person who obtained it has been heard, if the conditions prescribed in this Chapter were not present when it was granted or if those conditions cease to be present thereafter.

247. The National Directorate of Industrial Property may declare the geographical indications of other countries protected where the request is filed by those of their producers, extractors,

manufacturers or craftsmen who have a legitimate interest, or by their authorities. Geographical indications must have been declared such in their countries of origin.
The protected geographical indications of other countries shall not be considered common or generic terms with which to distinguish any product for as long as the protection subsists.

BOOK III PLANT VARIETIES

5

BOOK IV UNFAIR COMPETITION

284. Any fact, act or enterprise that is contrary to fair dealing or practice in the conduct of economic activities shall be considered unfair competition.

The expression economic activities shall be understood in the broad sense that encompasses the work of professionals such as attorneys, doctors and engineers and those engaged in the conduct of any profession, craft or official duty in other areas.
For the definition of fair practice, reference shall be had to the criteria of national trade; nevertheless, in the case of acts or practices engaged in the context of international operations, or those that have links to two or more countries, the criteria determining fair practice that prevail in international trade shall be observed.

285. Acts to be regarded as constituting unfair competition shall in particular be those that are capable of creating confusion, regardless of the medium used, regarding the establishment, goods, services or commercial or industrial activity of a competitor; false assertions made in the course of trade that are liable to discredit the establishment, goods or services or commercial or industrial activity of a competitor and any other act liable to damage or dilute the intangible assets or reputation of the business; indications or assertions whose use in the course of trade might mislead the public as to the nature, manner of manufacture, characteristics, suitability for use or quality of the goods or the services rendered, or the disclosure, acquisition or use of secret information without the consent of the person responsible for it.

Such acts may relate among other things to trademarks, whether registered or not, trade names, business identifiers, the appearance of goods or establishments, the presentation of goods or services, celebrities or well known fictional characters, processes for the manufacture of goods, advantages of goods or services for specific purposes, qualities, quantities or other characteristics of goods or services, the geographical origin of goods or services, the conditions on which goods or services are offered or supplied, advertising that imitates, shows disrespect for or denigrates the competitor or his goods or services, unprovable comparative advertising and boycotting.
Dilution of intangible assets shall be understood to mean the lessening of the distinctiveness or advertising value of a trademark, trade name or other business identifier, the appearance of a product or the presentation of goods or services, or of a celebrity or well known fictional character.

286. Any act or practice shall likewise be considered an act of unfair competition, regardless of any actions that may be appropriate for violation of undisclosed information, where it takes place in the course of economic activities and consists in or has the effect of


5 See footnote 2 (Editor's note).

(a) unfair commercial use of undisclosed test findings or other secret data whose production has required a considerable effort and which have been submitted to the competent authority for the purpose of obtaining marketing approval for pharmaceutical products or agricultural or industrial chemicals;

(b) the disclosure of such data, except where it is necessary to protect the public and where action is taken to ensure the protection of the data against any unfair commercial use;

(c) the unauthorized retrieval, for unfair use in trade, of data whose production has required considerable effort.

287. Without prejudice to any other legal action that might be available, any aggrieved natural person or legal entity may bring the actions provided for in this Law, including provisional or precautionary measures.

The measures referred to in the foregoing paragraph may also be sought by labor unions or professional associations that have a legitimate interest in protecting their members against acts of unfair competition.

TITLE I

PROTECTION AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Chapter I General Principles

288. The violation of any of the intellectual property rights established by this Law shall give rise to the institution of civil and administrative proceedings, without prejudice to any criminal action that might be available where the act has been categorized as an offense.

The administrative protection of intellectual property rights shall be governed by the provisions of Book V of this Law.

289. In the event of infringement of the rights recognized by this Law, the following may be sought:

(a) the cessation of the infringing acts;

(b) the permanent confiscation of the goods or other objects resulting from the infringement, the definitive withdrawal of the merchandise constituting the infringement from commercial channels, and also its destruction;

(c) the definitive confiscation of the apparatus and other means used to commit the infringement;

(d) the definitive confiscation of the apparatus and other means used to store copies;

(e) indemnification for damages and prejudice;

(f) reparation in any other form for the effects caused by the violation of the rights;

(g) the total value of procedural costs.

The rights laid down in international treaties in force in Ecuador may also be demanded, especially those specified in the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) of the World Trade Organization.

290. For the owner of the copyright or related rights recognized by this Law to be recognized as such before any judicial or administrative authority, it shall be sufficient for the name or

pseudonym or any other denomination that leaves no doubt as to the identity of the natural person or legal entity concerned to appear in the usual way on or in connection with the work, performance, production or broadcast.

291. No authority, natural person or legal entity may authorize the use of a work, performance, phonographic production or broadcast or any other production protected by this Law, or lend support for its use, if the user does not have the express prior permission of the owner of the rights or his representative. He or it shall be jointly liable in the event of non-compliance.

292. Where the violation of rights takes place on digital communication networks, joint liability shall attach to the operator or any other person, whether natural person or legal entity, who has control over a computer system connected to the said network by means of which the communication, reproduction, transmission or any other act in violation of the rights provided for in this Law is permitted, promoted or facilitated, provided that the party concerned is aware or has been warned of the possible infringement, or could not have been unaware of it without serious negligence on his part.

It shall be understood that a person has been warned of the possibility of infringement when notice thereof, with a statement of reasons, has been served on him.
The operators or persons, whether natural persons or legal entities, referred to in this provision shall be exempted from liability for whatever acts they perform and technical measures that they take with a view to avoiding the occurrence or continuation of the infringement.
293. The owner of rights in trademarks, trade names or new plant varieties who establishes that the Inspectorate of Companies or Banks [Superintendencia de Compañías o de Bancos] has approved the adoption by companies under its supervision of a denomination that includes signs identical to the said trademarks, trade names or new plant varieties may apply to the IEPI through the appropriate channels of appeal for the suspension of the use of the denomination or business style in question in order to remove all risk of confusion or improper use of the protected sign.
The IEPI shall give notice to the parties and to the Inspectorate of Companies or Banks of the relevant ruling; the company shall have a period of 90 days from notification of the ruling by the IEPI within which to adopt another denomination or business style, which period may be extended once for the same amount of time provided that there is good reason for such extension.
Where a new denomination or business style is not adopted within the period specified in the foregoing paragraph, the Inspectorate shall proceed to wind up or liquidate the company.

Chapter II Intellectual Property Litigation

Section I Hearings

294. Jurisdiction for the hearing of disputes on this subject shall belong in the first instance to the district intellectual property magistrates [Jueces Distritales de Propiedad Intelectual] and in the second instance to the district intellectual property courts [Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual].
Cassation appeals lodged in this field shall be heard by the Special Intellectual Property Chamber of the Supreme Court of Justice [Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia].
295. District Intellectual Property Tribunal [Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual] No. 1 and also District Intellectual Property Court No. 1, shall have their jurisdictional headquarters in the
city of Quito, and shall exercise jurisdiction over the provinces of Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo and Sucumbíos.
District Intellectual Property Tribunal No. 2 and District Intellectual Court No. 2 shall have their jurisdictional headquarters in the city of Guayaquil, and shall exercise jurisdiction over the provinces of Guaya, Los Ríos, El Oro and Galápagos.
Distinct Intellectual Property Tribunal No. 3 and District Intellectual Property Court No. 3 shall have their jurisdictional headquarters in the city of Cuenca, and shall exercise jurisdiction over the provinces of Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago and Zamora Chinchipe.
Distinct Intellectual Property Tribunal No. 4 and District Intellectual Property Court No. 4 shall have their jurisdictional headquarters in the city of Portoviejo, and shall exercise jurisdiction over the provinces of Manabí and Esmeraldas.

296. Intellectual property jurisdiction shall be determined according to the rules laid down in

Articles 27, 28, 29 and 30 of the Code of Civil Procedure and in this Article.

The judges of the place in which the infringement has been committed shall likewise be competent to hear these actions.
In the case of transmissions via satellite, the infringement shall be understood to have been committed either in the place in which the transmission started or in the place in which the signal has mainly been made accessible to the public.
In the case of infringements committed over digital communication networks, the said infringements shall be considered committed either in the place in which the computer systems referred to in Article 292 are located or in the place in which the transmission has mainly been made accessible to the public.

297. Intellectual property actions shall be prosecuted in summary verbal proceedings subject to the modifications provided for in this Chapter.

298. In judgments on this subject matter it shall be permissible for there to be related cross- actions, which shall be ruled upon in the judgment handed down without the prosecution of the case being altered thereby. The cross-action shall be brought in the conciliation hearing, after the complaint has been answered. In the hearing itself the plaintiff shall answer the cross-action. If he fails to do so, this shall constitute outright rejection of the factual and legal grounds.

299. If, during the period, for submitting evidence, the production of testimonials is requested, the judge shall specify the day and hour for them to be submitted in an oral hearing, at which time the party who requested the testimonials shall formulate his questions and the other party may cross-examine.

300. Where expert opinion is required, an expert shall be designated by each party to the proceedings, except where the parties agree on the designation of a single expert.

Without prejudice to the expert or experts submitting their report or reports in writing, either of the parties may request of the court that the said expert or experts attend a hearing in order to speak on the questions formulated by the parties.
It shall be a cause for removal of district intellectual property judges, in addition to the causes provided for in the law, where they violate their mandate as specified in these provisions.

301. All the evidence requested within the appropriate period shall be submitted within the 30 days following its expiry, except where the parties request an extension by common consent.

302. The judge shall have the right to order the submission of evidence that is either available to the opposing party or in his possession, to which end he shall specify the day, place and time of such submission. Where the party called upon fails to submit the evidence the judge may, in order

to settle the matter, rely on such information as may have been supplied to him by the party who asked for the evidence.
Where either of the parties fails to supply information or access codes or in any way hinders the verification of apparatus, equipment or other media in which unauthorized reproductions may be stored, it shall be presumed that they violate intellectual property rights.
Where the case relates to violation of a process patent, the burden of proof on the lawfulness of the process used for the manufacture of the product shall be on the defendant.

303. Indemnification for damages and prejudice shall include losses sustained and loss of profit caused by the infringement. The amount of unrealized income shall be determined according to the following criteria among others:

(a) the profits that the owner would have earned if the violation had not taken place;

(b) the profits that the infringer earned as a result of the violation;

(c) the price, remuneration or royalty that the infringer would have had to pay the owner for lawful exploitation of the infringed rights;

(d) the reasonable costs, including fees for professional advice and assistance incurred by the owner in relation to the dispute.

304. Condemnatory rulings in civil actions for violation of intellectual property rights shall in addition impose on the infringer a fine of three to five times the total value of the copies of works, performances, productions or broadcasts, or of the royalties to which the owner of the rights would otherwise have been entitled for the lawful exploitation of that or other intellectual property material.

The fines collected under this provision shall be paid in a proportion of one-third to the IEPI
and one-third to the owner of the rights infringed, with the remaining third distributed as follows:

(a) the budget of the Judiciary;

(b) the Solidarity Fund;

(c) the promotion of science and technology through the IEPI.

Section II

Provisional and Precautionary Measures

305. Provisional and precautionary measures relating to intellectual property shall be processed according to Section XXVII, Title II, Book II of the Code of Civil Procedure, subject to the modifications provided for in this Section.

306. The judge shall order the case to be removed to a higher court where evidence is given of specific, concordant indications that would lead to the reasonable presumption of actual or imminent violation of the intellectual property rights recognized by this Law, or information leading to a reasonable and well-founded fear of their actual or imminent violation, given the provisional or precautionary nature of the measure and the infringement that may be involved.

The judge shall determine whether the requesting party is the owner of the rights, to which end account shall be taken of the presumptions provided for in this Law. In the absence of information supplied with the request that allows ownership to be presumed, the sworn statement enclosed with the request for the purpose shall suffice.

307. The judge shall demand of the plaintiff, given the circumstances, that he deposit a bond or sufficient security to protect the plaintiff and prevent abuse.

308. In order to prevent the infringement of any of the rights provided for in this Law from occurring or continuing, to prevent merchandise, including imported merchandise, from entering commercial channels, or to preserve relevant evidence relating to the alleged infringement, the courts shall be entitled to order, at the request of a party, such provisional or precautionary measures as may be necessary, according to the circumstances, for the urgent protection of the said rights, including the following:

(a) immediate cessation of the unlawful activity;

(b) suspension of the activity consisting in use, exploitation, sale, offering for sale, importation or exportation, reproduction, communication or distribution, as the case may be;

(c) any other measure that would prevent the continued violation of rights.

A confiscation order may be issued on the income earned by means of the infringing activity, property guaranteeing payment of indemnification and the goods or merchandise violating an intellectual property right, and also on the equipment, apparatus and other means used to commit the infringement and the originals that served for the reproduction or communication.
Retention may be ordered in respect of money owed for exploitation or remuneration.
A ban on leaving the country shall be ordered where the defendant has no domicile or permanent establishment in Ecuador.

309. Immediate cessation of the unlawful activity may include the following:

(a) suspension of the infringing activity or prohibition of the infringer from resuming it, or both;

(b) provisional closure of the premises or establishment, which shall be ordered where the infringing merchandise or unlawful copies represent a substantial part of the usual business of the infringer;

(c) withdrawal of the merchandise, unlawful copies or infringing objects from the market, and their judicial deposit;

(d) disablement of materials or objects connected with the infringement, and where necessary destruction of molds, plates, printing blocks, instruments, negatives, plants or parts thereof and other material intended for the use of patented inventions, the printing of trademarks, unauthorized reproduction or communication, or anything used predominantly to facilitate the removal or disablement of any technical protection or electronic information device, the intended use thereof being mainly for acts in violation of any intellectual property rights;

(e) any other measure that proves necessary for the urgent protection of intellectual property rights, given the nature and circumstances of the infringement.

310. The measures shall be carried out in the presence of the judge, if the plaintiff so requests, who may be assisted by the necessary experts or IEPI officials and whose ruling on the proceedings shall be set down in the appropriate record and shall be used for implementation. The order issued by the judge under the foregoing Article shall mean that no further formality or additional ruling is required for whatever practical intervention may be necessary for the full implementation of the precautionary measure, including the breaking of locks or seals, without prejudice to the judge’s right at the time of the proceedings, to order any other precautionary measure that might prove necessary for the urgent protection of rights, either ex officioor at the verbal request of a party.

311. Requests filed for the ordering of a precautionary measure, and the corresponding rulings, shall be in the reserved category and shall have reserved status and shall not be notified to the party proceeded against until after implementation.

312. Where the plaintiff states that proof of the violation of rights calls for prior judicial inspection, the judge may so provide without notifying the opposing party and may in the course of the inspection order the appropriate precautionary measures. To that end he shall agree with the officials who have to implement the measures.

313. In the case of works electronically fixed on digital data devices or by comparable processes, or those that are difficult to access or liable to do serious harm to the defendant, the judge may if he sees fit after consulting the plaintiff, order that the confiscated property remain in the custody of the defendant after having been identified, itemized and recorded, without prejudice to the confiscation of fixations on removable carriers.

The judge may place seals on the property identified, itemized and recorded.
314. When the precautionary measure has been carried out, the complaint shall be notified to the defendant and the judge shall order the start of the period for the submission of evidence provided for in Article 917 of the Code of Civil Procedure.
The precautionary measures shall lapse if, within a period of 15 days of their having been carried out, the main action is not brought.
In cases where provisional measures are revoked or lapse owing to action or omission on the part of the plaintiff, or where it is subsequently established that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the competent court shall order the plaintiff, at the request of the defendant, to provide indemnification for damages and prejudice.
315. Judges who do not comply with the provisions of Article 73 of the Code of Civil Procedure within the 48 hours following receipt of the complaint, or without good reason refuse to take a precautionary measure, shall be liable to the owner of the rights for any harm done, without prejudice to such criminal action as may be appropriate.

316. In order to protect trade secrets or confidential information in the course of the implementation of the precautionary measures provided for in this Law, only the judge or the expert or experts appointed by him shall have access to the information, codes or other material to the extent absolutely necessary for the implementation of the measure. Those persons may be present on the defendant’s side whom he has delegated, while the plaintiff may be assisted by his legal representative. All those who in that way have access to such information shall be under the obligation to observe absolute discretion and shall be liable to the actions that this and other laws specify for the protection of trade secrets and confidential information.

317. Officials appointed by the IEPI may intervene as experts either in the implementation of precautionary measures or in the evidentiary proceedings. The judge shall be obliged at a party’s request to seek the intervention of such officials as experts.

318. Judges shall in addition abide by the procedures and measures laid down in international intellectual property conventions or treaties in force in Ecuador in so far as they are applicable. Judges shall be exempt from liability under Article 48 paragraph 2 of the Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).

Chapter III Offenses and Sanctions

319. Any person shall be punished with imprisonment for three months to three years and to a fine of 500 to 5,000 constant value units (UVCs), due account being taken of the degree of financial

prejudice caused, who in violation of intellectual property rights stocks, manufactures, uses for commercial purposes, offers for sale, sells, imports or exports

(a) a product covered by an invention or utility model patent obtained within the country;

(b) a product manufactured by means of a process covered by a patent obtained within the country;

(c) a product embodying an industrial design registered within the country;

(d) a new plant variety registered within the country, and also its reproductive or vegetative propagating material;

(e) a layout-design (topography) registered within the country, a semiconductor circuit incorporating such a layout-design (topography) or an article incorporating such a semiconductor circuit;

(f) a product or service that uses an unregistered trademark identical or similar to a well- known trademark or trademark of high renown that is registered within or outside the country;

(g) a product or service that uses an unregistered trademark identical or similar to a trademark registered within the country;

(h) a product or service that uses an unregistered trademark or geographical indication identical or similar to a geographical indication registered within the country.

In the cases provided for in subparagraphs (g) and (h), the goods or services for which the unregistered sign is used must be identical or similar to those protected by the marks or geographical indications registered within the country.

320. Those persons shall be punished with the same sanction as that specified in the foregoing

Article who, in violation of intellectual property rights,
1. disclose, acquire or use trade or industrial secrets or confidential information;
2. use in connection with goods or services or business transactions trademarks or geographical indications that are not registered within the country and constitute an imitation of well-known distinctive signs or signs of high renown that are registered within the country or abroad and might reasonably be confused with the original;
3. use, in connection with goods or services or business transactions, trademarks or geographical indications constituting imitations of distinctive signs registered within the country that might reasonably be confused with the originals to distinguish goods or services that could be substituted for the protected ones.

321. Those persons shall be punished with imprisonment for a month to two years and a fine of 250 to 2,500 UVCs, due account being taken of the degree of financial prejudice caused, who, in violation of intellectual property rights, use trade names in which they have not acquired rights that are identical to trade names well known to the public within the country or trademarks registered within the country, or to well-known trademarks or trademarks of high renown registered within the country or abroad.

The sanction specified in the foregoing paragraph shall likewise be imposed on persons who, in violation of intellectual property rights, use a trade dress identical or similar to a trade dress that is well known to the public within the country.

322. Those persons shall be punished with imprisonment for a month to two years and a fine of 250 to 2,500 UVCs, due account being taken of the degree of financial prejudice caused, who, in violation of intellectual property rights,

(a) manufacture, market or stock labels, seals or packages that feature trademarks of high renown or well-known trademarks registered within the country or abroad;

(b) manufacture, market or stock labels, seals or packages that contain trademarks or appellations of origin registered within the country;

(c) separate, remove, replace or appropriate labels, seals or packages that embody lawful trademarks with a view to using them for products of different origin.

The same sanction shall be imposed on those who stock, manufacture, use for commercial purposes, offer for sale, sell, import or export articles that contain false information on the nature, origin, method of manufacture, quality, characteristics or suitability for use of the goods or services concerned, or contain false information concerning awards or other distinctions.

323. Those persons shall be punished with imprisonment for three months to three years and a fine of 500 to 5,000 UVCs, due account being taken of the degree of financial prejudice caused, who stock, manufacture, use for commercial purposes, offer for sale, sell, import or export counterfeit products identified by trademarks of high renown or well-known trademarks registered either within or outside the country, or by marks registered within the country.

The sanction specified in the foregoing paragraph shall likewise be imposed on those who fill containers identified by another’s trademark with spurious goods.

324. Those persons shall be punished with imprisonment for three months to three years and a fine of 500 to 5,000 UVCs, due account being taken of the degree of financial prejudice caused, who, in violation of copyright or related rights,

(a) alter or mutilate a work, including by the removal or alteration of electronic rights management information;

(b) register, publish, distribute, communicate or reproduce, wholly or in part, another’s work as being their own;

(c) reproduce a work;

(d) communicate works, videograms or phonograms to the public, either wholly or in part;

(e) bring into the country, stock, offer for sale, sell or rent, or in any other way bring into circulation or make available to third parties, unlawful reproductions of works;

(f) reproduce a phonogram or videogram and generally any protected work, and also the performances of performers, either wholly or in part and with or without imitation of the outward features of the original, or bring into the country, stock, distribute, offer for sale, sell, rent or in any other way bring such unlawful reproductions into circulation or make them available to third parties;

(g) bring into the country, stock, offer for sale, sell or rent, or in any other way bring into circulation or make available to third parties, reproductions of works, phonograms or videograms in which rights management information has been altered or removed.

325. Those persons shall be punished with imprisonment for a month to two years and a fine of 250 to 2,500 UVCs, due account being taken of the degree of financial prejudice caused, who, in violation of copyright or related rights,

(a) reproduce a number of copies of a work greater than that authorized by the owner;

(b) bring into the country, stock, offer for sale, sell or rent, or in any other way bring into circulation or make available to third parties, reproductions of works in numbers exceeding those authorized by the owner;

(c) retransmit by any means the broadcasts of broadcasting organizations;

(d) bring into the country, store, offer for sale, sell or rent, or in any other way bring into circulation or make available to third parties, apparatus or other devices intended for deciphering or decoding coded signals or in any other way circumventing or disabling technological protection measures applied by the owner of the rights.

326. Those persons shall be punished with imprisonment for a month to two years and a fine of 250 to 2,500 UVCs who unlawfully obstruct, fail to heed or prevent the implementation of a provisional or precautionary measure.

327. The following shall be aggravating circumstances in addition to those provided for in the

Criminal Code:

(a) the fact of the infringer having been warned of the violation of rights;

(b) the fact of the infringing goods being a potential health hazard;

(c) the fact of the infringements being perpetrated on unpublished works.

328. The infringements provided for in this Chapter shall be punishable and investigable ex officio.

329. Civil and criminal actions shall be statute-barred in accordance with the provisions of the Civil Code and Criminal Code respectively, with the exception of actions for violation of moral rights, which are imprescriptible. In the absence of proof to the contrary and for the purposes of the statute-barring of an action, the date on which the infringement was committed shall be understood to be the first day of the year following the last edition, reprint, reproduction, communication or other use of a work, performance, production or broadcast.

330. In all the cases provided for in this Chapter, seizure shall be ordered in respect of all material that has directly or indirectly served for the commission of the offense, the confiscation of which may be ordered by the criminal judge at any time during the summary proceedings and shall be ordered in the decree opening the plenary proceedings.

331. The proceeds from the fines specified in this Chapter shall be assigned in equal shares to the judiciary and to the IEPI, the latter using at least 50 per cent of its share for training and education programs on intellectual property.

BOOK V

ADMINISTRATIVE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

332. The enforcement and observance of intellectual property rights are in the public interest. The State, acting through the Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI), shall exercise the administrative protection of intellectual property rights and shall ensure their enforcement and observance.

333. The IEPI, acting through the National Directorate, shall, ex officioor at the request of a party, exercise inspection, supervisory and punitive functions to prevent and repress violations of intellectual property rights.

334. Any person affected by the violation or possible violation of intellectual property rights may apply to the IEPI for the adoption of the following measures:

(a) inspection;

(b) request for information;

(c) punishment of violations of intellectual property rights.

335. Inspections shall be undertaken by National Directors or their delegates as specified in the Regulations. At the time of the inspection, and as a condition of it being validly conducted, the copy of the administrative document in which it was ordered and, where applicable, the application from the affected person, shall be tendered.

Applications submitted for precautionary measures shall be held in reserve until after they have been implemented and, even afterwards, the authorities shall take the necessary measures to preserve the confidentiality of undisclosed information that has had to be provided in the course of the proceedings.
336. If in the course of the proceedings it is found, or even presumed (prima facie), that an intellectual property right has been violated or that there are circumstances that unequivocally point to the imminent possibility of such violation, a detailed inventory shall be duly drawn up of the material, of whatever kind that is connected with the violation. A record shall be taken of the material inspected by such means as allow its state to be best appreciated.
This measure may include the immediate removal of labels that clearly violate intellectual property rights, without prejudice to the seizure and deposit of the merchandise or other objects that violate patent, trademark or other intellectual property rights.
The IEPI, acting through the regional directorates competent for the subject matter concerned, may take any precautionary measure for the urgent protection of the rights referred to in this Law if the application for the measure is accompanied by the evidence referred to in Article 306. Such measures shall be provisional in character and subject to revocation or confirmation as provided in Article 339.

337. When the violation of intellectual property rights is presumed, the IEPI may request that any information be given it that will enable it to rule on the existence or non-existence of such a violation. The information shall be submitted within a period not exceeding 15 days, counted from the date of notification.

338. With the exception of the provisional precautionary measures adopted under Article 336, the party against whom the proceedings are directed shall be heard before any decision is taken. If considered appropriate, a hearing may be convened at which the interested parties may express their views.

339. On the completion of the investigative process, the IEPI shall issue a reasoned decision. If it is found that intellectual property rights have been violated, the infringer shall be punished with a fine of 20 to 700 UVCs, and the adoption of any of the precautionary measures provided for in this Law may be ordered or those taken provisionally may be confirmed.

If there is a presumption of an offense having been committed, a copy of the administrative proceedings shall be sent to the competent criminal court and to the Public Prosecutor.

340. The IEPI shall impose the same sanction as is provided for in the foregoing Article on any persons who obstruct or hinder the implementation of the acts, measures or inspections ordered by the IEPI, or who fail to send the information requested within the period allowed.

341. Where a legally protected work is announced or in any known way communicated to the public without the appropriate authority having been obtained, the owner of the rights may apply to the National Directorate of Copyright and Related Rights for its prohibition, which shall be ordered immediately. For those purposes it shall be presumed from the mere fact of the owner of the rights lodging a protest that the organizer, impresario or user does not have the proper authority.

342. The Administrators of Customs and all those who have control over the entry or exit of merchandise into or from Ecuador shall be under the obligation to prevent goods that in any way violate intellectual property rights from entering or leaving.

If they do not prevent the entry or export of such goods at the request of the interested party, they shall be considered accomplices in the offense committed, without prejudice to the appropriate administrative sanction.
When, either ex officioor at the request of a party, they prevent the entry or export of any product violating intellectual property rights, they shall make it known in a detailed report to the President of the IEPI, who, within five days shall confirm or revoke the measure taken. On confirmation of the measure, the goods shall be placed at the disposal of a criminal court.
Where the Administrator of Customs or any other competent official has refused to take the measure requested or has not made a statement within a period of three days, the party concerned may, within the following three days, directly call upon the President of the IEPI to order it.
Any party ordering the measure may demand security in accordance with the following
Article.

343. Without prejudice to the provisions of the foregoing Article, any of the National Directors, depending on his area of jurisdiction, may order, at the request of a party, the suspension of the entry or export of any product that in any way violates intellectual property rights.

The ruling shall be issued within a period of three days following the request. If it is considered necessary or appropriate, it may be provided that the requesting party shall provide sufficient security. If no security is provided within a period of five days after it has been requested, the measure shall be void.
At the request of the party affected by the suspension, the National Director of the IEPI shall, depending on the circumstances, order the holding of a hearing to examine the merchandise and where appropriate to revoke the measure. If the measure is not revoked, he shall order the referral of the entire proceedings to a criminal court.

344. Without prejudice to the provisions of this Law, the Statute on the Legal-Administrative

Regime of the Executive shall be applied to administrative proceedings.

345. The forces of law and order, and especially the judicial police, shall be obliged to lend such assistance to the officials of the IEPI as they may request for the discharge of their duties.

ECUADORIAN INSTITUTE OF INTELLECTUAL PROPERTY (IEPI)

Chapter I

Aims of the Institute

346. The Ecuadorian Institute of Intellectual Property (IEPI) is hereby created as a legal entity under public law, with its own assets, administrative, economic, financial and operational autonomy and headquarters in the city of Quito, which shall be responsible for pursuing the following aims on behalf of the State:

(a) to sponsor the protection and defense of the intellectual property rights recognized in national legislation and international treaties and conventions;

(b) to promote and further intellectual creation, both in its literary, artistic or scientific form and in its industrial applications, and also disseminating technical know-how within cultural and production sectors;

(c) preventing acts and situations that might adversely affect intellectual property and free competition, and also ensuring that the principles laid down in this Law are complied with and respected.

Chapter II Organization and Functions

Section I General Provisions

347. The IEPI shall have the following organs:

— the President;
— the Management Board;
— the Intellectual Property Committee;
— the National Directorate of Industrial Property;
— the National Directorate of Copyright and Related Rights;
— the National Directorate of New Plant Varieties.

348. The other provisions governing the organization and operation of the IEPI shall be set down in the Regulations under this Law and in its own rules of procedure.

Section II President of the IEPI

349. The President of the IEPI shall be appointed by the President of the Republic and shall have a term of office of six years. He shall be its legal representative and shall have direct responsibility for its technical, financial and administrative management.

In the event of resignation, permanent absence or any other impediment that makes him incapable of continuing to carry out his duties, the President of the Republic shall immediately proceed to appoint his replacement, whose term of office shall likewise be six years. In the event of temporary incapacity or absence, the President shall be replaced by the National Director specified by the Management Board.

350. To be President of the IEPI it shall be necessary to hold a university degree, possess demonstrable professional expertise and experience in intellectual property fields and meet the other requirements specified in the Regulations.

351. The duties and powers of the President shall be the following:

(a) to be the legal representative of the IEPI;

(b) to ensure that the laws and international conventions on intellectual property are compiled with and implemented;

(c) to draw up the annual budget of the IEPI and submit it to the Management Board for approval;

(d) to appoint and remove the National Directors, Secretary General and other IEPI staff;

(e) to propose outlines and strategies for the international negotiations that the National Government conducts in the field of intellectual property, and also to form the groups of negotiators for the purpose in consultation and agreement with the Ministry for Foreign Affairs;

(f) to order border measures as provided in this Law;

(g) to deal with enquiries regarding the application of intellectual property provisions. The replies dealing with the enquiries shall be binding on the IEPI in each specific case

submitted. The enquiries may not relate to matters that, on the date on which they are made, are pending before an IEPI organ;

(h) any others that may be specified in this Law and the Regulations.

Section III Management Board

352. The Management Board is the controlling and consultative organ of the Institute, and shall be responsible for the following duties:

(a) setting and approving fees;

(b) approving the budget of the Institute;

(c) pronouncing on draft amendments to this Law, to the Regulations and to international treaties on intellectual property;

(d) proposing draft amendments to the Law or Regulations to the President of the Republic;

(e) appointing and removing members of the Intellectual Property Committee in accordance with this Law and the Regulations;

(f) enacting such provisions as may be necessary for the full implementation of this Law;

(g) any others that may be specified in the Law and Regulations.

353. The Management Board shall be composed of

(a) the President of the Ecuadorian Institute of Intellectual Property, who shall preside;

(b) the Minister of Foreign Trade, Industrialization and Fisheries, or his delegate;

(c) the Minister of External Relations or his delegate;

(d) the Minister of Education and Culture or his delegate;

(e) a representative of the Board of Chambers and Associations of Production, or his alternate;

(f) one representative each for the collective management societies and the labor organizations concerned with copyright or related rights, or his alternate;

(g) a representative designated by the Council of Universities and Polytechnical Schools

(CONUEP), or his alternate.
Resolutions of the Management Board shall be adopted by a favorable vote of at least five of its members.

Section III National Directorates

354. The National Directors shall exercise the titular leadership of the various National Directorates. They shall be appointed for a period of six years and may be reelected indefinitely. In the event of the lack or temporary absence of a National Director, the President of the IEPI shall designate the official to be substituted for him.

355. In order to be a National Director it shall be necessary to be an attorney or doctor of jurisprudence with proven professional experience in the subject area concerned, and to meet the other requirements specified in the relevant Regulations.

356. The National Directorates shall be responsible for the administrative application of this

Law and other legal provisions on intellectual property within their area of competence.

357. The following appeals shall be available against final administrative acts and those that prevent further prosecution that are pronounced by National Directors:

— request for reinstatement, before the official who pronounced the ruling;
— appeal, to the Intellectual Property Committee;
— appeal for review, to the Intellectual Property Committee.
The lodging of these appeals is not essential for the administrative route to be exhausted, and the actions provided for in the Law on Contentious Administrative Jurisdiction [Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa] may therefore be brought directly against final administrative acts or those preventing further prosecution that are pronounced by National Directors.
Appeals shall be granted with staying and returnable effect within the administrative jurisdiction.
The District Courts of Administrative Litigation may, ex officioor at the request of a party, suspend the execution of the measure appealed against where the said execution might cause prejudices that are impossible or difficult to remedy.

358. The National Directorate of Copyright and Related Rights shall have the following responsibilities:

(a) organization and administration of the National Register of Copyright and Related

Rights;

(b) administration of the administrative processes provided for in this Law in matters concerning copyright and related rights;

(c) approval of the statutes of societies for the collective management of copyright and related rights, issue or suspension of their operating licenses, and the exercise of supervisory, inspection and control functions in relation to such societies, with intervention, where necessary;

(d) exercise of such other responsibilities as may be provided for in this Law and the

Regulations in the field of copyright and related rights.

359. The National Directorate of Industrial Property shall have the following responsibilities:

(a) administration of the processes of grant, registration or deposit, as the case may be, of patents, utility models, industrial designs, trademarks, slogans, trade names, trade dress, geographical indications, layout-designs of semiconductor circuits (topographies) and other forms of industrial property that are provided for in the corresponding legislation;

(b) ruling on the grant or refusal of registration;

(c) processing of and ruling on such oppositions as may be filed;

(d) administration of such other administrative processes as may be provided for in this

Law in the field of industrial property;

(e) exercise of such other responsibilities as may be provided for in this Law and

Regulations in the field of industrial property.
There shall be a single act of industrial property registration that confers rights of national scope. Consequently, the National Director of Industrial Property shall be the sole authority competent to rule on the grant or refusal of industrial property registration at the national level.

360. The National Directorate of New Plant Varieties shall have the following responsibilities:

(a) administration of the processes of filing and the recognition of rights in new plant varieties;

(b) ruling on the grant or refusal of registration;

(c) processing of and ruling on such oppositions as may be filed;

(d) conduct of such other administrative processes as may be provided for in this Law in the field of new plant varieties;

(e) organization and operation of a national center for the deposit of new plant varieties, or delegation of that activity to private enterprise;

(f) exercise of such other responsibilities as may be provided for in this Law and the

Regulations in matters concerning new plant varieties.

361. The Management Board may distribute the competence of National Directorates depending on the subject matter and according to the various forms of intellectual property, and alter their names accordingly.

Also, for the purpose of ensuring the exercise of the IEPI’s administrative supervision, the Management Board may create regional subdirectorates and specify the limits of their administrative jurisdiction.
The National Directors may, depending on their areas of competence, order border measures according to the provisions of Article 351 of this Law.

Section IV

Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright Committees

362. The Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright Committees shall each be composed of three members designated by the Management Board of the IEPI.

The members of these Committees shall have a term of office of six years and shall meet the same requirements as for being a Minister of the High Court.
The Management Board shall likewise designate the corresponding substitute members who shall replace the main members in the event of temporary or permanent absence.

363. At the request of the President of the IEPI, the Management Board may divide the Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright Committees by the creation of specialized chambers specialized according to subject matter, and thereby increase the number of Committee members.

364. The Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright

Committees shall have the following responsibilities:

(a) dealing with enquiries made by National Directors concerning oppositions filed against a given application for the grant or registration of intellectual property rights;

(b) dealing with request for review and appeals;

(c) dealing with requests for the cancellation of the grant or registration of intellectual property rights, without prejudice to the provisions of Article 277;

(d) such other responsibilities as may be specified in this Law.

Decisions of the Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright Committees shall be taken by a majority vote, with abstentions, if any, being compulsorily set down in the record.

365. No administrative appeal shall lie from decisions of the Intellectual Property, Industrial Property and Plant Varieties and Copyright Committees other than the request for reinstatement, which shall be heard by the same Committees as handed down the previous ruling, but shall not be necessary for the administrative route to be exhausted. The actions provided for in the Law on Contentious Administrative Jurisdiction may be brought against decisions of the Committees.

Section V

Economic Resources and Fees

366. The IEPI shall have financial autonomy. No authority shall be permitted to divert to other ends funds that have been collected by the IEPI or set aside for its operation.

367. The following shall constitute the assets and resources of the IEPI:

(a) the property that it acquires on whatever ground;

(b) the proceeds from the collection of the fees specified in this Law;

(c) the proceeds from fines, as provided in this Law;

(d) the proceeds from the sale of the Intellectual Property Gazette or such other publications as may be issued;

(e) any others provided for in the Law.

368. Fees shall be charged for the following acts and services:

(a) the filing of applications for the recording, registration or grant of rights;

(b) the filing of requests for renewal or amendment of registrations;

(c) the registration of contracts;

(d) the certification of the grant or registration of rights;

(e) the grant of certified copies of any document or administrative instrument;

(f) the issue of official search certificates requested of the IEPI;

(g) examinations prior to the grant of invention or utility model patents and the registration of new plant varieties;

(h) expert studies carried out by the IEPI;

(i) proceedings engaged in for the exercise of administrative protection;

(j) the filing of oppositions;

(k) the bringing of administrative appeals;

(l) requests for cancellation;

(m) the supply of information on magnetic media;

(n) the upkeep of registers;

(o) the maintenance of live samples;

(p) the use of technological information.

369. The fees provided for in the foregoing Article shall be expressed as general minimum living wage units and set by the Management Board of the IEPI, due account being taken of the proportionality of the fee to the cost of the service and its efficiency. Fees shall be collected and administered by the IEPI.

FINAL TITLE General Provisions

370. In cases where this law provides the possibility of lengthening or extending a period or time limit, such extension shall be understood to have been granted by the competent administrative authority by virtue of the interested party having applied for it.

Periods that end on public holidays shall expire on the first working day thereafter.

371. Neither legalization nor authentication shall be required of pending documents or applications for the registration of any form of intellectual property when priority is claimed.

372. Without prejudice to the provisions of this Law, the provisions contained in international conventions or treaties on intellectual property that are in force in Ecuador shall be applicable.

In the application and interpretation of provisions on intellectual property, preference shall be given to those that confer greater protection. Consequently, no provision of national legislation or international treaties may be invoked or interpreted in such a way as to discredit, limit, prejudice, lessen or otherwise adversely affect the level of protection accorded to the owners of intellectual property rights.

373. The IEPI shall have coercive jurisdiction for the collection of the fines and fees provided for in this Law.

374. Any dispute on intellectual property shall be submitted to arbitration or mediation in conformity with the Law on Arbitration and Mediation [Ley de Arbitraje y Mediación] published in Official Register [Registro Oficial] No. 145 of September 4, 1997.
For the above purposes the IEPI shall be authorized to sign the relevant arbitration settlement without having to consult the Public Prosecutor of the State.
375. District intellectual property judges shall be appointed in accordance with Article 3 of the Law Organizing the Judiciary [Ley Orgánica de la Función Judicial] and shall have jurisdiction over the subject matter provided for in this Law.

376. With a view to guaranteeing the protection of the country’s biological and genetic heritage as provided in the Constitution and this Law, acquisition shall be considered legal where it meets the requirements for access to the biological and genetic resources specified in the Constitution and this Law, decisions of the Andean Community and international conventions and treaties.

Collective Rights

377. A sui generis system of collective intellectual rights of ethnic groups and local communities shall be introduced.
Its protection, development mechanisms and application shall be subject to a special law enacted for the purpose.

Repeal Provisions

378. All legal or regulatory provisions that conflict with this Law, and the following texts in particular, are repealed:

1. Law on Copyright [Ley de Derechos de Autor], published in Official Register No. 149 of August 14, 1976;

(a) Supreme Decree No. 2821 [Decreto Supremo No. 2821], published in Official Register No. 735 of December 20, 1978, and its amendment by Law No. 161, published in Official Register No. 984 of July 22, 1992;

(b) Regulations under the Law on Copyright [Reglamento a la Ley de Derechos de Autor], published in Official Register No. 495 of December 30, 1977, and all other executive decrees of ministerial agreements concerned with the subject matter that in any way conflict or are incompatible with the provisions of this Law;

2. Law on Trademarks [Ley de Marcas de Fábrica], published in Official Register No.
194 of October 18, 1976;
3. Law on Patents for the Exclusive Exploitation of Inventions [Ley de Patentes de

Exclusiva Explotación de Inventos], published in Official Register No. 195 of October

19, 1976;
4. Article 5 of Supreme Decree No. 2241 [Decreto Supremo No. 2241] of October 6,
1964, published in Official Register No. 360 of October 26, 1964.

TRANSITIONAL PROVISIONS

First. Until such time as the corresponding Regulations are issued, the Regulations under Decisions of the Commission of the Andean Community shall continue to apply in so far as they are not incompatible with the provisions of this Law.

Second. Until such time as the Management Board of the IEPI issues the corresponding decision, the fees for services governed by Ministerial Agreement No. 0106 [Acuerdo Ministerial No. 0106] of April 18, 1997, published in Official Register No. 48 of April 21, 1997, shall apply. Those fees shall be collected direct by the IEPI as from the date of entry into force of this Law and shall be set aside for its operation.
Revenue generated by application of the Ministerial Agreement referred to in the foregoing paragraph or by the charging of the fees set by the Management Board of the IEPI through publication in the Intellectual Property Gazette shall be distributed in a proportion of 60 per cent to the IEPI and 40 per cent to the MICIP for the purposes of Executive Decree No. 386 [Decreto Ejecutivo 386] of June 10, 1997.

Third. This Law shall apply to all works, performances, productions, broadcasts or other subject matter of copyright or related rights, and to the layout-designs of semiconductor circuits, referred to in this Law and created prior to its entry into force, provided that they have not passed into the public domain. The date on which they will pass into the public domain, once this Law has been promulgated, shall be determined by reference to the terms of protection specified in it.

Pending applications shall be settled in accordance with this Law.

Fourth. Any industrial property right validly granted under the legislation prevailing prior to the date of entry into force of this Law shall subsist throughout the time for which it was granted.

Applications pending before the National Directorate of Industrial Property shall be settled in accordance with this Law, without prejudice to the provisions of Article 372.

Fifth. Within the six months following the promulgation of this Law, existing administration societies shall align their statutes and operation on the provisions of this Law and submit the relevant documents to the National Director of Copyright of the IEPI for registration. Those

administration societies that have received operating licenses shall be entitled to set tariffs. Until that time the tariffs authorized by the Ministry of Education and Culture shall prevail.
Sixth. The staff currently carrying out their duties under the Law on the Civil Service and Administrative Careers [Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa] at the National Directorate of Industrial Property of the Ministry of Foreign Trade, Industrialization and Fisheries, at the National Copyright Registry of the Ministry of Public Education, and those working on new plant varieties at the National Livestock Farming Directorate of the Ministry of Agriculture and Animal Husbandry shall have their posts transferred, including all acquired rights and obligations, to the IEPI.
With respect to staff working under contracts for the rendering of services, reference shall be had to the clauses of the said contracts.

Seventh. Officials and employees currently working at the National Directorate of Industrial Property, Copyright and Plant Breeders whose continued employment at the IEPI does not suit that institution shall receive compensation of 30 million sucres and, in addition, the equivalent of their average monthly income calculated in relation to all payments made to them in the previous year multiplied by six and by the number of years or fractions of years of service in the public sector, up to a maximum of 160 million sucres.

Eighth. The assets currently available to the National Directorate of Industrial Property and those relating to new plant varieties at the National Livestock Farming Directorate of the Ministry of Agriculture and Animal Husbandry, and also those of the National Copyright Registry, shall become the property of the IEPI.

Ninth. The budgetary allocations intended for the National Directorate of Copyright, the National Copyright Registry and the Plant Varieties Administration Unit of the National Livestock Farming Directorate of the Ministry of Agriculture and Animal Husbandry shall be reallocated to the Ecuadorian Institute of Intellectual Property for its 1998 accounting year.

Tenth. The Supreme Court of Justice, acting under item 17 of Article 12 of the Law Organizing the Judiciary, shall organize the district intellectual property tribunals and courts, which shall assume all jurisdiction conferred on them by this Law. Until such time as the district intellectual property tribunals and courts have been created, the District Courts of Administrative Litigation shall hear intellectual property cases relating in accordance with the provisions of this Law and the competencies provided for in it, with the exception of precautionary measures, which shall be heard by civil judges.

Eleventh. Independently of the assertion of the economic rights by the appropriate administration society, collection under the economic rights for the communication to the public, by whatever medium, of musical works with or without words and dramatico-musical works shall be the responsibility of a single entity constituted by the Society of Ecuadorian Authors and Composers (SAYCE) and the Association of Phonogram Producers of Ecuador (ASOTEC), which shall collect by virtue of its status as collective administration society.

Until such time as the single collecting entity starts to operate, SAYCE shall continue to collect the royalties concerned.
The single collecting entity shall be constituted within the 60 days following the formation of the Management Board of the IEPI.

Twelfth. Those persons, whether natural persons or legal entities, who distribute videograms to the public by the sale or hiring or rental of copies, either in their own right or through the associations concerned, shall have a period of three years from the publication of this Law in the Official Register within which to submit to the IEPI an inventory of all the works that they are distributing, together with the licenses and proof of relevant royalty payments or exemptions.

Legalization of the corporate activity mentioned in the foregoing paragraph shall in no way preclude respect for and collection and payment of copyright as from the entry into force of this Law.

Thirteenth.…6

Fourteenth.…6

Fifteenth. The appointments provided for in subparagraphs (e) and (f) of Article 353 shall be made by each of the electoral colleges within the 15 days following the publication of this Law. The Management Board shall be formed within the 30 days following the entry into force of this Law.

Sixteenth. For decentralization and deconcentration to become effective, it shall be essential that the National Directorate and the Regional Subdirectorates be provided with all the budgetary, technological and human resources that will permit the efficient administration of their action, especially with respect to access by telecommunication to the National Directorate’s database and the possibility of recording the exact filing times of applications online. Regional Subdirectorates may not operate until such computer and technological resources are installed as will enable them to enter applications in the National Directorate’s database in the course of the act of filing.

FINAL PROVISIONS

1. The President of the Republic shall, within the constitutional period of 90 days, issue the appropriate Regulations for the implementation of this Law.

2. This Law shall, by virtue of its special character, prevail over any other law that conflicts with it.



6 Provision concerning plant varieties, not reproduced here (Editor's note).
6 Provision concerning plant varieties, not reproduced here (Editor's note).
$$$ 3 See footnote 1 (Editor’s note).

 
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Loi sur la propriété intellectuelle
Loi n° 83 du 8 mai 1998 relative à la propriété intellectuelle

Loi relative à la propriété intellectuelle*

(extraits** )

TABLE DES MATIÈRES***

Articles

Titre préliminaire ............................................................................................................. 1-3
Livre Ier
Titre Ier: Le droit d’auteur et les droits connexes
Chapitre Ier: Le droit d’auteur
Section I: Principes généraux ............................................................................ 4-7
Section II: Objet du droit d’auteur................................................................... 8-10
Section III: Titulaires des droits .................................................................... 11-17
Section IV: Contenu du droit d’auteur
Sous-section I: Droit moral ......................................................................... 18
Sous-section II: Droits patrimoniaux ..................................................... 19-27
Section V: Dispositions spéciales relatives à certaines œuvres
Sous-section I: Programmes d’ordinateur .............................................. 28-32
Sous-section II:Œuvres audiovisuelles................................................... 33-35
Sous-section III:Œuvres d’architecture ....................................................... 36
Sous-section IV:Œuvres des arts plastiques et autres œuvres ................ 37-41

* Titre espagnol: Ley de Propiedad Intelectual.

Entrée en vigueur: 19 mai 1998.

Source: Registro Oficial, IIe année, n° 320, du 19 mai 1998.

Note: traduction du Bureau international de l'OMPI.

** Seules les dispositions concernant le droit d'auteur, ainsi que les dispositions concernant la propriété intellectuelle en général, sont reproduites ici. Celles qui concernent la propriété industrielle sont publiées dans Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001.

*** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Section VI: Transmission et transfert de droits
Sous-section I: Transmission à cause de mort........................................ 42-43
Sous-section II: Contrats d’exploitation des œuvres
Partie I: Contrats en général ............................................................ 44-49
Partie II: Contrats d’édition............................................................. 50-64
Partie III: Contrats d’enregistrement d’œuvres musicales .............. 65-68
Partie IV: Contrats de représentation .............................................. 69-74
Partie V: Contrats de radiodiffusion ............................................... 75-76
Partie VI: Contrats de production audiovisuelle ............................. 77-78
Partie VII: Contrats publicitaires ......................................................... 79
Section VII: Limitations et exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur
Sous-section I: Durée ............................................................................. 80-81
Sous-section II: Le domaine public............................................................. 82
Sous-section III: Exceptions................................................................... 83-84
Chapitre II: Les droits connexes
Sous-section I: Dispositions générales ................................................... 85-86
Sous-section II: Artistes interprètes et exécutants.................................. 87-91
Sous-section III: Producteurs de phonogrammes ................................... 92-96
Sous-section IV: Organismes de radiodiffusion................................... 97-101
Sous-section V: Autres droits connexes ............................................. 102-104
Sous-section VI: Rémunération pour copie privée............................. 105-108
Chapitre III: Sociétés de gestion collective ...................................................... 109-119
Livre II: La propriété industrielle
Chapitre Ier: La protection des inventions................................................................ 120
Chapitre II: Les brevets d’invention
Section I: Conditions de brevetabilité ....................................................... 121-126
Section II: Titulaires de brevet .................................................................. 127-130
Section III: Délivrance des brevets............................................................ 131-147
Section IV: Droits conférés par le brevet .................................................. 148-150
Section V: Nullité du brevet ...................................................................... 151-152
Section VI: Déchéance du brevet ..................................................................... 153
Section VII: Régime des licences obligatoires .......................................... 154-158
Chapitre III: Les modèles d’utilité.................................................................... 159-162
Chapitre IV: Les certificats de protection......................................................... 163-164
Chapitre V: Les dessins et modèles industriels ................................................ 165-173
Chapitre VI: Les schémas de configuration (topographics) de circuits semi-conducteurs
.......................................................................................................................... 174-182
Chapitre VII: L’information non divulguée ..................................................... 183-193
Chapitre VIII: Les marques
Section I: Conditions d’enregistrement ..................................................... 194-200
Section II: Procédure d’enregistrement ..................................................... 201-215
Section III: Droits conférés par l’enregistrement de la marque................. 216-219
Section IV: Radiation de l’enregistrement ................................................ 220-226
Section V: Nullité de l’enregistrement ...................................................... 227-228
Chapitre VII: Les noms commerciaux.............................................................. 229-234
Chapitre VIII: Les apparences distinctives ....................................................... 235-236
Chapitre IX: Les indications géographiques..................................................... 237-247
Livre III: Les obtentions végétales 2

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001 (N.d.l.r.).

2 Non reproduit ici (N.d.l.r.).
Livre IV: La concurrence déloyale .......................................................................... 284-287
Titre Ier: Protection et respect des droits de propriété intellectuelle
Chapitre Ier: Principes généraux........................................................................ 288-293
Chapitre II: Instances en matière de propriété intellectuelle
Section I: Compétence............................................................................... 294-304
Section II: Mesures préventives et conservatoires .................................... 305-318
Chapitre III: Délits et peines ............................................................................. 319-331
Livre V: Administration des droits de propriété intellectuelle ................................ 332-345
L’Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI)
Chapitre Ier: Objectifs de l’institut ........................................................................... 346
Chapitre II: Organisation et fonctions
Section I: Dispositions générales............................................................... 347-348
Section II: Le président de l’IEPI .............................................................. 349-351
Section III: Le Conseil de direction........................................................... 352-353
Section III: Les directions nationales ........................................................ 354-361
Section IV: Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur............................................. 362-365
Section V: Ressources financières et taxes................................................ 366-369
Titre final
Dispositions générales ...................................................................................... 370-376
Droits collectifs........................................................................................................ 377
Abrogations.............................................................................................................. 378
Dispositions transitoires
Dispositions finales

TITRE PRÉLIMINAIRE

Art. 1er. L’État reconnaît, réglemente et garantit la propriété intellectuelle acquise conformément aux dispositions de la loi, aux décisions de la Commission de la

Communauté andine et aux instruments internationaux en vigueur en Équateur.
La propriété intellectuelle comprend
1. le droit d’auteur et les droits connexes;
2. la propriété industrielle, qui concerne, notamment, les éléments ci-après:

a) les inventions;

b) les dessins et modèles industriels;

c) les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

d) l’information non divulguée et les secrets commerciaux et industriels;

e) les marques de fabrique, de commerce et de services et les slogans commerciaux;

f) les signes distinctifs des entreprises et des établissements de commerce;

g) les noms commerciaux;

h) les indications géographiques; et

i) toute autre création intellectuelle destinée à un usage agricole, industriel ou commercial;

3. les obtentions végétales.
Les dispositions de la présente loi ne limitent en aucune manière les droits reconnus par la
Convention sur la diversité biologique et par les lois promulguées par l’Équateur en la matière.

Art. 2. Les droits conférés par la présente loi sont applicables également aux ressortissants équatoriens et aux citoyens étrangers, domiciliés ou non en Équateur.

Art. 3. L’Institut équatorien de la propriété intellectuelle [Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual] (IEPI) est l’organisme administratif compétent, au nom de l’État équatorien, en matière de promotion, de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle reconnus dans la présente loi ainsi que dans les traités et instruments internationaux et de prévention en la matière, sans préjudice des actions civiles et pénales dont la justice aurait à connaître.

LIVRE PREMIER

TITRE PREMIER

LE DROIT D’AUTEUR ET LES DROITS CONNEXES

Chapitre premier

Le droit d’auteur

SECTION I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Art. 4. Sont reconnus et garantis les droits des auteurs et des autres titulaires de droits d’auteur sur leurs œuvres.

Art. 5. Le droit d’auteur prend naissance et est protégé du simple fait de la création de l’œuvre, quels qu’en soient le mérite, la destination ou la forme d’expression.

Sont protégées toutes les œuvres, interprétations, exécutions, productions ou émissions radiodiffusées, quels que soient le pays d’origine de l’œuvre ou la nationalité ou le domicile de
l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur. La protection est également reconnue quel que soit le lieu de la publication ou de la divulgation.
La reconnaissance du droit d’auteur et des droits connexes n’est subordonnée à aucun enregistrement ni dépôt, pas plus qu’elle n’est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité quelconque.
Les droits connexes naissent de la nécessité d’assurer la protection des droits des artistes interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes.

Art. 6. Sont indépendants, compatibles et cumulables, le droit d’auteur et

a) la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée et les autres droits sur cet objet;

b) les droits de propriété industrielle qui peuvent exister sur l’œuvre; et

c) les autres droits de propriété intellectuelle reconnus par la loi.

Art. 7. Aux fins du présent titre, on entend par

artiste interprète ou exécutant, la personne qui représente, chante, lit, récite, interprète ou exécute de toute autre manière une œuvre;

auteur, la personne physique qui réalise la création intellectuelle;

ayant cause, la personne physique ou morale qui a acquis, à un titre quelconque, des droits reconnus dans le présent titre de la loi;

base de données, la compilation, dans la mémoire d’un ordinateur ou de toute autre manière, d’œuvres, de faits ou de données sous forme imprimée;

bons usages, les usages qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur;

cercle de famille, le cadre des réunions familiales tenues dans le lieu d’habitation qui constitue le foyer;

compilation, le regroupement en un seul corps, scientifique ou littéraire, de lois, d’annonces ou de matières distinctes;

copie ou exemplaire, le support matériel qui contient l’œuvre ou la production, tant à la suite de la fixation originale que d’un acte de reproduction;

distribution, la mise à disposition du public d’exemplaires de l’œuvre ou de son original par la vente, la location, le prêt public ou un quelconque autre mode déjà connu ou non encore connu de transfert de la propriété ou de la possession dudit original ou de ladite copie;

divulgation, le fait de rendre l’œuvre accessible au public pour la première fois, avec le consentement de l’auteur, par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu;

droits connexes, les droits économiques que les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion ont à l’égard de la communication publique d’une œuvre;

éditeur, la personne physique ou morale qui s’engage, dans le cadre d’un contrat écrit conclu avec l’auteur ou son ayant cause, à assurer la publication et la divulgation de l’œuvre à ses propres frais;

émission, la diffusion à distance de sons, d’images ou de sons et d’images, par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, avec ou sans l’aide de satellite, aux

fins de réception par le public. Comprend également la production de signaux depuis une station terrestre vers un satellite de radiodiffusion ou de télécommunication;

enregistrement éphémère, la fixation sonore ou audiovisuelle d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion effectuée, à titre temporaire et par ses propres moyens, par un organisme de radiodiffusion qui l’utilise pour ses propres émissions;

expressions du folklore, les productions d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel, dont font partie l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques, créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, qui sont considérées comme caractéristiques du pays et de ses communautés ethniques et qui se transmettent de génération en génération, d’une manière qui réponde aux aspirations artistiques ou littéraires traditionnelles d’une communauté;

fixation, l’incorporation de signes, de sons, d’images ou de leur représentation numérique dans un support matériel qui en permette la lecture, la perception, la reproduction, la communication ou l’utilisation;

licence, l’autorisation que concède le titulaire des droits à l’utilisateur de l’œuvre ou autre production protégée, de l’utiliser sous la forme définie et conformément aux conditions convenues dans le contrat. L’octroi d’une licence n’emporte pas le transfert de la titularité des droits;

œuvre, toute création intellectuelle originale, susceptible d’être divulguée ou reproduite sous une forme quelconque, déjà connue ou non encore connue;

œuvre anonyme, l’œuvre sur laquelle l’identité de l’auteur, conformément à la volonté de ce dernier, n’est pas mentionnée;

œuvre audiovisuelle, toute création exprimée au moyen d’une série d’images associées, assorties ou non de sons, et destinée essentiellement à être montrée au moyen d’appareils de projection ou par tout autre moyen de communication de l’image et du son, indépendamment de la nature du support matériel de l’œuvre;

œuvre collective, l’œuvre créée par plusieurs auteurs, à l’initiative et sous la direction d’une personne physique ou morale, qui la publie ou la divulgue sous son propre nom, sans qu’il soit possible d’identifier les auteurs ou de déterminer la part prise par chacun d’eux à l’élaboration de l’œuvre;

œuvre créée sur commande, le produit d’un contrat visant à la réalisation d’une œuvre déterminée, sans qu’il y ait entre l’auteur et la personne qui commande l’œuvre une relation d’emploi ou de travail;

œuvre d’art plastique ou des beaux arts, une création artistique s’adressant au sens esthétique de la personne qui la perçoit. Cette catégorie d’œuvres englobe les peintures, les dessins, les gravures et les lithographies. La définition de cette catégorie d’œuvres ne s’étend pas, aux fins de la présente loi, aux photographies, aux œuvres d’architecture et aux œuvres audiovisuelles;

œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux personnes physiques;

œuvre des arts appliqués, une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou faisant partie d’un objet utile, que cette œuvre soit artisanale ou produite à l’échelle industrielle;

œuvre inédite, l’œuvre qui n’a pas été divulguée, avec le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit;

œuvre posthume, outre les œuvres non publiées du vivant de l’auteur, celles qui l’ont été si l’auteur, à sa mort, les a laissées remaniées, augmentées, annotées ou corrigées à un point tel qu’elles peuvent être considérées comme des œuvres nouvelles;

organisme de radiodiffusion, la personne physique ou morale qui décide des émissions de radiodiffusion ou de télévision et en fixe les conditions;

phonogramme, toute fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution, d’autres sons ou de leur représentation numérique. Les enregistrements sur disque, sur bande magnétique ou sur support numérique sont considérés comme des copies de phonogrammes;

producteur, la personne physique ou morale qui a l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre, par exemple de l’œuvre audiovisuelle ou du programme d’ordinateur;

producteur de phonogrammes, la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité et la coordination de laquelle sont fixés pour la première fois les sons d’une exécution, d’autres sons ou leur représentation numérique;

programme d’ordinateur (logiciel), toute séquence d’instructions ou d’indications destinées à être utilisées, directement ou indirectement, dans un dispositif de lecture automatisée, ordinateur ou appareil électronique ou autre capable de traiter de l’information, aux fins de la réalisation d’une fonction ou d’une tâche, ou de l’obtention d’un résultat donné, quelle que soit sa forme d’expression ou de fixation. Le programme d’ordinateur comprend également les documents préalables, les plans et dessins, la documentation technique et les manuels d’utilisation;

publication, la production d’exemplaires mis à la disposition du public avec le consentement du titulaire du droit correspondant, à condition que les exemplaires disponibles permettent de satisfaire aux besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre;

radiodiffusion, la communication au public par transmission sans fil. La radiodiffusion comprend la transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis le stade de l’injection du signal, tant dans la phase ascendante que dans la phase descendante de la transmission, jusqu’à ce que le programme contenu dans le signal soit mis à la disposition du public;

recueil, un ensemble de choses appartenant à la même catégorie ou au même genre;

reproduction, la fixation de l’œuvre de quelque manière ou par quelque procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, y compris son stockage numérique, provisoire ou définitif, et l’obtention de copies de tout ou partie de l’œuvre;

retransmission, la réémission d’un signal ou d’un programme reçu d’une autre source, effectuée au moyen de la diffusion de signes, de sons ou d’images par des ondes radioélectriques ou par câble, fil, fibre optique ou tout autre procédé déjà connu ou non encore connu;

titularité, la qualité de la personne physique ou morale titulaire des droits reconnus par le présent livre;

vidéogramme, la fixation d’une œuvre audiovisuelle.

SECTION II

OBJET DU DROIT D’AUTEUR

Art. 8. Sont protégées par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, dans le domaine littéraire ou artistique, quels que soient leur genre, leur forme d’expression, leur mérite ou leur destination. Les droits reconnus par le présent titre sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée et leur jouissance ou exercice n’est pas subordonné à l’enregistrement de l’œuvre ni à l’accomplissement d’aucune autre formalité.

Les œuvres protégées comprennent notamment

a) les livres, brochures, imprimés, recueils de correspondance, articles, romans, contes, poèmes, chroniques, critiques, essais, lettres, scénarios pour le théâtre, le cinéma ou la

télévision, conférences, discours, cours, sermons, plaidoiries, mémoires et autres œuvres de même nature, exprimées sous quelque forme que ce soit;

b) les recueils d’œuvres, tels que les anthologies ou les compilations et bases de données de toute nature, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice des droits des auteurs sur les matières ou données qui les composent;

c) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales, les chorégraphies, les pantomimes et, d’une manière générale, les œuvres théâtrales;

d) les compositions musicales avec ou sans paroles;

e) les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

f) les sculptures, peintures, dessins, gravures, lithographies et bandes dessinées, ainsi que leurs brouillons ou esquisses, et les autres œuvres des arts plastiques;

g) les projets, plans, maquettes et dessins d’œuvres d’architecture et d’ingénierie;

h) les illustrations, graphiques, plans et dessins relatifs à la géographie, la topographie et, d’une manière générale, à la science;

i) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par des procédés analogues à la photographie;

j) les œuvres des arts appliqués, y compris lorsque leur valeur artistique ne peut être dissociée du caractère industriel des objets dans lesquels elles sont incorporées;

k) les programmes d’ordinateur; et

l) les adaptations, traductions, arrangements, révisions, mises à jour et annotations, les abrégés, résumés et extraits, ainsi que les autres transformations d’une œuvre, réalisées avec l’autorisation expresse de l’auteur de l’œuvre originale, et sans préjudice de ses droits.

Sans préjudice des droits de propriété industrielle, les titres des programmes et des émissions d’information radiophoniques ou télévisées et des journaux, revues et autres publications périodiques sont protégés pendant une période d’un an à compter de la publication du dernier numéro ou de la communication au public du dernier programme, sauf lorsqu’il s’agit de publications ou de productions annuelles, auquel cas la durée de protection est portée à trois ans.

Art. 9. Sans préjudice des droits sur l’œuvre originale et de l’autorisation correspondante, sont aussi protégées en tant qu’œuvres dérivées, à condition qu’elles revêtent un caractère d’originalité,

a) les traductions et adaptations;

b) les révisions, actualisations et annotations;

c) les résumés et extraits;

d) les arrangements musicaux; et

e) les autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

Néanmoins, les créations ou adaptations fondées sur la tradition exprimée par un groupe d’individus qui reflètent les expressions de la communauté, son identité, ses valeurs transmises oralement, par l’imitation ou par d’autres moyens, qu’elles empruntent au langage littéraire, à la musique, aux jeux, à la mythologie, aux rites, aux coutumes, à l’artisanat, à l’architecture ou à d’autres arts, doivent respecter les droits des communautés conformément à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’exportation, l’importation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, ainsi qu’aux instruments adoptés sous les auspices
de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour la protection des expressions du folklore contre toute exploitation illicite.

Art. 10. Le droit d’auteur protège aussi le mode d’expression par lequel les idées de l’auteur sont décrites, expliquées, illustrées ou incorporées dans les œuvres.

Ne sont pas protégés

a) les idées contenues dans les œuvres, les procédés, les modes opératoires ou les concepts mathématiques en tant que tels; les systèmes ou le contenu idéologique ou technique des œuvres scientifiques, pas plus que leur exploitation industrielle ou commerciale; ni

b) les dispositions législatives et réglementaires, les décisions judiciaires et les actes, accords, délibérations et avis des organismes publics, pas plus que leurs traductions officielles.

SECTION III TITULAIRES DES DROITS

Art. 11. Seule une personne physique peut être auteur. Les personnes morales peuvent être titulaires du droit d’auteur, conformément aux dispositions du présent livre.

La titularité du droit d’auteur est déterminée conformément aux dispositions de la loi du pays d’origine de l’œuvre et aux critères définis par l’Acte de Paris de 1971 de la Convention de Berne.

Art. 12. Est présumée auteur ou titulaire du droit d’auteur sur une œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom, le pseudonyme, les initiales, le sigle ou tout autre signe permettant de l’identifier est indiqué sur l’œuvre.

Art. 13. Sauf convention contraire, tout coauteur d’une œuvre de collaboration dont la contribution peut être utilisée séparément est titulaire des droits sur la partie de l’œuvre dont il est l’auteur.

Sauf convention contraire, lorsqu’une œuvre de collaboration est indivisible, les droits appartiennent en commun et en indivision aux coauteurs.

Art. 14. Le droit d’auteur ne fait pas partie du patrimoine commun des époux et peut être administré librement par le conjoint qui a la qualité d’auteur ou d’ayant droit de l’auteur. Néanmoins, les avantages économiques découlant de l’exploitation de l’œuvre font partie du patrimoine commun des époux.

Art. 15. Sauf convention contraire, est réputée titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective la personne physique ou morale qui a organisé, coordonné et dirigé l’œuvre; ladite personne est habilitée à exercer en son nom propre le droit moral dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Est présumée titulaire du droit d’auteur sur une œuvre collective la personne physique ou morale dont le nom est indiqué comme tel sur l’œuvre.

Art. 16. Sauf convention contraire ou disposition particulière du présent livre, le titulaire du droit d’auteur sur les œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail est l’employeur, qui est habilité à exercer le droit moral dans le cadre de l’exploitation de l’œuvre.

Dans le cas des œuvres créées sur commande, la personne qui commande l’œuvre est titulaire non exclusif du droit d’auteur, l’auteur conservant le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme distincte de celle prévue dans le contrat, à condition qu’il n’en résulte pas une concurrence déloyale.

Art. 17. L’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre anonyme est considéré comme le représentant de l’auteur et il est habilité à exercer et à faire valoir ses droits moral et patrimoniaux, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et fasse la preuve de sa qualité.

SECTION IV

CONTENU DU DROIT D’AUTEUR

Sous-section I Droit moral

Art. 18. L’auteur a, sans pouvoir y renoncer, le droit inaliénable, insaisissable et imprescriptible

a) de revendiquer la paternité de son œuvre;

b) de décider si l’œuvre doit rester inédite, si elle doit être divulguée de manière anonyme ou d’exiger que son nom ou son pseudonyme soit mentionné à chaque utilisation de l’œuvre;

c) de s’opposer à toute déformation, mutilation, altération ou modification de l’œuvre qui risque de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation;

d) d’avoir accès à un exemplaire unique ou rare de l’œuvre qui est en la possession d’un tiers, aux fins d’exercer le droit de divulgation ou tout autre droit qui lui appartient;

e) la violation de l’un quelconque des droits reconnus dans les alinéas précédents donne lieu à l’indemnisation des dommages subis, indépendamment des autres actions prévues par la présente loi.

Le droit d’accès à l’œuvre n’emporte pas celui d’exiger le déplacement de celle-ci et il doit être exercé de manière à causer le moins d’inconvénient possible au possesseur qui, le cas échéant, sera indemnisé des dommages subis.

Au décès de l’auteur, l’exercice des droits énoncés aux sous-alinéas a) et c) échoit, sans limite de temps, à ses ayants cause.

Les ayants cause sont habilités à exercer le droit reconnu au sous-alinéa b) pendant une période de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Sous-section II Droits patrimoniaux

Art. 19. L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre de quelque manière que ce soit et d’en tirer des bénéfices, sous réserve des limitations établies dans le présent livre.

Art. 20. Le droit exclusif d’exploitation de l’œuvre comprend en particulier le droit de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction de l’œuvre de quelque façon ou par quelque procédé que ce soit;

b) la communication publique de l’œuvre par quelque moyen que ce soit servant à diffuser les paroles, les signes, les sons ou les images;

c) la distribution publique d’exemplaires ou de copies de l’œuvre par la vente, le prêt ou la location;

d) l’importation de l’œuvre; et

e) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre transformation de l’œuvre. L’exploitation de l’œuvre de quelque manière que ce soit, et particulièrement par l’un des

actes énumérés dans le présent article, est illicite sans l’autorisation expresse du titulaire du droit d’auteur, sauf exceptions prévues par la présente loi.

Art. 21. Par reproduction, on entend la fixation ou la copie de l’œuvre par quelque moyen ou procédé que ce soit, déjà connu ou non encore connu, y compris le stockage numérique, provisoire ou définitif, permettant de percevoir, de communiquer ou d’obtenir des copies de tout ou partie de l’œuvre.

Art. 22. Par communication publique, on entend tout acte par lequel une pluralité de personnes, réunies ou non dans un même lieu, et au moment où chacune d’entre elles le décide individuellement, peut avoir accès à l’œuvre sans que des exemplaires de celle-ci lui aient été distribués au préalable, et notamment les actes ci-après:

a) la représentation scénique, la récitation ou autre présentation orale et l’exécution publique des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales par quelque moyen ou procédé que ce soit;

b) la projection ou la présentation publique des œuvres cinématographiques et des autres œuvres audiovisuelles;

c) la radiodiffusion ou communication publique de tout type d’œuvres par tout procédé servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images, ou la représentation numérique de ceux-ci, qu’elle soit ou non simultanée.

La transmission de signaux cryptés porteurs de programmes est également un acte de communication publique, à condition que des moyens de décryptage soient mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.
Aux fins des dispositions des deux alinéas précédents, on entend par satellite tout satellite qui opère dans des bandes de fréquence réservées par la législation sur les télécommunications à la diffusion de signaux aux fins de la réception par le public ou de la communication individuelle non publique, à condition que, dans ce dernier cas, les conditions dans lesquelles est opérée la réception individuelle des signaux soient comparables à celles qui s’appliquent dans le premier cas;

d) la transmission d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, qu’elle donne lieu ou non à paiement;

e) la retransmission de l’œuvre radiodiffusée, télévisée ou diffusée par tout autre moyen avec ou sans fil, lorsqu’elle est réalisée par un organisme distinct de l’organisme d’origine;

f) l’émission, la transmission ou la réception, en un lieu accessible au public et au moyen de n’importe quel dispositif approprié, de l’œuvre radiodiffusée;

g) la présentation et l’exposition publiques d’œuvres;

h) l’accès public à des bases de données informatiques par des moyens de télécommunication, lorsque ces bases contiennent ou constituent des œuvres protégées; et

i) la diffusion, par un procédé quelconque déjà connu ou non encore connu, des signes, paroles, sons ou images de la représentation d’œuvres, ou d’autres modes d’expression des œuvres.

Est considérée comme publique toute communication qui n’est pas strictement réservée au cercle de famille.

Art. 23. En vertu du droit de distribution, le titulaire du droit d’auteur a la faculté de mettre à disposition du public l’original ou des exemplaires ou copies de l’œuvre par la vente, la location, le prêt public ou de toute autre façon.

La location s’entend de la mise à disposition des originaux et des copies ou exemplaires d’une œuvre aux fins de leur utilisation pendant une période limitée et en contrepartie d’avantages
économiques ou commerciaux directs ou indirects. Est exclue de la notion de location, aux fins de la présente loi, la mise à disposition aux fins d’exposition et de consultation sur place.
Le prêt s’entend de la mise à disposition des originaux et des copies ou exemplaires d’une œuvre par l’intermédiaire d’établissements accessibles au public aux fins de leur utilisation pendant une période limitée sans contrepartie économique ou commerciale directe ou indirecte. Les exclusions prévues à l’alinéa précédent s’appliquent également au prêt public.
Le droit de distribution par la vente s’épuise avec la première vente et uniquement en ce qui concerne les reventes successives à l’intérieur du pays, mais il ne s’ensuit ni épuisement ni limitation du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt public des exemplaires vendus.
L’auteur d’une œuvre d’architecture ou d’une œuvre des arts appliqués ne peut s’opposer à ce que le propriétaire mette en location l’œuvre ou la construction.

Art. 24. Le droit d’importation confère au titulaire du droit d’auteur la faculté d’interdire l’introduction sur le territoire de l’Équateur, y compris par la transmission analogique et numérique, de l’original ou de copies ou d’exemplaires d’une œuvre protégée, sans préjudice de la possibilité d’obtenir la même interdiction en ce qui concerne les copies illicites. Ce droit peut être exercé tant pour empêcher l’entrée de l’original et de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le pays que pour obtenir le retrait ou la suspension de la circulation des exemplaires déjà importés. Ce droit ne s’applique pas aux exemplaires qui font partie des effets personnels.

Art. 25. Le titulaire du droit d’auteur a le droit d’appliquer ou d’exiger que soient appliquées les protections techniques qu’il estime pertinentes, utilisant l’incorporation de moyens ou de dispositifs, le cryptage de signaux ou d’autres systèmes de protection tangibles ou intangibles, aux fins d’empêcher ou de prévenir la violation de ses droits. L’importation, la fabrication, la vente, la location, la mise en circulation ou toute autre forme de fourniture d’appareils ou de moyens destinés à décrypter ou à décoder les signaux cryptés ou à déjouer ou contourner de toute autre manière les moyens de protection appliqués par le titulaire du droit d’auteur, ou l’offre de services en la matière, effectuées sans son autorisation, sont assimilées à une violation du droit d’auteur aux fins des actions civiles et des mesures conservatoires applicables, sans préjudice des sanctions applicables au délit.

Art. 26. Constitue également une violation des droits consacrés par le présent livre l’un quelconque des actes ci-après:

a) effacer ou modifier, sans l’autorisation correspondante, des renseignements sous forme électronique concernant le régime des droits; ou

b) distribuer, importer ou communiquer au public l’original ou des copies ou exemplaires de l’œuvre en sachant que les renseignements sous forme électronique concernant le régime de droits ont été supprimés ou modifiés sans autorisation.

Les renseignements sous forme électronique s’entendent des renseignements incorporés dans les copies ou exemplaires d’une œuvre ou qui apparaissent dans le cadre de la communication au public d’une œuvre, et qui visent à identifier l’œuvre, l’auteur, les titulaires du droit d’auteur ou de droits connexes, ou des renseignements concernant les modalités et conditions de l’utilisation de l’œuvre, ainsi que les numéros et codes correspondant à ces renseignements.

Art. 27. Le droit exclusif d’exploitation, ainsi que chacun de ses attributs à titre individuel, est susceptible de transmission et, d’une manière générale, de tout acte ou contrat prévu dans la présente loi ou possible en vertu du droit civil. En cas de transmission, à quelque titre que ce soit, l’acquéreur a la jouissance du droit transmis et en exerce la titularité. Les modalités de la transmission doivent être précisées de manière à ce que la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de communication publique ni inversement, sauf disposition expresse.

L’aliénation du support matériel n’emporte pas la cession du droit d’auteur sur l’œuvre qu’il contient, ni aucune autorisation en la matière.
La transmission du droit d’exploitation sur des œuvres futures déterminées ou de genres déterminés est licite, mais la durée de validité du contrat ne peut excéder cinq ans.

SECTION V

Dispositions spéciales relatives à certaines œuvres

Sous-section I Programmes d’ordinateur

Art. 28. Les programmes d’ordinateur sont considérés comme des œuvres littéraires et sont protégés comme tels. Cette protection est accordée, qu’ils aient été ou non incorporés dans un ordinateur, et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont exprimés, qu’il s’agisse d’une forme lisible par l’homme (code source) ou d’une forme lisible par machine (code objet), et s’étend aussi bien aux programmes d’exploitation qu’aux programmes d’application, y compris les diagrammes de flux, les plans, les manuels d’utilisation et, d’une manière générale, les éléments qui définissent la structure, la séquence et l’organisation du programme.

Art. 29. Est titulaire du droit d’auteur sur un programme d’ordinateur, le producteur, c’est-à- dire la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Sauf preuve contraire, est considérée comme titulaire du droit d’auteur la personne dont le nom est indiqué sur l’œuvre ou sur les copies ou exemplaires de l’œuvre de la manière habituelle.

Le titulaire est en outre habilité à exercer en son nom propre le droit moral sur l’œuvre, y compris le droit de décider de sa divulgation.
Le producteur a le droit exclusif de réaliser des modifications ou des versions successives du programme, ainsi que des programmes dérivés de ce dernier et d’en autoriser ou d’en empêcher la réalisation.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par convention entre les auteurs et le producteur.

Art. 30. Le propriétaire d’un exemplaire du programme d’ordinateur distribué licitement peut

a) réaliser une copie de la version du programme lisible par machine (code objet) aux fins de sécurité ou de sauvegarde;

b) enregistrer le programme dans la mémoire interne de l’ordinateur, que ledit enregistrement disparaisse ou non à la mise hors tension de l’appareil, aux seules fins de l’utilisation du programme et dans la mesure justifiée par ces fins; et

c) sauf interdiction expresse, adapter le programme exclusivement aux fins de son usage personnel, à condition qu’il se limite à l’usage normal prévu par la licence.

L’acquéreur ne peut à aucun titre transférer le support contenant le programme ainsi adapté, ni l’utiliser d’une quelconque autre manière sans autorisation expresse, en vertu des règles générales applicables.
L’autorisation du titulaire des droits est nécessaire pour toute autre utilisation, y compris la reproduction aux fins d’usage personnel ou l’utilisation du programme par différentes personnes, au moyen de réseaux ou d’autres systèmes analogues, déjà connus ou non encore connus.

Art. 31. Il n’est pas réputé y avoir location d’un programme d’ordinateur lorsque celui-ci n’est pas l’objet principal du contrat. Le programme est réputé être l’objet principal du contrat lorsque le fonctionnement de l’objet du contrat dépend directement du programme d’ordinateur livré avec

ledit objet, ainsi que lorsque la location porte sur un ordinateur sur lequel des programmes ont été installés préalablement.
Art. 32. Les exceptions au droit d’auteur établies par les articles 30 et 31 sont les seules applicables aux programmes d’ordinateur.
Les normes contenues dans la présente sous-section sont interprétées de façon à ce que leur application ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre, ni aux intérêts légitimes du titulaire des droits.

Sous-section II Œuvres audiovisuelles

Art. 33. Sauf convention contraire, sont présumés coauteurs de l’œuvre audiovisuelle

a) le metteur en scène ou réalisateur;

b) les auteurs du scénario, de l’adaptation et des dialogues;

c) l’auteur de la musique composée spécialement pour l’œuvre; et

d) le dessinateur, dans le cas de dessins animés.

Art. 34. Sans préjudice du droit d’auteur sur les œuvres préexistantes ayant pu être adaptées ou reproduites, l’œuvre audiovisuelle est protégée en tant qu’œuvre originale.

Les auteurs des œuvres préexistantes peuvent exploiter leur contribution dans un genre différent, mais l’exploitation de l’œuvre commune, ainsi que des œuvres spécialement créées pour l’œuvre audiovisuelle, relève exclusivement du titulaire du droit d’auteur, conformément aux dispositions de l’article ci-après.

Art. 35. Est réputé titulaire du droit d’auteur sur une œuvre audiovisuelle le producteur, c’est- à-dire la personne physique ou morale qui assume l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Est considérée comme producteur, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur l’œuvre de la manière habituelle.

Le titulaire du droit d’auteur est, en outre, habilité à exercer en son nom propre le droit moral sur l’œuvre, y compris le droit de décider de sa divulgation.
L’ensemble des dispositions qui précèdent sont applicables sans préjudice des clauses et réserves prévues entre les auteurs et le producteur.

Sous-section III Œuvres d’architecture

Art. 36. L’auteur d’une œuvre d’architecture peut s’opposer aux modifications susceptibles de changer l’esthétique ou le fonctionnement de son œuvre.

Pour toutes les modifications nécessaires au cours du processus de construction ou ultérieurement, il y a lieu d’obtenir la simple autorisation de l’architecte auteur du projet, qui ne peut la refuser que s’il estime que la modification proposée change l’esthétique ou le fonctionnement de son œuvre.
L’acquisition d’un projet d’architecture emporte le droit pour l’acquéreur d’exécuter l’œuvre projetée, mais l’autorisation écrite de l’auteur de l’œuvre est nécessaire, selon les modalités fixées par l’auteur et conformément à la loi relative à l’exercice de la profession d’architecte [Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura], aux fins de son utilisation dans d’autres œuvres.

Sous-section IV

Œuvres des arts plastiques et autres œuvres

Art. 37. L’acquéreur d’un objet matériel qui contient une œuvre d’art a, sauf convention contraire, le droit d’exposer publiquement l’œuvre, à quelque titre que ce soit.

Art. 38. Si l’original d’une œuvre des arts plastiques ou le manuscrit original d’un écrivain ou d’un compositeur est revendu dans une vente aux enchères publiques, ou si un marchand de ce type d’œuvres intervient directement ou indirectement dans la revente en qualité d’acheteur, de vendeur ou d’agent, le vendeur est tenu, sauf convention contraire, de payer à l’auteur ou à ses héritiers, selon le cas, une participation équivalent à 5 % du prix de la vente. Ce droit ne peut faire l’objet d’une renonciation et est inaliénable.

Art. 39. Tout responsable d’un établissement commercial, commerçant ou autre personne qui est intervenu dans la revente est solidairement responsable avec le vendeur du paiement de ce droit et doit informer de la revente la société de gestion compétente ou, à défaut, l’auteur ou ses ayants cause, dans un délai de trois mois, en joignant les documents pertinents aux fins de la liquidation du droit.

Art. 40. Le portrait ou buste d’une personne ne peut être mis en vente sans le consentement de ladite personne ou, si elle est décédée, de ses ayants cause. Cependant, la publication du portrait est libre lorsqu’elle est effectuée exclusivement à des fins scientifiques, pédagogiques ou culturelles ou lorsqu’elle est liée à des faits ou à des événements d’intérêt public ou qui se sont déroulés en public.

Art. 41. L’auteur d’une œuvre photographique ou le réalisateur d’une simple photographie sur laquelle figure une personne doit avoir l’autorisation de la personne photographiée ou, si elle est décédée, de ses ayants cause, pour exercer son droit d’auteur ou ses droits connexes, selon le cas. L’autorisation doit être établie par écrit et mentionner précisément le type d’utilisation autorisé. Cependant, l’utilisation de l’image est licite lorsque l’image a été prise dans le cours régulier d’événements publics et lorsque l’utilisation répond à des fins culturelles ou d’information, ou qu’elle est liée à des faits ou à des événements d’intérêt public.

Les exceptions définies dans l’alinéa précédent n’ont pas d’incidence sur le droit d’auteur sur l’œuvre dans laquelle l’image est incorporée.

SECTION VI Transmission et transfert de droits

Sous-section I Transmission à cause de mort

Art. 42. Le droit d’auteur se transmet aux héritiers et légataires conformément aux dispositions du code civil.

Art. 43. Aux fins d’autoriser une exploitation quelconque de l’œuvre, par quelque moyen que ce soit, l’autorisation des héritiers qui représentent la quote-part majoritaire est nécessaire.

Lorsque la majorité des héritiers utilise ou exploite l’œuvre, il convient de déduire les dépenses consenties du rendement économique total et de verser la participation qui leur revient aux héritiers qui n’ont pu exprimer leur consentement.

Sous-section II

Contrats d’exploitation des œuvres

Partie I Contrats en général

Art. 44. Les contrats autorisant des tiers à utiliser ou à exploiter une œuvre doivent être constatés par écrit, être conclus à titre onéreux et mentionner leur durée de validité; toutefois, ils peuvent être renouvelés indéfiniment de commun accord entre les parties.

Art. 45. Les diverses formes d’exploitation d’une œuvre sont indépendantes les unes des autres et, par conséquent, les contrats sont réputés n’être applicables qu’aux formes d’exploitation expressément mentionnées et qu’au lieu d’exploitation défini dans le contrat. Sont réputés réservés tous les droits n’ayant pas fait l’objet d’une mention expresse; à défaut de disposition relative au lieu d’exploitation, le contrat est réputé être applicable sur le territoire du pays où il a été conclu.

La cession du droit de reproduction emporte celle du droit de distribution par la vente des exemplaires dont la reproduction a été autorisée, lorsque l’exercice de ce droit peut être déduit naturellement du contrat ou est indispensable à la réalisation de son objet.

Art. 46. La cession exclusive du droit d’auteur confère au cessionnaire le droit exclusif, opposable aux tiers et à l’auteur lui-même, d’exploiter l’œuvre. Elle confère également au cessionnaire le droit de céder des droits à un tiers ou de les lui concéder sous licence, et de conclure tout autre acte ou contrat aux fins de l’exploitation de l’œuvre, sans préjudice du droit moral correspondant.

En cas de cession non exclusive, le cessionnaire est autorisé à exploiter l’œuvre sous la forme prévue dans le contrat.

Art. 47. Sans préjudice des dispositions relatives aux œuvres créées dans le cadre d’un contrat de travail, est nulle la cession globale des droits patrimoniaux sur les œuvres futures de l’auteur, sauf si les œuvres en cause sont clairement déterminées dans le contrat et que la durée de validité de celui-ci n’excède pas cinq ans.

Est également nulle toute clause par laquelle l’auteur s’engage à ne plus créer d’œuvre.

Art. 48. Le titulaire du droit d’auteur peut également concéder à des tiers des licences d’utilisation non exclusives et intransmissibles. L’acquisition de copies ou d’exemplaires d’une œuvre commercialisée avec la licence applicable implique le consentement de l’acquéreur aux modalités de la licence.

Art. 49. La personne physique ou morale ayant commandé des articles de presse, des essais, des photographies, des dessins ou d’autres œuvres susceptibles d’être publiées dans des périodiques, des revues ou d’autres moyens de diffusion publique, a le droit de publier lesdites œuvres dans les moyens de diffusion prévus dans la commande, ainsi que d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des œuvres par des moyens similaires ou équivalents à ceux utilisés pour leur publication originale. L’auteur conserve le droit d’exploiter les œuvres dans des moyens de diffusion différents, à condition de ne pas entrer en concurrence avec la publication originale.

Si les œuvres en question ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de travail, l’auteur conserve le droit de réaliser une édition indépendante sous la forme d’un recueil.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées de commun accord entre les parties.

Partie II Contrats d’édition

Art. 50. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur ou ses ayants droit cèdent, à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur le droit de publier et de distribuer l’œuvre, à charge pour elle d’assumer les coûts et les risques.

Art. 51. Si l’auteur a conclu antérieurement un contrat d’édition portant sur la même œuvre, ou si l’œuvre a été publiée avec son autorisation ou que ce fait a été porté à sa connaissance, il est tenu d’en informer l’éditeur avant la conclusion du contrat. À défaut, il répond des dommages occasionnés.

Art. 52. L’éditeur ne peut, sans le consentement écrit de l’auteur, publier l’œuvre avec des abréviations, des adjonctions, des suppressions ou d’autres modifications.

Art. 53. L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre les corrections, les modifications, les adjonctions et les améliorations qu’il estime appropriées avant que l’œuvre soit imprimée.

Lorsque les modifications augmentent le coût de l’édition, l’auteur est tenu, sauf convention contraire, de verser un dédommagement pour les frais qui en résultent.
Si les modifications impliquent des changements fondamentaux dans le contenu ou la forme de l’œuvre et qu’elles ne sont pas acceptées par l’éditeur, l’œuvre est présumée retirée, l’auteur étant tenu de verser un dédommagement pour les dommages causés aux tiers.

Art. 54. En l’absence d’accord, le prix de vente des exemplaires peut être fixé par l’éditeur.

Art. 55. Si la durée du contrat d’édition est déterminée et que, à son expiration, l’éditeur détient des exemplaires non vendus de l’œuvre, l’auteur peut les acheter au prix coûtant augmenté de 10 %. Ce droit peut être exercé dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration de la durée du contrat; au terme de ce délai, l’éditeur peut continuer à vendre les exemplaires dans les mêmes conditions.

Art. 56. Le contrat d’édition prend fin, quelle qu’en soit la durée prévue, lorsque l’édition est épuisée.

Art. 57. Le droit de publier séparément une ou plusieurs œuvres d’un même auteur ne confère pas à l’éditeur celui de les publier ensemble. De même, le droit de publier ensemble les œuvres d’un auteur ne confère pas à l’éditeur celui de les publier séparément.

Art. 58. Toute personne qui publie une œuvre est tenue de faire figurer, à un endroit visible sur tous les exemplaires de l’œuvre, au moins les indications suivantes :

a) le titre de l’œuvre et le nom ou pseudonyme de l’auteur - ou la mention du fait que l’œuvre est anonyme - du compilateur, de l’adaptateur ou de l’auteur de la version, le cas échéant;

b) la mention de réserve, comprenant le nom du titulaire du droit d’auteur, et lorsque celui- ci l’exige, le sigle de la société de gestion qui le représente, ainsi que l’année et le lieu de la première publication;

c) le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur; et

d) le numéro normalisé international du livre (ISBN), conformément à l’article 7 de la loi relative à la promotion du livre [Ley de Fomento del Libro].

Art. 59. Il est interdit à l’éditeur de publier un nombre d’exemplaires supérieur à celui convenu avec l’auteur; en cas d’infraction à cette disposition, l’auteur peut exiger le paiement du nombre d’exemplaires effectivement publiés, sans préjudice des sanctions et indemnités applicables.

Art. 60. L’éditeur est tenu de présenter à l’auteur ou à son mandataire, selon les termes du contrat, le bilan de l’édition. En tout état de cause, l’auteur ou son mandataire a le droit d’examiner les registres et justificatifs de vente des personnes qui éditent, distribuent ou vendent ses œuvres imprimées; les éditeurs, distributeurs et vendeurs doivent obligatoirement être en possession de ces renseignements.

Art. 61. La faillite de l’éditeur n’entraîne pas la résolution du contrat, sauf si l’impression de l’œuvre n’a pas commencé. Les droits de l’éditeur failli ne peuvent être cédés si la cession occasionne un préjudice à l’auteur ou nuit à la diffusion de son œuvre.

Art. 62. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux contrats d’édition d’œuvres musicales, sauf lorsque la nature de l’exploitation de l’œuvre s’y oppose.

Art. 63. Sauf convention contraire expresse, l’éditeur, ses sous-traitants ou les preneurs de licence, selon le cas, sont habilités à autoriser ou à interdire l’incorporation de l’œuvre dans des phonogrammes, sa synchronisation à des fins publicitaires ou toute autre forme d’exploitation similaire à celles qui sont autorisées par le contrat d’édition, sans préjudice des droits de l’auteur et de l’obligation de lui verser la rémunération convenue dans le contrat, une fois décomptée la part de l’éditeur.

Art. 64. L’auteur a l’obligation de garantir la paternité et l’originalité de l’œuvre.

Partie III Contrats d’enregistrement d’œuvres musicales

Art. 65. Le contrat d’enregistrement d’œuvres musicales est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre musicale ou son mandataire, l’éditeur ou la société de gestion collective compétente autorise un producteur de phonogrammes, en échange d’une rémunération, à enregistrer ou à fixer une œuvre afin de la reproduire sur un disque phonographique, une bande magnétique, un support numérique ou tout autre dispositif ou mécanisme analogue, aux fins de la reproduction et de la vente d’exemplaires.

Art. 66. Sauf convention contraire, la rémunération de l’auteur est proportionnelle à la valeur des exemplaires vendus et elle est versée périodiquement.

Art. 67. Les producteurs de phonogrammes doivent mentionner sur le support matériel des phonogrammes les éléments suivants:

a) le titre de l’œuvre, le nom ou pseudonyme du ou des auteurs de l’œuvre, ainsi que de la version, le cas échéant;

b) le nom des interprètes. Les ensembles orchestraux et choraux sont désignés par leur dénomination ou par le nom de leur chef, le cas échéant;

c) la mention de réserve du droit d’auteur accompagnée du symbole (P) (la lettre P inscrite à l’intérieur d’un cercle), suivie de l’année de première publication;

d) la raison sociale du producteur de phonogrammes ou la marque qui le caractérise;

e) les phrases suivantes: «Tous les droits de l’auteur et du producteur de phonogrammes sont réservés. Sont interdits la reproduction, la location, le prêt public, ou toute autre forme de communication publique du phonogramme»; en outre,

f) le numéro d’ordre du tirage doit obligatoirement être imprimé sur le phonogramme.

Les indications qui ne peuvent être mentionnées sur les étiquettes des exemplaires faute de place doivent obligatoirement être imprimées sur la pochette, la couverture ou le livret qui accompagne le phonogramme.
Art. 68. Les dispositions des articles 64 et 66 sont applicables, le cas échéant, à l’œuvre littéraire utilisée comme texte d’une œuvre musicale ou déclamée ou récitée et fixée dans un phonogramme, aux fins de la reproduction et de la vente.

Partie IV Contrats de représentation

Art. 69. Le contrat de représentation est le contrat par lequel le titulaire des droits sur une création intellectuelle accorde le droit ou donne l’autorisation à une personne physique ou morale de représenter l’œuvre selon les conditions convenues.

Ces contrats peuvent être conclus pour une période déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations ou d’exécutions publiques.
Les dispositions relatives au contrat de représentation sont applicables aux autres formes de communication publique, le cas échéant.

Art. 70. Lorsque la rémunération de l’auteur n’est pas fixée dans le contrat, il doit recevoir, au minimum, 10 % de la valeur totale du produit des entrées pour chaque représentation et 20 % pour la première.

Art. 71. Si l’organisateur de spectacles cesse de verser la rémunération qui revient à l’auteur, l’administration compétente, sur la demande du titulaire du droit d’auteur ou de son mandataire, ordonne la suspension des représentations de l’œuvre ou la saisie du produit des entrées.

Au cas où le même organisateur de spectacles représente d’autres œuvres d’auteurs différents, l’administration décide la saisie des excédents de recette, une fois satisfaits les droits des auteurs de ces œuvres et couvertes les dépenses correspondantes, à concurrence du montant total dû à l’auteur qui n’a pas été rémunéré. En tout état de cause, l’auteur a le droit de résilier le contrat et de reprendre l’œuvre à l’organisateur de spectacles, sans préjudice des autres actions qui lui sont ouvertes.

Art. 72. En l’absence de clauses contractuelles, l’organisateur de spectacles est présumé acquérir le droit exclusif de représenter l’œuvre pendant une période de six mois à compter de la première et le droit non exclusif de la représenter pendant une autre période de six mois.

Art. 73. L’organisateur de spectacles peut résilier le contrat, en perdant les acomptes éventuellement versés à l’auteur, si l’œuvre cesse d’être représentée faute de succès public au cours des trois premières représentations, ou en cas d’événement fortuit, de force majeure ou pour toute autre circonstance qui lui est étrangère.

Art. 74. Les fonctionnaires publics compétents n’autorisent ni représentation, ni spectacle public si l’autorisation des titulaires des droits sur les œuvres ne leur est pas présentée.

Partie V Contrats de radiodiffusion

Art. 75. Le contrat de radiodiffusion est le contrat par lequel le titulaire des droits sur une création intellectuelle autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre son œuvre.

Les présentes dispositions sont également applicables aux transmissions réalisées par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue.

Art. 76. L’autorisation de transmettre une œuvre n’emporte pas, sauf convention contraire, le droit de la retransmettre, ni de l’exploiter en public.

La transmission d’une œuvre vers un pays étranger ou dans un pays étranger requiert l’autorisation expresse des titulaires.

Partie VI Contrats de production audiovisuelle

Art. 77. Aux fins d’exploiter l’œuvre audiovisuelle sous forme de vidéocassettes, au cinéma, à la télévision, par la radiodiffusion ou de toute autre manière, l’accord préalable des auteurs ou des artistes interprètes ou, le cas échéant, des sociétés de gestion compétentes est nécessaire.

Art. 78. La distribution et la présentation de l’œuvre audiovisuelle ne peuvent faire l’objet de négociations si un accord n’a pas été conclu auparavant avec les sociétés de gestion collective et les artistes interprètes ou exécutants, afin de garantir pleinement le paiement des droits de représentation applicables.

Partie VII Contrats publicitaires

Art. 79. Les contrats publicitaires sont les contrats qui ont pour objet l’exploitation d’œuvres à des fins de promotion ou d’identification dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial par quelque moyen de diffusion que ce soit.

Sans préjudice des stipulations des parties, le contrat autorise la diffusion des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial pendant une période maximale de six mois à compter de la première communication. Passé ce délai, la communication de ces annonces doit donner lieu, pour chaque période supplémentaire de six mois, au versement d’une rémunération distincte.
Le contrat doit indiquer le support matériel sur lequel l’œuvre est reproduite, lorsqu’il s’agit du droit de reproduction, ainsi que le nombre d’exemplaires, le cas échéant. Chaque tirage supplémentaire doit faire l’objet d’un accord en termes exprès.
Les dispositions relatives aux contrats d’édition, d’enregistrement d’œuvres musicales et de production audiovisuelle sont applicables à titre supplétif aux contrats publicitaires.

SECTION VII

LIMITATIONS ET EXCEPTIONS AUX DROITS PATRIMONIAUX DE I’AUTEUR

Sous-section I Durée

Art. 80. Le droit patrimonial dure toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès, quel que soit le pays d’origine de l’œuvre.

La durée de la protection applicable à une œuvre de collaboration court à partir de la date du décès du dernier coauteur survivant.
Le délai de 70 ans applicable à une œuvre posthume court à partir de la date du décès de l’auteur.
Toute œuvre anonyme dont l’auteur ne se fait pas connaître dans un délai de 70 ans à compter de la date de la première publication tombe dans le domaine public. Si le nom de l’auteur est révélé avant la fin de ce délai, les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables.
Si l’identité de l’auteur d’une œuvre publiée sous un pseudonyme est inconnue, elle est considérée comme une œuvre anonyme.
Si une œuvre collective est communiquée au public par parties, la durée de la protection court à partir de la date de publication du dernier supplément, de la dernière partie ou du dernier volume.

Art. 81. Si la titularité des droits sur une œuvre appartient à une personne morale dès sa création, la durée de protection est de 70 ans à compter de la réalisation, de la divulgation ou de la publication de l’œuvre, celui de ces événements qui se produit en dernier étant déterminant.

Sous-section II Le domaine public

Art. 82. Lorsque les délais de protection prévus dans la présente section expirent, les œuvres tombent dans le domaine public et toute personne peut les utiliser, à condition de respecter le droit moral correspondant.

Sous-section III Exceptions

Art. 83. Seuls les actes suivants, à condition qu’ils soient conformes aux bons usages, qu’ils ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’ils ne causent pas de préjudice au titulaire des droits, sont licites, sans l’autorisation du titulaire et sans donner lieu à rémunération:

a) l’incorporation dans une œuvre d’extraits écrits, sonores ou audiovisuels d’autres œuvres, ainsi que d’autres œuvres de nature plastique, photographique, figurative ou analogue, à condition qu’il s’agisse d’œuvres déjà divulguées et que l’incorporation soit

réalisée à des fins de citation, d’analyse, de commentaire ou de jugement critique. Une telle utilisation ne pourra être réalisée qu’à des fins d’enseignement ou d’investigation, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’œuvre utilisée;

b) l’exécution d’œuvres musicales lors des cérémonies officielles des institutions de l’État ou de cérémonies religieuses, auxquelles le public peut assister gratuitement, à condition que les personnes participant à la communication ne perçoivent pas de rémunération spécifique pour leur intervention dans la cérémonie en question;

c) la reproduction, la distribution et la communication publique d’articles et de commentaires concernant des événements d’actualité et d’intérêt public, diffusés par des moyens de communication de masse, à condition que soient indiqués la source et le nom de l’auteur, s’il figure dans l’article original, et qu’aucune mention de réserve des droits ne figure dans l’article original;

d) la diffusion par la presse ou la radiodiffusion, à des fins d’information, de conférences, discours et œuvres similaires divulgués lors d’assemblées, de réunions publiques ou de débats publics portant sur des questions d’intérêt général;

e) la reproduction des nouvelles du jour ou de faits divers présentant le caractère de simples informations de presse, publiées par la presse ou radiodiffusées, à condition que leur origine soit indiquée;

f) la reproduction, la communication et la distribution des œuvres qui se trouvent en permanence dans des lieux publics, par la photographie, la peinture, le dessin ou tout autre procédé audiovisuel, à condition que soient indiqués le nom de l’auteur de l’œuvre originale et le lieu où elle se trouve et que l’acte en question ait pour seul objet la diffusion de l’art, de la science et de la culture;

g) la reproduction à l’unité d’une œuvre qui fait partie de la collection permanente d’une bibliothèque ou d’un service d’archives, exclusivement aux fins de remplacer un exemplaire si nécessaire, à condition que ladite œuvre ne se trouve pas dans le commerce;

h) les enregistrements éphémères détruits immédiatement après leur radiodiffusion;

i) la reproduction ou la communication d’une œuvre divulguée aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative;

j) la parodie d’une œuvre divulguée, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion avec ladite œuvre, et qu’elle ne nuise ni à l’œuvre, ni à la réputation de l’auteur, ou de l’artiste interprète ou exécutant, selon le cas; et

k) les leçons et conférences données dans les universités, collèges, écoles et centres d’éducation et de formation en général, qui peuvent être prises en note et rassemblées par les personnes à qui elles sont destinées pour leur usage personnel.

Art. 84. La propriété matérielle d’une lettre appartient au destinataire, mais son auteur conserve l’ensemble des droits intellectuels sur la lettre. S’il n’obtient pas l’autorisation de l’auteur, de ses héritiers ou de ses ayants cause après avoir déployé des efforts raisonnables pour l’obtenir, le destinataire peut demander au juge l’autorisation de la divulguer, sous la forme et dans la mesure nécessaires pour défendre son honneur personnel.

Chapitre II

Les droits connexes

Sous-section I Dispositions générales

Art. 85. La protection des droits connexes est sans incidence sur la protection du droit d’auteur et ne peut être interprétée comme réduisant cette protection.

Art. 86. Les titulaires de droits connexes peuvent invoquer aux fins de protection des droits reconnus dans la présente section toutes les dispositions du présent livre, excepté celles dont la nature même exclut l’application ou au sujet desquelles la présente section contient une disposition expresse.

Sous-section II

Artistes interprètes et exécutants

Art. 87. Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après cession de ces droits, l’artiste interprète ou exécutant a le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou exécutions vivantes ou ses interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes, d’exiger d’être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Ce droit moral ne s’éteint pas au décès de son titulaire.

Art. 88. Les artistes interprètes et exécutants ont le droit d’autoriser ou d’interdire la communication au public de leurs interprétations ou exécutions en direct, ainsi que la fixation de leurs interprétations et la reproduction de ces exécutions, par quelque moyen ou procédé que ce soit.

Art. 89. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les artistes interprètes et exécutants ne peuvent s’opposer à la communication publique de leurs exécutions ou représentations lorsque celles-ci constituent déjà des exécutions radiodiffusées ou que la communication publique est effectuée à partir d’une fixation réalisée avec leur consentement préalable et publiée à des fins commerciales.
Sans préjudice du droit exclusif dont ils jouissent en vertu de l’article précédent, dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de percevoir une rémunération pour la communication publique d’un phonogramme contenant leurs interprétations ou exécutions.
Sauf convention contraire, la rémunération perçue conformément aux dispositions de l’alinéa précédent est répartie de manière équitable entre les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes ou exécutants, indépendamment des droits patrimoniaux de l’auteur définis dans les articles relatifs à ces droits, conformément aux instruments internationaux.

Art. 90. Les artistes interprètes et exécutants qui participent collectivement à une même prestation doivent désigner un représentant chargé d’exercer les droits reconnus dans la présente sous-section. Si personne n’est désigné, le directeur du groupe vocal ou instrumental ayant participé à la représentation est réputé les représenter.

Art. 91. La durée de la protection des droits des artistes interprètes et exécutants est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’interprétation ou exécution a eu lieu, ou a été fixée, selon le cas.

Sous-section III Producteurs de phonogrammes

Art. 92. Les producteurs de phonogrammes sont titulaires du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit;

b) la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes; et

c) l’importation de quelque manière que ce soit de reproductions de leurs phonogrammes, licites et illicites.

Art. 93. Toute licence exclusive accordée par le producteur de phonogrammes doit indiquer les droits que le preneur de licence est autorisé à exercer, aux fins de légitimer l’intervention de ce dernier devant les autorités administratives et judiciaires compétentes.

Art. 94. Les producteurs de phonogrammes jouissent aussi du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire la communication publique, par fil ou sans fil, de leurs phonogrammes.

Art. 95. Une société de gestion commune peut être constituée pour percevoir les rémunérations dues aux auteurs, aux producteurs de phonogrammes et aux artistes interprètes ou exécutants, pour la communication publique de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, respectivement.

Art. 96. La durée de protection des droits du producteur de phonogrammes est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la première publication du phonogramme.

Sous-section IV Organismes de radiodiffusion

Art. 97. Les organismes de radiodiffusion sont titulaires du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la retransmission de leurs émissions, par quelque moyen ou procédé que ce soit;

b) la fixation et la reproduction de leurs émissions, y compris d’images isolées, lorsque celles-ci ont été rendues accessibles au public pour la première fois dans le cadre d’une émission de radiodiffusion; et

c) la communication au public de leurs émissions lorsque celle-ci est réalisée dans des lieux accessibles au public moyennant le paiement d’un droit d’entrée.

Art. 98. L’émission mentionnée à l’article précédent comprend la production de signaux porteurs de programmes destinés à un satellite de radiodiffusion, ainsi que la diffusion au public par un organisme qui émet ou diffuse des émissions d’autres organismes, reçues par l’intermédiaire d’un tel satellite.

Art. 99. Il est illicite, sans l’autorisation de l’organisme de radiodiffusion compétent, de déchiffrer des signaux codés porteurs de programmes provenant d’un satellite, de recevoir ou de diffuser de tels signaux à des fins lucratives, ou d’importer, de distribuer, de vendre, de louer ou d’offrir au public, de quelque manière que ce soit, un dispositif ou un système permettant de déchiffrer de tels signaux.

Art. 100. Aux fins de la jouissance et de l’exercice des droits consacrés dans la présente sous- section, une protection analogue est reconnue, le cas échéant, aux stations qui transmettent des programmes au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé similaire.

Art. 101. La durée de la protection des droits des organismes de radiodiffusion est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de l’émission ou de la transmission.

Sous-section V Autres droits connexes

Art. 102. Le producteur d’images en mouvement, avec ou sans son, qui ne constituent pas des créations susceptibles d’être qualifiées d’œuvres audiovisuelles, a le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire la reproduction, la communication au public ou la distribution de ces images, y compris des photographies réalisées pendant le cours de la production de l’enregistrement audiovisuel. Ce droit dure 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de la réalisation, de la divulgation ou de la publication des images, selon le cas.
On entend par enregistrement audiovisuel la fixation d’images en mouvement, avec ou sans son, qui n’est pas susceptible d’être qualifiée d’œuvre audiovisuelle.

Art. 103. Toute personne qui réalise une simple photographie ou autre fixation obtenue par un procédé analogue, n’ayant pas le caractère d’une œuvre photographique, jouit du droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire sa reproduction, distribution ou communication publique, selon les mêmes conditions que les auteurs d’œuvres photographiques. Ce droit dure 25 ans à compter du

1er janvier de l’année suivant la date de la réalisation, divulgation ou publication de la photographie ou autre fixation, selon le cas.
Art. 104. Toute personne qui publie pour la première fois une œuvre inédite tombée dans le domaine public jouit des droits d’exploitation qu’aurait pu exercer l’auteur, pendant 25 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la publication.

Sous-section VI Rémunération pour copie privée

Art. 105. La copie privée des œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, ainsi que la reproduction reprographique des œuvres littéraires imprimées, sont soumises à rémunération compensatoire conformément aux dispositions de la présente sous-section. Cette rémunération est perçue sur la distribution de supports susceptibles de contenir une fixation sonore ou audiovisuelle, de matériel de reproduction de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de matériel de reproduction reprographique.

La rémunération est due à parts égales aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes dans le cas des phonogrammes et des vidéogrammes et aux auteurs et éditeurs dans le cas des œuvres littéraires.
La rémunération compensatoire pour copie privée de phonogrammes et de vidéogrammes est perçue par un organisme de perception unique et commun aux auteurs, aux interprètes et aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, ayant exclusivement pour objet social la perception collective de la rémunération compensatoire pour copie privée. De même, la perception des droits compensatoires pour la reproduction reprographique est exercée par un organisme de perception unique et commun aux auteurs et aux éditeurs.
Ces organismes de gestion sont agréés par l’IEPI et se conforment aux dispositions de la présente loi.

Art. 106. La rémunération compensatoire prévue à l’article précédent est versée par le fabricant ou l’importateur au moment de la mise sur le marché national

a) des cassettes ou autres supports matériels dans lesquels une fixation sonore ou audiovisuelle est susceptible d’être incorporée; et

b) du matériel de reproduction.

Le pourcentage de la rémunération compensatoire pour copie privée doit être calculé sur le prix des supports ou matériels de reproduction, et il est fixé par le Conseil de direction de l’IEPI.

Art. 107. La personne physique ou morale dont l’activité consiste à mettre à la disposition du public des supports susceptibles de contenir une fixation sonore ou audiovisuelle ou du matériel de reproduction ne peut mettre ces biens en circulation si elle n’a pas payé la rémunération compensatoire et répond solidairement avec le fabricant ou l’importateur du paiement de ladite rémunération, sans préjudice de la possibilité, pour l’IEPI ou le juge compétent, selon le cas, de retirer du commerce les biens mentionnés jusqu’au paiement de la rémunération applicable.

Le défaut de paiement de la rémunération compensatoire est sanctionné par une amende équivalent à 300 % de la rémunération due.
Les producteurs de phonogrammes, les titulaires de droits sur les œuvres auxquelles a trait la présente sous-section ou les preneurs de licence, ne sont pas tenus de s’acquitter de cette rémunération pour les importations qu’ils effectuent.

Art. 108. On entend par copie privée la copie à usage domestique de phonogrammes ou de vidéogrammes, ou la reproduction reprographique en un seul exemplaire, réalisée par l’acquéreur initial d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une œuvre littéraire mis licitement en circulation, destinée exclusivement à l’usage non lucratif du copieur. Elle ne peut être utilisée d’aucune façon contraire aux bons usages.

La réalisation d’une copie privée sur des supports ou avec du matériel de reproduction sur lesquels n’a pas été perçue la rémunération compensatoire constitue une violation du droit d’auteur et des droits connexes applicables.

Chapitre III

Sociétés de gestion collective

Art. 109. Une société de gestion collective est une personne morale de droit privé, sans but lucratif, dont l’objet social est la gestion collective des droits patrimoniaux des auteurs et des droits connexes, ou de l’une de ces catégories de droits seulement.

L’affiliation des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits connexes à une société de gestion collective est volontaire.

Art. 110. Les sociétés de gestion collective sont tenues de gérer les droits qui leur sont confiés et sont habilitées à les exercer selon les conditions prévues dans leurs propres statuts, dans les mandats qui leur sont donnés et dans les contrats conclus avec les organismes étrangers, le cas échéant.

Le pouvoir conféré conformément à l’alinéa précédent ne porte pas atteinte à la possibilité pour les titulaires de droits d’exercer directement les droits qui leur sont reconnus dans le présent livre.

Art. 111. S’il existe plusieurs sociétés de gestion collective pour un type d’œuvres donné, un organisme de perception unique, chargé exclusivement de percevoir les droits patrimoniaux pour le compte des sociétés membres, doit être constitué. Si les organismes de gestion ne peuvent s’accorder sur la création, l’organisation et la composition d’un organisme de perception, il appartient à la Direction nationale du droit d’auteur d’en choisir le nom et la forme.

Art. 112. Les sociétés de gestion collective sont agréées par la Direction nationale du droit d’auteur, qui exerce à leur égard un pouvoir de surveillance, de contrôle et d’intervention. La Direction nationale du droit d’auteur peut, d’office ou sur demande d’une partie, procéder au contrôle d’une société de gestion collective, si celle-ci ne se conforme pas aux prescriptions du présent chapitre et du règlement. Dans ce cas, les actes et contrats doivent être agréés par le directeur national du droit d’auteur pour être valables. Les sociétés de gestion collective sont autorisées à opérer si les conditions suivantes sont remplies:

a) les statuts de la société de gestion collective doivent remplir les conditions énoncées dans le présent chapitre; et

b) il doit ressortir des indications fournies et des vérifications faites que la société de gestion collective réunit les conditions nécessaires pour assurer une administration efficace des droits dont la gestion va lui être confiée.

Art. 113. Sans préjudice des dispositions légales applicables, les statuts des sociétés de gestion doivent spécialement

a) prescrire les conditions applicables à l’acquisition, par les titulaires de droits qui le demandent et qui prouvent leur qualité, de la qualité de sociétaire et

b) indiquer que l’assemblée générale, composée des membres de la société, est l’organe suprême de direction et a l’autorisation préalable d’approuver les règlements relatifs aux tarifs et de se prononcer sur le pourcentage destiné à couvrir les dépenses d’administration. En aucun cas ce pourcentage ne peut être supérieur à 30 % des montants perçus, la différence devant nécessairement être répartie de manière équitable entre les divers titulaires de droits, proportionnellement à l’utilisation effective des œuvres, interprétations ou exécutions, ou phonogrammes, selon le cas.

Art. 114. Les sociétés de gestion collective sont tenues de publier chaque année un bilan financier, dans un moyen de communication de diffusion nationale.

Art. 115. Si la société de gestion ne se conforme pas à ses objectifs ou aux dispositions du présent chapitre, la Direction nationale du droit d’auteur peut suspendre son agrément, auquel cas la société de gestion conserve sa personnalité juridique uniquement pour se mettre en règle. Si elle ne le fait pas dans un délai maximum de six mois, la direction annule son agrément.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans tous les cas de suspension de l’agrément, la société peut, sous le contrôle de la Direction nationale du droit d’auteur, percevoir les droits patrimoniaux des auteurs qu’elle représente.
Les montants perçus sont déposés sur un compte distinct au nom de la Direction nationale du droit d’auteur et sont restitués à la société dès que cette dernière est à nouveau autorisée à opérer.

Art. 116. Les sociétés de gestion collective établissent les tarifs relatifs aux licences d’utilisation des œuvres ou productions qui composent son répertoire. Les tarifs établis par les sociétés de gestion collective sont publiés dans le registre officiel sur décision de la Direction nationale du droit d’auteur, à condition que les conditions de forme énoncées dans les statuts et dans le présent chapitre pour l’adoption des tarifs soient remplies.

Art. 117. Les sociétés de gestion collective peuvent négocier avec des organisations d’utilisateurs et conclure avec elles des contrats fixant des tarifs. Toute personne intéressée peut se faire appliquer ces tarifs si elle en fait la demande écrite à la société de gestion compétente.

Art. 118. Tout organisme de radiodiffusion et, d’une manière générale, toute personne qui réalise de manière habituelle un acte de communication au public, doivent tenir à jour des catalogues, registres ou relevés mensuels dans lesquels sont enregistrés, par ordre de diffusion, les titres des œuvres diffusées et le nom des auteurs ou des titulaires des droits d’auteur ou droits connexes concernés, et ils sont tenus de les adresser à chacune des sociétés de gestion, ainsi qu’à l’organisme unique de perception des droits pour communication publique, aux fins établies dans la présente loi.

Les autorités administratives, policières ou municipales, qui exercent des fonctions de surveillance et d’inspection à l’occasion desquelles elles ont à connaître des activités susceptibles de donner lieu aux rémunérations indiquées dans l’article précédent, sont tenues d’informer les sociétés de gestion.

Art. 119. Toute personne qui exploite une œuvre ou une production sans que le droit correspondant lui ait été cédé ou que la licence d’utilisation correspondante lui ait été délivrée, est tenue de payer, à titre d’indemnisation, une surtaxe de 50 % par rapport au tarif, calculée sur toute la période pendant laquelle a eu lieu l’exploitation.

La même disposition est applicable aux sociétés de gestion collective qui auraient délivré des licences relatives à des œuvres dont elles ne représentent pas les auteurs ou les titulaires de droits connexes, car elles doivent en tout état de cause garantir aux preneurs de licences l’usage et la jouissance paisible des droits correspondants.

LIVRE II

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Chapitre premier

La protection des inventions

Art. 120. Les inventions, dans tous les domaines de la technique, sont protégées par la délivrance de brevets d’invention et de modèles d’utilité.

La protection de la propriété industrielle s’inscrit dans le respect du patrimoine biologique et génétique du pays; en conséquence, la délivrance de brevets d’invention ou de procédé qui ont trait à des éléments dudit patrimoine doit se fonder sur la licéité de l’acquisition des éléments en question.

Chapitre II

Les brevets d’invention

SECTION I CONDITIONS DE BREVETABILITE

Art. 121. Un brevet est délivré pour toute invention portant sur des produits ou des procédés appartenant à tous les domaines techniques, à condition que cette invention soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle.

Art. 122. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique comprend tout ce qui a été rendu accessible au public par une

description écrite ou orale, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, de la priorité reconnue.
Uniquement aux fins d’appréciation de la nouveauté, est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu d’une demande de brevet en instance devant la Direction nationale de la propriété industrielle, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date de priorité de la demande de brevet examinée.
La divulgation du contenu du brevet n’est pas prise en considération au moment d’apprécier la brevetabilité de l’invention si elle a eu lieu dans l’année précédant la date du dépôt de la demande dans le pays ou dans l’année précédant la date de priorité, si celle-ci a été revendiquée, à condition que cette divulgation émane ou résulte

a) de l’inventeur ou de son ayant cause;

b) d’un organisme chargé de la délivrance de brevets dans un pays quelconque et qui, en infraction aux dispositions applicables, publie le contenu de la demande de brevet déposée par l’inventeur ou son ayant cause;

c) d’un tiers, y compris d’un fonctionnaire ou d’un organisme public, qui a obtenu l’information, directement ou indirectement, de l’inventeur ou de son ayant cause;

d) d’une décision administrative;

e) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son ayant cause; ou

f) du fait que le déposant ou son ayant cause a présenté l’invention dans des expositions ou des foires reconnues officiellement ou que, à des fins d’étude ou de recherche, il a dû la rendre publique afin de continuer à la mettre au point. Dans ce cas, l’intéressé doit remettre avec sa demande une déclaration dans laquelle il indique que l’invention a effectivement été exposée et présenter le certificat correspondant.

La demande de brevet en instance qui n’a pas été publiée est considérée comme information non divulguée et protégée en tant que telle conformément à la présente loi.

Art. 123. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, elle n’est pas évidente ou ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.

Art. 124. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être produit ou utilisé dans tout genre d’activité de production, y compris les services.

Art. 125. Ne sont pas considérés comme des inventions

a) les découvertes, les principes et les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

b) les matières qui existent déjà dans la nature;

c) les œuvres littéraires et artistiques ou autres créations esthétiques;

d) les plans, règles et méthodes pour l’exercice d’activités intellectuelles, pour des jeux ou des activités économiques ou commerciales, ainsi que les programmes d’ordinateur ou les logiciels s’ils ne font pas partie d’une invention susceptible d’application industrielle; et

e) les présentations d’information.

Art. 126. Ne sont pas brevetables

a) les inventions dont l’exploitation commerciale doit absolument être interdite pour protéger l’ordre public, la morale, la santé ou la vie des personnes ou des animaux, conserver les végétaux ou empêcher de graves dommages à l’environnement ou à l’écosystème;

b) les méthodes de diagnostic, les méthodes thérapeutiques ou chirurgicales utilisées pour traiter l’homme ou les animaux; et

c) les plantes et les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de variétés végétales ou d’espèces animales.

Aux fins des dispositions de l’alinéa a), sont considérés comme contraires à la morale et, en conséquence, non brevetables,

a) les procédés de clonage humain;

b) le corps humain et son identité génétique;

c) l’utilisation d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales; et

d) les procédés servant à modifier l’identité génétique des animaux lorsqu’ils sont la cause de souffrance sans apporter un avantage médical substantiel pour l’homme ou les animaux.

SECTION II Titulaires de brevet

Art. 127. Le droit au brevet appartient à l’inventeur. Ce droit est transmissible entre vifs ou à cause de mort.

Le titulaire d’un brevet peut être une personne physique ou une personne morale.
Si plusieurs personnes ont réalisé une invention en commun, le droit au brevet leur appartient en commun, à elles ou à leurs ayants causes.
N’est pas considérée comme inventeur ni comme conventeur la personne qui s’est limitée à apporter son aide à l’exécution de l’invention, sans faire preuve d’activité inventive.
Si plusieurs personnes ont réalisé la même invention indépendamment l’une de l’autre, le brevet est délivré à la personne qui dépose la première la demande de brevet ou qui fait valoir la date de dépôt la plus ancienne, ou à son ayant cause.

Art. 128. Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut revendiquer la qualité de titulaire véritable d’une demande de brevet devant la Direction nationale de la propriété industrielle, conformément à la procédure normale d’opposition, et devant le juge compétent, à tout moment et dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Art. 129. Sauf convention contraire, le droit au brevet pour une invention mise au point en exécution d’un contrat appartient au donneur d’ouvrage ou à l’employeur.

La même disposition est applicable lorsque le contrat de travail n’exige pas de l’employé l’exercice d’une activité inventive, si ledit employé a mis au point l’invention en utilisant des données ou des moyens mis à sa disposition dans le cadre de son emploi.
Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’employé inventeur a droit à une rémunération unique et équitable qui tienne compte de l’information et des moyens mis à sa disposition par l’entreprise et de son apport personnel, ainsi que de l’importance industrielle et commerciale de l’invention brevetée; à défaut d’accord entre les parties, cette rémunération est fixée par le juge compétent, sur avis préalable de l’IEPI. Dans les circonstances prévues au premier alinéa du présent article, l’employé inventeur jouit d’un droit similaire lorsque l’invention est d’une importance exceptionnelle et dépasse l’objet implicite ou explicite du contrat de travail. Le droit à la rémunération prévue dans le présent alinéa ne peut faire l’objet d’une renonciation.
À défaut de disposition contractuelle ou d’accord entre les parties sur le montant de la rémunération, celle-ci est fixée par le juge compétent, sur avis préalable de l’IEPI. Elle ne peut faire l’objet d’une renonciation.
Sauf convention contraire, lorsqu’une invention a été faite dans le cadre ou à l’occasion des activités de recherche d’une université ou d’un établissement éducatif, grâce à ses moyens ou sous sa direction, le droit au brevet appartient à cette université ou à cet établissement. La personne qui a dirigé les recherches a droit à la rémunération prévue dans les alinéas précédents.
Lorsqu’une invention est faite dans le cadre d’un contrat de travail et que l’employeur est une personne morale du secteur public, celle-ci peut céder une partie des bénéfices économiques résultant des innovations aux employés inventeurs, afin de stimuler les activités de recherche. Les personnes morales qui reçoivent des fonds de l’État pour leurs activités de recherche doivent
réinvestir une partie des revenus qu’elles tirent de la commercialisation des inventions réalisées dans ce cadre, afin d’alimenter continuellement des fonds pour la recherche et d’encourager les chercheurs en les faisant participer aux bénéfices résultant des inventions.

Art. 130. L’inventeur a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet; il peut également s’opposer à cette mention.

SECTION III Délivrance des brevets

Art. 131. La première demande de brevet d’invention valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce ou de la Communauté andine, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu par la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause, pour une période d’un an à compter de la date de cette demande, un droit de priorité pour demander un brevet concernant la même invention en Équateur.

La demande présentée en Équateur ne peut pas revendiquer de priorité pour des éléments qui ne figurent pas dans la demande antérieure; toutefois, le texte de la description et celui des revendications ne doivent pas nécessairement coïncider.

Art. 132. La demande de brevet d’invention doit être déposée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et doit contenir les éléments prévus par le règlement.

Art. 133. La demande doit être accompagnée

a) du titre ou du nom de l’invention avec une description et un abrégé de cette dernière, ainsi que d’une ou de plusieurs revendications et des plans et dessins nécessaires. Si l’invention porte sur de la matière biologique, qui ne peut pas faire l’objet d’une description détaillée, cette matière doit être déposée auprès d’une institution de dépôt habilitée par l’IEPI;

b) de l’attestation du paiement de la taxe prescrite;

c) d’une copie de la demande de brevet déposée à l’étranger, lorsqu’une priorité est revendiquée; et

d) des autres éléments requis par le règlement.

Art. 134. À la réception de la demande de brevet, la Direction nationale de la propriété industrielle établit une attestation comportant la date et l’heure à laquelle la demande a été déposée et lui attribue un numéro d’ordre dans une série continue, sauf si les documents mentionnés aux alinéas a) et b) de l’article précédent font défaut, auquel cas la demande n’est pas acceptée pour instruction et ne reçoit pas de date de dépôt.

Art. 135. La description doit être suffisamment claire et complète pour qu’une personne compétente en la matière puisse l’exécuter.

Art. 136. La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif.

Art. 137. Avant la publication visée à l’article 141, le déposant peut diviser, modifier, préciser ou corriger la demande, mais il ne peut pas changer l’objet de l’invention, ni aller au-delà de la divulgation figurant dans la demande nationale.
Chaque demande divisionnaire bénéficie de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Art. 138. La Direction nationale de la propriété industrielle ou le déposant peut proposer que la demande de brevet d’invention soit transformée en demande d’enregistrement de modèle d’utilité ou inversement.

La demande transformée garde la date de dépôt de la demande initiale et elle est soumise à la procédure d’instruction pertinente.

Art. 139. Si le déposant renonce à sa demande avant sa publication, le dossier est archivé.

Art. 140. Dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, la Direction nationale de la propriété industrielle examine si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre.

S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas ces conditions, la Direction nationale de la propriété industrielle le fait savoir au déposant afin que celui-ci complète sa demande dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification. Ce délai peut être prorogé d’autant, une seule fois, sans perte du droit de priorité. Si, à l’expiration du délai, le déposant n’a pas répondu, la Direction nationale de la propriété industrielle déclare la demande abandonnée.

Art. 141. Un extrait de la demande est publié dans la Gazette de la propriété intellectuelle du mois suivant celui au cours duquel la demande a été régulièrement déposée, sauf si le déposant demande que la publication soit différée d’un délai maximal de 18 mois.

Le dossier ne peut pas être consulté par les tiers avant la publication, sauf avec le consentement écrit du déposant ou lorsque le déposant a engagé des actions judiciaires ou administratives à l’encontre de tiers sur la base de la demande.

Art. 142. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de la publication, et une seule fois, présenter des objections fondées qui peuvent mettre en cause la brevetabilité de l’invention ou le droit au brevet du titulaire.

Le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être prorogé d’autant, sur la demande d’une partie intéressée qui souhaite présenter des objections, si elle indique qu’elle a besoin d’examiner la description, les revendications et les antécédents de la demande.
Les objections inconsidérées peuvent donner lieu au paiement de dommages-intérêts qui pourront être demandés au juge compétent.
Art. 143. Si des objections sont présentées dans le délai prévu à l’article précédent, la Direction nationale de la propriété industrielle en envoie notification au déposant pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification - ce délai étant susceptible d’être prorogé d’autant, une seule fois -, celui-ci puisse, s’il l’estime utile, faire valoir ses arguments, présenter des documents ou déposer une nouvelle rédaction des revendications ou de la description de l’invention.

Art. 144. La Direction nationale de la propriété industrielle examine obligatoirement la brevetabilité de l’invention dans un délai de 60 jours à compter de l’expiration des délais prévus aux articles 142 et 143. Aux fins de cet examen, elle peut demander l’avis des experts ou organismes scientifiques ou techniques qu’elle estime compétents, sur la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle de l’invention. De même, lorsqu’elle l’estime utile, elle peut demander l’avis d’offices étrangers compétents. Toute l’information reçue est portée à la connaissance du demandeur de manière à garantir son droit à être entendu conformément aux dispositions du règlement.

La Direction nationale de la propriété industrielle peut considérer les résultats desdits examens comme des avis techniques aux fins de l’examen du respect des conditions de brevetabilité de l’invention.
Les avis techniques émis par les offices compétents de pays ou d’organisations internationales avec lesquels l’IEPI a conclu des accords de coopération et d’assistance technique sont admis par la Direction nationale de la propriété industrielle aux fins de la délivrance des brevets.

Art. 145. Si l’examen final est positif, le brevet est délivré. S’il est partiellement négatif, le brevet n’est délivré que pour les revendications acceptées, la décision devant être motivée. Si l’examen est totalement négatif, le brevet est refusé, la décision devant également être motivée.

Art. 146. Le brevet a une durée de validité de 20 ans, à compter de la date de dépôt de la demande correspondante.

Art. 147. Pour le classement systématique des brevets, la classification internationale des brevets d’invention instituée par l’Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée, est utilisée.

La ou les classes auxquelles appartient une invention donnée sont indiquées par la Direction nationale de la propriété industrielle sur le brevet, sans préjudice de l’indication éventuellement portée par le déposant.

SECTION IV

Droits conférés par le brevet

Art. 148. L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. La description et les dessins ou les plans et tout autre élément déposé auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle servent à interpréter les revendications.

Si l’objet du brevet est un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Art. 149. Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention et d’interdire à tout tiers d’accomplir l’un des actes suivants sans son consentement:

a) fabriquer le produit breveté;

b) offrir à la vente, vendre ou utiliser le produit breveté, ou l’importer ou le stocker à l’une quelconque de ces fins;

c) utiliser le procédé breveté;

d) accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux alinéas a) et b) à l’égard d’un produit obtenu directement par le procédé breveté;

e) fournir ou offrir les moyens nécessaires à la mise en œuvre de l’invention brevetée; et

f) accomplir tout autre acte ou être à l’origine de tout autre fait qui tende à mettre à la disposition du public tout ou partie de l’invention brevetée ou des résultats de son utilisation.

Art. 150. Le titulaire d’un brevet ne peut exercer le droit reconnu à l’article précédent dans aucun des cas suivants:

a) si l’utilisation a lieu dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

b) si l’utilisation a lieu à des fins non lucratives, à titre expérimental, à des fins universitaires ou scientifiques; ou

c) s’il s’agit de l’importation du produit breveté qui a été mis dans le commerce dans un pays quelconque avec le consentement du titulaire, du preneur de licence ou de toute autre personne autorisée à cette fin.

SECTION V Nullité du brevet

Art. 151. Dans le cadre d’un recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer nul l’enregistrement du brevet si

a) l’objet du brevet ne constitue pas une invention au sens du présent chapitre;

b) le brevet a été délivré pour une invention non brevetable;

c) le brevet a été délivré au nom d’une personne qui n’est pas l’inventeur;

d) avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la priorité revendiquée, un tiers de bonne foi, dans le pays, fabriquait déjà le produit, utilisait le procédé à des fins commerciales ou avait fait des préparatifs sérieux en vue de la fabrication du produit ou de la mise en œuvre du procédé à de telles fins; et si

e) le brevet a été délivré en violation de toute autre disposition de la présente loi ou a été obtenu sur la base de données, de renseignements ou de descriptions faux ou inexacts.

Art. 152. Le juge compétent peut déclarer nul le brevet dans l’un quelconque des cas prévus à l’article précédent, en vertu d’une demande présentée après expiration du délai prévu par la présente loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de délivrance du brevet, sauf si le recours en révision a été formé et définitivement rejeté auparavant.

SECTION VI Déchéance du brevet

Art. 153. Le maintien en vigueur du brevet ou, le cas échéant, de la demande de brevet en instance donne lieu au paiement des taxes fixées conformément aux dispositions de la présente loi.

Avant de prononcer la déchéance du brevet, la Direction nationale de la propriété industrielle accorde un délai de six mois à l’intéressé pour qu’il paye les taxes visées à l’alinéa précédent.

SECTION VII

Régime des licences obligatoires

Art. 154. Après déclaration par le Président de la République de l’existence de motifs d’intérêt public, d’urgence ou de sécurité nationale, et uniquement tant que ces motifs demeurent valables, l’État peut soumettre le brevet au régime de la licence obligatoire à tout moment; dans ce cas, la Direction nationale de la propriété industrielle peut octroyer les licences qui sont demandées, sans préjudice du droit du titulaire du brevet à recevoir une rémunération conformément aux dispositions de la présente section. Le titulaire du brevet est avisé avant la délivrance de la licence, afin qu’il puisse faire valoir ses droits.

La décision d’octroi de la licence obligatoire fixe la portée ou le champ d’application de celle- ci et précise notamment la période pour laquelle la licence est accordée, l’objet de la licence et le montant des redevances et les conditions de leur paiement, sans préjudice des dispositions de l’article 156 de la présente loi.
La concession d’une licence obligatoire pour motifs d’intérêt public ne restreint pas le droit du titulaire du brevet de continuer à l’exploiter.

Art. 155. À la demande d’une partie et après décision judiciaire, la Direction nationale de la propriété industrielle peut octroyer des licences obligatoires lorsque des pratiques ont été déclarées

par les autorités judiciaires contraires à l’exercice de la libre concurrence, en particulier lorsqu’elles constituent un abus de position dominante sur le marché de la part du titulaire du brevet.

Art. 156. La concession de licences obligatoires est dans tous les cas soumise aux conditions suivantes:

a) le preneur de licence potentiel doit prouver qu’il a essayé d’obtenir l’autorisation du titulaire des droits et à des conditions commerciales raisonnables et qu’il n’a pas obtenu de réponse ou a obtenu une réponse négative pendant une période d’au moins six mois à compter de la demande formelle dans laquelle ces conditions ont été formulées de manière suffisamment claire pour permettre au titulaire du brevet de se faire une opinion;

b) la licence obligatoire n’est pas exclusive et ne peut être transférée ou faire l’objet de licences secondaires qu’avec la partie de l’entreprise qui en permet l’exploitation industrielle et avec le consentement du titulaire du brevet. Ces éléments doivent être consignés par écrit et enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle;

c) la licence obligatoire est octroyée principalement en vue d’approvisionner le marché intérieur, lorsque le produit sur lequel porte le brevet n’est ni produit ni importé dans le marché intérieur ou sur le territoire d’un pays membre de la Communauté andine ou de tout autre pays avec lequel l’Équateur a conclu une union douanière ou un autre accord ayant des effets équivalents;

d) le preneur de licence doit reconnaître au bénéfice du titulaire du brevet le droit à une rémunération pour l’exploitation non exclusive du brevet, à des conditions commerciales identiques à celles auxquelles aurait été conclue une licence volontaire. Ces conditions ne peuvent être moins favorables que celles proposées par le preneur de licence potentiel conformément aux dispositions de l’alinéa a) du présent article et, à défaut d’accord entre les parties, elles sont fixées par la Direction nationale de la propriété industrielle après notification de sa décision concernant l’octroi de la licence;

e) la licence est révoquée avec effet immédiat si le preneur de licence ne s’acquitte pas du paiement des redevances ou de ses autres obligations; et

f) la licence obligatoire est révoquée, d’office ou à la demande motivée du titulaire du brevet, si les circonstances à l’origine de l’octroi de la licence n’existent plus, sans préjudice de la protection qui est due aux intérêts légitimes du preneur de licence.

Art. 157. À la demande du titulaire du brevet, ou du preneur de licence, les conditions applicables à la licence peuvent être modifiées par la Direction nationale de la propriété industrielle, lorsque des faits nouveaux le justifient et notamment lorsque le titulaire du brevet concède une autre licence à des conditions plus favorables que celles de la licence obligatoire.

Art. 158. Les licences qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente section sont sans effet juridique.

En ce qui concerne les licences volontaires, les dispositions de la section V du livre III4 , intitulée «Actes et contrats en matière de propriété industrielle et d’obtentions végétales», sont applicables.

3 Voir Lois et traités de propriété industrielle, ÉQUATEUR - texte 1-001 (N.d.l.r.).

4 Voir la note 2 (N.d.l.r.).

Chapitre III

Les modèles d’utilité

Art. 159. Un brevet de modèle d’utilité est délivré pour toute nouvelle forme, configuration ou disposition d’éléments d’un appareil, outil, instrument, mécanisme ou autre objet ou de l’une quelconque de ses parties, qui permet d’améliorer ou de modifier le fonctionnement, l’utilisation ou la fabrication de l’objet qui l’incorpore ou qui procure à cet objet une utilité, un avantage ou un effet technique qu’il n’avait pas auparavant, ainsi que pour toute autre nouvelle création susceptible d’application industrielle qui n’implique pas une activité inventive suffisante pour la délivrance d’un brevet.

Art. 160. Il n’est pas délivré de brevet de modèle d’utilité pour les procédés et les matières exclus de la protection par brevet d’invention. Ne sont pas non plus considérés comme des modèles d’utilité les sculptures, les œuvres d’architecture, les peintures, les gravures, les œuvres imprimées ou tout autre objet de nature purement esthétique.

Art. 161. Les dispositions relatives aux brevets d’invention sont applicables aux modèles d’utilité dans la mesure où elles sont pertinentes.

Art. 162. La durée de protection des modèles d’utilité est de 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande correspondante.

Chapitre IV

Les certificats de protection

Art. 163. Tout inventeur ayant en cours un projet d’invention dont la mise au point nécessite l’expérimentation ou la construction d’un mécanisme qui l’oblige à rendre son idée publique peut demander un certificat de protection, délivré directement par la Direction nationale de la propriété industrielle, dont la durée de validité est d’un an avant la date de dépôt de la demande de brevet.

Le titulaire d’un certificat de protection jouit du droit de priorité pour déposer la demande de brevet dans l’année suivant la date de délivrance du certificat.

Art. 164. La demande doit être présentée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et contenir les éléments requis par le règlement. Elle doit être accompagnée d’une description du projet d’invention, ainsi que des autres documents nécessaires à son interprétation.

Si la demande remplit les conditions requises, la Direction nationale de la propriété industrielle délivre le certificat de protection à la date du dépôt de la demande.

Chapitre V

Les dessins et modèles industriels

Art. 165. Les dessins et modèles industriels nouveaux peuvent être enregistrés.

Est considérée comme dessin industriel toute combinaison de lignes, de formes ou de couleurs et comme modèle industriel toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou des couleurs, qui sert de modèle pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal qui se différencie des produits similaires par sa configuration distincte.
Les dessins et modèles industriels dont l’aspect est dicté uniquement par des considérations techniques ou fonctionnelles et qui ne comportent aucun apport personnel de leur auteur visant à leur donner une apparence spéciale sans changer leur objet ou leur destination ne peuvent pas être enregistrés.

Art. 166. Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau si, avant la date du dépôt de la demande ou de la priorité valablement revendiquée, il a été rendu accessible au public par une description, un usage ou tout autre moyen.

Un dessin ou modèle industriel n’est pas nouveau du seul fait qu’il ne présente que des différences secondaires par rapport à des réalisations antérieures ou qu’il a une autre destination.

Art. 167. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit comprendre les éléments requis par le règlement et être accompagnée d’une reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel et des autres documents requis par le règlement.

La procédure prévue dans la présente loi pour la délivrance de brevet est applicable, le cas échéant, à l’enregistrement de dessins ou modèles industriels. Il n’est procédé à un examen quant à la nouveauté du dessin ou modèle que si des objections sont présentées.

Art. 168. La Direction nationale de la propriété industrielle délivre un certificat d’enregistrement du dessin ou du modèle industriel. L’enregistrement est valable pendant 10 ans à compter de la date du dépôt de la demande.

Art. 169. Pour le classement systématique des dessins et modèles industriels, la classification internationale instituée par l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée, est utilisée.

Art. 170. La première demande valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, membre de la Communauté andine, ou partie à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu dans la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité pour une période de six mois, à compter de la date de cette demande, pour déposer la demande d’enregistrement en Équateur.

Art. 171. L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers d’exploiter le dessin ou modèle en question. Le titulaire de l’enregistrement a le droit d’interdire à tout tiers de fabriquer, d’importer, d’offrir à la vente, de vendre, de mettre dans le commerce ou d’utiliser commercialement, sans son consentement, des produits qui reproduisent le dessin ou modèle industriel, ou de produire ou commercialiser un produit dont le dessin ou modèle présente des différences secondaires par rapport au dessin ou modèle protégé ou ressemble en apparence à ce dernier.

Art. 172. Dans le cadre d’un recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut, d’office ou à la demande d’une partie, déclarer nul l’enregistrement du dessin ou modèle industriel si

a) l’objet de l’enregistrement ne constitue pas un dessin ou modèle industriel au sens de la présente loi; ou si

b) l’enregistrement a été accordé en violation de l’une des dispositions de la présente loi.

Art. 173. Le juge compétent peut déclarer nul un dessin ou modèle industriel dans l’un quelconque des cas prévus à l’article précédent, en vertu d’une demande présentée après l’expiration du délai prévu par la présente loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement en question, sauf si le recours en révision a été formé et définitivement rejeté auparavant.

Chapitre VI

Les schémas de configuration (topographies) de circuits semi-conducteurs

Art. 174. Les circuits intégrés et les schémas de configuration (topographies) sont protégés conformément aux dispositions du présent chapitre. À cet effet,

a) on entend par «circuit intégré» un produit, y compris un produit semi-conducteur, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique;

b) on entend par «schéma de configuration (topographie)» la disposition tridimensionnelle

- quelle que soit son expression - des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué; et

c) on considère qu’un schéma de configuration (topographie) est «fixé» dans un circuit intégré lorsque son incorporation dans le produit est suffisamment permanente ou stable pour permettre à ce schéma d’être perçu ou reproduit pendant une période qui n’est pas seulement transitoire.

Art. 175. Les droits exclusifs de propriété intellectuelle sont applicables aux schémas de configuration (topographies) qui sont originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et que, au moment de leur création, ils ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographies) et les fabricants de circuits intégrés.

Un schéma de configuration (topographie) qui consiste en une combinaison d’éléments et d’interconnexions qui sont courants n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions énoncées à l’alinéa précédent.
Les schémas de configuration (topographies) dont la conception est dictée exclusivement par les fonctions du circuit auquel ils s’appliquent ne peuvent pas être protégés.
La protection conférée par le présent chapitre ne s’étend pas aux idées, aux procédés, aux systèmes, aux modes opératoires, aux algorithmes ni aux concepts.
Le droit du titulaire à l’égard d’un circuit intégré est applicable que le circuit intégré soit incorporé ou non dans un article.

Art. 176. A droit à la protection reconnue dans le présent chapitre la personne physique ou morale sous l’initiative et la responsabilité de laquelle un schéma de configuration (topographie) a été créé ou mis au point. Les titulaires jouissent de la protection dès le moment de la création.

Art. 177. Les schémas de configuration (topographies) peuvent être enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle. L’enregistrement a un caractère déclaratif et constitue une présomption de titularité en faveur de la personne qui l’a obtenu.

Si le schéma de configuration n’a pas été enregistré, la charge de la preuve incombe à la personne qui prétend en être titulaire.

Art. 178. Une fois la demande d’enregistrement présentée, le directeur national de la propriété industrielle analyse si elle est conforme aux conditions de forme énoncées dans le règlement et, en particulier, si l’information fournie est suffisante pour identifier le schéma de configuration (topographie) et délivre sans autre formalité le certificat d’enregistrement correspondant.

Art. 179. La protection, que le schéma de configuration (topographie) ait été ou non enregistré, rétroagit à la date de sa création.

La durée de la protection reconnue par le présent chapitre aux schémas de configuration (topographies) est de 10 ans à compter de la date de leur première exploitation commerciale n’importe où dans le monde. Néanmoins, la durée de protection ne peut être inférieure à 15 ans à compter de la date de la création du schéma de configuration (topographie).

Art. 180. Le titulaire de l’enregistrement d’un schéma de configuration (topographie) a le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction par des moyens optiques, électroniques ou par tout autre procédé déjà connu ou non encore connu, du schéma de configuration (topographie) ou de l’une quelconque de ses parties répondant à la condition d’originalité définie dans le présent chapitre;

b) l’exploitation par quelque moyen que ce soit, y compris l’importation, la distribution et la vente, du schéma de configuration protégé ou d’un circuit intégré dans lequel est incorporé le schéma de configuration (topographie) protégé, ou d’un produit comportant un circuit intégré dans lequel est incorporé le schéma de configuration reproduit de façon illicite; et

c) toute autre forme d’exploitation à des fins commerciales ou lucratives du circuit intégré et du schéma de configuration (topographie) susmentionnés.

Chacun des actes visés ci-dessus est considéré comme illégal s’il est accompli sans l’autorisation préalable et écrite du titulaire.

Art. 181. N’est pas considéré comme illégal l’accomplissement sans l’autorisation du titulaire des actes ci-après:

a) la reproduction du schéma de configuration (topographie) réalisée par un tiers à seule fin de recherche ou d’enseignement, ou d’évaluation et d’analyse des concepts, des techniques, des diagrammes de flux ou de l’organisation des éléments incorporés dans le schéma de configuration (topographie) dans le cadre de l’élaboration d’un schéma de configuration (topographie) lui-même original;

b) l’incorporation par un tiers d’un schéma de configuration dans un circuit intégré ou la réalisation de l’un quelconque des actes visés à l’article précédent, lorsque le tiers, à partir de l’évaluation ou de l’analyse du premier schéma de configuration (topographie), crée un second schéma de configuration (topographie) qui satisfait à l’exigence d’originalité visée dans le présent chapitre;

c) l’importation ou la distribution de produits semi-conducteurs ou de circuits intégrés dans lesquels un schéma de configuration (topographie) est incorporé, si ces produits ont été vendus ou mis de toute autre manière licitement sur le marché par le titulaire de droits sur le schéma de configuration protégé ou avec son consentement écrit; et

d) l’importation, la distribution ou la vente d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite ou qui a un lien avec un produit quelconque incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis le circuit intégré ou le produit incorporant ledit circuit, qu’il incorporait un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite. Cette exception cesse d’être applicable dès lors que la personne susmentionnée a reçu du titulaire ou de son mandataire une communication écrite concernant l’origine illicite de cette incorporation; dans ce cas, cette personne peut disposer de l’objet incorporant le schéma de configuration (topographie), mais elle est tenue de payer au titulaire une rémunération raisonnable qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixée par le juge compétent.

Art. 182. Le titulaire de droits sur un schéma de configuration (topographie) peut le transmettre, le céder ou le concéder sous licence, conformément aux dispositions de la présente loi.

Aux fins du présent livre, la vente, la distribution ou l’importation d’un produit incorporant un circuit intégré constitue un acte de vente, de distribution ou d’importation de ce circuit, dans la mesure où le produit contient la reproduction non autorisée d’un schéma de configuration (topographie) protégé.

Chapitre VII L’information non divulguée

Art. 183. L’information non divulguée liée à des secrets commerciaux, industriels ou à tout autre type d’information confidentielle est protégée contre l’acquisition, l’usage ou la révélation sans le consentement du titulaire, dans la mesure où

a) l’information est secrète en ce sens que, considérée dans son ensemble ou sur le plan de la configuration et de la composition précise de ses éléments, elle n’est ni connue d’une façon générale ni facilement accessible aux personnes appartenant aux cercles qui manient normalement ce genre d’information;

b) l’information a une valeur commerciale effective ou potentielle du fait de son caractère secret; et

c) compte tenu des circonstances, la personne qui la détient légalement a adopté des mesures raisonnables pour la garder secrète.

L’information non divulguée peut en particulier se rapporter à la nature, aux caractéristiques ou à la destination des produits, aux méthodes ou aux procédés de production ou aux moyens ou aux formes de distribution ou de commercialisation de produits ou de prestation de services.
Sont également susceptibles de protection en tant qu’information non divulguée les connaissances techniques utilisées pour des procédés de fabrication et de production en général, ainsi que les connaissances liées à l’emploi et à l’application de techniques industrielles résultant de connaissances, d’expériences ou de savoir-faire intellectuel, qu’une personne conserve de manière confidentielle et qui lui permet de garder ou d’acquérir un avantage concurrentiel ou économique par rapport à des tiers.
Est considérée comme titulaire aux fins du présent chapitre la personne physique ou morale qui détient licitement l’information non divulguée.

Art. 184. Le titulaire peut exercer les actions prévues dans la présente loi pour empêcher que l’information non divulguée soit rendue publique, acquise ou utilisée par des tiers, pour faire cesser les actes menant ou risquant de mener à une telle divulgation, acquisition ou utilisation et pour obtenir les indemnités applicables en cas de divulgation, d’acquisition ou d’utilisation non autorisée.

Art. 185. Sans préjudice des autres moyens contraires aux bons usages ou aux pratiques honnêtes, la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation de l’information non divulguée en infraction aux dispositions de la présente loi peuvent résulter, en particulier.

a) de l’espionnage industriel ou commercial;

b) du non-respect d’une obligation contractuelle ou légale;

c) de l’abus de confiance;

d) de l’incitation à commettre l’un des actes visés aux alinéas a), b) et c); et

e) de l’acquisition d’une information non divulguée par un tiers qui sait ou devrait savoir que l’acquisition en question résulte de l’un des actes visés aux alinéas a), b), c) et d).

Art. 186. Sont responsables de la divulgation, de l’acquisition ou l’utilisation non autorisées d’une information non divulguée en violation des bons usages et des pratiques honnêtes et légales, non seulement les auteurs directs de tels actes ou de telles pratiques, mais également les personnes qui en tirent avantage.

Art. 187. La protection de l’information non divulguée prévue à l’article 173 est maintenue aussi longtemps qu’existent les conditions qui y sont définies.

Art. 188. N’est pas considérée comme étant du domaine public ou comme divulguée légalement l’information communiquée à une autorité par la personne qui la détient, afin d’obtenir une licence, un permis, une autorisation, un enregistrement ou aux fins de tous autres actes officiels.

L’administration concernée est tenue de préserver le secret de ladite information et d’adopter les mesures nécessaires à leur protection contre toute utilisation déloyale.

Art. 189. Le détenteur d’une information non divulguée peut la transmettre ou autoriser un tiers à l’utiliser. L’utilisateur autorisé est tenu de ne la divulguer par aucun moyen, sauf convention contraire avec la personne qui lui a transmis l’information ou qui l’a autorisé à l’utiliser.

Art. 190. Toute personne qui, par son travail, son emploi, sa charge ou son poste, ou dans l’exercice de ses activités professionnelles ou commerciales, a accès à une information non divulguée doit s’abstenir de l’utiliser et de la divulguer, sans motif jugé légitime par le juge compétent, et sans le consentement du titulaire, même lorsque son contrat de travail, l’exercice de sa profession ou ses activités commerciales ont pris fin.

Art. 191. Si, pour pouvoir autoriser la commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits agrochimiques faisant appel à de nouvelles entreprises productrices de produits chimiques, la communication de résultats d’expériences ou d’autres données non divulguées et dont l’obtention suppose un effort considérable est exigée, les autorités protègent les données susmentionnées contre tout usage déloyal, sauf si leur divulgation est nécessaire pour protéger le public ou si des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal.

La personne qui a demandé l’approbation de la commercialisation peut indiquer quelles sont les données ou informations que les autorités ne peuvent divulguer.
Aucune personne autre que celle qui a communiqué les données visées à l’alinéa précédent ne peut, sans le consentement de cette dernière, s’appuyer sur de telles données pour demander l’approbation d’un produit, tant que ces données remplissent les conditions prévues dans le présent chapitre.
Art. 192. Aux fins indiquées à l’article précédent, les autorités publiques compétentes s’abstiennent de demander la communication d’une information non divulguée si le produit ou composé a été enregistré ou certifié préalablement aux fins de sa commercialisation dans un autre pays.

Art. 193. L’information non divulguée peut être déposée, dans une enveloppe scellée et cachetée, auprès d’un officier public qui en notifie la réception à l’IEPI.

Néanmoins, un tel dépôt ne peut constituer une preuve contre le titulaire de l’information non divulguée si cette dernière lui a été soustraite, de quelque manière que ce soit, par la personne qui a fait le dépôt ou si elle a été obtenue du titulaire dans le cadre d’une relation contractuelle.

Chapitre VIII Les marques

SECTION I CONDITIONS D’ENREGISTREMENT

Art. 194. On entend par marque tout signe permettant de distinguer des produits ou services sur le marché.

Peuvent être enregistrés comme marques les signes suffisamment distinctifs et susceptibles de représentation graphique.
Peuvent également être enregistrés comme marques les slogans commerciaux, à condition qu’ils ne contiennent pas d’allusion à des produits ou à des marques similaires, ni d’expressions susceptibles de porter préjudice à ces produits ou marques.
Les associations de producteurs, de fabricants, de prestataires de services, les organisations ou groupes de personnes, légalement constitués, peuvent enregistrer des marques collectives pour distinguer sur le marché les produits ou services de leurs membres.

Art. 195. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes

a) qui ne peuvent pas constituer des marques au sens de l’article 184;

b) qui consistent en des formes habituelles des produits ou de leur conditionnement ou des formes ou des caractéristiques imposées par la nature ou la fonction des produits ou des services considérés;

c) qui consistent en des formes qui donnent un avantage fonctionnel ou technique aux produits ou aux services auxquels elles s’appliquent;

d) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications pouvant servir dans le commerce à désigner ou à décrire une caractéristique des produits ou des services auxquels elles s’appliquent, y compris les expressions laudatives qui s’y rapportent;

e) qui consistent exclusivement en des signes ou des indications constituant le nom générique ou technique des produits ou des services dont il s’agit, ou une désignation commune ou usuelle de ces produits ou services dans le langage courant ou les usages commerciaux du pays;

f) qui consistent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée, sauf si l’on peut démontrer qu’elle a acquis un caractère distinctif aux fins de l’identification des produits ou services pour lesquels elle est utilisée;

g) qui sont contraires à la loi, à la morale ou à l’ordre public;

h) qui sont de nature à tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature, la provenance, le mode de fabrication, les caractéristiques ou l’aptitude à l’emploi des produits ou services considérés:

i) qui reproduisent ou imitent une dénomination d’origine protégée ou qui consistent en une indication géographique nationale ou étrangère de nature à créer une confusion en ce qui concerne les produits ou services auxquels elles s’appliquent ou qui, dans le cadre de leur utilisation, peuvent induire le public en erreur quant à l’origine, la provenance, les qualités ou les caractéristiques des biens pour lesquels les marques sont utilisées;

j) qui reproduisent ou imitent le nom, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes, sigles, dénominations ou abréviations de dénominations de tout État ou de toute organisation

internationale reconnue officiellement, sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’État ou de l’organisation internationale en question. Néanmoins, ces signes pourront être enregistrés s’ils ne sont pas de nature à créer une confusion en ce qui concerne l’existence d’un lien avec l’État ou l’organisation considéré;

k) qui reproduisent ou imitent des signes, des sceaux ou des poinçons officiels de contrôle ou de garantie, sauf si leur enregistrement a été demandé par l’organisme compétent;

l) qui reproduisent des pièces de monnaie ou des billets ayant cours légal sur le territoire du pays, ou de tout autre pays, des titres-valeurs et autres documents commerciaux, cachets, vignettes, timbres ou timbres fiscaux en général; et

m) qui consistent en des dénominations de variétés végétales protégées dans le pays ou à l’étranger, ou de variétés essentiellement dérivées de celles-ci, sauf si la demande est présentée par le titulaire lui-même.

Lorsque les signes ne sont pas intrinsèquement propres à distinguer les produits ou services considérés, la Direction nationale de la propriété industrielle peut subordonner leur enregistrement à l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif pour identifier les produits ou services du demandeur.

Art. 196. De même, ne peuvent être enregistrés comme marques les signes qui violent les droits de tiers tels que

a) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent, au point de risquer d’induire le consommateur en erreur, à une marque dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistrée antérieurement par un tiers pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services pour lesquels l’usage de la marque pourrait entraîner une confusion ou une association avec l’autre marque, ou causer un préjudice au titulaire de celle-ci en affaiblissant son caractère distinctif ou sa valeur commerciale, ou entraîner une exploitation injustifiée du prestige de la marque ou de son titulaire;

b) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un nom commercial protégé au point de risquer d’induire le public en erreur;

c) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un slogan commercial dont l’enregistrement a été demandé ou qui a été enregistré antérieurement par un tiers au point de risquer d’induire le public en erreur;

d) les signes qui constituent la reproduction, l’imitation, la traduction, la translittération ou la transcription, totale ou partielle, d’un signe notoirement connu dans le pays ou à l’étranger, quels que soient les produits ou les services considérés, lorsque son utilisation risque d’entraîner une confusion ou une association avec un tel signe, une exploitation injustifiée de sa notoriété ou l’affaiblissement de son caractère distinctif ou de sa valeur commerciale.

On entend par signe notoirement connu un signe qui peut être identifié par les consommateurs intéressés dans le pays ou sur le plan international.
La présente disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque notoirement connue;

e) les signes qui sont identiques ou qui ressemblent à un signe de haute renommée, quels que soient les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.

On entend par signe de haute renommée un signe connu par le public en général dans le pays ou sur le plan international.
La présente disposition ne s’applique pas si le déposant est le titulaire légitime de la marque de haute renommée;

f) les signes qui sont constitués par le nom complet, le pseudonyme, la signature, le titre, le surnom, la caricature, l’image ou le portrait d’une personne physique qui n’est pas le déposant ou qui, aux yeux des personnes intéressées du public, est une personne distincte du déposant, sauf s’il est établi que cette personne ou ses héritiers ont donné leur consentement;

g) les signes qui supposent une infraction au droit d’un auteur, sauf s’ils sont utilisés avec le consentement du titulaire du droit; et

h) les signes qui constituent, comprennent ou reproduisent des médailles, des prix, des diplômes ou autres récompenses, sauf s’ils sont déposés par les personnes qui les décernent.

Art. 197. Pour déterminer si une marque est notoirement connue, il faut se fonder notamment sur les critères suivants:

a) l’étendue de sa notoriété parmi les consommateurs intéressés en tant que signe distinctif des produits ou des services pour lesquels elle est utilisée;

b) l’intensité et le cadre de la diffusion et de la publicité ou de la promotion dont la marque fait l’objet;

c) l’ancienneté de la marque et l’usage continu de celle-ci; et

d) l’analyse de la production et de la commercialisation des produits ou des services que la marque distingue.

Art. 198. Pour déterminer si une marque est de haute renommée, il faut se fonder notamment sur les critères définis à l’article précédent, mais la marque doit être connue du public en général.

Art. 199. Lorsque la marque est constituée par un nom géographique, le produit ne peut être commercialisé ni le service fourni sans que soit indiqué de façon visible et clairement lisible le lieu de fabrication du produit ou l’origine du service.

Art. 200. La première demande d’enregistrement d’une marque valablement déposée dans un pays membre de l’Organisation mondiale du commerce ou de la Communauté andine, dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou à un autre traité ou instrument auquel l’Équateur est partie et qui reconnaît un droit de priorité produisant les mêmes effets que celui prévu dans la Convention de Paris, ou dans un autre pays qui applique le principe de la réciprocité aux demandes provenant des pays membres de la Communauté andine, confère au déposant ou à son ayant cause un droit de priorité pour une période de six mois, à compter de la date de cette demande, pour demander l’enregistrement de la même marque en Équateur. Cette demande ne peut porter sur des produits ou des services différents de ceux qui figurent dans la première demande, ni sur des produits on services supplémentaires.

Le même droit de priorité existe pour l’utilisation d’une marque dans une exposition reconnue officiellement et qui a eu lieu dans le pays. Le délai de six mois court à partir de la date à laquelle les produits ou les services portant la marque en question ont été exposés pour la première fois, et qui doit être attestée par un certificat, délivré par l’autorité responsable de l’exposition.

SECTION II PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

Art. 201. La demande d’enregistrement d’une marque doit être déposée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle, comporter une seule classe internationale de produits ou de services et contenir les éléments requis par le règlement.

Art. 202. La demande doit être accompagnée

a) du justificatif du paiement de la taxe prescrite;

b) d’une copie de la première demande d’enregistrement de la marque déposée à l’étranger, si la priorité en est revendiquée; et

c) des autres documents prescrits par le règlement.

Art. 203. De plus, si la demande d’enregistrement porte sur une marque collective, les pièces suivantes doivent y être jointes:

a) une copie des statuts de l’association, de l’organisation ou du groupement qui demande l’enregistrement de la marque collective;

b) une copie du règlement que le déposant de la demande de marque collective utilise pour contrôler les produits ou les services;

c) la liste des conditions et des modalités d’utilisation de la marque collective; et

d) la liste des membres de l’association, de l’organisation ou du groupement.

Une fois obtenu l’enregistrement de la marque collective, l’association, l’organisation ou le groupement doit communiquer à la Direction nationale de la propriété industrielle toute modification éventuelle.
Art. 204. Dès réception de la demande, la Direction nationale de la propriété industrielle établit une attestation comportant la date et l’heure à laquelle la demande a été déposée et lui attribue un numéro d’ordre dans une série continue, sauf si le document visé à l’alinéa a) de l’article 202 fait défaut, auquel cas la demande n’est pas instruite et ne reçoit pas de date de dépôt.
Art. 205. Le déposant d’une demande d’enregistrement de marque peut modifier sa demande initiale, uniquement si les modifications portent sur des aspects secondaires, à tout moment pendant l’instruction de la demande, jusqu’à sa publication. De même, il peut supprimer ou limiter les produits ou services mentionnés. Il peut également élargir la liste des produits ou services, à l’intérieur de la même classe internationale, jusqu’à la publication visée à l’article 207.
La Direction nationale de la propriété industrielle peut, à tout moment de l’instruction, demander au déposant de modifier la demande. La procédure applicable à ladite demande de modification est décrite à l’article suivant.
En aucun cas, les modifications apportées à la demande ne doivent aboutir à changer le signe.

Art. 206. Une fois la demande déposée, la Direction nationale de la propriété industrielle examine, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande, si elle remplit les conditions de forme énoncées dans le présent chapitre.

S’il ressort de cet examen que la demande ne remplit pas les conditions de forme, la Direction nationale de la propriété industrielle en notifie le déposant, afin que ce dernier la régularise dans un délai de 30 jours à compter de la notification.
Si la demande n’est pas régularisée dans le délai indiqué, elle est rejetée.

Art. 207. Si la demande d’enregistrement remplit les conditions de forme, la Direction nationale de la propriété industrielle ordonne qu’elle soit publiée une seule fois, dans la Gazette de la propriété intellectuelle.

Art. 208. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de publication, former une opposition motivée à la demande d’enregistrement de la marque. Toute personne présumée avoir un intérêt légitime pour former opposition peut demander pour ce faire une prorogation de 30 jours du délai mentionné.

Art. 209. La Direction nationale de la propriété industrielle ne reçoit pas l’opposition lorsque

a) elle n’a pas été présentée dans le délai;

b) elle repose exclusivement sur une demande dont la date de dépôt ou de priorité valablement revendiquée est postérieure à la demande d’enregistrement de la marque à l’enregistrement de laquelle il est fait opposition;

c) elle repose sur l’enregistrement d’une marque qui a coexisté avec celle dont l’enregistrement est demandé, si la demande d’enregistrement en question a été déposée par la personne qui en était le dernier titulaire, dans les six mois suivant l’expiration du délai de grâce prévu pour demander le renouvellement de l’enregistrement de la marque.

Art. 210. La Direction nationale de la propriété industrielle notifie l’opposition au déposant de la demande d’enregistrement pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la notification, il présente ses arguments s’il le juge utile.

À l’expiration du délai mentionné dans le présent article, la Direction nationale de la propriété industrielle se prononce sur l’opposition et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement de la marque; sa décision doit être dûment motivée.
À tout moment avant que cette décision soit rendue, les parties peuvent transiger et leur transaction a force obligatoire pour la Direction nationale de la propriété industrielle. Néanmoins, si les parties s’entendent sur la coexistence de signes identiques pour protéger les mêmes produits ou services, la Direction nationale de la propriété industrielle peut s’y opposer si elle considère que cet accord porte atteinte à l’intérêt général des consommateurs.
Art. 211. Si aucune opposition n’a été formée à l’expiration du délai fixé à l’article 198, la Direction nationale de la propriété industrielle examine si la marque peut être enregistrée et décide d’accorder ou de refuser l’enregistrement. Sa décision doit être dûment motivée.

Art. 212. L’enregistrement d’une marque a une durée de validité de 10 ans à compter de la date à laquelle il a été accordé et peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans.

Art. 213. Le renouvellement de l’enregistrement d’une marque doit être demandé auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle dans les six mois précédant son expiration. Toutefois, le titulaire de la marque bénéficie d’un délai de grâce de six mois après la date d’expiration de l’enregistrement pour en demander le renouvellement. Pendant ce délai, l’enregistrement de la marque reste pleinement en vigueur.

Pour renouveler l’enregistrement de la marque, il suffit de présenter la demande correspondante, le renouvellement étant accordé sans autre formalité aux mêmes conditions que l’enregistrement dont l’expiration est en cause.

Art. 214. L’enregistrement de la marque tombe en déchéance de plein droit si le titulaire n’en demande pas le renouvellement dans le délai légal, y compris le délai de grâce.

Art. 215. Pour déterminer la classe internationale applicable à l’enregistrement d’une marque, on utilise la classification internationale de Nice du 15 juin 1957, telle qu’elle a été mise à jour et modifiée.

La classification internationale visée à l’alinéa précédent ne sert pas à déterminer si les produits ou services sont semblables ou différents.

SECTION III

DROITS CONFÉRÉS PAR L’ENREGISTREMENT DE LA MARQUE

Art. 216. Le droit à l’usage exclusif d’une marque s’acquiert par l’enregistrement de celle-ci auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle.

La marque doit être utilisée telle qu’elle a été enregistrée. Seules sont admises des variantes correspondant à des modifications secondaires du signe enregistré.

Art. 217. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’agir contre tout tiers qui l’utilise sans son consentement et effectue, en particulier, en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, l’un des actes suivants:

a) utiliser dans le commerce un signe identique ou semblable à la marque enregistrée, en relation avec des produits ou des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels elle est enregistrée, lorsque l’usage de ce signe peut créer une confusion, causer au titulaire de la marque un préjudice économique ou commercial, ou entraîner l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque.

Un risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe identique est utilisé pour distinguer des produits ou des services identiques;

b) vendre, offrir à la vente, entreposer ou mettre sur le marché des produits portant cette marque ou offrir des services sous cette marque;

c) importer ou exporter des produits portant cette marque; et

d) commettre tout autre acte qui, par sa nature ou son objet, peut être considéré comme analogue ou assimilable à ceux indiqués dans les alinéas précédents.
Le titulaire de la marque peut empêcher tous les actes énumérés dans le présent article, qu’ils soient effectués à travers des réseaux de communication numérique ou d’autres moyens de communication déjà connus ou non encore connus.

Art. 218. Les tiers de bonne foi peuvent, sans le consentement du titulaire de la marque enregistrée, utiliser sur le marché, à condition que ce ne soit pas en tant que marque, leur nom, celui de leur domicile, leur pseudonyme, un nom géographique ou toute autre indication exacte relative à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, au lieu d’origine ou à l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs services et d’autres caractéristiques de ces produits ou services, sous réserve que cet usage soit limité à des fins d’identification ou d’information et ne risque pas d’induire le public en erreur quant à la provenance des produits ou services.

L’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d’interdire aux tiers d’utiliser la marque pour faire de la publicité pour des produits ou services licitement marqués, offrir à la vente lesdits produits ou services ou indiquer l’existence ou la disponibilité de ceux-ci, ou pour indiquer la compatibilité ou la conformité de pièces de rechange ou d’accessoires utilisables avec les produits revêtus de la marque enregistrée, pour autant que ce tiers soit de bonne foi, que l’usage de la marque soit limité aux fins d’information du public pour la vente et qu’il ne soit pas
susceptible d’induire le public en erreur ou de créer une confusion dans son esprit quant à l’entreprise dont proviennent les produits considérés.

Art. 219. Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’importation dans le pays de produits marqués par celui-ci, par son preneur de licence ou par toute autre personne dûment autorisée, après qu’ils ont été vendus ou mis de toute autre manière licite dans le commerce dans n’importe quel pays.

SECTION IV

RADIATION DE l’ENREGISTREMENT

Art. 220. L’enregistrement d’une marque est radié, à la demande de toute personne intéressée, si, sans juste motif, le titulaire ou le preneur de licence n’ont pas utilisé la marque dans au moins un des pays membres de la Communauté andine ou dans tout autre pays avec lequel l’Équateur a des accords en vigueur en la matière, pendant les trois années consécutives qui ont précédé la date d’ouverture de l’action en radiation. La radiation d’un enregistrement pour défaut d’usage de la marque peut aussi être demandée en tant que moyen de défense dans une procédure en contrefaçon ou dans une procédure d’opposition ou d’annulation fondée sur la marque non utilisée.

Sont considérés comme moyens de preuve de l’usage de la marque

a) les factures de caractère commercial qui attestent la régularité de la commercialisation et les quantités commercialisées avant l’ouverture de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque;

b) les inventaires des marchandises portant la marque dont l’existence est attestée par un cabinet d’audit qui apporte la preuve de la régularité de la production ou des ventes, avant l’ouverture de l’action en radiation pour défaut d’usage de la marque; et

c) tout autre moyen de preuve recevable attestant l’usage de la marque.

La charge de la preuve de l’usage de la marque incombe au titulaire de l’enregistrement. L’enregistrement ne peut être radié lorsque le titulaire démontre que le défaut d’usage est dû à
une force majeure, à un cas fortuit ou à des restrictions sur les importations, ou à d’autres mesures officielles d’effet restrictif imposées à l’égard des biens et des services protégés par la marque.

Art. 221. Il n’y a pas lieu à radiation de l’enregistrement d’une marque lorsque celle-ci n’a été utilisée qu’en relation avec certains des produits ou services protégés par l’enregistrement en cause:

Art. 222. De même, l’enregistrement d’une marque est radié, à la demande du titulaire légitime, lorsqu’elle est identique ou semblable à une marque qui était notoirement connue ou de haute renommée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

Art. 223. Une fois reçue la demande de radiation, celle-ci est notifiée au titulaire de l’enregistrement de la marque pour que, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de cette notification, il fasse valoir les arguments et présente les documents qu’il estime opportuns afin de prouver l’usage de la marque.

À l’expiration du délai visé dans le présent article, il est décidé de radier ou non l’enregistrement de la marque; cette décision est dûment motivée.

Art. 224. Une marque est considérée comme utilisée si les produits ou services qu’elle distingue ont été mis dans le commerce ou sont disponibles sur le marché sous cette marque, en quantité et de la manière normales, compte tenu de la nature des produits ou services et des modalités de leur commercialisation sur le marché.

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, une marque est également considérée comme utilisée

a) lorsqu’elle distingue des produits ou des services destinés exclusivement à l’exportation;

b) lorsqu’elle est utilisée par un tiers dûment autorisé, même si l’autorisation ou la licence n’a pas été enregistrée; et

c) lorsque des produits authentiques portant la marque enregistrée ont été introduits et distribués sur le marché par des personnes distinctes du titulaire de l’enregistrement.

L’utilisation d’une marque d’une façon qui ne diffère de la forme sous laquelle cette marque a été enregistrée que par des détails ou des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque n’est pas un motif de radiation de l’enregistrement.

Art. 225. La personne qui obtient la radiation de l’enregistrement d’une marque bénéficie d’un droit préférentiel à l’enregistrement si elle dépose une demande d’enregistrement dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de radiation de l’enregistrement devient définitive.

Art. 226. Le titulaire de l’enregistrement d’une marque peut renoncer, totalement ou partiellement, à ses droits sur l’enregistrement. Lorsque la renonciation est totale, l’enregistrement est radié. Lorsque la renonciation a un caractère partiel, l’enregistrement se limite aux produits ou services sur lesquels elle ne porte pas.

La renonciation n’est pas acceptée s’il existe sur la marque des droits inscrits en faveur des tiers, sauf consentement exprès des titulaires desdits droits.
La renonciation n’est opposable aux tiers qu’après son inscription en marge de l’enregistrement original.

SECTION V

Nullité de l’enregistrement

Art. 227. Dans le cadre du recours en révision, le Comité de la propriété intellectuelle de l’IEPI peut déclarer nul l’enregistrement d’une marque dans les cas ci-après:

a) l’enregistrement a été accordé sur la base de données ou de documents essentiels faux;

b) l’enregistrement a été accordé en violation des dispositions des articles 194 et 195 de la présente loi;

c) l’enregistrement a été accordé en violation des dispositions de l’article 196 de la présente loi;

d) l’enregistrement a été obtenu de mauvaise foi. Sont considérés comme relevant de la mauvaise foi notamment les cas ci-après:

1. un représentant, distributeur ou utilisateur du titulaire d’une marque enregistrée à l’étranger demande et obtient l’enregistrement à son nom de cette marque ou d’une marque susceptible d’être confondue avec celle-ci, sans le consentement exprès du titulaire de la marque étrangère;
2. la demande d’enregistrement a été déposée ou l’enregistrement a été obtenu par une personne qui a pour activité habituelle l’enregistrement de marques en vue de leur commercialisation;

e) l’enregistrement a été obtenu en violation des procédures prescrites ou de toute autre disposition de la loi, cette violation ayant eu une influence substantielle sur son obtention.

Art. 228. Le juge compétent peut déclarer la nullité de l’enregistrement d’une marque se trouvant dans l’un des cas prévus aux alinéas a), c), d) et e) de l’article précédent, en vertu de la

demande présentée après l’expiration du délai prévu par la loi pour l’exercice du recours en révision et avant l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date de la concession de l’enregistrement de la marque, sauf si le recours en révision a été formé et rejeté définitivement auparavant.
Dans le cas prévu à l’alinéa b) de l’article précédent, l’action en annulation peut être intentée à tout moment après l’expiration du délai prévu par la loi pour l’exercice du recours en révision, pour autant que le recours n’ait pas été définitivement rejeté. Dans ce cas, l’action en annulation peut être intentée par toute personne.
La déclaration de l’annulation d’un enregistrement est notifiée à la Direction nationale de la propriété industrielle, pour qu’elle l’inscrive en marge de l’enregistrement.

Chapitre VII

Les noms commerciaux

Art. 229. On entend par nom commercial le signe ou la dénomination qui identifie l’établissement ou l’activité économique d’une personne physique ou morale.

Art. 230. Le nom commercial est protégé sans obligation d’enregistrement.

Le droit à l’usage exclusif d’un nom commercial s’acquiert par son utilisation publique, continue et de bonne foi dans le commerce, pendant une durée d’au moins six mois.
Les noms commerciaux peuvent être enregistrés auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle, mais le droit à leur usage exclusif ne s’acquiert que selon les dispositions de l’alinéa précédent. Néanmoins, l’enregistrement constitue une présomption de propriété en faveur de leur titulaire.

Art. 231. Ne peuvent être adoptés comme nom commercial un signe ou une dénomination susceptibles d’être

confondus avec un autre signe ou une autre dénomination utilisés précédemment par une autre personne ou avec une marque enregistrée.

Art. 232. La procédure d’enregistrement d’un nom commercial est la même que la procédure d’enregistrement des marques, mais la durée de validité de l’enregistrement est illimitée.

Art. 233. Les titulaires de noms commerciaux ont le droit d’empêcher des tiers d’utiliser, d’adopter ou d’enregistrer, sans leur consentement, des noms commerciaux ou des signes identiques ou semblables, qui risquent d’entraîner une confusion ou une association avec les noms commerciaux dont ils sont titulaires.

Art. 234. Les dispositions de la présente loi relatives aux marques sont applicables, dans la mesure pertinente, aux noms commerciaux. Les dispositions relatives aux marques notoires et de haute renommée sont applicables aux noms commerciaux qui jouissent de la même notoriété ou renommée.

Chapitre VIII

Les apparences distinctives

Art. 235. Est considéré comme apparence distinctive tout ensemble de couleurs, de formes, de présentations, de structures et de dessins caractéristiques et particuliers d’un établissement commercial, qui permettent de l’identifier et de le distinguer dans la présentation de services ou la vente de produits.

Art. 236. Les apparences distinctives sont protégées de la même manière que les noms commerciaux.

Chapitre IX

Les indications géographiques

Art. 237. On entend par indication géographique l’indication qui permet d’identifier un produit comme originaire du territoire d’un pays, d’une région ou d’une localité de ce territoire, lorsque la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit est due essentiellement au milieu géographique, y compris les facteurs naturels et les facteurs humains.

Art. 238. L’utilisation d’indications géographiques pour les produits naturels, agricoles, artisanaux ou industriels est réservée exclusivement aux producteurs, fabricants et artisans qui ont leur établissement de production ou de fabrication dans la localité ou la région désignée ou évoquée par une telle indication ou dénomination.

Art. 239. Le droit d’utilisation exclusive des indications géographiques équatoriennes découle de la déclaration publiée à cet effet par la Direction nationale de la propriété industrielle. L’utilisation des indications géographiques par des personnes non autorisées est considérée comme un acte de concurrence déloyale, y compris dans les cas où ces indications sont accompagnées de mentions telles que «género» («genre»), «clase» («classe»), «tipo» («type»), «estilo» («style»),

«imitación» («imitation») ou d’autres mentions similaires qui créent également une confusion dans l’esprit du consommateur.

Art. 240. Ne peuvent être déclarées indications géographiques les indications qui

a) ne sont pas conformes à la définition figurant à l’article 237;

b) sont contraires aux bons usages ou à l’ordre public ou qui pourraient induire le public en erreur quant à la provenance, à la nature, au mode de fabrication ou aux caractéristiques ou qualités des produits considérés; ou qui

c) sont des indications communes ou génériques pour désigner le produit considéré, lorsqu’elles sont considérées comme telles par les experts en la matière et par le public en général.

Art. 241. La déclaration de protection d’une indication géographique est faite d’office ou à la demande de toute personne qui prouve qu’elle y a un intérêt légitime, c’est-à-dire de toute personne physique ou morale qui se consacre directement à l’extraction, à la production et à l’élaboration du ou des produits qu’il est question de protéger au moyen de l’indication géographique. Les autorités publiques de l’administration centrale ou régionale sont aussi considérées comme ayant un intérêt légitime lorsque les indications géographiques correspondent à leur territoire respectif.

Art. 242. La demande en déclaration de protection d’une indication géographique doit être présentée auprès de la Direction nationale de la propriété industrielle et doit contenir les éléments prescrits par le règlement.

Art. 243. Une fois la demande admise à l’instruction, la procédure prévue pour l’enregistrement des marques est applicable.

Art. 244. La déclaration qui confère les droits exclusifs d’utilisation d’une indication géographique demeure en vigueur aussi longtemps que les conditions qui l’ont motivée subsistent. La Direction nationale de la propriété industrielle peut déclarer que cette déclaration n’est plus en vigueur si ces conditions n’existent plus. Les intéressés peuvent présenter une nouvelle demande lorsqu’ils considèrent que les conditions sont à nouveau réunies pour que l’indication géographique soit protégée.

Art. 245. L’autorisation d’utiliser une indication géographique doit être demandée à la

Direction nationale de la propriété industrielle par les personnes qui se consacrent directement à
l’extraction, à la production ou à l’élaboration des produits protégés par l’indication géographique et qui exercent cette activité sur le territoire indiqué dans la déclaration.

Art. 246. Le directeur national de la propriété industrielle peut, d’office ou à la demande d’une partie, prononcer l’annulation de l’autorisation d’utiliser une indication géographique, après avoir entendu les parties, si cette autorisation a été accordée sans que soient réunies les conditions prévues dans le présent chapitre ou si ces conditions ont cessé d’exister.

Art. 247. La Direction nationale de la propriété industrielle peut accorder la protection à des indications géographiques d’autres pays, lorsque la demande est formulée par des producteurs, entreprises d’extraction, fabricants ou artisans justifiant d’un intérêt légitime ou par les pouvoirs publics. Les indications géographiques doivent être déclarées comme telles dans leur pays d’origine.

Les indications géographiques protégées dans d’autres pays ne sont pas considérées comme communes ou génériques pour distinguer un produit tant que la protection existe.

LIVRE III

LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

...5

LIVRE IV

LA CONCURRENCE DÉLOYALE

Art. 284. Est considéré comme relevant de la concurrence déloyale tout fait, tout acte ou toute pratique contraire aux usages ou aux coutumes honnêtes se produisant dans le cadre d’activités économiques.

L’expression «activités économiques» s’entend au sens large et comprend les activités des personnes qui exercent la profession d’avocat, de médecin, d’ingénieur ou tout autre profession, art ou métier.
Les usages honnêtes sont définis selon les critères utilisés dans le commerce national; néanmoins, lorsqu’il s’agit d’actes ou de pratiques se produisant dans le cadre d’opérations internationales, ou qui ont trait à plus d’un pays, ladite définition se fonde sur les critères utilisés dans le commerce international pour définir les usages honnêtes.

Art. 285. Sont considérés comme des actes de concurrence déloyale, notamment, les actes susceptibles de créer une confusion, quel que soit le moyen utilisé, avec l’établissement, les produits, les services ou l’activité commerciale ou industrielle d’un concurrent; les allégations fausses, dans l’exercice du commerce, de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou l’activité commerciale ou industrielle d’un concurrent, ainsi que tout autre acte susceptible de porter atteinte à l’actif incorporel ou de l’affaiblir ou de porter préjudice à la réputation de l’entreprise; les indications ou allégations dont l’usage, dans l’exercice du commerce, est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caractéristiques, l’aptitude à l’emploi ou la qualité des produits ou des services; la divulgation, l’acquisition ou l’utilisation d’informations secrètes sans le consentement des personnes qui les détiennent.

Ces actes peuvent avoir trait, notamment, à des marques, enregistrées ou non, à des noms commerciaux, à des signes distinctifs d’entreprise, à des apparences de produits ou d’établissements, à des présentations de produits ou de services, à des célébrités ou à des

5 Voir la note 2 (N.d.l.r.).
personnages de fiction notoirement connus, à des procédés de fabrication de produits, à des profits tirés de l’utilisation de produits ou de services à des fins spécifiques, à la qualité, la quantité ou d’autres caractéristiques de produits ou de services, à l’origine géographique de produits ou de services, aux conditions auxquelles sont offerts ou fournis des produits ou des services, à la publicité susceptible d’imiter, de léser ou de dénigrer le concurrent ou ses produits ou services et à la publicité comparative non vérifiable, ainsi qu’au boycott.
On entend par affaiblissement de l’actif incorporel, l’affaiblissement du caractère distinctif ou de la valeur publicitaire d’une marque, d’un nom ou d’un autre signe distinctif d’entreprise, de l’apparence d’un produit ou de la présentation de produits ou de services, ou d’une célébrité ou d’un personnage de fiction notoirement connu.

Art. 286. Constitue également un acte de concurrence déloyale, indépendamment des actions susceptibles d’être engagées pour violation d’information non divulguée, tout acte ou pratique qui se produit dans le cadre d’activités économiques et qui entraîne ou qui consiste en

a) l’usage commercial déloyal de données d’expérience non divulguées ou d’autres données secrètes dont l’obtention suppose un effort considérable et qui ont été présentées à l’administration compétente aux fins d’obtenir l’autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques, agricoles ou industriels;

b) la divulgation de ces données, sauf quand elle est nécessaire pour protéger le public et que des mesures sont adoptées en vue d’assurer leur protection contre tout usage commercial déloyal; et

c) l’extraction non autorisée de données dont l’obtention suppose un effort considérable aux fins de leur usage commercial déloyal.

Art. 287. Sans préjudice des autres recours légaux applicables, toute personne physique ou morale lésée peut engager les actions prévues dans la présente loi, y compris les mesures préventives ou conservatoires.

Les mesures visées à l’alinéa précédent peuvent également être demandées par des groupements commerciaux ou professionnels qui ont un intérêt légitime à la protection de leurs membres contre les actes de concurrence déloyale.

TITRE PREMIER

PROTECTION ET RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chapitre premier

Principes généraux

Art. 288. La violation de l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle reconnus dans la présente loi donne lieu à l’exercice d’actions civiles et administratives, sans préjudice des actions pénales susceptibles d’être engagées si le fait reproché peut être qualifié de délit.

La protection administrative des droits de propriété intellectuelle est régie par les dispositions du livre V de la présente loi.

Art. 289. En cas d’atteinte aux droits reconnus dans la présente loi, pourront être exigés

a) la cessation des actes en cause;

b) la saisie définitive des produits ou autres objets résultant de l’infraction, le retrait définitif du commerce des marchandises constitutives de l’infraction, ainsi que leur destruction;

c) la saisie définitive des appareils et moyens utilisés pour commettre l’infraction;

d) la saisie définitive des appareils et moyens utilisés pour stocker les copies;

e) l’indemnisation des dommages et préjudices subis;

f) la réparation sous toute autre forme des conséquences de la violation des droits en question; et

g) le remboursement de la totalité des dépens.

Pourra également être exigé le respect des droits reconnus dans les instruments internationaux en vigueur en Équateur, et particulièrement dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce.

Art. 290. Pour qu’un titulaire du droit d’auteur ou de droits connexes reconnus dans la présente loi soit considéré comme tel par les autorités judiciaires ou administratives, il suffit que son nom ou pseudonyme, ou toute autre dénomination qui ne laisse aucun doute sur l’identité de la personne physique ou morale en cause, figure sur l’œuvre, l’interprétation ou exécution, la production ou l’émission de radiodiffusion, de la manière habituelle.

Art. 291. Aucune autorité ni personne physique ou morale ne peut autoriser l’utilisation d’une œuvre, interprétation, production phonographique ou émission de radiodiffusion ou de toute autre prestation protégée par la présente loi, ou apporter son appui à son utilisation, si l’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation expresse et préalable du titulaire du droit ou de son mandataire. L’auteur d’une infraction à la présente disposition en est solidairement responsable.

Art. 292. Si la violation des droits est commise par le biais d’un réseau de communication numérique, l’opérateur ou toute autre personne physique ou morale qui contrôle un système informatique connecté audit réseau, par l’intermédiaire duquel la communication, la reproduction, la transmission ou tout autre acte commis en violation des droits reconnus dans la présente loi est permis, encouragé ou facilité est solidairement responsable de l’infraction, à condition qu’il ait connaissance ou ait été averti de l’infraction susceptible d’être commise ou qu’il n’ait pu l’ignorer sans commettre de négligence grave.

Une personne est considérée comme ayant été avertie qu’une infraction est susceptible d’être commise lorsqu’elle a reçu des informations dûment motivées à ce sujet.
Les opérateurs ou autres personnes physiques ou morales visées dans la présente disposition sont exonérés de leur responsabilité pour les actes accomplis et les mesures techniques adoptées afin d’éviter la survenue ou la poursuite de l’infraction.

Art. 293. Le titulaire d’un droit sur une marque, un nom commercial ou une obtention végétale qui constate que la Surintendance des entreprises ou des banques [Superintendencia de Compañías o de Bancos] a approuvé l’adoption par une société placée sous sa supervision, d’une dénomination qui comprend un signe identique à ladite marque, audit nom commercial ou à ladite obtention végétale, peut demander à l’IEPI, par les voies de recours applicables, la suspension de l’utilisation de la dénomination ou de la raison sociale visée afin d’éliminer tout risque de confusion ou d’utilisation indue du signe protégé.

L’IEPI informe les parties et la Surintendance des entreprises ou des banques de sa décision en la matière; la société dispose d’un délai de 90 jours à compter de la notification de la décision de l’IEPI pour adopter une autre dénomination ou raison sociale; ce délai peut être prorogé d’autant une seule fois à condition qu’il existe des raisons valables.
Si la compagnie n’adopte pas une nouvelle dénomination ou raison sociale dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la surintendance procède à sa dissolution ou à sa liquidation.

Chapitre II

Instances en matière de propriété intellectuelle

SECTION I Compétence

Art. 294. Sont compétents pour connaître des litiges en la matière, en première instance, les tribunaux d’instance de la propriété intellectuelle [Jueces Distritales de Propiedad Intelectual] et, en deuxième instance, les tribunaux de grande instance de la propriété intellectuelle [Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual].

Les pourvois en cassation formés en la matière sont examinés par la Chambre de la propriété intellectuelle de la Cour suprême de justice [Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia].

Art. 295. Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle [Juzgado Distrital de Propiedad Intelectual] n° 1, ainsi que le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 1, ont leur siège à Quito et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Napo et Sucumbíos.

Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 2 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 2 ont leur siège à Guayaquil et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Guayas, Los Ríos, El Oro et Galápagos.
Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 3 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 3 ont leur siège à Cuenca et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces d’Azuay, Loja, Cañar, Morona Santiago et Zamora Chinchipe.
Le Tribunal d’instance de la propriété intellectuelle n° 4 et le Tribunal de grande instance de la propriété intellectuelle n° 4 ont leur siège à Portoviejo et leur compétence territoriale s’étend sur les provinces de Manabí et Esmeraldas.

Art. 296. La compétence en matière de propriété intellectuelle est arrêtée conformément aux règles établies aux articles 27, 28, 29 et 30 du code de procédure civile, ainsi que dans le présent article.

Sont également compétents pour connaître des litiges en la matière les juges du lieu où a été commise l’infraction.
S’agissant des transmissions par satellite, l’infraction est supposée avoir été commise à l’endroit où la transmission a été initiée ou au principal endroit où le signal a été rendu accessible au public.

Les infractions commises par le biais de réseaux de communication numérique sont réputées avoir été commises à l’endroit où se trouvent les systèmes informatiques visés à l’article 292 ou au principal endroit où la transmission a été rendue accessible au public.

Art. 297. Les actions en matière de propriété intellectuelle font l’objet d’une procédure contradictoire sommaire, moyennant les modifications prévues dans le présent chapitre.

Art. 298. Dans les instances en matière de propriété intellectuelle, la demande reconventionnelle connexe est recevable et fait l’objet d’une décision sans préjudice de l’examen de la cause. La demande reconventionnelle est formée au cours de l’audience de conciliation, après

réponse quant au fond. Au cours de l’audience proprement dite, le demandeur doit y répondre. À
défaut, la demande principale est réputée dépourvue de moyens de fait et de droit.

Art. 299. Si, au cours du délai probatoire, la production d’une preuve testimoniale est demandée, le juge fixe le jour et l’heure de l’audition des témoins dans le cadre d’une audience contradictoire, au cours de laquelle la partie qui a demandé la production de la preuve formule ses questions, l’autre partie ayant la possibilité de réinterroger le témoin.

Art. 300. S’il s’avère nécessaire de désigner des experts, chacune des parties au litige en désigne un, sauf si elles s’accordent sur la désignation d’un expert unique.

Sans préjudice de la présentation par le ou les experts de leur rapport écrit, chacune des parties peut demander au juge que les experts participent à une audience pour répondre oralement aux questions formulées par les parties.
Outre les autres causes de destitution prévues dans la présente loi, la violation du mandat contenu dans la présente disposition entraîne la destitution des juges d’instance de la propriété intellectuelle.

Art. 301. Toute preuve demandée avant l’expiration du délai probatoire doit être produite dans un délai de 30 jours à compter de la fin dudit délai, sauf si les parties demandent d’un commun accord une prorogation.

Art. 302. Le juge a la faculté d’ordonner que soit produite la preuve dont la partie adverse détient le contrôle ou dont elle est en possession et fixe le jour, le lieu et l’heure de sa présentation. Si la partie en cause ne produit pas la preuve demandée, le juge peut se fonder sur les renseignements fournis par la partie qui a demandé que la preuve soit produite pour prendre sa décision.

Si l’une des parties ne fournit pas les informations ou codes d’accès demandés, ou empêche de quelque manière que ce soit la vérification d’instruments, de matériels ou d’autres moyens dans lesquels il est possible de stocker des reproductions non autorisées, lesdits instruments, matériels ou moyens sont réputés porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
Si l’action a trait à la violation d’un brevet d’invention portant sur un procédé, la charge de la preuve sur la licéité du procédé utilisé pour la fabrication du produit incombe au défendeur.

Art. 303. L’indemnisation des dommages et préjudices porte sur les pertes subies et le manque à gagner causé par l’infraction. Le montant du manque à gagner est fixé compte tenu, notamment, des critères suivants:

a) les bénéfices que le titulaire aurait réalisés si la violation n’avait pas été commise;

b) les bénéfices tirés de l’infraction par son auteur;

c) le prix, la rémunération ou la redevance que l’auteur de l’infraction aurait dû payer au titulaire pour l’exploitation licite des droits qui ont été violés; et

d) les dépenses raisonnables, y compris les honoraires professionnels, encourues par le titulaire à la suite du litige.

Art. 304. S’il est reconnu coupable dans le cadre d’une action civile engagée pour violation des droits de propriété intellectuelle, l’auteur de l’infraction est tenu, en outre, au paiement d’une amende de trois à cinq fois la valeur totale des exemplaires des œuvres, interprétations, productions ou émissions de radiodiffusion, ou des redevances que le titulaire des droits aurait normalement perçues pour l’exploitation licite de ces prestations ou d’autres prestations impliquant un droit de propriété intellectuelle.

Les amendes perçues conformément à la présente disposition sont versées pour un tiers à l’IEPI, pour un tiers au titulaire du droit auquel il a été porté atteinte, le tiers restant étant réparti entre

a) le budget du Ministère de la justice;

b) un fonds de solidarité; et

c) la promotion de la science et de la technique par l’intermédiaire de l’IEPI.

SECTION II

Mesures préventives et conservatoires

Art. 305. Les demandes de mesures préventives et conservatoires en matière de propriété intellectuelle sont instruites conformément aux dispositions de la section XXVII du titre II du livre II du code de procédure civile, moyennant les modifications prévues dans la présente section.

Art. 306. Lorsqu’il est saisi de la demande, et à condition qu’elle soit accompagnée de preuves ou d’indices précis et concordants permettant raisonnablement de présumer qu’une violation effective ou imminente d’un droit de propriété intellectuelle reconnu dans la présente loi a été ou va être commise, ou de renseignements qui conduisent de manière raisonnable et fondée à craindre une violation effective ou imminente d’un tel droit, le juge ordonne la mesure dont la nature préventive ou conservatoire dépend de l’infraction en cause.

Le juge vérifie si le demandeur est titulaire du droit invoqué en se fondant sur les dispositions de la présente loi relatives à la présomption de titularité d’un droit. Si la demande ne comporte pas de renseignements permettant de présumer la titularité, la déclaration sous serment annexée à cet effet à la demande est valable et suffisante.

Art. 307. Le juge exige du demandeur, compte tenu des circonstances, qu’il dépose une caution ou une garantie suffisante aux fins de protéger le défendeur et d’éviter les abus.

Art. 308. Aux fins d’éviter que se produise ou que se poursuive une infraction à l’un quelconque des droits reconnus dans la présente loi, d’éviter que les articles en cause, y compris des articles importés, soient introduits dans des circuits commerciaux, ou de protéger les preuves pertinentes liées à l’infraction présumée, les juges sont habilités à ordonner, à la demande de l’une des parties, les mesures conservatoires ou provisoires qui, selon les circonstances, sont nécessaires aux fins de la protection immédiate de ces droits et, notamment.

a) la cessation immédiate de l’activité illicite;

b) la suspension de l’activité d’utilisation, d’exploitation, de vente, d’offre à la vente, d’importation ou d’exportation, de reproduction, de communication ou de distribution selon le cas; et

c) toute autre mesure visant à éviter la poursuite de la violation des droits.

La saisie des revenus découlant de l’activité illicite, des biens permettant de garantir le paiement de l’indemnité, des produits ou articles portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ainsi que des équipements, matériels et moyens utilisés pour commettre l’infraction et des exemplaires originaux ayant servi à la reproduction ou à la communication peut être ordonnée.
La rétention des valeurs dues au titre de l’exploitation ou de la rémunération est ordonnée. L’interdiction de quitter le pays peut être ordonnée si le défendeur n’a pas son domicile ou
son établissement permanent en Équateur.

Art. 309. La cessation immédiate de l’activité illicite peut comprendre

a) la suspension de l’activité illicite et l’interdiction à l’auteur de l’infraction de reprendre ladite activité ou l’une de ces deux mesures seulement;

b) la fermeture provisoire du local ou de l’établissement en cause, qui est ordonnée d’office lorsque les articles ou les exemplaires contrefaits représentent une partie importante de l’activité commerciale habituelle de l’auteur de l’infraction;

c) le retrait du commerce et le séquestre judiciaire des articles, exemplaires ou objets illicites;

d) la cessation de l’utilisation des articles ou objets qui font l’objet de l’infraction et, le cas échéant, la destruction des moules, planches, matrices, instruments, négatifs, plans ou parties de ces éléments, ainsi que des autres éléments destinés à l’emploi d’inventions brevetées, à l’impression de marques, à la reproduction ou à la communication non autorisée, ou dont la principale utilisation consiste à faciliter la destruction ou la neutralisation de quelque moyen de protection technique ou d’information électronique que ce soit et qui sont essentiellement utilisés aux fins de violation de quelque droit de propriété intellectuelle que ce soit; et

e) toute autre mesure rendue nécessaire aux fins de la protection immédiate des droits de propriété intellectuelle, compte tenu de la nature et des circonstances de l’infraction.

Art. 310. Si le demandeur en fait la requête, les mesures sont exécutées en présence du juge, éventuellement assisté des experts nécessaires ou de fonctionnaires de l’IEPI, dont l’avis en la matière fait l’objet d’un acte aux fins de l’exécution des mesures en question. L’ordonnance prononcée par le juge conformément aux dispositions de l’article précédent implique la possibilité, sans formalité ou ordonnance supplémentaire, d’adopter toute mesure pratique nécessaire à l’exécution effective de la mesure conservatoire, y compris le forcement de mécanismes de sécurité, sans préjudice de la faculté pour le juge d’ordonner, d’office ou à la demande verbale de l’une des parties, au moment de l’exécution des mesures conservatoires, toute autre mesure de même nature nécessaire aux fins de la protection immédiate des droits.

Art. 311. Les demandes présentées aux fins d’obtenir une mesure conservatoire, ainsi que les ordonnances prises en la matière, sont considérées comme réservées et ne sont notifiées à la partie défenderesse qu’après leur exécution.

Art. 312. Si le demandeur indique que, aux fins de prouver la violation des droits, il est nécessaire de procéder à une inspection judiciaire préalable, le juge prend sa décision en la matière sans en informer la partie adverse et peut ordonner, au cours de ladite inspection, les mesures conservatoires pertinentes. À cette fin, le juge accompagne les fonctionnaires chargés d’exécuter lesdites mesures.

Art. 313. Dans le cas d’ œuvres fixées électroniquement dans des dispositifs d’information numérique ou à l’aide de procédés similaires, ou dont la saisie est difficile ou susceptible de causer de graves dommages au défendeur, le juge, avec le consentement préalable du demandeur et si il l’estime opportun, peut ordonner que les biens saisis restent en possession du défendeur, après les avoir identifiés individuellement et inventoriés, sans préjudice de la saisie des fixations réalisées sur des supports susceptibles d’être déplacés.

Le juge est tenu de poser les scellés sur les biens identifiés individuellement et inventoriés.
Art. 314. Une fois la mesure conservatoire exécutée, la demande est transmise au défendeur et le délai probatoire visé à l’article 917 du code de procédure civile commence à courir, sur décision du juge.
Les mesures conservatoires sont caduques si, dans un délai de 15 jours à compter de leur exécution, la demande principale n’est pas déposée.
Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées ou deviennent caduques à la suite d’une action ou d’une omission du demandeur, ou dans les cas où il est prouvé ultérieurement qu’il n’y a pas eu infraction ou menace d’infraction à un droit de propriété intellectuelle, le juge compétent ordonne au demandeur, à la demande préalable du défendeur, l’indemnisation des dommages et préjudices subis par ce dernier.
Art. 315. Les juges qui ne se conforment pas aux dispositions de l’article 73 du code de procédure civile dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande ou qui refusent indûment l’adoption d’une mesure conservatoire sont responsables devant le titulaire du droit des préjudices causés, sans préjudice de l’action pénale susceptible d’être engagée.

Art. 316. Aux fins de protéger des secrets commerciaux ou des renseignements confidentiels, dans le cadre de l’exécution des mesures conservatoires visées dans la présente loi, seul le juge ou l’expert ou les experts désignés par lui ont accès auxdits renseignements, codes ou autres éléments, dans la mesure indispensable aux fins de l’exécution des mesures en question. Peuvent être présentes les personnes mandatées par le défendeur et le conseil du demandeur. Toutes les personnes qui ont ainsi accès à de tels renseignements sont tenues à un devoir absolu de réserve et peuvent faire l’objet des actions prévues par la présente loi, ainsi que par d’autres lois, pour la protection des secrets commerciaux et des renseignements confidentiels.

Art. 317. Tant au stade de l’exécution de mesures conservatoires qu’à celui de la production de preuves, les fonctionnaires désignés par l’IEPI peuvent intervenir comme experts. Le juge est tenu de faire droit à toute demande d’intervention de ces fonctionnaires en tant qu’experts formulée par l’une des parties.

Art. 318. Les juges appliquent en outre les procédures et mesures prévues dans les pactes ou traités internationaux sur la propriété intellectuelle en vigueur en Équateur lorsqu’elles sont applicables. Les juges sont dégagés de leur responsabilité conformément aux termes de l’article

48.2) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

(Accord sur les ADPIC).

Chapitre III Délits et peines

Art. 319. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte, en violation des droits de propriété intellectuelle,

a) un produit protégé par un brevet d’invention ou par un modèle d’utilité obtenu dans le pays;

b) un produit fabriqué grâce à l’utilisation d’un procédé protégé par un brevet d’invention obtenu dans le pays;

c) un produit protégé par un dessin ou modèle industriel enregistré dans le pays;

d) une obtention végétale enregistrée dans le pays, ainsi que son matériel de reproduction ou de multiplication;

e) un schéma de configuration (topographie) enregistré dans le pays, un circuit semi- conducteur incorporant un tel schéma de configuration (topographie) ou un article incorporant un tel circuit semi-conducteur;

f) un produit ou service utilisant une marque non enregistrée identique ou semblable à une marque notoire ou de haute renommée, enregistrée dans le pays ou à l’étranger;

g) un produit ou service utilisant une marque non enregistrée identique ou semblable à une marque enregistrée dans le pays; ou

h) un produit ou service utilisant une marque ou une indication géographique non enregistrée, identique ou semblable à une indication géographique enregistrée dans le pays.

Dans le cas des alinéas g) et h), les produits ou services utilisant le signe non enregistré doivent être identiques ou semblables aux produits ou services protégés par les marques ou indications géographiques enregistrées dans le pays.
Art. 320. Est passible de la peine visée à l’article précédent, quiconque, en violation des droits de propriété intellectuelle,
1. divulgue, acquiert ou utilise des secrets commerciaux, des secrets industriels ou des renseignements confidentiels;
2. utilise, en relation avec des produits ou services ou des transactions commerciales, des marques ou des indications géographiques non enregistrées dans le pays qui constituent des imitations de signes distinctifs notoires ou de haute renommée, enregistrés dans le pays ou à l’étranger, dont on peut raisonnablement estimer qu’ils sont susceptibles de prêter à confusion avec les originaux; ou
3. utilise, en relation avec des produits ou services ou des transactions commerciales, des marques ou des indications géographiques qui constituent des imitations de signes distinctifs enregistrés dans le pays, dont on peut raisonnablement estimer qu’ils sont susceptibles de prêter à confusion avec les originaux, aux fins de distinguer des produits ou des services destinés à supplanter les produits ou services protégés.

Art. 321. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque utilise, en violation des droits de propriété intellectuelle, des noms commerciaux sur lesquels il n’a pas acquis de droits, identiques à des noms commerciaux publiquement et notoirement connus dans le pays, à des marques enregistrées dans le pays ou à des marques notoires ou de haute renommée enregistrées dans le pays ou à l’étranger.

Est également passible de la peine visée à l’alinéa précédent, quiconque utilise, en violation des droits de propriété intellectuelle, des apparences distinctives, identiques ou semblables à des apparences distinctives publiquement et notoirement connues dans le pays.

Art. 322. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation des droits de propriété intellectuelle,

a) fabrique, commercialise ou stocke des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque de haute renommée ou notoirement connue enregistrée dans le pays ou à l’étranger;

b) fabrique, commercialise ou stocke des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque ou une appellation d’origine enregistrée dans le pays; ou

c) détache, arrache, remplace ou utilise des étiquettes, des sceaux ou des emballages sur lesquels figure une marque légitime, aux fins de les utiliser en relation avec des produits d’une autre origine.

Est passible de la même sanction quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte des articles contenant des indications fausses quant à la nature, à la provenance, au mode de fabrication, à la qualité, aux caractéristiques ou à l’aptitude à
l’emploi des produits ou services en cause, ou qui contiennent des informations fausses quant à l’obtention de prix ou d’autres distinctions.

Art. 323. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque stocke, fabrique, utilise à des fins commerciales, offre à la vente, vend, importe ou exporte des produits contrefaits sur lesquels figure une marque de haute renommée ou notoirement connue, enregistrée dans le pays ou à l’étranger, ou une marque enregistrée dans le pays.

Est également passible de la peine visée à l’alinéa précédent, quiconque remplit des emballages sur lesquels figure une marque donnée de produits qui ne correspondent pas à ladite marque.

Art. 324. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 à 5000 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation du droit d’auteur ou de droits connexes,

a) modifie ou mutile une œuvre, y compris par le remaniement ou la transformation de l’information électronique relative au régime des droits applicables;

b) inscrit, publie, distribue, communique ou reproduit, totalement ou partiellement, l’œuvre d’autrui comme si elle était la sienne;

c) reproduit une œuvre;

d) communique au public la totalité ou une partie d’une œuvre, d’un vidéogramme ou d’un phonogramme;

e) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers, des reproductions illicites d’œuvres;

f) reproduit la totalité ou une partie d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou, d’une manière générale, de toute œuvre protégée, ou de toute prestation d’artistes interprètes ou exécutants, en imitant ou non les caractéristiques extérieures de l’original; ou introduit dans le pays, stocke, distribue, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers de telles reproductions illicites; ou

g) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers des reproductions d’œuvres, de phonogrammes ou de vidéogrammes dans lesquels l’information sur le régime des droits applicables a été modifiée ou supprimée.

Art. 325. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), compte tenu de la valeur des préjudices causés, quiconque, en violation du droit d’auteur ou de droits connexes,

a) reproduit un nombre d’exemplaires d’une œuvre supérieur à celui autorisé par le titulaire;

b) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers un nombre de reproductions d’œuvres supérieur à celui autorisé par le titulaire;

c) retransmet de quelque manière que ce soit les émissions des organismes de radiodiffusion; ou

d) introduit dans le pays, stocke, offre à la vente, vend, loue ou met de toute autre manière en circulation ou à disposition de tiers, des appareils ou autres moyens destinés à

déchiffrer ou à décoder les signaux codés ou à contourner ou à déjouer de toute autre manière les moyens techniques de protection appliqués par le titulaire du droit.

Art. 326. Est passible d’une peine d’un mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 à 2500 unités de valeur constante (UVC), quiconque contrecarre, ne respecte pas ou empêche l’exécution d’une mesure préventive ou conservatoire.

Art. 327. Constituent des circonstances aggravantes, outre celles prévues par le code pénal, les faits suivants:

a) le fait, pour l’auteur de l’infraction, d’avoir reçu une sommation relative à la violation du droit;

b) le fait que les produits sur lesquels porte l’infraction soient susceptibles de porter atteinte à la santé; et

c) le fait que les infractions soient commises en relation avec des œuvres inédites.

Art. 328. Les infractions visées dans le présent chapitre sont punissables et font d’office l’objet de poursuites.

Art. 329. Les actions civiles et pénales s’éteignent par la prescription conformément aux dispositions du code civil et du code pénal, respectivement, à l’exception des actions pour violation du droit moral, qui sont imprescriptibles.

Sauf preuve contraire, aux fins de la prescription de l’action, est considérée comme date de la commission de l’infraction le premier jour de l’année suivant la dernière édition, réédition, reproduction, communication ou autre utilisation d’une œuvre, interprétation, production ou émission de radiodiffusion.

Art. 330. Dans tous les cas visés dans le présent chapitre, la saisie de tous les objets ayant servi directement ou indirectement à la commission du délit peut être ordonnée par le juge pénal à tout moment au cours de l’instruction et doit être ordonnée en cas de décision de renvoi à l’audience.

Art. 331. Le produit des amendes fixées dans le présent chapitre est réparti à parts égales entre le Ministère de la justice et l’IEPI, ce dernier étant tenu d’en utiliser au moins la moitié pour des programmes de formation et d’éducation sur la propriété intellectuelle.

LIVRE V

ADMINISTRATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Art. 332. Le respect et l’exécution des droits de propriété intellectuelle sont d’intérêt public. L’État, par l’intermédiaire de l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI), assure l’administration desdits droits et veille à leur respect et à leur exécution.

Art. 333. L’IEPI remplit par l’intermédiaire des directions nationales, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, des fonctions d’inspection, de surveillance et de sanction pour empêcher et sanctionner les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

Art. 334. Lorsqu’il est, ou qu’il risque d’être, porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’une personne, celle-ci peut demander à l’IEPI de prendre les mesures suivantes:

a) visite d’inspection;

b) demande de renseignements; et

c) application de sanctions en cas de violation des droits de propriété intellectuelle.

Art. 335. Les visites d’inspection sont effectuées par les directeurs des directions nationales ou leurs représentants de la manière prescrite par le règlement applicable. Lors d’une visite d’inspection, pour que la procédure soit valable il est remis à l’intéressé une copie de l’acte administratif ordonnant ladite inspection et, le cas échéant, une copie de la demande déposée par la partie lésée.

Les requêtes déposées en vue d’obtenir l’adoption de mesures conservatoires demeurent confidentielles jusqu’à ce que les mesures aient été exécutées, et même par la suite, les autorités compétentes doivent faire le nécessaire pour sauvegarder la confidentialité des renseignements non divulgués qui ont dû être fournis dans le cadre de la procédure.

Art. 336. Si, au cours de la visite d’inspection, sont constatés une atteinte, même présumée, à un droit de propriété intellectuelle ou des faits constituant des indices certains de la possibilité imminente d’une telle atteinte, il est dressé un inventaire détaillé des biens sur lesquels porte cette atteinte, de quelque nature qu’ils soient. Les résultats de l’inspection sont consignés de la manière la plus appropriée pour permettre d’apprécier l’état des objets examinés.

Dans le cadre de l’inspection, il peut également être procédé à l’enlèvement immédiat d’enseignes commerciales constituant une violation manifeste des droits de propriété intellectuelle, sans préjudice de la saisie et de la mise sous séquestre des marchandises ou autres objets portant atteinte à des droits attachés à des brevets, à des marques ou à d’autres formes de propriété intellectuelle.
L’IEPI peut, par l’intermédiaire des directions régionales compétentes en la matière, adopter toute mesure conservatoire urgente pour protéger les droits visés dans la présente loi, si les éléments de preuve mentionnés dans l’article 306 lui sont fournis. Une telle mesure doit avoir un caractère provisoire et peut être levée ou maintenue conformément aux dispositions de l’article 339.

Art. 337. Lorsqu’il est présumé qu’une atteinte est portée à des droits de propriété intellectuelle, l’IEPI peut exiger que lui soient fournis tous renseignements permettant d’établir l’existence ou l’inexistence de l’atteinte. Les renseignements en question doivent être communiqués dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la notification de l’institut.

Art. 338. Sauf dans le cas des mesures conservatoires provisoires adoptées conformément aux dispositions de l’article 336, la partie contre laquelle une action est intentée doit être entendue avant qu’une quelconque décision ne soit rendue. Si cela est jugé approprié, une audience peut être tenue pour permettre aux intéressés de faire connaître leur position.

Art. 339. Une fois la procédure d’enquête terminée, l’IEPI rend une décision motivée. Si l’existence d’une violation des droits de propriété intellectuelle est établie, l’auteur de l’atteinte est condamné à verser une amende d’un montant allant de 20 à 700 unités de valeur constante (UVC) et l’institut peut prévoir l’adoption de toute mesure conservatoire prescrite par la présente loi ou maintenir celles qui ont été adoptées de manière provisoire.

S’il est présumé qu’un délit a été commis, une copie du compte rendu de la procédure administrative est communiquée au tribunal pénal compétent et au ministère public.

Art. 340. L’IEPI applique la sanction prévue par l’article précédent aux personnes qui font obstacle ou entrave à l’accomplissement des actes, à l’exécution des mesures ou au bon déroulement d’une visite d’inspection qu’il a ordonnés, ou aux personnes qui ne communiquent pas les renseignements requis dans le délai imparti.

Art. 341. Si la communication publique d’une œuvre protégée par la loi est annoncée ou connue de toute autre manière, sans que le titulaire des droits ait donné son autorisation, ce dernier peut demander à la Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes d’interdire la communication, ce que cette dernière fait immédiatement. À cette fin, il est présumé que

l’organisateur, l’entrepreneur ou l’utilisateur ne détient pas l’autorisation requise du seul fait que le titulaire des droits le prétend.

Art. 342. Les receveurs des douanes et toutes les personnes exerçant un contrôle sur l’entrée ou la sortie de marchandises en Équateur et de l’Équateur, sont tenus d’empêcher l’importation ou l’exportation de produits qui portent atteinte d’une manière quelconque aux droits de propriété intellectuelle.

Si, contrairement à ce que demande la partie intéressée, ces personnes n’empêchent pas l’importation ou l’exportation des marchandises visées, elles sont considérées comme complices du délit commis, sans préjudice de la sanction administrative applicable.
Lorsque les personnes susmentionnées empêchent, de leur propre initiative ou à la demande d’une partie, l’importation ou l’exportation de tout produit portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, elles doivent communiquer ce fait dans un rapport circonstancié au président de l’IEPI, lequel maintient ou lève la mesure prise dans un délai de cinq jours. Si la mesure est maintenue, les marchandises sont mises à la disposition d’un tribunal pénal.
Si le receveur des douanes ou tout autre fonctionnaire compétent s’est refusé à prendre la mesure requise ou ne s’est pas prononcé dans un délai de trois jours, l’intéressé peut, au cours des trois jours suivants, déposer un recours directement auprès du président de l’IEPI afin que celui-ci ordonne la mesure en question.
Quiconque ordonne l’exécution de la mesure peut exiger le versement d’une caution conformément aux dispositions de l’article qui suit.
Art. 343. Sans préjudice des dispositions de l’article précédent, tout directeur d’une direction nationale, selon le domaine de ses compétences, peut ordonner, sur requête d’une partie, la suspension de l’importation ou de l’exportation de tout produit qui porte atteinte d’une manière quelconque aux droits de propriété intellectuelle.
Il se prononce dans un délai de trois jours à compter du dépôt de la requête. S’il le juge nécessaire ou approprié, il peut exiger du requérant le versement d’une caution suffisante. Si celle- ci n’est pas versée dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle elle a été requise, la suspension n’est pas applicable.
À la demande de la partie visée par la suspension, le directeur de la direction nationale compétente de l’IEPI, selon le cas, prévoit la tenue d’une audience pour examiner les marchandises et, si cela se justifie, lever la mesure. S’il ne lève pas cette mesure, il ordonne que toutes les pièces du dossier soient remises à un tribunal pénal.

Art. 344. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, en ce qui concerne les procédures administratives, le régime juridique administratif de la fonction exécutive est applicable.

Art. 345. La force publique, et en particulier la police judiciaire, sont tenues de prêter aux fonctionnaires de l’IEPI l’assistance que ceux-ci peuvent demander pour remplir leurs fonctions.

L’INSTITUT ÉQUATORIEN DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (IEPI)

Chapitre premier

Objectifs de l’institut

Art. 346. Il est créé un Institut équatorien de la propriété intellectuelle (IEPI), lequel est doté de la personnalité juridique de droit public, possède des biens propres et jouit d’une autonomie

administrative, économique, financière et de fonctionnement; son siège est établi dans la ville de
Quito, et il poursuit, au nom de l’État, les objectifs suivants:

a) favoriser la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle, conférés par la législation nationale et par les conventions et traités internationaux;

b) promouvoir et encourager la création intellectuelle tant sous sa forme littéraire, artistique ou scientifique qu’aux fins de l’application industrielle, ainsi que la diffusion des connaissances techniques dans les différents secteurs culturels et branches de production; et

c) empêcher l’accomplissement d’actes et la survenue de faits qui peuvent porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et entraver le jeu de la concurrence, ainsi que veiller à l’observation et au respect des principes établis dans la présente loi.

Chapitre II Organisation et fonctions

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 347. L’IEPI se compose

- du président;
- du Conseil de direction;
- de la Commission de la propriété intellectuelle;
- de la Direction nationale de la propriété industrielle;
- de la Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes; et
- de la Direction nationale des obtentions végétales.

Art. 348. Les autres règles régissant l’organisation et le fonctionnement de l’IEPI figurent dans le règlement d’application de la présente loi et dans le règlement organique de l’institut.

SECTION II

LE PRÉSIDENT DE L’IEPI

Art. 349. Le président de l’IEPI est nommé par le président de la République pour six ans. Il est le représentant légal et le responsable direct de la gestion technique, financière et administrative de l’institut.

En cas de démission, d’absence définitive ou de tout autre empêchement qui rend le président de l’institut inapte à remplir ses fonctions, le président de la République nomme immédiatement son remplaçant pour six ans également. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il est remplacé par le directeur de la direction nationale que le Conseil de direction désigne.

Art. 350. Le président de l’IEPI doit posséder un diplôme universitaire, une spécialisation et une expérience professionnelle dans des domaines concernant la propriété intellectuelle et satisfaire aux autres conditions énoncées dans le règlement applicable.

Art. 351. Les devoirs et attributions du président sont les suivants:

a) assurer la représentation légale de l’IEPI;

b) veiller au respect et à l’application des lois et conventions internationales en matière de propriété intellectuelle;

c) établir le budget annuel de l’IEPI et le soumettre pour approbation au Conseil de direction;

d) désigner les directeurs des directions nationales, le secrétaire général et les autres membres du personnel de l’IEPI, ou les démettre de leurs fonctions;

e) proposer des lignes d’action et des stratégies applicables aux négociations internationales que le gouvernement mène dans le domaine de la propriété intellectuelle, et constituer les groupes de négociateurs dans ce domaine, en consultation et en coordination avec le Ministère des relations extérieures;

f) ordonner des mesures à la frontière conformément aux dispositions de la présente loi;

g) répondre aux demandes d’avis qui lui sont présentées au sujet de l’application des normes de propriété intellectuelle; les avis donnés étant contraignants pour l’IEPI dans le cas d’espèce et les demandes ne pouvant pas porter sur des questions qui, à la date de leur dépôt, sont en instance devant un organe quelconque de l’IEPI; et

h) les autres devoirs et attributions que la présente loi et le règlement d’application peuvent prévoir.

SECTION III

LE CONSEIL DE DIRECTION

Art. 352. Le Conseil de direction est l’organe de contrôle et de consultation de l’IEPI et a les attributions suivantes:

a) fixer et approuver les taxes;

b) adopter le budget de l’institut;

c) se prononcer sur les projets de réforme visant la présente loi, le règlement d’application et les conventions internationales en matière de propriété intellectuelle;

d) soumettre au président de la République des projets de réforme de la loi ou des règlements;

e) nommer les membres de la Commission de la propriété intellectuelle, ou les démettre de leurs fonctions, conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement d’application;

f) édicter les règles nécessaires à la pleine application de la présente loi; et

g) les autres attributions qui peuvent être prévues par la présente loi et le règlement d’application.

Art. 353. Le Conseil de direction se compose

a) du président de l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle, lequel préside le conseil;

b) du ministre du commerce extérieur, de l’industrialisation et de la pêche (MICIP), ou de son représentant;

c) du ministre des relations extérieures ou de son représentant;

d) du ministre de l’éducation et de la culture ou de son représentant;

e) d’un représentant du Conseil des chambres et associations de production ou de son remplaçant;

f) d’un représentant des sociétés de gestion collective et des organisations professionnelles du droit d’auteur ou des droits connexes, ou de son remplaçant; et

g) d’un représentant désigné par le Conseil des universités et des écoles polytechniques

(CONUEP) ou de son remplaçant.
Les décisions du Conseil de direction doivent être adoptées par au moins cinq voix.

SECTION III

LES DIRECTIONS NATIONALES

Art. 354. Les directeurs des directions nationales administrent celles-ci. Ils sont nommés pour six ans et peuvent être reconduits dans leurs fonctions indéfiniment. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un directeur, le président de l’IEPI désigne le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 355. Un directeur national doit être avocat ou docteur en droit, posséder une expérience professionnelle dans le domaine visé et satisfaire aux autres conditions énoncées dans le règlement applicable.

Art. 356. Les directions nationales sont chargées d’assurer l’application administrative de la présente loi et des autres règles juridiques en matière de propriété intellectuelle, dans leur sphère de compétence.

Art. 357. Les actes administratifs émanant des directeurs des directions nationales, qui sont définitifs ou empêchent la poursuite de la procédure peuvent faire l’objet des recours suivants:

- recours gracieux, déposé devant le fonctionnaire qui a pris la décision;
- recours contentieux, formé devant la Commission de la propriété intellectuelle; et
- recours en révision, formé devant la Commission de la propriété intellectuelle.
Le dépôt de ces recours n’est pas indispensable pour épuiser la voie administrative et, par conséquent, les procédures prévues dans la loi sur la juridiction administrative [Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa] peuvent être intentées directement contre les actes administratifs émanant des directeurs des directions nationales qui sont définitifs ou empêchent la poursuite de la procédure.
Les recours sont retenus avec effet suspensif et effet dévolutif devant l’organe administratif qui a rendu la décision attaquée.
Les tribunaux de district du contentieux administratif peuvent suspendre d’office ou à la demande d’une partie, l’exécution de l’acte faisant l’objet du recours, lorsque ladite exécution peut causer un dommage impossible ou difficile à réparer.

Art. 358. La Direction nationale du droit d’auteur et des droits connexes a les attributions suivantes:

a) établir et administrer l’Office national du droit d’auteur et des droits connexes;

b) administrer en matière de droit d’auteur et de droits connexes les procédures administratives prévues dans la présente loi;

c) approuver les statuts des sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits connexes, délivrer à celles-ci l’autorisation de mener leurs activités ou la retirer, ainsi qu’exercer des fonctions de surveillance, d’inspection et de contrôle sur lesdites sociétés et procéder à une vérification des comptes si besoin est; et

d) exercer les autres fonctions prévues en matière de droit d’auteur et de droits connexes par la présente loi et le règlement d’application.

Art. 359. La Direction nationale de la propriété industrielle a les attributions suivantes:

a) administrer les procédures de délivrance, d’enregistrement ou de dépôt, selon le cas, de brevets d’invention, de modèles d’utilité, de dessins ou modèles industriels, de marques, de slogans, de noms commerciaux, de signes distinctifs, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés semi- conducteurs et autres formes de propriété industrielle qui peuvent être établies dans la législation correspondante;

b) accorder ou refuser l’enregistrement;

c) instruire les requêtes en opposition qui lui sont soumises et se prononcer sur celles-ci;

d) administrer en matière de propriété industrielle les autres procédures administratives prévues dans la présente loi; et

e) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi et le règlement d’application dans le domaine de la propriété industrielle.

L’enregistrement d’un titre de propriété industrielle est unique et confère un droit de portée nationale. En conséquence, seul le directeur de la Direction nationale de la propriété industrielle est compétent pour accorder ou refuser un enregistrement en matière de propriété industrielle au niveau national.

Art. 360. La Direction nationale des obtentions végétales a les attributions suivantes:

a) administrer les procédures de dépôt des demandes et de reconnaissance des droits attachés aux obtentions végétales;

b) accorder ou refuser l’enregistrement;

c) instruire les requêtes en opposition qui lui sont soumises et se prononcer sur celles-ci;

d) administrer dans le domaine des obtentions végétales les autres procédures administratives prévues dans la présente loi;

e) établir et gérer un centre national de dépôt des obtentions végétales ou déléguer cette tâche au secteur privé; et

f) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi et le règlement d’application dans le domaine des obtentions végétales.

Art. 361. Le Conseil de direction peut répartir les compétences entre les directions nationales, en fonction du domaine visé, pour ce qui est des différentes formes de propriété intellectuelle, et modifier en conséquence le nom des directions.

De même, afin de garantir l’administration des droits par l’IEPI, le Conseil de direction peut créer des sous-directions régionales et définir les limites de leurs compétences administratives.
Les directions nationales, selon leur domaine de compétence, peuvent ordonner l’application de mesures à la frontière conformément aux dispositions de l’article 351 de la présente loi.

SECTION IV

Les Commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur

Art. 362. Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur se composent chacune de trois membres nommés par le Conseil de direction de l’IEPI.

Les membres de ces commissions restent en fonction pendant six ans et doivent satisfaire aux mêmes conditions requises que les juges d’instances supérieures.
Le Conseil de direction nomme également les membres suppléants qui remplacent les membres titulaires en cas d’absence temporaire ou définitive.

Art. 363. À la demande du président de l’IEPI, le Conseil de direction peut scinder les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur, en créant des sections spécialisées en fonction du domaine visé, et peut augmenter en conséquence le nombre de membres composant les commissions.

Art. 364. Les commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur ont les attributions suivantes:

a) instruire les demandes d’avis que les directeurs des directions nationales déposent concernant les requêtes en opposition qui leur sont soumises à l’encontre de toute demande d’octroi de droits de propriété intellectuelle ou d’enregistrement des titres correspondants, et répondre auxdites demandes;

b) instruire les recours contentieux et en révision et se prononcer sur ceux-ci;

c) instruire les requêtes en annulation de l’octroi de droits de propriété intellectuelle ou de l’enregistrement des titres correspondants, sous réserve des dispositions de l’article 277; et

d) les autres attributions établies dans la présente loi.

Les décisions des commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur sont adoptées à la majorité des voix, les abstentions devant être consignées, le cas échéant.

Art. 365. Contre les décisions des commissions de la propriété intellectuelle, de la propriété industrielle et des obtentions végétales et du droit d’auteur, il ne peut être formé qu’un recours administratif gracieux devant la commission qui a pris la décision attaquée, mais ce recours n’est pas nécessaire pour épuiser la voie administrative. Les actions prévues dans la loi sur la juridiction administrative peuvent être intentées contre les décisions des commissions.

SECTION V Ressources financières et taxes

Art. 366. L’IEPI jouit d’une autosuffisance financière. Il est interdit à toute autorité d’utiliser des fonds recueillis par l’institut ou affectés à son fonctionnement à d’autres fins que celles de l’institut.

Art. 367. Le patrimoine et les ressources de l’IEPI se composent

a) des biens qu’il acquiert à un titre quelconque;

b) du produit des taxes fixées par la présente loi;

c) du produit des amendes prévues dans les dispositions de la présente loi;

d) du produit de la vente de la gazette de la propriété intellectuelle et d’autres publications;

et

e) des autres éléments établis dans la présente loi.

Art. 368. Des taxes doivent être acquittées pour les actes et services suivants:

a) le dépôt de demandes d’enregistrement, d’inscription ou d’octroi de droits;

b) le dépôt de demandes de renouvellement ou de modification des enregistrements;

c) l’inscription de contrats au registre;

d) les certificats d’octroi ou d’enregistrement de droits;

e) la fourniture de copies certifiées conformes de tout document ou acte administratif;

f) la délivrance de certificats de recherche officielle lorsque la demande en est faite à l’institut;

g) les examens préalables à la délivrance de brevets d’invention ou de modèles d’utilité et à l’enregistrement d’obtentions végétales;

h) les expertises réalisées par l’institut;

i) les procédures afférentes à l’administration des droits;

j) la présentation de requêtes en opposition;

k) le dépôt de recours administratifs;

l) les requêtes en annulation;

m) la fourniture de renseignements sur des supports magnétiques;

n) la tenue de registres;

o) la conservation de spécimens vivants; et

p) l’utilisation de renseignements techniques.

Art. 369. Les taxes visées à l’article précédent sont fixées par le Conseil de direction de l’IEPI en unités de salaire minimum général; le montant de la taxe doit être déterminé en fonction du rapport coût-efficacité du service. Les taxes sont perçues et gérées par l’institut.

TITRE FINAL Dispositions générales

Art. 370. Dans les cas où la présente loi prévoit la possibilité de proroger un délai, ladite prorogation est réputée accordée par l’autorité administrative compétente du seul fait que l’intéressé l’a demandée.

Les délais qui doivent venir à expiration un jour chômé sont prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Art. 371. Aucune certification ni authentification n’est exigée à l’égard de documents fournis dans le cadre d’une procédure ou d’une demande d’enregistrement dans un domaine quelconque de la propriété intellectuelle, lorsque la priorité est revendiquée.

Art. 372. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, sont applicables les dispositions des conventions ou accords internationaux sur la propriété intellectuelle qui sont en vigueur en Équateur.

Pour ce qui est de l’application et de l’interprétation des normes de propriété intellectuelle, ce sont les dispositions qui confèrent la meilleure protection qui sont prises en considération. Par conséquent, aucune disposition de la législation nationale ou des conventions internationales ne peut être invoquée ni être interprétée en un sens qui porte atteinte ou préjudice au niveau de protection conférée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, ou qui le limite ou le réduit.

Art. 373. L’IEPI a un pouvoir d’exécution en ce qui concerne le recouvrement du montant des amendes et des taxes prévues par la présente loi.

Art. 374. Tout différend en matière de propriété intellectuelle peut être soumis à l’arbitrage ou à la médiation, conformément aux dispositions de la loi sur l’arbitrage et la médiation [Ley de Arbitraje y Mediación], publiée dans le recueil officiel des lois [Registro Oficial] n° 145, du 4 septembre 1997.

À cet effet, l’IEPI est autorisé à approuver la convention d’arbitrage établie sans avoir à consulter le ministère public.
Art. 375. Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi organique de la fonction judiciaire [Ley Orgánica de la Función Judicial], sont instaurés les tribunaux de district en matière de propriété intellectuelle qui auront compétence pour connaître des questions visées par la présente loi.

Art. 376. Afin de garantir la protection du patrimoine biologique et génétique du pays, laquelle est prévue par la Constitution et par la présente loi, est réputée licite toute acquisition remplissant les conditions requises pour l’accès aux ressources biologiques et génétiques énoncées dans la Constitution et la présente loi, dans les décisions des pays andins et les conventions et traités internationaux.

Droits collectifs

Art. 377. Il est établi un système sui generis de droits de propriété intellectuelle collectifs appartenant aux ethnies et aux communautés locales.

La protection de ces droits, les mécanismes d’évaluation et d’application sont régis par une loi spéciale qui est édictée à cet effet.

Abrogations

Art. 378. Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires qui sont contraires à la présente loi et en particulier, les dispositions suivantes:

1. loi sur le droit d’auteur [Ley de Derechos de Autor], publiée dans le recueil officiel des lois n° 149, du 14 août 1976;

a) décret suprême n° 2821 [Decreto Supremo No. 2821], publié dans le recueil officiel n° 735, du 20 décembre 1978, ainsi que la loi n° 161 portant modification du décret, publiée dans le recueil officiel des lois n° 984, du 22 juillet 1992; et

b) règlement d’application de la loi sur le droit d’auteur [Reglamento a la Ley de Derechos de Autor], publié dans le recueil officiel des lois n° 495, du 30 décembre 1977, et tous les autres décrets exécutifs ou arrêtés ministériels pris en la matière qui sont en conflit ou incompatibles d’une manière quelconque avec les dispositions de la présente loi;

2. loi sur les marques de fabrique [Ley de Marcas de Fábrica], publiée dans le recueil officiel des lois n° 194, du 18 octobre 1976;
3. loi sur les brevets d’exploitation exclusive d’inventions [Ley de Patentes de Exclusiva

Explotación de Inventos], publiée dans le recueil officiel des lois n° 195, du 19 octobre

1976; et
4. article 5 du décret suprême n° 2241 [Decreto Supremo No. 2241], du 6 octobre 1964, publié dans le recueil officiel des lois n° 360, du 26 octobre 1964.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Première disposition. Jusqu’à ce que les règlements pertinents soient édictés, les règlements découlant des décisions de la Commission de la Communauté andine continuent d’être applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Deuxième disposition. Tant que le Conseil de direction de l’IEPI n’a pas rendu la décision correspondante, les taxes applicables sont celles qui ont été fixées pour les prestations de services, dans l’arrêté ministériel n° 0106 [Acuerdo Ministerial No. 0106], du 18 avril 1997, publié dans le recueil officiel des lois n° 48 du 21 avril 1997. Ces taxes seront perçues directement par l’IEPI à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et seront destinées à couvrir les frais de fonctionnement de l’institut.
Les revenus, tirés du produit des taxes prévues dans l’arrêté ministériel mentionné au paragraphe précédent ou des taxes que le Conseil de direction de l’IEPI fixe par voie d’avis publié dans la Gazette de la propriété intellectuelle, seront répartis à raison de 60 % destinés à l’IEPI et de
40 % en faveur du MICIP aux fins du décret exécutif n° 386 [Decreto Ejecutivo 386] du 10 juin
1997.

Troisième disposition. La présente loi est applicable à toutes les œuvres, interprétations ou exécutions, productions, émissions ou autres objets protégés par le droit d’auteur ou les droits connexes, ainsi qu’aux schémas de configuration des circuits intégrés semi-conducteurs visés par la loi, qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, à condition qu’ils ne soient pas tombés dans le domaine public. Une fois la présente loi promulguée, la date à laquelle ces éléments tombent dans le domaine public est déterminée en fonction des délais de protection établis dans ladite loi.

Les demandes en instance sont instruites conformément aux dispositions de la présente loi.

Quatrième disposition. Tout titre de propriété industrielle délivré valablement en vertu de la législation applicable avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, reste valable pendant la période pour laquelle il a été délivré.

Les demandes en instance devant la Direction nationale de la propriété industrielle doivent être instruites conformément à la présente loi sans préjudice des dispositions de l’article 372.

Cinquième disposition. Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, les sociétés de gestion collective existantes devront modifier leurs statuts et leur mode de fonctionnement conformément aux règles établies dans la présente loi et soumettre les documents pertinents au directeur de la Direction nationale du droit d’auteur de l’IEPI en vue de leur inscription au registre. Les sociétés qui auront obtenu l’autorisation d’exercer leurs activités seront habilitées à fixer les barèmes. Dans l’intervalle, les barèmes autorisés par le Ministère de l’éducation et de la culture seront applicables.

Sixième disposition. Le personnel qui fournit actuellement ses services en vertu de la loi sur la fonction publique [Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa], à la Direction nationale de la propriété industrielle du Ministère du commerce extérieur, de l’industrialisation et de la pêche, à l’Office national du droit d’auteur du Ministère de l’éducation publique, et au Service des obtentions végétales de la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, fournira ses services dorénavant à l’IEPI en conservant tous les droits qu’il a acquis et toutes les obligations qui lui incombent.
En ce qui concerne le personnel employé dans le cadre de contrats de prestation de services, les stipulations desdits contrats sont applicables.

Septième disposition. Les fonctionnaires et employés travaillant à la Direction nationale de la propriété industrielle, du droit d’auteur ou des obtentions végétales que l’IEPI ne souhaite pas

maintenir en poste, recevront une indemnité de 30 millions de sucres auxquels s’ajoute l’équivalent de la rémunération mensuelle calculée sur la moyenne de tous les revenus obtenus la dernière année, multipliée par six et par le nombre d’années ou de mois de services dans le secteur public, à concurrence de 160 millions de sucres.

Huitième disposition. Les biens dont disposent actuellement la Direction nationale de la propriété industrielle, le Service des obtentions végétales à la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage ainsi que l’Office national du droit d’auteur, deviennent la propriété de l’IEPI.

Neuvième disposition. Les parts du budget destinées à la Direction nationale de la propriété industrielle, à l’Office national du droit d’auteur et au Service des obtentions végétales de la Direction nationale de l’agriculture du Ministère de l’agriculture et de l’élevage, sont affectées à l’Institut équatorien de la propriété intellectuelle pour l’exercice budgétaire de 1998.

Dixième disposition. La Cour suprême de justice, conformément à l’alinéa 17) de l’article 12 de la loi organique de la fonction judiciaire, constitue les tribunaux de première instance et les tribunaux de district en matière de propriété intellectuelle, lesquels ont toute compétence en matière judiciaire au titre de la présente loi. Tant que les tribunaux de première instance et les tribunaux de district de la propriété intellectuelle ne sont pas constitués, les tribunaux de district du contentieux administratif connaîtront de toutes les affaires relatives à la propriété intellectuelle conformément aux dispositions de la présente loi et selon les compétences qui leurs sont attribuées par la même loi, à l’exception des demandes tendant à l’adoption de mesures conservatoires qui seront instruites par les tribunaux civils.

Onzième disposition. Indépendamment de la perception des taxes afférentes aux droits patrimoniaux par la société de gestion compétente, le recouvrement des taxes afférentes aux droits économiques concernant la communication publique par un moyen quelconque, d’œuvres musicales avec ou sans paroles et d’œuvres dramatico-musicales, incombe à un organisme unique composé de la Société équatorienne des auteurs et compositeurs (SAYCE) et de l’Association équatorienne des producteurs de phonogrammes (ASOTEC), ledit organisme agissant au même titre qu’une société de gestion collective.

Tant que l’organisme unique de perception n’est pas instauré, la SAYCE continue de percevoir les droits en question.
L’organisme unique de perception sera créé dans les 60 jours suivant l’établissement du
Conseil de direction de l’IEPI.

Douzième disposition. Les personnes physiques ou morales qui diffusent dans le public des vidéogrammes par la vente ou la location-vente ou la location de copies, pour leur propre compte ou au nom des associations intéressées respectives, disposent d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi dans le recueil officiel pour remettre à l’IEPI un inventaire de toutes les œuvres qu’elles diffusent ainsi que les licences et les récépissés de paiement des redevances exigibles ou la preuve des exonérations applicables.

La légalisation de l’objet social mentionnée dans l’alinéa précédent n’exclut d’aucune manière la sanction du droit d’auteur ni la perception et le paiement des droits d’auteur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Treizième disposition....6

Quatorzième disposition....6


6 Disposition concernant les obtentions végétales, non reproduite ici (N.d.l.r.).
6 Disposition concernant les obtentions végétales, non reproduite ici (N.d.l.r.).

Quinzième disposition. Les nominations visées aux alinéas e) et f) de l’article 353 sont effectuées par des collèges électoraux distincts dans un délai de 15 jours à compter de la publication de la présente loi. Le Conseil de direction est constitué dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Seizième disposition. Pour que la décentralisation et la déconcentration soient effectives, il est indispensable que les directions nationales et les sous-directions régionales disposent de toutes les ressources budgétaires, techniques et humaines permettant une administration efficace des procédures, en particulier pour ce qui est de l’accès à la base de données des directions nationales par l’intermédiaire d’un système de télécommunication et de la possibilité d’enregistrer «en ligne» l’heure exacte du dépôt des demandes. Les sous-directions régionales ne pourront pas exercer leurs activités tant que les moyens informatiques et techniques permettant d’introduire les demandes dans la base de données des directions nationales au moment de leur dépôt, ne seront pas mis en place.

DISPOSITIONS FINALES

1. Le président de la République édicte, dans le délai constitutionnel de 90 jours, le règlement d’application de la présente loi.

2. La présente loi, de par son caractère d’exception, prévaut sur tout autre texte qui lui est contraire.


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WIPO Lex编号 EC104